«Lamentablemente fue mal aplicada, se hizo un uso abusivo de esa ley», dijo Rodríguez durante un acto con caficultores en el estado Portuguesa.

Rodríguez solicitó a la Asamblea Nacional una reforma parcial «con carácter de urgencia» de la ley, criticada por la mayor coalición opositora como parte de un «marco legal represivo» y usada, según organizaciones no gubernamentales, para perseguir a periodistas y violar la libertad de expresión.

La ley fue aprobada en noviembre de 2017 por la chavista Asamblea Nacional Constituyente, instalada ese año en paralelo al Parlamento mayoritariamente opositor, tras meses de crisis política y masivas protestas antigubernamentales en el país.

Su aprobación se hizo tras una solicitud expresa del entonces presidente Nicolás Maduro para acabar con los supuestos mensajes de «odio» que, según el oficialismo, desataron la ola de protestas que sacudieron el país entre abril y agosto de ese año.

Esta legislación establece penas de hasta 20 años de cárcel contra los llamados «delitos de odio» y desde entonces ha sido criticada por defensores de derechos humanos y ONG, como Espacio Público, que en 2023 denunció que ha sido usada como un instrumento «para perseguir a personas por expresiones incómodas o críticas frente a ciertos sectores de poder».

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En un comunicado leído por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y la exdiputada Dinorah Figuera, quien encabeza el grupo opositor, las partes indicaron que acuerdan acompañar la decisión de «continuar y ampliar el levantamiento de medidas administrativas a portales de noticias, páginas web, medios electrónicos, como parte de los aportes realizados en esta mesa de diálogo».

La medida, añadieron, es «parte de los aportes realizados» por la mesa de diálogo y busca «fortalecer la libertad de expresión, el pensamiento plural y el derecho a la información», e invitar a los actores del sistema de comunicación público y privado a contribuir «a la convivencia democrática, a la paz y a la unión nacional».

De igual forma, impulsarán «una agenda de discusión sobre el uso del espectro radioeléctrico nacional» que abarque a «todos los actores» del país e «incluya la revisión de instrumentos legales que lo requieran».

El pronunciamiento se conoció al término del segundo ciclo de conversaciones entre el Gobierno y un sector de la oposición, iniciado el pasado 17 de septiembre, y luego de que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ordenara este viernes el levantamiento «inmediato» de las restricciones a otro grupo de plataformas y portales web que permanecen bloqueados en el país.

En un comunicado se indicó que Rodríguez ha recibido con «beneplácito» informes del diálogo entre el chavismo y la oposición y de su Programa para la Paz y la Convivencia Democrática, pero no detalla qué portales o plataformas serán desbloqueadas ni cuántas.

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En un comunicado conjunto, las partes señalaron que la mesa técnica «iniciará un proceso de consulta, garantías y verificación de los avances en esta materia con los actores involucrados y la comunidad en general para este segundo ciclo de trabajo».

Asimismo, saludaron «con satisfacción» la decisión del Gobierno de levantar las restricciones a diversos portales digitales -entre ellos la Agencia EFE-, medida que se produjo en la víspera, coincidiendo con el inicio de este segundo ciclo de diálogo y tras la recomendación del Programa para la Paz y la Convivencia Democrática que creó en enero la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

«Finalmente, hacen saber la conformación de una comisión paritaria de seguimiento, encargada de velar por el cumplimiento continuo de los acuerdos y compromisos establecidos», añadieron las partes en su comunicado.

Los representantes del Gobierno venezolano, liderados por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, y de un sector de la oposición encabezado por la exdiputada Dinorah Figuera, iniciaron el jueves el segundo ciclo de diálogo, un proceso impulsado por Estados Unidos que comenzó el pasado agosto.

Las reuniones se realizan en el hotel Gran Meliá Caracas, como ocurrió en el primer ciclo cuando se acordó la renovación completa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), cuyos jueces son acusados de servir al Gobierno, así como el desbloqueo de las reservas de oro retenidas en Inglaterra para atender a las víctimas del terremoto de junio.

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«En cumplimiento de las instrucciones emanadas por la Presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) informa a la colectividad nacional sobre el restablecimiento formal del acceso a diversas plataformas y medios de comunicación digitales nacionales e internacionales», dijo el ente regulador en un comunicado publicado en su sitio web.

