Reyes y Mengolini atribuyen el retroceso a la expansión de prácticas autoritarias, la concentración mediática y nuevas formas de presión política y judicial, en un contexto regional que —según sostienen— trasciende fronteras y se inserta en disputas geopolíticas más amplias.

Ambas comunicadoras participaron en una gira en Estados Unidos organizada por Alianza Américas, en la que sostuvieron encuentros con congresistas, académicos, autoridades locales y organizaciones civiles para discutir el estado de los derechos humanos, la migración y la libertad de prensa en sus países y en la región.

El periodismo se enfrenta a nuevas presiones

Mengolini, fundadora del medio digital Futurock, afirmó que el ejercicio del periodismo independiente en Argentina se desarrolla bajo presiones políticas, judiciales y mediáticas cada vez más intensas.

«El Gobierno argentino está absolutamente subordinado a los intereses de Trump (…) es una injerencia económica peor, muy intimidante también en términos militares», señaló la periodista en entrevista con EFE, al referirse a lo que considera una creciente influencia de actores externos en la política del país suramericano.

La periodista sostuvo además que el ecosistema mediático argentino atraviesa un proceso de concentración y disciplinamiento del discurso público.

«En Argentina no estamos hablando de las cosas que hay que hablar y cómo hay que hablarlas», afirmó, al advertir sobre el impacto de las demandas judiciales y el hostigamiento digital contra periodistas críticos.

En su análisis, Mengolini describió la existencia de lo que calificó como una «alianza internacional reaccionaria» entre gobiernos y actores políticos de derecha en la región, con apoyos cruzados que —dijo— han favorecido su expansión.

Censura, exilio y redes de resistencia en la región

Desde Venezuela, Reyes, actualmente exiliada en Estados Unidos, describió un escenario marcado por la reducción del espacio cívico, la persecución judicial y el cierre de medios de comunicación, lo que ha obligado a numerosos periodistas a operar desde el exilio o bajo condiciones de autocensura.

«Lo que buscan es intimidar y sembrar temor contra el gremio periodístico», afirmó Reyes, fundadora del medio digital Efecto Cocuyo, al referirse al clima de presión que —según explicó— persiste sobre la prensa venezolana.

La periodista subrayó que el deterioro institucional en su país ha derivado en restricciones sostenidas a la libertad de expresión y al acceso a la información, lo que ha debilitado el ecosistema mediático independiente.

«Con los modelos populistas y autoritarios, la libertad de expresión no está garantizada», sostuvo Reyes, al advertir que las limitaciones no solo afectan a periodistas, sino también al derecho ciudadano a la información.

En ese contexto, señaló que el periodismo ha debido transformarse en una práctica de resistencia colectiva.

«Su respuesta a la presión y a los ataques es hacer más periodismo», añadió, al destacar la supervivencia de medios independientes sostenidos por comunidades de lectores y redes de apoyo.

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«Ha sido el inicio de la construcción de una agenda colectiva en materia de derechos humanos, que se plantea diferentes acciones, diferentes recomendaciones, llamados tanto a las entidades del Estado venezolano como a la comunidad internacional«, explicó a EFE la directora senior global de Investigación, Campaña, Incidencia y Política de AI, Erika Guevara Rosas.

El encuentro que empezó el lunes en Caracas reunió a Amnistía Internacional y a diversos representantes de ONG y defensores de derechos humanos, varios de ellos recientemente excarcelados, para conversar sobre distintos temas como la libertad de expresión y la seguridad jurídica.

Guevara Rosas sostuvo que fue una jornada histórica porque desde hacía «algún tiempo» que las organizaciones de defensa de los derechos humanos no habían podido reunirse «en libertad».

La abogada señaló que durante el evento se hizo un «mapeo» de los diferentes escenarios en materia de derechos humanos que enfrenta el país caribeño en estos momentos, en el sector educativo, sanitario, laboral, sobre la libertad de expresión, derechos civiles y políticos, así como la libertad de prensa.

Por su parte, el coordinador de exigibilidad de la ONG Provea, Marino Alvarado, calificó de importante la reunión entre activistas y organizaciones de derechos humanos aprovechando «la relativa apertura que hay en el país».

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Fuente de imagen referencial: EFE/Ronald Peña

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Aunque la cifra representa una disminución del 62 % en comparación con los 619 registros de 2024, la organización advierte que esta baja es consecuencia directa de la «ola represiva» que se vivió el año anterior.

