A través de su cuenta en X, la líder opositora afirmó que el «desmantelamiento de la represión es indispensable para alcanzar una genuina transición a la democracia y a la libertad en Venezuela».

«Los más de 500 presos políticos, civiles y militares que mantiene tras las rejas el régimen deben ser liberados, y debe garantizarse la libertad plena, sin restricciones, de cada uno de los venezolanos que fueron secuestrados por razones políticas», indicó María Corina Machado.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), la detención de personas por motivos políticos en Venezuela y exigió su liberación inmediata.

«La democracia no es un adorno del sistema interamericano, es su condición de posibilidad y la privación arbitraria de la libertad por motivos políticos es una de las expresiones más graves del derrumbe del Estado de derecho en Venezuela», denunció la secretaria ejecutiva de la CIDH, Tania Reneaum, ante el Consejo Permanente de la OEA.

La postura de Albert Ramdin

Por su parte, Ramdin urgió a las autoridades venezolanas a agilizar, de manera incondicional, la liberación de todas las personas privadas de libertad por razones políticas.

«Toda persona detenida por sus posiciones y opiniones políticas representa un obstáculo para la misma estabilidad democrática y el progreso que la región necesita», declaró.

En relación con la ley de amnistía, aprobada en febrero en Venezuela, Reneaum reconoció que esta excluye formalmente graves violaciones de derechos humanos, pero advirtió sobre disposiciones que, a su juicio, podrían aplicarse contra opositores y afectar futuros procesos de rendición de cuentas.

Indicó que, aunque las autoridades venezolanas han reportado más de 8.000 beneficiarios de la norma, organizaciones civiles registran solo 186 personas con libertad plena, mientras que otras 554 permanecen bajo medidas cautelares, lo que calificó como una «libertad vigilada».

El gobierno de Venezuela suele intercambiar los términos y afirmar que en el país hay «políticos presos», mientras asegura que están encarcelados por la comisión de delitos, una postura que rechazan diversas organizaciones no gubernamentales y partidos opositores.

De interés: Espacio Público reporta 238 violaciones a la libertad de expresión durante 2025

Con información de EFE Servicios

Fuente de imagen referencial: EFE/ Miguel Gutiérrez

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Además de los 36 meses de cárcel (de los que se le reducirán los que ha cumplido desde su arresto en febrero pasado), fue condenada a cuatro años más de residencia vigilada y a pagar USD 300 de multa, en lugar de los 1,5 millones de dólares que sugirió la Fiscalía.

La Fiscalía también había sugerido al juez que se le impusiera una sentencia de cuatro años de prisión y cinco más de libertad vigilada.

Emma Coronel Aispuro, de 31 años, fue encontrada culpable de conspirar para traficar cocaína, metanfetaminas, heroína y marihuana.

Coronel, madre de dos gemelas de su relación con Guzmán Loera, fue arrestada en febrero en el aeropuerto Dulles de Virginia y desde entonces permanece presa sin fianza

Coronel, que asistió cada día al juicio de su esposo en 2019 en Nueva York vestida con lujosos accesorios, escuchó su sentencia luego de haber pedido perdón y asegurar que se siente “avergonzada” por sus actos.

Al reconocer su culpabilidad el pasado junio en un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, Coronel evitó el juicio y una sentencia que podría haber llegado hasta los 10 años de cárcel.

La mexicana aseguró además al juez que está “sufriendo” por el daño que ha hecho a su familia y le pidió que le permita estar con sus hijas “que ya están creciendo sin uno de sus papás”. “Por eso le pido que no crezcan sin su mamá”, dijo Coronel, en referencia a la sentencia a cadena perpetua impuesta a Guzmán Loera, líder del cartel de Sinaloa.

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Gabriela Morales

Con información de agencias de noticias, medios internacionales y redes sociales