«A partir de esta fecha, las empresas proveedoras de servicios de Internet (PSI) que operan en el territorio nacional han recibido la notificación técnica para la habilitación en sus infraestructuras del dominio de varios portales informativos», señaló Conatel.

Hasta el momento, la ONG VE Sin Filtro contabiliza unos diez portales web habilitados, entre ellos el de EFE, bloqueado desde marzo de 2025.

También destacan la revista colombiana Semana, bloqueada desde 2024; los medios locales El Pitazo, AlbertoNews, Monitoreamos, Runrunes y Crónica Uno, con restricciones desde 2020; Caraota y El Estímulo desde 2021 y El Carabobeño desde 2023.

En Venezuela, unos 200 dominios de internet, la mayoría relacionados con noticias, estaban bloqueados hasta el miércoles, según VE Sin Filtro.

La ONG señaló que, según su «análisis preliminar», el levantamiento de las restricciones comenzó «de forma aparentemente simultánea» a la petición que hiciera el Programa para la Paz y la Convivencia Democrática a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, las 10:00 hora local del miércoles (02:00 GMT).

«De mantenerse esta medida, sería junto con el desbloqueo de X, el primer retroceso importante de la censura en Internet en Venezuela. Pero sigue siendo insuficiente, exigimos el cese de todos los bloqueos, incluyendo: medios, ONG, iniciativas políticas, plataformas de comunicación, VPN», pidió la VE Sin Filtro.

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De acuerdo con una nota de prensa del gremio, hace dos semanas fueron contactados por parte de una comisión de los opositores que encabezan el diálogo y con quienes sostuvieron un encuentro «por espacio de una hora y media aproximadamente sobre el tema de la libertad de expresión» y «sobre el ejercicio libre del periodismo».

Sin detallar los nombres de los integrantes de la comisión, el gremio dijo que también conversaron sobre «la situación de la libertad de prensa en Venezuela con respecto de llevar el tema al diálogo entre la oposición y el oficialismo».

El nuevo proceso de negociación, que inició con una llamada telefónica el pasado sábado, está encabezado por el presidente del Parlamento,  Jorge Rodríguez y la exdiputada opositora Dinorah Figuera, quien defiende la continuidad de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) elegida en 2015, cuando estuvo controlada por la oposición.

Durante la conversación se acordó abordar el «fortalecimiento» de la democracia y la atención a las víctimas del doble terremoto del 24 de junio, que ha dejado 6.125 fallecidos, según el último balance oficial.

Según la ONG venezolana VE Sin Filtro, al menos 92 sitios web de noticias permanecen bloqueados en el país.

Por su parte, el CNP ha denunciado en sus redes sociales agresiones contra los comunicadores de parte de fuerzas de seguridad del Estado durante la cobertura de los terremotos, a lo que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) también se ha mantenido atento.

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Denominada ‘Iniciativa Rickey Singh para la Excelencia Periodística en las Américas’, en homenaje a este reconocido periodista guyanés y caribeño (1937–2025), el proyecto cuenta con el respaldo de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) y del Proyecto de Apoyo a los Medios de Comunicación Independientes y la Lucha contra la Desinformación, financiado por la Unión Europea (UE).

«La iniciativa busca promover un diálogo hemisférico entre periodistas, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil para responder a desafíos cada vez más relevantes para las democracias de la región, entre ellos la excelencia periodística, la credibilidad de los medios, la confianza pública y el fortalecimiento de mecanismos de autorregulación», indicaron en un comunicado los organizadores.

Como parte de este lanzamiento se presentó para discusión un conjunto de ‘Principios Interamericanos de Excelencia Periodística’, concebidos como un marco voluntario y no regulatorio para orientar el ejercicio profesional en los diversos ecosistemas mediáticos del continente.

Según la nota, treinta periodistas y representantes de medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil de la región, de países como Ecuador, Venezuela o Panamá, participaron en un diálogo para «identificar desafíos comunes y promover estándares que contribuyan a fortalecer la credibilidad, la diversidad, la transparencia y la responsabilidad social del periodismo, en medio del contexto adverso que enfrenta la prensa independiente».

El Relator Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pedro Vaca, destacó en la presentación la necesidad de consolidar un espacio permanente de intercambio y reflexión entre periodistas del hemisferio como condición para fortalecer las democracias en las Américas.