Detalles del balance anual

Tipos de agresión: La intimidación se consolidó como la práctica más frecuente (33,1 %), seguida por la censura (26,4 %) y el hostigamiento judicial (14,7 %).

Perfil de las víctimas: Los periodistas y trabajadores de la prensa siguen siendo el sector más afectado (34 %), aunque preocupa el incremento de ataques contra particulares y activistas (21,7 %) por compartir información de interés público en redes sociales.

Principales victimarios: El Estado y sus instituciones encabezan la lista de responsables (43,6 %), seguidos por los cuerpos de seguridad (29,6 %) y operadoras privadas (15,1 %).

Criminalización y cierres: Se registraron 44 detenciones arbitrarias (24 particulares y 19 periodistas) y el cierre de siete emisoras de radio en los estados Bolívar, Portuguesa, Lara y Sucre.

Exigencia legal

Carlos Correa, director de la ONG, reiteró el llamado a derogar la «Ley contra el Odio», denunciando que este instrumento se utiliza sistemáticamente para criminalizar la denuncia pública y los temas de interés nacional bajo cargos de incitación al odio.

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«La mayoría de detenciones fueron de corta duración, efectivamente, pero se dieron en el contexto de movilizaciones de calle, cobertura de manifestaciones«, indicó Marysabel Rodríguez, socióloga y miembro de la ONG, durante la presentación del informe anual en Caracas.

Del total de detenciones, 22 fueron periodistas, seis particulares -infociudadanos o activistas- y un trabajador público.

Rodríguez señaló que seis de estos arrestados fueron acusados del delito de incitación al odio y cuatro de ellos fueron detenidos por expresiones que publicaron en espacios digitales.

En este cuatrimestre, Espacio Público ha registrado un total de 91 violaciones a la libertad de expresión, un 16 % menos de lo registrado en el mismo periodo de 2025, sin embargo, Rodríguez advirtió que este descenso en denuncias es «bajo» pero la «violencia en torno a los casos es mayor«.

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El reconocimiento destaca el «apoyo valiente y firme» de ambas instituciones hacia los comunicadores en Venezuela.

Puntos clave del reconocimiento

Situación crítica: La APM resalta las denuncias del CNP sobre reporteros que, pese a ser excarcelados, enfrentan expedientes judiciales, restricciones y hostigamiento constante.

Ataques directos: Se recordó el asalto a la sede del CNP en Caracas en julio pasado, donde sujetos armados retiraron una pancarta que visibilizaba a periodistas prisioneros.

Agresiones recientes: El SNTP reportó recientemente diez agresiones policiales contra trabajadores de la prensa durante la cobertura de protestas laborales.

Contexto internacional: Según Reporteros Sin Fronteras (RSF), Venezuela se ubicó en 2025 en el puesto 160 de 180 en libertad de prensa, señalando la presión institucional como un factor determinante.

Exigencias del gremio

Ambas organizaciones continúan exigiendo el sobreseimiento de causas y la libertad plena para los más de veinte periodistas que aún mantienen medidas cautelares o procesos judiciales abiertos.

La ceremonia de entrega del premio se llevará a cabo el próximo 3 de mayo, coincidiendo con el Día Mundial de la Libertad de Prensa.

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Con información de EFE Servicios

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Durante el año 2025, se contabilizaron 386 incidentes que derivaron en 523 violaciones al derecho fundamental de buscar y recibir información, evidenciando un patrón sistemático de censura.

Radiografía de las agresiones

El informe detalla que las vulneraciones no son hechos aislados, sino una secuencia constante de hostigamiento que involucra a cuerpos policiales, militares y actores civiles alineados con el poder. La distribución de los casos se divide en dos frentes críticos:

Censura Digital (43 %): 166 casos de bloqueos y ataques contra páginas web, aplicaciones y redes sociales.

Detenciones (42 %): 161 arrestos dirigidos contra periodistas y civiles.

Hostigamiento y agresiones (13 %): 52 casos de amenazas directas.

Medios tradicionales (2 %): 7 incidentes que afectaron a prensa radiofónica o televisiva.

El entorno digital bajo asedio

El entorno digital se ha convertido en el principal campo de batalla. La organización documentó 126 incidencias técnicas (bloqueos DNS, HTTP/HTTPS y TCP/IP) que limitan el acceso ciudadano a la información.

