Ley de amnistía – Doble Llave

Activista propone fondo para resarcir a los presos políticos

Fíorella Tagliafico — Wed, 26 Aug 2026 18:00:57 +0000

DOBLE LLAVE – El presidente de la ONG venezolana Fundaredes, Javier Tarazona, propuso la redacción de una nueva ley de amnistía para liberar a todos los presos políticos en el país suramericano, luego de considerar que la actual es excluyente, al tiempo que planteó la creación de un fondo para resarcir los daños que han sufrido estos detenidos.

«Hay en este momento miles de víctimas de todo este proceso político venezolano que no están siendo, en primer lugar, asistidas, mucho menos reparadas», señaló Tarazona desde el Palacio de Justicia, en Caracas, después de que fuera diferida su audiencia de juicio por los delitos de terrorismo, incitación al odio y traición a la patria.

Tarazona estuvo preso durante más de cuatro años y salió en libertad condicional en febrero pasado, mismo mes en que el Parlamento, de mayoría chavista, aprobó una ley de amnistía que a él le negaron en marzo.

El activista fue la principal voz de denuncia de un conflicto entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y disidencias de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) que se desarrolló en una zona fronteriza entre ambos países ese año, ante la falta de datos oficiales.

A su juicio, la ley de amnistía aprobada en febrero no resolvió los problemas de persecución política, porque todavía hay detenidos por razones políticas en Venezuela.

Un nuevo texto legislativo, prosiguió, debe garantizar la libertad plena de todos los presos políticos.

Tarazona dijo que el plan del fondo nacional busca que los presos políticos y sus familias puedan resolver los problemas causados con estas detenciones, entre ellos, los largos traslados que deben hacer para asistir a los tribunales o para hacer las visitas en las cárceles.

De interés: Cabello niega que se discuta liberación de presos políticos en mesa de diálogo

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Venezolanos piden liberación masiva de presos políticos

Fíorella Tagliafico — Fri, 24 Jul 2026 19:00:22 +0000

DOBLE LLAVE – Decenas de familiares de presos políticos, en su mayoría mujeres, se concentraron en la Universidad Central de Venezuela, la principal del país, para exigir la «liberación masiva» de los detenidos y rechazar que este proceso se realice «a cuentagotas».

Activistas de la Alianza por la libertad, un colectivo que permanece hace más de 40 días afuera de la Embajada de EE.UU. en Caracas para pedir ayuda a este Gobierno, extendieron una pancarta con el mensaje «Libertad para todos los presos políticos», mientras sostenían también fotos de sus parientes.

«Sabemos que se viene un proceso de transición y un proceso democrático a partir del 1 de agosto con un mesa de diálogo entre la Asamblea Nacional de 2015 y la actual. Queremos que en esa mesa de negociación estemos reflejados», dijo a EFE Gabriela Álvarez, en referencia a la vía de diálogo acordada entre un grupo de exdiputados opositores y el chavismo.

Álvarez reiteró esta demanda hecha por el grupo la semana pasada y pidió el apoyo de Estados Unidos para liberar a los presos políticos, que son 372 según Foro Penal, la organización que lidera la defensa de personas que considera injustamente detenidas o sometidas a un proceso judicial irregular.

En el lugar, había familiares de presos políticos -como Magaly Sánchez, de 56 años- que viajaron a Caracas desde otros estados para participar en la protesta y visitar a sus parientes detenidos.

Familiares de presos políticos han hecho numerosas protestas para exigir la liberación de sus parientes y han pernoctado en diversas cárceles a raíz del anuncio en enero de excarcelaciones masivas y la aprobación de una ley de amnistía en febrero.

De interés: ONG piden inspección de infraestructura de cárceles en Venezuela tras sismos

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Familias piden a EEUU apoyo en caso de presos por presunto contrabando en PDVSA

Fíorella Tagliafico — Fri, 12 Jun 2026 16:00:51 +0000

DOBLE LLAVE – Familiares de más de 80 detenidos por un presunto caso de contrabando en la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) se sumaron a la protesta que un grupo de allegados de presos políticos mantiene cerca de la Embajada de EE.UU. en Caracas para pedir la mediación de la Casa Blanca en los procesos contra sus parientes.