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Reyes y Mengolini atribuyen el retroceso a la expansión de prácticas autoritarias, la concentración mediática y nuevas formas de presión política y judicial, en un contexto regional que —según sostienen— trasciende fronteras y se inserta en disputas geopolíticas más amplias.

Ambas comunicadoras participaron en una gira en Estados Unidos organizada por Alianza Américas, en la que sostuvieron encuentros con congresistas, académicos, autoridades locales y organizaciones civiles para discutir el estado de los derechos humanos, la migración y la libertad de prensa en sus países y en la región.

El periodismo se enfrenta a nuevas presiones

Mengolini, fundadora del medio digital Futurock, afirmó que el ejercicio del periodismo independiente en Argentina se desarrolla bajo presiones políticas, judiciales y mediáticas cada vez más intensas.

«El Gobierno argentino está absolutamente subordinado a los intereses de Trump (…) es una injerencia económica peor, muy intimidante también en términos militares», señaló la periodista en entrevista con EFE, al referirse a lo que considera una creciente influencia de actores externos en la política del país suramericano.

La periodista sostuvo además que el ecosistema mediático argentino atraviesa un proceso de concentración y disciplinamiento del discurso público.

«En Argentina no estamos hablando de las cosas que hay que hablar y cómo hay que hablarlas», afirmó, al advertir sobre el impacto de las demandas judiciales y el hostigamiento digital contra periodistas críticos.

En su análisis, Mengolini describió la existencia de lo que calificó como una «alianza internacional reaccionaria» entre gobiernos y actores políticos de derecha en la región, con apoyos cruzados que —dijo— han favorecido su expansión.

Censura, exilio y redes de resistencia en la región

Desde Venezuela, Reyes, actualmente exiliada en Estados Unidos, describió un escenario marcado por la reducción del espacio cívico, la persecución judicial y el cierre de medios de comunicación, lo que ha obligado a numerosos periodistas a operar desde el exilio o bajo condiciones de autocensura.

«Lo que buscan es intimidar y sembrar temor contra el gremio periodístico», afirmó Reyes, fundadora del medio digital Efecto Cocuyo, al referirse al clima de presión que —según explicó— persiste sobre la prensa venezolana.

La periodista subrayó que el deterioro institucional en su país ha derivado en restricciones sostenidas a la libertad de expresión y al acceso a la información, lo que ha debilitado el ecosistema mediático independiente.

«Con los modelos populistas y autoritarios, la libertad de expresión no está garantizada», sostuvo Reyes, al advertir que las limitaciones no solo afectan a periodistas, sino también al derecho ciudadano a la información.

En ese contexto, señaló que el periodismo ha debido transformarse en una práctica de resistencia colectiva.

«Su respuesta a la presión y a los ataques es hacer más periodismo», añadió, al destacar la supervivencia de medios independientes sostenidos por comunidades de lectores y redes de apoyo.

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«Ha sido el inicio de la construcción de una agenda colectiva en materia de derechos humanos, que se plantea diferentes acciones, diferentes recomendaciones, llamados tanto a las entidades del Estado venezolano como a la comunidad internacional«, explicó a EFE la directora senior global de Investigación, Campaña, Incidencia y Política de AI, Erika Guevara Rosas.

El encuentro que empezó el lunes en Caracas reunió a Amnistía Internacional y a diversos representantes de ONG y defensores de derechos humanos, varios de ellos recientemente excarcelados, para conversar sobre distintos temas como la libertad de expresión y la seguridad jurídica.

Guevara Rosas sostuvo que fue una jornada histórica porque desde hacía «algún tiempo» que las organizaciones de defensa de los derechos humanos no habían podido reunirse «en libertad».

La abogada señaló que durante el evento se hizo un «mapeo» de los diferentes escenarios en materia de derechos humanos que enfrenta el país caribeño en estos momentos, en el sector educativo, sanitario, laboral, sobre la libertad de expresión, derechos civiles y políticos, así como la libertad de prensa.

Por su parte, el coordinador de exigibilidad de la ONG Provea, Marino Alvarado, calificó de importante la reunión entre activistas y organizaciones de derechos humanos aprovechando «la relativa apertura que hay en el país».