Caso Red Social X: Se reporta el bloqueo de esta plataforma mientras, simultáneamente, estructuras oficiales la utilizan para difundir narrativa gubernamental, lo que distorsiona el pluralismo informativo.

Vigilancia y Criminalización: El informe advierte sobre la expansión de mecanismos de vigilancia ciudadana y la criminalización de expresiones en redes, lo que genera un clima de autocensura por temor a represalias.

La economía como zona prohibida

Un punto crítico del reporte es la persecución de la información económica. Desde mayo de 2025, el Estado intensificó la represión contra académicos, analistas y comunicadores que difundían datos sobre el mercado cambiario y el dólar paralelo.

Según el documento, esta estrategia representa una «clara criminalización» del derecho a informar sobre la realidad financiera del país.

Conclusión del informe

Para Un Mundo Sin Mordaza, la dispersión de los perpetradores y la recurrencia de los actos confirman que no se trata de desviaciones individuales, sino de una dinámica sostenida de control social que afecta la participación pública y el debate democrático.

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Con información de medios nacionales

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«Es algo súper importante y útil, pero su principal función es perdonarse el mismo Estado desde el olvido», sentenció el activista, de visita en Paraguay, quien advirtió que para la aplicación de esta ley no se ha construido «un proceso de establecimiento de verdad para que no vuelva a repetirse esto nunca más«.

Con esta norma, opinó, «el Estado trata al máximo de resolver un peso muy grande que tiene y trata de simular una justicia, haciendo un poco caprichoso el proceso en que la gente puede obtener la libertad».

«Todas las personas (detenidas por razones políticas) deben estar libres independientemente de la ley», agregó Gómez, haciéndose eco de quienes cuestionan la legalidad de esas retenciones.

En ese sentido, criticó que se haya «colocado a las familias a hacer peticiones, a rogar» sin que haya «ninguna garantía» de que eso «acabe con los patrones de violaciones de derechos humanos tan graves que ocurrieron en Venezuela».

Según la ley, son objeto de amnistía los «delitos o faltas cometidos» en el contexto del golpe de Estado de abril de 2002, durante el paro petrolero de diciembre de 2002, así como en medio de las manifestaciones ocurridas en 2004, en mayo de 2007, de julio a septiembre de 2009, en 2013, entre marzo y agosto de 2017 y en medio de las elecciones de 2024 y de 2025.

También abarca los acontecimientos relacionados con las actuaciones del Parlamento entre 2016 y 2021 -dominado ese quinquenio por la oposición- y el desconocimiento en ese entonces de las instituciones y autoridades públicas.

Advertencias sobre la amnistía

Gómez inscribió la amnistía en el contexto del «debido proceso» y la «seguridad jurídica que debería tener cualquier inversionista internacional que quiera ir a Venezuela», lo que es parte de las conversaciones entre el Gobierno de Donald Trump y la Administración encargada de Delcy Rodríguez tras la operación militar de enero, en la que fue capturado Nicolás Maduro.

«Pero -advirtió- lo que no se está tomando en cuenta es que esto es una trampa si simplemente se construye alrededor de un autoritarismo judicial, una capacidad del Ejecutivo de involucrarse y decidir quién queda en libertad».

En ese sentido, aseguró que están «muy preocupados de que solo 690 personas han sido deliberadas» y, criticó que «el resto de las cifras anunciadas se trate en realidad de propaganda alrededor de personas ya excarceladas a las que se mantenía bajo régimen de presentación».

También pidió que se publique el listado general de detenidos.

«El propio Estado no tiene una claridad del alcance de su represión. Ellos no tienen un listado central con el que permita a organismos, a la comunidad internacional, verificar que efectivamente la gente está liberada», denunció.

De igual forma, advirtió que «la maquinaria de terror para reprimir, para encarcelar, fue realmente súper arbitraria» en Venezuela.

«Hay personas en todo el país que son presos de años, son presos de un funcionario que estaba extorsionando, son presos de un alcalde, de un gobernador», ilustró.

Sociedad civil

Por otro lado, opinó que la participación de la sociedad civil en el momento actual «es clave» para no reproducir patrones autoritarios.

Para Gómez, el país vive el efecto de unos acuerdos de dos Gobiernos, en alusión al de EE.UU. y el de Venezuela, «enfocados, principalmente, en el plano de negocios y obviamente de minerales».