«No pretendemos que Estados Unidos vaya a resolvernos de un plumazo nuestros casos, pero sí queremos hacerle entender (…) que en el marco de una recuperación de un país y de una recuperación de las relaciones internacionales tiene que pasar por tener un sistema de justicia sano», dijo a EFE la abogada Zimaru Fuentes.

La jurista, que es pariente del militar retirado Larry José Moya, llegó junto a otra decena de familiares de los presos por el llamado caso «PDVSA-Obrero» a las cercanías de la legación estadounidense, donde otro grupo de manifestantes se instaló desde el pasado domingo.

La causa «PSVSA-Obrero» involucra a personas detenidas desde 2024 que no pertenecen a la estatal petrolera y a obreros de bajo rango de la empresa. Fue denunciada ante la prensa por familiares en febrero de este año, sin que las autoridades hayan ofrecido detalles al respecto.

Los familiares han reportado distintas cifras de presos relacionados a este caso: primero hablaron de 170, luego de más de 150 y posteriormente de 160, pero de estos un total de 77 ha salido en libertad después de las distintas medidas otorgadas por mediación del Parlamento o la Defensoría del Pueblo en el marco de la Ley de Amnistía aprobada en febrero de este año.

La gran mayoría de estos presos permanece en la cárcel de Yare, en el estado Miranda.

De interés: Familiares de presos políticos piden apoyo a EEUU desde la embajada en Caracas

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Delcy Rodríguez revisa con Defensoría del Pueblo proyectos en materia de DDHH

Fíorella Tagliafico — Wed, 27 May 2026 19:00:59 +0000

DOBLE LLAVE – La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que recibió a la defensora del Pueblo, Eglée González, para revisar los proyectos en materia de derechos humanos que tiene esta oficina y que, dijo, se adaptan al «nuevo momento» que vive el país.

«Acabamos de terminar una extraordinaria reunión con la doctora Eglée González, la defensora del Pueblo, que tiene extraordinarios proyectos que se adaptan a este nuevo momento que vive Venezuela, este renacer de Venezuela, proyectos que van dirigidos a atender los derechos del pueblo venezolano», indicó Rodríguez, junto a González, en un video difundido en su cuenta de Telegram.

La presidenta calificó de «extraordinarios» los proyectos y manifestó su confianza en que van a «revitalizar» los derechos humanos en el país.

«Los derechos humanos son la brújula que marcan la actuación del Estado venezolano», añadió la mandataria que en enero pasado anunció un «nuevo momento político» en Venezuela, luego de que Nicolás Maduro fuera capturado en enero por tropas estadounidenses en un ataque militar a Caracas.

Desde entonces, ha ordenado excarcelaciones de presos políticos y el Parlamento aprobó una ley de amnistía que ha beneficiado a más de 8.500 personas, aunque la gran mayoría de ellas tenían libertad restringida.

De interés: Defensora recibe a familiares de detenidos en operativos fronterizos en Venezuela

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Delcy Rodríguez anuncia más excarcelaciones en Venezuela

Fíorella Tagliafico — Sat, 23 May 2026 16:00:23 +0000

DOBLE LLAVE – La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este viernes que en las «próximas horas» se alcanzarán quinientas excarcelaciones de presos políticos, en medio de un nuevo proceso de liberaciones, mientras que varias ONG han exigido que se cumpla con esta promesa, luego de denunciar que solo se han puesto en libertad a menos de cincuenta personas.

«Sé que vamos a superar las quinientas liberaciones en las próximas horas», aseguró la mandataria encargada en un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

En el acto participaron el fiscal general, Larry Devoe; la defensora del pueblo, Eglée González Lobato; el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez; el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Caryslia Rodríguez, así como el diputado y presidente de la comisión de seguimiento de la ley de amnistía, Jorge Arreaza.