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Aunque la cifra representa una disminución del 62 % en comparación con los 619 registros de 2024, la organización advierte que esta baja es consecuencia directa de la «ola represiva» que se vivió el año anterior.

Detalles del balance anual

Tipos de agresión: La intimidación se consolidó como la práctica más frecuente (33,1 %), seguida por la censura (26,4 %) y el hostigamiento judicial (14,7 %).

Perfil de las víctimas: Los periodistas y trabajadores de la prensa siguen siendo el sector más afectado (34 %), aunque preocupa el incremento de ataques contra particulares y activistas (21,7 %) por compartir información de interés público en redes sociales.

Principales victimarios: El Estado y sus instituciones encabezan la lista de responsables (43,6 %), seguidos por los cuerpos de seguridad (29,6 %) y operadoras privadas (15,1 %).

Criminalización y cierres: Se registraron 44 detenciones arbitrarias (24 particulares y 19 periodistas) y el cierre de siete emisoras de radio en los estados Bolívar, Portuguesa, Lara y Sucre.

Exigencia legal

Carlos Correa, director de la ONG, reiteró el llamado a derogar la «Ley contra el Odio», denunciando que este instrumento se utiliza sistemáticamente para criminalizar la denuncia pública y los temas de interés nacional bajo cargos de incitación al odio.

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«La mayoría de detenciones fueron de corta duración, efectivamente, pero se dieron en el contexto de movilizaciones de calle, cobertura de manifestaciones«, indicó Marysabel Rodríguez, socióloga y miembro de la ONG, durante la presentación del informe anual en Caracas.

Del total de detenciones, 22 fueron periodistas, seis particulares -infociudadanos o activistas- y un trabajador público.

Rodríguez señaló que seis de estos arrestados fueron acusados del delito de incitación al odio y cuatro de ellos fueron detenidos por expresiones que publicaron en espacios digitales.

En este cuatrimestre, Espacio Público ha registrado un total de 91 violaciones a la libertad de expresión, un 16 % menos de lo registrado en el mismo periodo de 2025, sin embargo, Rodríguez advirtió que este descenso en denuncias es «bajo» pero la «violencia en torno a los casos es mayor«.

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El reconocimiento destaca el «apoyo valiente y firme» de ambas instituciones hacia los comunicadores en Venezuela.

Puntos clave del reconocimiento

Situación crítica: La APM resalta las denuncias del CNP sobre reporteros que, pese a ser excarcelados, enfrentan expedientes judiciales, restricciones y hostigamiento constante.

Ataques directos: Se recordó el asalto a la sede del CNP en Caracas en julio pasado, donde sujetos armados retiraron una pancarta que visibilizaba a periodistas prisioneros.

Agresiones recientes: El SNTP reportó recientemente diez agresiones policiales contra trabajadores de la prensa durante la cobertura de protestas laborales.

Contexto internacional: Según Reporteros Sin Fronteras (RSF), Venezuela se ubicó en 2025 en el puesto 160 de 180 en libertad de prensa, señalando la presión institucional como un factor determinante.

Exigencias del gremio

Ambas organizaciones continúan exigiendo el sobreseimiento de causas y la libertad plena para los más de veinte periodistas que aún mantienen medidas cautelares o procesos judiciales abiertos.

La ceremonia de entrega del premio se llevará a cabo el próximo 3 de mayo, coincidiendo con el Día Mundial de la Libertad de Prensa.

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Con información de EFE Servicios

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Durante el año 2025, se contabilizaron 386 incidentes que derivaron en 523 violaciones al derecho fundamental de buscar y recibir información, evidenciando un patrón sistemático de censura.

Radiografía de las agresiones

El informe detalla que las vulneraciones no son hechos aislados, sino una secuencia constante de hostigamiento que involucra a cuerpos policiales, militares y actores civiles alineados con el poder. La distribución de los casos se divide en dos frentes críticos:

Censura Digital (43 %): 166 casos de bloqueos y ataques contra páginas web, aplicaciones y redes sociales.

Detenciones (42 %): 161 arrestos dirigidos contra periodistas y civiles.

Hostigamiento y agresiones (13 %): 52 casos de amenazas directas.

Medios tradicionales (2 %): 7 incidentes que afectaron a prensa radiofónica o televisiva.