En ese sentido, indicó que estos «pequeños cambios que se están dando, si no incluyen a la sociedad civil, simplemente van a reproducir los patrones autoritarios» que llevaron a lo que consideró la «desgracia» del país, por lo que hizo énfasis en la necesidad de «construir una agenda de Derechos Humanos«, que consideró debe partir de «recuperar la libertad de expresión».

«Si le brindamos a Venezuela la posibilidad de tener separación de poderes, que es largo, pero seguridad jurídica a cada persona, a cada emprendedor, a cada persona que puede ayudar a mejorar la sociedad; en esa medida vamos a tener definitivamente un país que puede ser tan grande como la riqueza que tiene su subsuelo», concluyó.

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Villegas encabezó una reunión donde representantes del programa y también de medios de comunicación, tanto públicos como privados, expusieron denuncias relacionadas con el ejercicio del periodismo, como la vulnerabilidad de estos trabajadores durante coberturas periodísticas.

La instalación de mesas de trabajo será el próximo 20 de marzo, y se abordarán asuntos relacionados con «algún tipo de violación a la libertad de expresión, al derecho a informar», declaró Villegas.

«Iremos, con mesas de trabajo, analizando las complejidades de la comunicación social y sus desafíos en la Venezuela actual«, apuntó el también ministro de Cultura.

A la reunión también acudieron representantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP) y del Colegio Nacional de Periodistas.

El secretario general del SNTP, Marco Ruiz, valoró de forma positiva la convocatoria del Programa para la Convivencia y la Paz, una iniciativa lanzada en enero para propiciar el diálogo entre varios sectores del país.

«Prefiero quedarme con el consenso, no firmado todavía, de que en este país nunca más pueda haber periodistas detenidos o de que hace falta medios independientes que sean realmente libres», declaró Ruiz a EFE.

En este sentido, subrayó que en 2026 Venezuela llegó a registrar 38 periodistas detenidos, aunque actualmente no hay trabajadores de la prensa arrestados, de acuerdo al sindicato.

Mencionó que hubo una serie de normas, como la ley contra el odio -en vigor desde 2017-, que son las que a su juicio «dieron sustento a una violación masiva a los derechos humanos».

Más temprano, una veintena de activistas y periodistas exigieron a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) de Venezuela que levante los bloqueos a sitios web y cese la «censura a Internet generalizada».

Venezuela ocupa el último lugar entre 23 países evaluados en el Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y Prensa 2025, según el informe difundido el martes por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

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«Hemos encontrado que hay más de 200 dominios bloqueados en Venezuela en distintos proveedores de Internet. Hay más de 60 medios de noticias que están bloqueados en el país. Eso es una situación obviamente inaceptable«, declaró Andrés Azpúrua, director de VE sin filtro.

El activista subrayó que levantar estas medidas tomaría solo «horas» y solo depende de Conatel, dirigido por Enrique Quintana, designado recientemente por el Gobierno encargado de Venezuela.

Azpúrua consideró «gravísimo» que se mantenga bloqueado el acceso a la red social X ordenado en agosto de 2024, pese a que figuras del Gobierno encargado como Delcy Rodríguez volvieron a la plataforma.

Los activistas entregaron una carta pidiendo el levantamiento inmediato de los bloqueos, una reunión con el director del organismo y transparencia sobre las restricciones en Internet.

Medios bloqueados en Venezuela

Además de VE sin filtro, la misiva fue firmada por otros 31 entes, incluyendo el Colegio Nacional de Periodistas (CNP), el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y el Centro de Derechos Humanos de la UCAB.

Delvalle Canelón, secretaria general del CNP, denunció que además de los 64 medios bloqueados en el país, más de 460 han cerrado en los últimos años.

Pidió que se restituyan las señales, los equipos y sedes a los medios cerrados, perdidos por medidas de «confiscación» ordenadas por Conatel.

«Que cese la censura, que cesen las llamadas de presión a los medios de comunicación para censurar a personas, a políticos, a ciudadanos y temas que están vedados», exigió Canelón.

Venezuela ocupa el último lugar entre 23 países evaluados en el Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y Prensa 2025, según el informe de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

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En una conferencia de prensa, la coalición presentó un decálogo de «ejecución inmediata por parte del Estado venezolano para iniciar un proceso genuino de restitución de derechos civiles y políticos». La lista incluye la derogación de, al menos, diez normativas «restrictivas», destacando la Ley contra el Odio, señalada como instrumento de criminalización contra periodistas y activistas.