Rodríguez señaló que estos son casos que no estaban enmarcados en la ley de amnistía, promulgada en febrero pasado, por lo que tuvieron «un proceso distinto», a través de la Comisión de Revolución Judicial y el Programa para la Paz y la Convivencia Democrática.

Así mismo, la jefa de Estado encargada dijo que bajo estos dos esquemas se han hecho consultas con ONG y universidades, que no precisó, que los han llevado a un proceso «hasta ahora de 395 liberaciones».

Por otra parte, Rodríguez aseguró que un total de 8.740 personas han recibido la libertad plena desde febrero pasado con la ley de amnistía.

De interés: Trump dice que va a liberar «a todos» los presos políticos en Venezuela

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Lester Toledo regresa a Venezuela a «buscar justicia» tras diez años en el exilio

Gerardo Contreras — Thu, 21 May 2026 14:00:44 +0000

DOBLE LLAVE – El dirigente opositor y exdiputado regional Lester Toledo anunció este jueves 21 de mayo que regresará a Venezuela tras diez años en el exilio, para «buscar justicia», luego de que pasaran sesenta días sin recibir respuesta sobre su solicitud de amnistía.

«Voy saliendo a Venezuela (…) en minutos voy saliendo en un avión que me llevará al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, voy a Venezuela después de diez años de este exilio forzoso al que me obligaron por acusaciones injustas», señaló, el integrante del partido Voluntad Popular (VP), fundado por el líder opositor Leopoldo López, en un video publicado en sus redes sociales.

El exdiputado del estado Zulia indicó que regresará a su país para buscar la justicia que, aseguró, le ha sido negada como a cientos de connacionales.

Lester Toledo explicó que tras la promulgación de la Ley de Amnistía, en febrero pasado, hizo la solicitud pero hasta la fecha no ha recibido respuesta, por lo que su objetivo es acudir directamente al Palacio de Justicia, en Caracas, «para desmentir una por una todas las calumnias» de las que dice ha sido víctima.

De acuerdo a la legislación, los tribunales tienen un plazo de quince días para dar respuesta a las solicitudes de amnistía.

«No voy a Venezuela buscando guerra, no voy a Venezuela buscando fomentar violencia, no voy a Venezuela buscando desestabilizar (…) voy a buscar justicia», insistió.

El caso de Lester Toledo

En febrero de 2017, el gobierno español le concedió la nacionalidad a Lester Toledo, luego de que en agosto de 2016 fuera acusado de «financiar el terrorismo» en Venezuela al, supuestamente, «contratar sicarios colombianos para causar incidentes» en una marcha opositora que tuvo lugar en esas fechas.

El exdiputado aseguró entonces que la acusación es una represalia del gobierno venezolano por denunciar la corrupción en el país.

En julio de 2024, la Fiscalía de Venezuela informó la apertura de una investigación ante un supuesto plan de personas vinculadas a la oposición para adulterar los resultados de las elecciones presidenciales, en las que Nicolás Maduro fue proclamado presidente reelecto por el Consejo Nacional Electoral.

El entonces fiscal general, Tarek William Saab, señaló en esa fecha que el sistema electoral sufrió un «ataque desde Macedonia del Norte», con la intención de «manipular los datos que se estaban recibiendo» sobre los resultados de las votaciones.

Saab responsabilizó por estos planes a la líder opositora María Corina Machado, así como a Lester Toledo y al exalcalde Leopoldo López, actualmente en el exilio.