El entorno digital bajo asedio

El entorno digital se ha convertido en el principal campo de batalla. La organización documentó 126 incidencias técnicas (bloqueos DNS, HTTP/HTTPS y TCP/IP) que limitan el acceso ciudadano a la información.

Caso Red Social X: Se reporta el bloqueo de esta plataforma mientras, simultáneamente, estructuras oficiales la utilizan para difundir narrativa gubernamental, lo que distorsiona el pluralismo informativo.

Vigilancia y Criminalización: El informe advierte sobre la expansión de mecanismos de vigilancia ciudadana y la criminalización de expresiones en redes, lo que genera un clima de autocensura por temor a represalias.

La economía como zona prohibida

Un punto crítico del reporte es la persecución de la información económica. Desde mayo de 2025, el Estado intensificó la represión contra académicos, analistas y comunicadores que difundían datos sobre el mercado cambiario y el dólar paralelo.

Según el documento, esta estrategia representa una «clara criminalización» del derecho a informar sobre la realidad financiera del país.

Conclusión del informe

Para Un Mundo Sin Mordaza, la dispersión de los perpetradores y la recurrencia de los actos confirman que no se trata de desviaciones individuales, sino de una dinámica sostenida de control social que afecta la participación pública y el debate democrático.

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Con información de medios nacionales

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«Es algo súper importante y útil, pero su principal función es perdonarse el mismo Estado desde el olvido», sentenció el activista, de visita en Paraguay, quien advirtió que para la aplicación de esta ley no se ha construido «un proceso de establecimiento de verdad para que no vuelva a repetirse esto nunca más«.

Con esta norma, opinó, «el Estado trata al máximo de resolver un peso muy grande que tiene y trata de simular una justicia, haciendo un poco caprichoso el proceso en que la gente puede obtener la libertad».

«Todas las personas (detenidas por razones políticas) deben estar libres independientemente de la ley», agregó Gómez, haciéndose eco de quienes cuestionan la legalidad de esas retenciones.

En ese sentido, criticó que se haya «colocado a las familias a hacer peticiones, a rogar» sin que haya «ninguna garantía» de que eso «acabe con los patrones de violaciones de derechos humanos tan graves que ocurrieron en Venezuela».

Según la ley, son objeto de amnistía los «delitos o faltas cometidos» en el contexto del golpe de Estado de abril de 2002, durante el paro petrolero de diciembre de 2002, así como en medio de las manifestaciones ocurridas en 2004, en mayo de 2007, de julio a septiembre de 2009, en 2013, entre marzo y agosto de 2017 y en medio de las elecciones de 2024 y de 2025.

También abarca los acontecimientos relacionados con las actuaciones del Parlamento entre 2016 y 2021 -dominado ese quinquenio por la oposición- y el desconocimiento en ese entonces de las instituciones y autoridades públicas.

Advertencias sobre la amnistía

Gómez inscribió la amnistía en el contexto del «debido proceso» y la «seguridad jurídica que debería tener cualquier inversionista internacional que quiera ir a Venezuela», lo que es parte de las conversaciones entre el Gobierno de Donald Trump y la Administración encargada de Delcy Rodríguez tras la operación militar de enero, en la que fue capturado Nicolás Maduro.

«Pero -advirtió- lo que no se está tomando en cuenta es que esto es una trampa si simplemente se construye alrededor de un autoritarismo judicial, una capacidad del Ejecutivo de involucrarse y decidir quién queda en libertad».

En ese sentido, aseguró que están «muy preocupados de que solo 690 personas han sido deliberadas» y, criticó que «el resto de las cifras anunciadas se trate en realidad de propaganda alrededor de personas ya excarceladas a las que se mantenía bajo régimen de presentación».

También pidió que se publique el listado general de detenidos.

«El propio Estado no tiene una claridad del alcance de su represión. Ellos no tienen un listado central con el que permita a organismos, a la comunidad internacional, verificar que efectivamente la gente está liberada», denunció.

De igual forma, advirtió que «la maquinaria de terror para reprimir, para encarcelar, fue realmente súper arbitraria» en Venezuela.

«Hay personas en todo el país que son presos de años, son presos de un funcionario que estaba extorsionando, son presos de un alcalde, de un gobernador», ilustró.

Sociedad civil

Por otro lado, opinó que la participación de la sociedad civil en el momento actual «es clave» para no reproducir patrones autoritarios.

