El caso puso el foco de la atención nacional en el centro de detención de Dilley, a las afueras de San Antonio, donde permanecen privados de su libertad unas 1.400 migrantes, entre ellos alrededor de 400 menores de edad, de acuerdo con información entregada esta semana por legisladores demócratas.

El de Dilley es uno de solo dos centros en todo el país donde el Gobierno federal detiene a familias enteras de migrantes, una práctica que fue pausada por varios años durante el mandato del expresidente Joe Biden (2021-2025) y que ha sido reanudada por Trump en su campaña por acelerar los arrestos y las deportaciones de migrantes.

En la protesta, alrededor de 150 manifestantes -según datos de los organizadores- expresaron su rechazo a las políticos migratorias de la Administración republicana y pidieron que se liberaran el resto de familias y menores de edad que permanecen en custodia del Gobierno.

«La atención mediática que recibió Liam (Ramos) logró que fuera liberado, pero hay muchísimas más familias que están lidiando con lo mismo ahora mismo», dijo a EFE Eric Cedillo, abogado consejero de la organización League of United Latinamerican Citizens (LULAC).

La detención de menores migrantes en EE.UU. aumentó de forma pronunciada durante el primer año del Gobierno de Donald Trump. Según el Deportation Data Project, entre enero y octubre de este año se registró un promedio mensual de 170 niños arrestados, frente a 25 durante los últimos 16 meses del Gobierno de Biden. «La detención de familias es dañina para los menores de edad, en muchos casos los mantienen detenidos por meses y meses», agregó Cedillo.

Segunda protesta en contra de la detención de migrantes

El miércoles, la manifestación atrajo a cientos de personas y acabó con el uso de gas lacrimógeno y pelotas de goma contra los civiles por parte de las fuerzas del orden texanas, que cerraron la vía de acceso hacia el centro. En las pancartas que portaban algunos manifestantes se leían mensajes críticos contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), una agencia federal cuyas operaciones bajo el Gobierno de Donald Trump han generado un fuerte rechazo en diversas ciudades de Estados Unidos.

El despliegue de sus agentes ha estado marcado por enfrentamientos con la población y, en algunos casos, incidentes mortales a manos de oficiales durante operativos migratorios. Organizaciones de derechos civiles y observadores también han denunciado un uso cada vez más agresivo de tácticas por parte de ICE, como la detención de personas sin orden judicial y el empleo de pasamontañas para ocultar la identidad de los agentes, prácticas que, según críticos, dificultan la rendición de cuentas y aumentan la tensión en las comunidades afectadas.

El despliegue de agentes federales en su nativa Chicago, el pasado mes de septiembre, llevó a Robert Held a convertirse en un activista a tiempo completo y a viajar el domingo hasta Texas para unirse a la manifestación. «Mi conciencia me dice que no me puedo quedar en casa, que no puedo quedarme en silencio», señaló el hombre a EFE, vestido con una camisa naranja. «Liam es el símbolo de lo que este Gobierno le está haciendo a los niños y a todos los inmigrantes«, agregó.

Ramos y su padre, originarios de Ecuador, fueron liberados este sábado después de que un juez federal en Texas concediera una petición de habeas corpus y determinara que su arresto fue inconstitucional. «El caso tiene su origen en la mal concebida y deficientemente implementada política gubernamental de perseguir cuotas diarias de deportación, aparentemente incluso si ello implica traumatizar a niños», señaló el juez Fred Biery del Distrito Oeste de Texas, en San Antonio, en el escrito judicial.

Bajo la actual Administración, las detenciones de migrantes en EE.UU. han alcanzado un nivel récord: en promedio, más de 73.000 migrantes permanecieron bajo custodia, la cifra más alta desde la creación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en 2001. El año pasado fue el más mortífero en al menos dos décadas para personas bajo custodia del ICE, con más de 30 fallecidos y en lo que va de 2026, ya se han reportado al menos 3 muertes dentro de los centros de detención para migrantes.

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Con información de EFE Servicios y redes sociales

Fuente de imagen referencial: EFE/Alejandra Arredondo.

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Defensores de grupos civiles denunciaron que la medida es un ataque directo contra las comunidades que hablan otros idiomas, entre ellos la latina, la minoría étnica más grande del país con más de 65.000.000 de personas, el 19 % de la población estadounidense.

«Esta acción no se trata sólo del idioma, sino de una peligrosa estrategia para señalar, vigilar y atacar a comunidades según su origen y creencias, sin importar si son ciudadanos estadounidenses o no», se lamentó la organización Voto Latino.

Recordó que Estados Unidos es el hogar de más de 66.000.000 de personas que hablan un idioma distinto al inglés en sus hogares y cuenta con una diversidad lingüística de más de 350 idiomas.

Para Voto Latino, la orden ejecutiva, firmada recientemente por Trump, hace parte de una agenda más amplia de exclusión como el desmantelamiento de programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI), la creación de un registro de inmigrantes indocumentados y la amenaza de encarcelar ciudadanos estadounidenses en Guantánamo.

Para la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC, en inglés), la organización hispana más antigua del país, se trata de un «ataque» a la diversidad y la economía del país.

Idioma oficial de Estados Unidos

Ni la Constitución ni ninguna ley federal establecen un idioma oficial para Estados Unidos, donde el español es el segundo más hablado.

«Declarar el inglés como único idioma oficial ignora nuestra rica historia y debilita nuestro futuro», dijo en un comunicado Román Palomares, presidente nacional de LULAC.

Anabel Mendoza, portavoz de United We Dream, dijo que Trump pretende «poner en la mira a los inmigrantes negros y latinos, atacar las escuelas que ofrecen educación en otros idiomas, desmantelar programas de acceso lingüístico y dar vía libre para que los agentes migratorios acosen a personas por la manera en que hablan».

Entre tanto, el Caucus Hispano del Congreso (CHC) anunció que su presidente, el congresista Adriano Espaillat, dará la respuesta oficial en español al discurso de Trump ante el Congreso en representación del Partido Demócrata.

A los líderes del CHC se sumaron también los del Caucus Negro (CBC) y el Caucus Asiático Pacífico Americano (CAPAC), que advirtieron que la medida busca discriminar a los inmigrantes y a las personas con dominio limitado del inglés, al eliminar la obligación de las agencias federales de ofrecer servicios en otros idiomas.

Los legisladores cuestionaron que esta medida afectará a millones de estadounidenses que pagan impuestos y dependen de servicios gubernamentales.

 

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Con información de EFE Servicios y redes sociales

Fuente de imagen referencial: EFE/Al Drago

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