De interés: PCV acusa al gobierno de «doble moral» tras la deportación de Alex Saab a EEUU

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HRW denuncia «graves deficiencias» en aplicación de la Ley de Amnistía en Venezuela

Gerardo Contreras — Sun, 17 May 2026 13:00:54 +0000

DOBLE LLAVE – La organización Human Rights Watch (HRW) expresó que la implementación de la Ley de Amnistía en Venezuela es «injusta y opaca», e instó a las autoridades a garantizar la liberación incondicional de los detenidos arbitrariamente. Así sumó su opinión crítica al tema de las excarcelaciones y en general sobre la aplicación o ejecución del texto legal.

Deficiencias mencionadas por HRW

Criterios restrictivos: Aunque la ley menciona un periodo desde 1999, limita la amnistía a eventos específicos en años seleccionados, lo que excluye a numerosos procesados.

Falta de transparencia: Se reporta que los jueces deniegan solicitudes sin la debida motivación, restringen el acceso a expedientes y limitan la representación por abogados particulares.

Indefensión: Muchos solicitantes no han sido informados formalmente de los cargos o pruebas en su contra, dificultando su capacidad para argumentar su elegibilidad.

Denuncias de corrupción y retrasos

Cobros irregulares: Familiares de detenidos han denunciado exigencias de pagos en dólares en tribunales para procesar las boletas de libertad. Incluso la presidencia encargada reconoció tener reportes sobre jueces implicados en estos cobros.

Cifras en disputa: Mientras el gobierno asegura que más de 9.000 personas han sido beneficiadas, la ONG Foro Penal sostiene que la ley actúa como un «embudo» para paralizar o ralentizar las liberaciones de presos políticos.

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María Machado agradece llamado de la OEA por la liberación de presos políticos

Gerardo Contreras — Thu, 07 May 2026 15:00:43 +0000

DOBLE LLAVE – María Corina Machado agradeció el llamado del secretario general de la OEA, Albert Ramdin, por la liberación de los presos políticos en Venezuela, que son 454 de acuerdo con la ONG Foro Penal.

A través de su cuenta en X, la líder opositora afirmó que el «desmantelamiento de la represión es indispensable para alcanzar una genuina transición a la democracia y a la libertad en Venezuela».

«Los más de 500 presos políticos, civiles y militares que mantiene tras las rejas el régimen deben ser liberados, y debe garantizarse la libertad plena, sin restricciones, de cada uno de los venezolanos que fueron secuestrados por razones políticas», indicó María Corina Machado.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), la detención de personas por motivos políticos en Venezuela y exigió su liberación inmediata.

«La democracia no es un adorno del sistema interamericano, es su condición de posibilidad y la privación arbitraria de la libertad por motivos políticos es una de las expresiones más graves del derrumbe del Estado de derecho en Venezuela», denunció la secretaria ejecutiva de la CIDH, Tania Reneaum, ante el Consejo Permanente de la OEA.

La postura de Albert Ramdin

Por su parte, Ramdin urgió a las autoridades venezolanas a agilizar, de manera incondicional, la liberación de todas las personas privadas de libertad por razones políticas.

«Toda persona detenida por sus posiciones y opiniones políticas representa un obstáculo para la misma estabilidad democrática y el progreso que la región necesita», declaró.

En relación con la ley de amnistía, aprobada en febrero en Venezuela, Reneaum reconoció que esta excluye formalmente graves violaciones de derechos humanos, pero advirtió sobre disposiciones que, a su juicio, podrían aplicarse contra opositores y afectar futuros procesos de rendición de cuentas.

Indicó que, aunque las autoridades venezolanas han reportado más de 8.000 beneficiarios de la norma, organizaciones civiles registran solo 186 personas con libertad plena, mientras que otras 554 permanecen bajo medidas cautelares, lo que calificó como una «libertad vigilada».

El gobierno de Venezuela suele intercambiar los términos y afirmar que en el país hay «políticos presos», mientras asegura que están encarcelados por la comisión de delitos, una postura que rechazan diversas organizaciones no gubernamentales y partidos opositores.