Para Gómez, el país vive el efecto de unos acuerdos de dos Gobiernos, en alusión al de EE.UU. y el de Venezuela, «enfocados, principalmente, en el plano de negocios y obviamente de minerales».

En ese sentido, indicó que estos «pequeños cambios que se están dando, si no incluyen a la sociedad civil, simplemente van a reproducir los patrones autoritarios» que llevaron a lo que consideró la «desgracia» del país, por lo que hizo énfasis en la necesidad de «construir una agenda de Derechos Humanos«, que consideró debe partir de «recuperar la libertad de expresión».

«Si le brindamos a Venezuela la posibilidad de tener separación de poderes, que es largo, pero seguridad jurídica a cada persona, a cada emprendedor, a cada persona que puede ayudar a mejorar la sociedad; en esa medida vamos a tener definitivamente un país que puede ser tan grande como la riqueza que tiene su subsuelo», concluyó.

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Villegas encabezó una reunión donde representantes del programa y también de medios de comunicación, tanto públicos como privados, expusieron denuncias relacionadas con el ejercicio del periodismo, como la vulnerabilidad de estos trabajadores durante coberturas periodísticas.

La instalación de mesas de trabajo será el próximo 20 de marzo, y se abordarán asuntos relacionados con «algún tipo de violación a la libertad de expresión, al derecho a informar», declaró Villegas.

«Iremos, con mesas de trabajo, analizando las complejidades de la comunicación social y sus desafíos en la Venezuela actual«, apuntó el también ministro de Cultura.

A la reunión también acudieron representantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP) y del Colegio Nacional de Periodistas.

El secretario general del SNTP, Marco Ruiz, valoró de forma positiva la convocatoria del Programa para la Convivencia y la Paz, una iniciativa lanzada en enero para propiciar el diálogo entre varios sectores del país.

«Prefiero quedarme con el consenso, no firmado todavía, de que en este país nunca más pueda haber periodistas detenidos o de que hace falta medios independientes que sean realmente libres», declaró Ruiz a EFE.

En este sentido, subrayó que en 2026 Venezuela llegó a registrar 38 periodistas detenidos, aunque actualmente no hay trabajadores de la prensa arrestados, de acuerdo al sindicato.

Mencionó que hubo una serie de normas, como la ley contra el odio -en vigor desde 2017-, que son las que a su juicio «dieron sustento a una violación masiva a los derechos humanos».

Más temprano, una veintena de activistas y periodistas exigieron a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) de Venezuela que levante los bloqueos a sitios web y cese la «censura a Internet generalizada».

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«Hemos encontrado que hay más de 200 dominios bloqueados en Venezuela en distintos proveedores de Internet. Hay más de 60 medios de noticias que están bloqueados en el país. Eso es una situación obviamente inaceptable«, declaró Andrés Azpúrua, director de VE sin filtro.

El activista subrayó que levantar estas medidas tomaría solo «horas» y solo depende de Conatel, dirigido por Enrique Quintana, designado recientemente por el Gobierno encargado de Venezuela.

Azpúrua consideró «gravísimo» que se mantenga bloqueado el acceso a la red social X ordenado en agosto de 2024, pese a que figuras del Gobierno encargado como Delcy Rodríguez volvieron a la plataforma.

Los activistas entregaron una carta pidiendo el levantamiento inmediato de los bloqueos, una reunión con el director del organismo y transparencia sobre las restricciones en Internet.

Medios bloqueados en Venezuela

Además de VE sin filtro, la misiva fue firmada por otros 31 entes, incluyendo el Colegio Nacional de Periodistas (CNP), el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y el Centro de Derechos Humanos de la UCAB.

Delvalle Canelón, secretaria general del CNP, denunció que además de los 64 medios bloqueados en el país, más de 460 han cerrado en los últimos años.

Pidió que se restituyan las señales, los equipos y sedes a los medios cerrados, perdidos por medidas de «confiscación» ordenadas por Conatel.

«Que cese la censura, que cesen las llamadas de presión a los medios de comunicación para censurar a personas, a políticos, a ciudadanos y temas que están vedados», exigió Canelón.