El secretario general del SNTP, Marco Ruiz, denunció que aún hay dos periodistas detenidos por razones políticas bajo imputaciones de dicha ley y exigió su liberación plena. Asimismo, la coalición instó a restituir el carácter técnico de Conatel y cesar la vigilancia de contenidos de medios y equipos electrónicos, incluyendo la «revisión ilegal de teléfonos».

Además, la Aplex demandó acceso independiente a las fuentes oficiales mediante la apertura de salas de prensa en Miraflores, el Parlamento y la Cancillería, así como la devolución de sedes y equipos confiscados a medios de comunicación.

La secretaria general del CNP, Delvalle Canelón, expresó que tras 27 años de violaciones, percibe que hoy «sí hay voluntad política» para aplicar estas medidas, en el marco de las excarcelaciones y la Ley de Amnistía impulsada por el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

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El nuevo código, aprobado por el Parlamento en diciembre de 2022, establece que toda persona que mantenga relaciones sexuales con alguien que no sea su marido o su mujer «será castigada por adulterio con prisión hasta por un año», mientras que quienes vivan juntos como un matrimonio sin haberse casado recibirán una pena de seis meses de encarcelamiento.

Para estos delitos, la Policía no puede actuar a menos que los considerados agresores de la norma sean denunciados por sus padres, hijos o parejas legales, lo que excluye a los turistas extranjeros de esta normativa en Indonesia, la nación con más musulmanes del mundo y la tercera mayor democracia del planeta. Bali, el destino por excelencia del archipiélago indonesio, recibió en 2025 a siete millones de visitantes internacionales.

El nuevo marco legal también estipula penas de hasta seis años de prisión para quienes difundan noticias falsas, sabiendo que lo son, si estas «causan disturbios o desorden en la sociedad», un apartado que permite a la Policía detener a personas que el Gobierno considere desestabilizadores en áreas como la política o la economía.

Asimismo, la incitación pública al ateísmo o a abandonar la religión conllevará castigos de hasta cuatro años de encarcelamiento, para lo cual se considerará si el promotor de la apostasía utilizó amenazas de violencia o cualquier tipo de fuerza. El sistema también contempla una pena máxima de tres años por «atacar el honor» del presidente o vicepresidente, quienes tendrían que denunciar el ataque para que la Policía pueda actuar.

Aunque el artículo dice que la crítica por motivos de interés público no es delito, el texto preocupa a defensores de la libertad de expresión por posibles acciones contra la prensa independiente. El código ratifica castigos contra la promoción del comunismo y crea una pena de hasta 18 meses de prisión contra aquellos que dicen poseer poderes sobrenaturales y usarlos para causar daños a terceros.

Una reforma criticada

El nuevo código fue duramente criticado tras ser aprobado en 2022 por organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional (AI) y Human Right Watch (HRW), y su entrada en vigor este viernes ha desatado un nuevo escrutinio de la normativa.

El experto en Derecho Penal Abdul Fikar Hadjar, profesor de la Universidad de Trisakti, remarcó a EFE la importancia de que la sociedad «actúe con valentía para luchar contra las fuerzas del orden» cuando considere que los representantes del Estado están abusando de sus poderes. En este sentido, recordó que los ciudadanos pueden presentar demandas ante el Tribunal Constitucional para solicitar la anulación de ciertas normas.

El país, de tradición secular y pluralista, como recoge su ideología fundacional -llamada «Pancasila», establecida tras su independencia de los Países Bajos en 1945-, afronta un auge de la religiosidad y de los movimientos islamistas. Numerosas organizaciones de derechos humanos condenan la «islamización» del país, que había dado por superado el periodo oscuro de la dictadura de Suharto (1967-1998).

Frente a las críticas, el Ministro de Interior y Justicia, Yusril Ihza Mahendra, destacó en un comunicado que este nuevo enfoque amplía las penas alternativas como el servicio comunitario, «incluyendo un énfasis en la rehabilitación médica y social para consumidores de drogas con el fin de reducir el hacinamiento en las instituciones penitenciarias». Sobre el castigo al sexo extramarital, subrayó que se ha establecido la necesidad de la denuncia de un familiar para procesar este tipo de delito y con ello, dijo, «evitar la excesiva intervención estatal en el ámbito privado».