De interés: Espacio Público reporta 238 violaciones a la libertad de expresión durante 2025

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Delcy Rodríguez anuncia que la amnistía en Venezuela «llega a su fin»

Fíorella Tagliafico — Fri, 24 Apr 2026 16:00:35 +0000

DOBLE LLAVE – La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció que la amnistía «llega a su fin«, dos meses después de que se aprobara la ley —que no contempla una caducidad— y cuando aún hay 473 presos políticos, según organizaciones no gubernamentales.

La mandataria no dio detalles ni explicó en qué consiste el «fin» de la Ley de Amnistía, sancionada el 19 de febrero, y aseguró que los casos que «estaban excluidos expresamente» en el texto podrán ser atendidos en otros espacios, como el gubernamental Programa para la Paz y Convivencia Democrática.

También mencionó la Comisión para la Reforma de la Justicia Penal, instalada este jueves, como otra vía para atender dichos casos.

A su juicio, la amnistía «ha salido muy bien en cuanto a la cobertura, en cuanto a los beneficiados«, pese a las que describió como «voces que buscan perturbar los procesos«.

Rodríguez expresó que la amnistía surgió como consecuencia del recrudecimiento de la confrontación política que llevó a una «agresión externa«, en referencia a los ataques de Estados Unidos en suelo venezolano el pasado 3 de enero, durante los que fueron capturados Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

La Ley de Amnistía contempla un período de 27 años, desde 1999, pero señala que se concederá a personas vinculadas con 13 «hechos» específicos, lo que excluye el resto del tiempo establecido, así como casos relacionados con operaciones militares, corrupción, homicidio y violaciones de derechos humanos.

De interés: Expresos políticos denuncian ante la ONU retrasos y negaciones de amnistía

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AN inicia el camino para nombrar nuevos magistrados del TSJ

Gerardo Contreras — Wed, 22 Apr 2026 14:00:59 +0000

DOBLE LLAVE – La Asamblea Nacional (AN) designó una comisión de diputados para activar el Comité de Postulaciones Judiciales, con el objetivo de seleccionar nuevos magistrados (principales y suplentes) para el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Detalles del proceso legislativo

Comisión preliminar: Está integrada por 11 diputados, presidida por el oficialista Giuseppe Alessandrello. Incluye una representación mixta de la bancada chavista y sectores de la oposición (Avanzada Progresista, Fuerza Vecinal y bancada Libertad).

Marco legal: La selección se basa en la reforma judicial impulsada por el Ejecutivo. Según la ley, los magistrados deben ser aprobados por mayoría calificada (dos terceras partes del Parlamento).

Vacantes: Jorge Rodríguez, presidente de la AN, confirmó la existencia de plazas disponibles por «distintas circunstancias», aunque no precisó el número exacto ni las salas técnicas a las que pertenecen.

Ruta de selección según la Constitución

Convocatoria pública: El Comité de Postulaciones recibe y evalúa credenciales.

Poder Ciudadano: La Fiscalía, Defensoría y Contraloría realizan una segunda preselección.

Votación final: La plenaria de la Asamblea Nacional designa a los magistrados definitivos.

Contexto institucional y DD.HH.

Nombramientos previos: Este proceso sigue a la reciente designación de Larry Devoe como Fiscal General y Eglée González Lobato como Defensora del Pueblo.

Ley de Amnistía: El anuncio coincide con los dos meses de vigencia de la Ley de Amnistía. Cifras oficiales indican que 8.000 personas han recibido libertad plena, aunque no existe un listado público de beneficiarios.

Presos Políticos: La ONG Foro Penal reporta que, al 20 de abril, permanecen 473 detenidos por motivos políticos, incluyendo a 43 personas de nacionalidad extranjera o con doble nacionalidad.

De interés: Aprobaron la Ley de Minas que abre el sector a la inversión privada

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Expresos políticos denuncian ante la ONU retrasos y negaciones de amnistía

Fíorella Tagliafico — Wed, 15 Apr 2026 18:00:30 +0000

DOBLE LLAVE – Un grupo de expresos políticos en Venezuela denunció este martes ante el personal en Caracas de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) los retrasos y las negaciones a solicitudes de la amnistía, promulgada en febrero.

