«La postura del Departamento de Estado es clara, no vamos a obstaculizar el regreso de María Corina Machado a Venezuela. Ella es ciudadana venezolana y tiene derecho a volver», aseguró Weiland.

El subsecretario respondió a la pregunta de la congresista republicana María Elvira Salazar.

Aunque el objetivo de la audiencia era analizar las relaciones entre Estados Unidos y Colombia, la situación en Venezuela y el caso de María Corina Machado también tuvieron cabida en la sesión en el Congreso.

El subsecretario insistió en la postura oficial de la Administración de Donald Trump sobre Machado y aseguró que hay que «realizar gestiones en el contexto de la situación en Venezuela para garantizar que, al regresar, no sea detenida».

«Se propuso una ley de amnistía que, lamentablemente tal y como está redactada, sigue impidiendo que María Corina entre en Venezuela sin riesgo de arresto», explicó.

Weiland afirmó que es necesario «empezar conversaciones no solo sobre María Corina sino también sobre los exiliados políticos venezolanos».

Según el diario The Wall Street Journal, el gobierno de Trump, que mantiene una estrecha relación con la presidenta interina, Delcy Rodríguez, habría impedido que Machado regresara a Venezuela tras los terremotos del 24 de junio por temor a una crisis política en el país.

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«Esos son los que pidieron la eliminación del TPS, pero ahora van a pedir el voto de los latinos, lo necesitan para ser electos otra vez, ellos fueron los que lo pidieron, por intermediación de quién, de la oposición extremista de aquí de Venezuela», indicó Cabello en la rueda de prensa semanal del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), transmitido por el canal estatal VTV.

El funcionario señaló que la oposición venezolana también aplaudió cuando enviaron a 252 migrantes venezolanos desde Estados Unidos hasta una cárcel de máxima seguridad en El Salvador.

TPS contra la deportación

La Corte Suprema de Estados Unidos falló el viernes a favor de la Administración de Donald Trump y le permite de nuevo revocar el TPS de cerca de 300.000 migrantes venezolanos.

El Gobierno estadounidense pidió al Supremo a finales de septiembre que se le permitiera retirar las protecciones TPS contra la deportación que habían sido extendidas a unos 300.000 venezolanos que viven actualmente en Estados Unidos.

El fallo de la Corte Suprema es parte de una disputa legal que inició desde 2021, cuando la Administración de Trump intentó por primera vez terminar el TPS para los venezolanos.

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«El partido se encuentra en un momento muy importante porque el presidente Trump ha cambiado. Se quitó la ropa de uno y se puso la de otro. Es como antes de Cristo y después de Cristo», afirmó la congresista durante la Convención Nacional Republicana en Milwaukee.

«Mucha gente cercana a él han notado el cambio. No sé si es espiritual o contemplativo. Ahora es otra persona. Y al ser otra persona, el partido va a ser otro partido», expresó.

Salazar, de origen cubano, opinó que los republicanos deben afrontar las elecciones del próximo mes de noviembre con «un mensaje de unidad y civilidad». «No hay que pelearse con la gente, hay que pelearse con las ideas», sostuvo.

La congresista culpó a la Administración de Joe Biden de la subida de precios de los alimentos y la gasolina, y se mostró convencida de que los estadounidenses «le van a pasar la cuenta» en las venideras elecciones.

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La propuesta, presentada ante la Cámara de Representantes, incluye fondos adicionales para seguridad fronteriza, reformas a las leyes de solicitud de asilo y refuerzos a la seguridad en la frontera.

La propuesta de ley establece que las personas que se encuentran en una situación migratoria irregular en EEUU, que hayan vivido por cinco años el país y que no tengan antecedentes penales, pueden entrar a un programa que les ofrece permiso de trabajo y de viaje por siete años.

Durante dicho período, los solicitantes deberán pagar 5.000 dólares en “restitución” al gobierno, fondos que se usarán para “asegurar la frontera” y para compensar a los estadounidenses que consideren que han sido reemplazados en sus trabajos por migrantes.

Durante dicho período, las personas no podrán tener acceso a servicios o programas sociales y, después de completar los siete años, deberán esperar otros cinco para solicitar la ciudadanía estadounidense.

El proyecto de ley contempla a su vez ofrecer un camino a la ciudadanía para las personas que estén en el programa de acción diferida para los llegados en la infancia (dreamers) y los beneficiarios del estatus de protección temporal (TPS).

La propuesta surge dos semanas después de que la administración Biden levantara el polémico Título 42, una medida que permitía las expulsiones en caliente en la frontera, e impusiera mayores restricciones al acceso al asilo para los migrantes que llegan a México.

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