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En octubre, se documentaron 11 «actos de intimidación», dos de «hostigamiento judicial» y dos de «censura», indicó la ONG en el texto, sin especificar el tipo de violación del par de casos restantes.

Respecto a las víctimas, dijo que hubo «cinco particulares, cuatro periodistas, dos medios de comunicación y dos reporteros gráficos», mientras que, entre los principales victimarios, señaló «cuerpos de seguridad, instituciones del Estado y funcionarios», a los que acusó de «usar el miedo para silenciar a las voces críticas».

Con octubre, la organización no gubernamental computa un total de 192 violaciones en 2025, principalmente «intimidación (61), censura (52) y hostigamiento judicial (25)».

Espacio Público también afirmó que, el pasado mes, diversas organizaciones y periodistas «denunciaron censura radial, suspensión de programas y amenazas contra quienes hablaran sobre el Premio Nobel de la Paz» otorgado este año a la líder opositora María Corina Machado.

El Instituto Prensa y Sociedad (Ipys) de Venezuela denunció recientemente que en el país «informar sigue siendo una labor castigada» y por ello reiteró su llamado a las autoridades a investigar los que consideró como «crímenes contra periodistas», así como «sancionar a los responsables» y garantizar que «estas violaciones» no se repitan.

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A través de una nota de prensa, Ipys detalló que las «agresiones más comunes» fueron el «hostigamiento y las amenazas (29 casos), el discurso estigmatizante (19), las detenciones arbitrarias (14), las restricciones en internet (33) y las limitaciones de acceso a la información pública (15)».

Además, Ipys aseguró que la «falta de sanciones judiciales ha consolidado un círculo de impunidad en el que los agresores no son procesados, las víctimas no son reparadas y la sociedad se acostumbra al silencio».

Ipys contabiliza dieciocho periodistas y trabajadores de la prensa detenidos en Venezuela, aunque otras organizaciones amplían esta cifra a veintidós. En nueve de estos dieciocho casos, según la ONG, «no ha habido ningún pronunciamiento oficial sobre su paradero ni sobre los procesos judiciales abiertos en su contra».

Para Ipys, en Venezuela «informar sigue siendo una labor castigada» y por ello reiteró su llamado a las autoridades a investigar los que consideró como «crímenes contra periodistas», así como «sancionar a los responsables» y «garantizar» que «estas violaciones» no se repitan.

En 2024, la ONG documentó 383 casos en los que consideró hubo «violaciones» a las garantías informativas en Venezuela, lo que representa un aumento del 64,4 % en comparación con 2023, cuando sumó 233 denuncias.

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En su cuenta de X, el SNTP mencionó también la «prohibición de referirse al atentado contra dos activistas venezolanos exiliados en Colombia», perpetrado el lunes en Bogotá.

De igual forma, prosiguió, se había «confirmado las represalias contra periodistas tras mencionar en sus espacios el otorgamiento del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado», lo que, subrayó, constituye una «clara violación a la libertad de expresión, al derecho de todos y todas a estar informadas».

«Tales decisiones reflejan el avance de una censura que busca borrar de la agenda pública los temas que incomodan al poder», señaló el sindicato.

En este sentido, rechazó «toda práctica que imponga vetos, silencie voces o limite la posibilidad de analizar hechos relevantes de la vida nacional».

«La censura, sea por imposición directa o por miedo a represalias, constituye una forma de violencia contra el periodismo», añadió el SNTP, que reiteró su solidaridad con los afectados y ratificó su compromiso en «la defensa del ejercicio libre, digno y responsable del periodismo en Venezuela».

El lunes, Machado pidió a las autoridades colombianas garantizar la protección de los dos activistas venezolanos que resultaron heridos de bala tras acudir a la sede de la Defensoría del Pueblo en Bogotá, para solicitar acompañamiento en su trámite de protección internacional.

Las víctimas son Yendri Velásquez, defensor de derechos humanos, activista LGTBI y solicitante de refugio en Colombia, y el consultor político Luis Alejandro Peche.

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La organización indicó en una nota de prensa que en el primer semestre del año censura e intimidación fueron las principales violaciones registradas.

«Periodistas, medios de comunicación y personas particulares concentran el mayor número de víctimas. Destacan 23 detenciones, 44 incidentes vinculados al entorno digital y un uso constante del poder estatal para silenciar voces críticas», añadió.