Venezuela ocupa el último lugar entre 23 países evaluados en el Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y Prensa 2025, según el informe de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

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En una conferencia de prensa, la coalición presentó un decálogo de «ejecución inmediata por parte del Estado venezolano para iniciar un proceso genuino de restitución de derechos civiles y políticos». La lista incluye la derogación de, al menos, diez normativas «restrictivas», destacando la Ley contra el Odio, señalada como instrumento de criminalización contra periodistas y activistas.

El secretario general del SNTP, Marco Ruiz, denunció que aún hay dos periodistas detenidos por razones políticas bajo imputaciones de dicha ley y exigió su liberación plena. Asimismo, la coalición instó a restituir el carácter técnico de Conatel y cesar la vigilancia de contenidos de medios y equipos electrónicos, incluyendo la «revisión ilegal de teléfonos».

Además, la Aplex demandó acceso independiente a las fuentes oficiales mediante la apertura de salas de prensa en Miraflores, el Parlamento y la Cancillería, así como la devolución de sedes y equipos confiscados a medios de comunicación.

La secretaria general del CNP, Delvalle Canelón, expresó que tras 27 años de violaciones, percibe que hoy «sí hay voluntad política» para aplicar estas medidas, en el marco de las excarcelaciones y la Ley de Amnistía impulsada por el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

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El nuevo código, aprobado por el Parlamento en diciembre de 2022, establece que toda persona que mantenga relaciones sexuales con alguien que no sea su marido o su mujer «será castigada por adulterio con prisión hasta por un año», mientras que quienes vivan juntos como un matrimonio sin haberse casado recibirán una pena de seis meses de encarcelamiento.

Para estos delitos, la Policía no puede actuar a menos que los considerados agresores de la norma sean denunciados por sus padres, hijos o parejas legales, lo que excluye a los turistas extranjeros de esta normativa en Indonesia, la nación con más musulmanes del mundo y la tercera mayor democracia del planeta. Bali, el destino por excelencia del archipiélago indonesio, recibió en 2025 a siete millones de visitantes internacionales.

El nuevo marco legal también estipula penas de hasta seis años de prisión para quienes difundan noticias falsas, sabiendo que lo son, si estas «causan disturbios o desorden en la sociedad», un apartado que permite a la Policía detener a personas que el Gobierno considere desestabilizadores en áreas como la política o la economía.

Asimismo, la incitación pública al ateísmo o a abandonar la religión conllevará castigos de hasta cuatro años de encarcelamiento, para lo cual se considerará si el promotor de la apostasía utilizó amenazas de violencia o cualquier tipo de fuerza. El sistema también contempla una pena máxima de tres años por «atacar el honor» del presidente o vicepresidente, quienes tendrían que denunciar el ataque para que la Policía pueda actuar.

Aunque el artículo dice que la crítica por motivos de interés público no es delito, el texto preocupa a defensores de la libertad de expresión por posibles acciones contra la prensa independiente. El código ratifica castigos contra la promoción del comunismo y crea una pena de hasta 18 meses de prisión contra aquellos que dicen poseer poderes sobrenaturales y usarlos para causar daños a terceros.

Una reforma criticada

El nuevo código fue duramente criticado tras ser aprobado en 2022 por organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional (AI) y Human Right Watch (HRW), y su entrada en vigor este viernes ha desatado un nuevo escrutinio de la normativa.

El experto en Derecho Penal Abdul Fikar Hadjar, profesor de la Universidad de Trisakti, remarcó a EFE la importancia de que la sociedad «actúe con valentía para luchar contra las fuerzas del orden» cuando considere que los representantes del Estado están abusando de sus poderes. En este sentido, recordó que los ciudadanos pueden presentar demandas ante el Tribunal Constitucional para solicitar la anulación de ciertas normas.

El país, de tradición secular y pluralista, como recoge su ideología fundacional -llamada «Pancasila», establecida tras su independencia de los Países Bajos en 1945-, afronta un auge de la religiosidad y de los movimientos islamistas. Numerosas organizaciones de derechos humanos condenan la «islamización» del país, que había dado por superado el periodo oscuro de la dictadura de Suharto (1967-1998).

Frente a las críticas, el Ministro de Interior y Justicia, Yusril Ihza Mahendra, destacó en un comunicado que este nuevo enfoque amplía las penas alternativas como el servicio comunitario, «incluyendo un énfasis en la rehabilitación médica y social para consumidores de drogas con el fin de reducir el hacinamiento en las instituciones penitenciarias». Sobre el castigo al sexo extramarital, subrayó que se ha establecido la necesidad de la denuncia de un familiar para procesar este tipo de delito y con ello, dijo, «evitar la excesiva intervención estatal en el ámbito privado».

