La agencia autorizó las vacunas de refuerzo de Moderna (a partir de 6 meses de edad), Pfizer (5 años) y Novavax (12 años), pero ahora estarán disponibles solo previa consulta médica y para pacientes de «alto riesgo», indicó el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., en X.

Esa población de alto riesgo abarca los mayores de 65 años en general, y a los adultos y niños con alguna condición de salud que pueda resultar en una enfermedad «grave» tras la infección con covid-19, de acuerdo con un comunicado de Pfizer, por ejemplo el asma, la obesidad, el cáncer o la diabetes.

Kennedy Jr. divulgó las acciones de la FDA -que no emitió un comunicado- y las equiparó al «cumplimiento» de varias promesas electorales, principalmente terminar con la imposición gubernamental de vacunarse contra el coronavirus y permitir que lo pueda hacer quien quiera, especialmente los «vulnerables».

Kennedy Jr. también indicó que como parte de la luz verde del regulador, las farmacéuticas tendrán que hacer ensayos clínicos de estas vacunas con placebo.

El anuncio supone un giro en la política de vacunación contra la covid-19 de EE.UU., pues el Gobierno de Biden recomendaba una vacuna de refuerzo anual a partir de los 6 meses de edad, y se alinea con el escepticismo de Kennedy Jr. hacia las vacunas.

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DOBLE LLAVE

Con información de EFE Servicios

Fuente de imagen referencial: EFE/EPA/Alex Plavevski

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“Los valores de Denver no han cambiado. Todavía queremos ayudar a los migrantes que lleguen a nuestra ciudad. Pero la ayuda ya no será para que se establezcan en Denver, sino para que se dirijan a donde deseen estar”, explicó un comunicado del Departamento de Servicios Humanos de Denver.

La ayuda incluirá acceso gratis a internet y consultas con trabajadores sociales para realizar planes de viaje (incluyendo precios y recursos) a los destinos seleccionados por los nuevos migrantes, la mayoría provenientes de Venezuela, con importantes grupos de Colombia y de Guatemala.

Asistencia en albergues de Denver

Durante las 72 horas en los albergues municipales, los migrantes pueden usar duchas y servicios de lavandería (ofrecidos en remolques fuera de los albergues) y recibirán orientación sobre potenciales autorizaciones de trabajo o asistencia para viviendas.

La decisión se tomó, explica el comunicado, luego de determinarse que tres de cada cuatro nuevos inmigrantes que inicialmente buscan ayuda en Denver en poco tiempo se trasladan a otras ciudades, siendo Chicago, Nueva York y Washington DC los destinos preferidos. Por eso, Denver ofrece guías detalladas de “viviendas, salud y otros servicios vitales” de las ciudades a los que los recién llegados quieran viajar.

Otros dos elementos se tuvieron en cuenta al reducir la ayuda para nuevos migrantes, incluyendo la posibilidad de una nueva oleada durante el próximo verano y el alto costo de los servicios ofrecidos, que supera los 71 millones de dólares de fondos municipales solo en alojamiento, transporte, alimentación y servicios específicos para menores de edad.

Esos gastos no incluyen unos 98 millones de dólares que las Escuelas Públicas de Denver desembolsaron para recibir a unos 16.000 nuevos estudiantes migrantes, ni unos 48 millones de dólares que los hospitales públicos de Denver destinaron a cuidados de salud de los recién llegados, revela un nuevo reporte del Common Sense Institute (CSI), una organización local no partidaria enfocada en estudios de la economía en Colorado.

Gastos por migrantes en EEUU

Según esa organización, Denver y ciudades vecinas gastaron entre 216 millones a 340 millones de dólares en los últimos 20 meses para responder al flujo de nuevos migrantes.

La cifra varía según se considere o no, por ejemplo, el otorgamiento de subsidios a grupos comunitarios (más de 5 millones de dólares en el caso de Denver) y el costo adicional de seguridad privada (más de 8 millones hasta ahora, mؘás 24 millones este año).

Datos oficiales de la ciudad de Denver indican que el Gobierno federal sólo reembolsó unos 25 millones de dólares de esos gastos.

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DOBLE LLAVE

Con información de EFE Servicios y redes sociales

Fuente de imagen referencial: EFE/Luis Torres

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La ley introduce un concepto de «beneficiarios» que abre la puerta a tener que revelar las identidades de víctimas y comunidades, «un claro esfuerzo para monitorear y limitar el trabajo de las organizaciones independientes de la sociedad civil» en opinión de las ONG firmantes, entre ellas Human Rights Watch y otros movimientos principalmente de América Latina.

«Esta normativa es la más reciente de una serie de acciones implementadas para restringir e intimidar a organizaciones de la sociedad civil, especialmente dirigida a aquellas que reciben apoyo de donantes internacionales», critican, en alusión a una batería de medidas que pretenden «potencialmente criminalizar» la ayuda.

A este temor se suma una propuesta por parte de la Comisión de Política Exterior, Soberanía e Integración de la Asamblea Nacional controlada por el oficialismo de una «Ley de Cooperación Internacional», toda vez que anticipan «aún más restricciones» a la hora de acceder a fondos procedentes del extranjero, tal como ya ocurrió con otra norma planteada en 2015.

La oficina de Derechos Humanos de la ONU denunció en febrero «al menos 66 casos de intimidación, acoso, inhabilitación y criminalización de periodistas, medios de comunicación, defensores de DD.HH., trabajadores humanitarios, líderes sindicales y miembros o partidarios de la oposición» desde septiembre de 2020.

ATENCIÓN: Más de 650 organizaciones venezolanas rechazamos y exigimos la eliminación de la Providencia 001-2021 que nos obliga al registro de beneficiarios para vigilancia ante la Oficina contra el Terrorismo, es inconstitucional y grave #SalvemosALasONG https://t.co/GpWEgOp1BZ

— PROVEA (@_Provea) April 20, 2021

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Con información de dpa y redes sociales

«Esta prueba está diseñada para garantizar que las personas que usan cuentas de Netflix estén autorizadas para hacerlo», le respondió la empresa de entretenimiento al medio ya mencionado, aunque hasta el momento se desconoce si estará limitado a televisores.

La compañía está al tanto de las contraseñas que son compartidas por diferentes usuarios

De acuerdo con algunos expertos la plataforma aún no se plantea una «solicitud» tan agresiva, pero advierten que ya no se debe descartar en un futuro debido a que según datos de la misma empresa 50% de sus usuarios compartieron cuentas.

Es preciso recordar que en el año 2019, Greg Peters, director de producto de la compañía, dijo que estaban enterados de la práctica. Incluso señaló que se encontraban estudiando las maneras de hacer que los prestatarios de contraseñas obtuvieran su propia suscripción. Desde luego, el mensaje ofrecido es un acercamiento a la limitación de esa práctica.

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Gabriel Velásquez

Con información de medios internacionales