En junio pasado, expresa, documentó tres violaciones al derecho a la libertad de expresión, dos casos de censura y uno de intimidación.

«Los hechos afectaron a periodistas, reporteros y plataformas web, y ocurrieron tanto en el estado Táchira como en espacios digitales», destacó.

Asimismo, dijo que las instituciones del Estado y cuerpos de seguridad fueron identificados como responsables directos en estos casos.

Detenciones de analistas financieros

«Además, se consolidó una nueva arremetida contra economistas y analistas financieros, a quienes se les persigue por difundir datos sobre inflación y poder adquisitivo», sostuvo.

Espacio Público aseguró que el mes pasado se mantuvieron las «desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, amenazas por ejercer el periodismo, así como bloqueos de información en zonas fronterizas».

La organización señaló que al menos cinco analistas financieros fueron detenidos por cuerpos de seguridad del Estado «sin cargos formales, en un contexto de control sobre las cifras económicas y de inflación».

«El Observatorio Venezolano de Finanzas denunció estos hechos como parte de una política para limitar el acceso a información confiable sobre la realidad económica», relató.

Igualmente, recordó que un tribunal de Caracas ratificó la privativa de libertad contra la periodista Nakary Mena Ramos, «detenida en abril tras publicar un reportaje sobre la inseguridad».

«Fue imputada por ‘instigación al odio’ y ‘publicación de noticias falsas’, junto a su pareja Gianni González».

En el país hay 20 periodistas detenidos, de los cuales 12 están sometidos a procesos penales con medidas cautelares, según un registro difundido a finales de junio por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP).

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Así, 2024 fue el año con el «mayor número de violaciones» en el último quinquenio, asegura la organización no gubernamental en el documento, donde advierte que las «restricciones a los derechos civiles y políticos se agudizaron, en el marco de un proceso electoral de alta relevancia para el destino del país», en referencia a los comicios presidenciales del pasado 28 de julio del año pasado.

«La represión estatal, la persecución a personas opositoras, la censura y la falta de garantías judiciales se intensificaron, lo que incrementó el miedo y desconfianza en la población. En paralelo, las consecuencias de la emergencia humanitaria compleja se mantienen y suman directamente al deterioro de la calidad de vida», señala Espacio Público.

La ONG hace hincapié en las restricciones que, asegura, hubo en el contexto electoral, y la «ola represiva» tras estas votaciones, en las que Nicolás Maduro fue proclamado ganador por el organismo comicial, controlado por rectores afines al oficialismo, lo que fue denunciado como «fraudulento» por la oposición mayoritaria, que reclama el triunfo de Edmundo González Urrutia.

Ese contexto poselectoral, prosigue la organización, estuvo marcado por una «política de persecución inédita en proporción y alcance en contra de liderazgos sociales, políticos y ciudadanía en general».

Tipos de violaciones

La ONG Espacio Público indicó que la principal violación registrada en 2024 fue la intimidación (199), seguida de censura (127), hostigamiento judicial (80), hostigamiento verbal (79), restricción administrativa (69), amenaza (32), agresión (20), ataque (7) y restricción legal (4), así como dos casos de «muerte» de los que no da detalles.

Respecto a los victimarios, la ONG señala a instituciones del Estado, cuerpos de seguridad, funcionarios, operadoras privadas y simpatizantes del oficialismo, particulares, entre otros.

Por otra parte, en 2024 registró 99 detenciones, un alza del 253,5 % frente a 2023, cuando hubo 28, según la organización, que computó el año pasado las aprehensiones de 71 «particulares», 24 «periodistas y trabajadores de la prensa», tres miembros de ONG y un trabajador público.

Según el informe, las «detenciones arbitrarias fueron una de las principales herramientas utilizadas por el Estado para silenciar a quienes ejercen la libertad de expresión».

En los dos primeros meses de 2025, Espacio Público ha registrado un total de 80 violaciones a la libertad de expresión.

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En su informe mensual, la ONG señaló que entre las violaciones a la libertad de expresión registró tres detenciones de «personas que se expresaron libremente».

Asimismo, dijo que dos periodistas, cuatro «particulares» y tres medios de comunicación fueron las mayores víctimas de violaciones a la libertad de expresión el mes pasado, que se caracterizó, sostuvo, por actos de «intimidación, hostigamientos y censura».