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En octubre, se documentaron 11 «actos de intimidación», dos de «hostigamiento judicial» y dos de «censura», indicó la ONG en el texto, sin especificar el tipo de violación del par de casos restantes.

Respecto a las víctimas, dijo que hubo «cinco particulares, cuatro periodistas, dos medios de comunicación y dos reporteros gráficos», mientras que, entre los principales victimarios, señaló «cuerpos de seguridad, instituciones del Estado y funcionarios», a los que acusó de «usar el miedo para silenciar a las voces críticas».

Con octubre, la organización no gubernamental computa un total de 192 violaciones en 2025, principalmente «intimidación (61), censura (52) y hostigamiento judicial (25)».

Espacio Público también afirmó que, el pasado mes, diversas organizaciones y periodistas «denunciaron censura radial, suspensión de programas y amenazas contra quienes hablaran sobre el Premio Nobel de la Paz» otorgado este año a la líder opositora María Corina Machado.

El Instituto Prensa y Sociedad (Ipys) de Venezuela denunció recientemente que en el país «informar sigue siendo una labor castigada» y por ello reiteró su llamado a las autoridades a investigar los que consideró como «crímenes contra periodistas», así como «sancionar a los responsables» y garantizar que «estas violaciones» no se repitan.

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A través de una nota de prensa, Ipys detalló que las «agresiones más comunes» fueron el «hostigamiento y las amenazas (29 casos), el discurso estigmatizante (19), las detenciones arbitrarias (14), las restricciones en internet (33) y las limitaciones de acceso a la información pública (15)».

Además, Ipys aseguró que la «falta de sanciones judiciales ha consolidado un círculo de impunidad en el que los agresores no son procesados, las víctimas no son reparadas y la sociedad se acostumbra al silencio».

Ipys contabiliza dieciocho periodistas y trabajadores de la prensa detenidos en Venezuela, aunque otras organizaciones amplían esta cifra a veintidós. En nueve de estos dieciocho casos, según la ONG, «no ha habido ningún pronunciamiento oficial sobre su paradero ni sobre los procesos judiciales abiertos en su contra».

Para Ipys, en Venezuela «informar sigue siendo una labor castigada» y por ello reiteró su llamado a las autoridades a investigar los que consideró como «crímenes contra periodistas», así como «sancionar a los responsables» y «garantizar» que «estas violaciones» no se repitan.

En 2024, la ONG documentó 383 casos en los que consideró hubo «violaciones» a las garantías informativas en Venezuela, lo que representa un aumento del 64,4 % en comparación con 2023, cuando sumó 233 denuncias.

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En su cuenta de X, el SNTP mencionó también la «prohibición de referirse al atentado contra dos activistas venezolanos exiliados en Colombia», perpetrado el lunes en Bogotá.

De igual forma, prosiguió, se había «confirmado las represalias contra periodistas tras mencionar en sus espacios el otorgamiento del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado», lo que, subrayó, constituye una «clara violación a la libertad de expresión, al derecho de todos y todas a estar informadas».

«Tales decisiones reflejan el avance de una censura que busca borrar de la agenda pública los temas que incomodan al poder», señaló el sindicato.

En este sentido, rechazó «toda práctica que imponga vetos, silencie voces o limite la posibilidad de analizar hechos relevantes de la vida nacional».

«La censura, sea por imposición directa o por miedo a represalias, constituye una forma de violencia contra el periodismo», añadió el SNTP, que reiteró su solidaridad con los afectados y ratificó su compromiso en «la defensa del ejercicio libre, digno y responsable del periodismo en Venezuela».

El lunes, Machado pidió a las autoridades colombianas garantizar la protección de los dos activistas venezolanos que resultaron heridos de bala tras acudir a la sede de la Defensoría del Pueblo en Bogotá, para solicitar acompañamiento en su trámite de protección internacional.

Las víctimas son Yendri Velásquez, defensor de derechos humanos, activista LGTBI y solicitante de refugio en Colombia, y el consultor político Luis Alejandro Peche.

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