Espacio Público indicó que el mes pasado, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) ordenó el cierre de dos emisoras del estado Portuguesa (oeste), así como, dijo, el decomiso de equipos.

#ResumenEP | Unas 10 personas hostigaron el #26feb al dirigente sindical y coordinador de la Red Sindical Venezolana, Mauro Zambrano, y a la periodista María Graterol, cuando grababan testimonios en el Hospital Magallanes de Catia | #7mar https://t.co/hEBAJ0PHlf

— Espacio Público (@espaciopublico) March 7, 2025

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«La desinformación y la incitación al odio alimentan los prejuicios y la violencia, exacerban las divisiones y los conflictos, demonizan a las minorías y comprometen la integridad de los procesos electorales», aseguró Gueterres en la rueda de prensa donde hizo el anuncio.

Los cinco principios en los que, según la ONU, se debe sustentar una sociedad con buena salud informativa son: medios de comunicación independientes, libres y plurales; transparencia e investigación; incentivos para los que actúen acorde a los dos anteriores; empoderamiento público; y confianza y resiliencia entre los distintos actores del proceso informativo.

La consecución de los Principios Globales de la Integridad Informativa de la ONU partió de consultas y reuniones entre con Estados miembro, líderes juveniles, la sociedad civil, la academia y el sector privado -incluidas empresas tecnológicas-, informó Guterres.

Para el secretario general de la ONU, «las amenazas a la integridad de la información no son nuevas», pero las plataformas digitales -«impulsadas por la inteligencia artificial»- están provocando «una expansión a gran velocidad» de ataques contra «los hechos, los derechos humanos, la salud pública y la acción climática».

«Los algoritmos empujan a las personas a burbujas de información y refuerzan prejuicios como el racismo, la misoginia y la discriminación. Así, las mujeres, los refugiados, los inmigrantes y las minorías son objetivos comunes», dijo Guterres.

Threats to information integrity are not new, but they are proliferating & expanding in digital spaces, supercharged by AI technologies.

I urge governments, the tech sector, advertisers & other actors to listen to your people & to users – and take action.

— António Guterres (@antonioguterres) June 24, 2024

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«El hostigamiento y la intimidación fueron los principales tipos de violaciones a la libertad de expresión en Venezuela en mayo», señaló la ONG en una nota de prensa publicada en su página web.

Agrega que el mes pasado registró 11 actos de intimidación, 10 de hostigamiento judicial, 8 de hostigamiento verbal, así como actos de censura, restricciones administrativas, amenazas y ataques, sin precisar la cantidad en cada uno.

Espacio Público indicó que las principales víctimas fueron ciudadanos sin profesión especificada (11), junto a los periodistas (10), tres medios de comunicación y un trabajador público.

Igualmente, dice que las represalias en contra de personas y negocios por vincularse con los actos de la líder opositora María Corina Machado «fueron la norma a lo largo de mayo».

Según datos de la ONG, en el país se registraron 68 violaciones al derecho a la libertad de expresión en los primeros cuatro meses de 2024, un incremento del 26 % con relación al mismo período de 2023, cuando la cifra fue de 54.

Agrega que los tipos de violaciones más frecuentes fueron las intimidaciones (30 %), seguido de la censura (27 %) y en tercer lugar el hostigamiento judicial (14 %), sin precisar a qué hechos corresponde el 29 % restante.

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El pasado mes, la ONG registró y clasificó 19 hechos de intimidación, ocho de censura, seis de restricción administrativa, cuatro de hostigamiento judicial, dos de amenazas y dos de hostigamiento verbal.

La organización señaló que instituciones públicas, cuerpos de seguridad, funcionarios del Estado y un grupo simpatizante del oficialismo «violentaron el derecho a la libertad de expresión» en febrero.

En una nota, Espacio Público menciona, entre los afectados, el caso del extrabajador de la estatal Pdvsa Carlos Salazar, quien estuvo desaparecido durante más de 20 días, tras publicar un video en el que mostró y criticó a Alex Saab.

En 2023 hubo disminución

De acuerdo con datos de esta ONG, el año pasado se registraron 383 violaciones a la libertad de expresión, una disminución del 17,4 % respecto a 2022, cuando se computaron 464.

En noviembre, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) afirmó que en Venezuela, «igual que por muchos años», se mantiene el «constante y sistemático régimen de censura» que «genera autocensura entre los medios» independientes.

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Gerardo Contreras

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