La Red de Excarcelados por la Democracia (RED) también advirtió de la falta de respuestas por parte del Estado y remarcó que aún hay más de 400 presos políticos.

El periodista y activista Carlos Julio Rojas, quien estuvo detenido desde 2024 y fue excarcelado en enero, indicó que sostuvo una reunión «muy productiva» con el personal de la ONU, durante la que él y otros compañeros describieron «una situación muy grave» relacionada, principalmente, con la Ley de Amnistía.

Rojas dijo a la prensa que la aplicación de la normativa «se ha hecho con una selectividad perversa» y que se desconoce «por qué la aprueban o por qué no«.

«Mi caso y el de muchos están engavetados. Tengo más de un mes que solicité la amnistía y lo que me dicen directamente en el tribunal es que están esperando órdenes de arriba«, señaló.

La Ley de Amnistía establece que los tribunales tienen un plazo de 15 días para dar una respuesta sobre estas solicitudes.

De interés: AN prorroga la comisión de amnistía en medio de miles de solicitudes

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Cronología de los cien días de Delcy Rodríguez en el poder

Gerardo Contreras — Wed, 15 Apr 2026 15:00:59 +0000

DOBLE LLAVE – La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha impulsado una apertura económica y política limitada en sus primeros cien días en el poder tras la captura estadounidense de Nicolás Maduro, y aprobado una ley de amnistía con sus luces y sombras. Todo ello con el aval de la Administración Trump.

En la madrugada del 3 de enero de 2026, EEUU ejecutó un ataque militar contra Venezuela que acabó con la detención del presidente Maduro y su esposa, Cilia Flores. La operación, ordenada por Donald Trump incluyó bombardeos en Caracas y en los estados de Miranda, Aragua y La Guaira.

Horas después, Trump anunció que EEUU iba a gobernar el país caribeño de forma temporal y subrayó su intención de controlar sus reservas petroleras.

Resumen cronológico: Fechas claves de la Venezuela «post-Maduro»

El mismo día de la detención de Maduro, acusado de narcotráfico por EEUU, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Venezuela ordenó que la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, asumiera el cargo de presidenta encargada.

El 4 de enero encabezó su primer consejo de ministros y al día siguiente prestó juramento como presidenta encargada, convirtiéndose en la primera mujer en la historia venezolana en ocupar ese cargo.

14 enero: Anunció el comienzo de un «nuevo momento político» y da pasos hacia el restablecimiento de la relación con EEUU.

21 enero: Confirmó acuerdos con EEUU para la comercialización de petróleo venezolano por valor de 500 millones de dólares, de los que el país ingresa 300.

28 enero: La Fuerza Armada Nacional Bolivariana la reconoce oficialmente como comandante en jefe.

29 enero: El Parlamento aprueba una reforma a la Ley de Hidrocarburos para atraer inversiones extranjeras.

Ese día Trump y Delcy Rodríguez conversaron en una nueva llamada telefónica, y el gobernante estadounidense anunció la apertura de «todo el espacio aéreo comercial» de Venezuela, lo que permitió reabrir las conexiones comerciales, interrumpidas desde noviembre de 2025.

Además, el político republicano emitió una licencia general que levantó las sanciones a algunas transacciones comerciales con el gobierno venezolano y PDVSA, lo que allanó el camino para la operación de petroleras estadounidenses en este país.

30 enero: Propone una ley de amnistía general para «reparar las heridas», una medida que beneficiará a los presos políticos detenidos desde 1999 hasta la actualidad, periodo que cubre los gobiernos del chavismo. Además pidió convertir El Helicoide, la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia en Caracas, señalada como un centro de «torturas» por la oposición, en un centro social.

En Venezuela permanecen tras las rejas más de 480 presos políticos, según la ONG Foro Penal.

19 febrero: La ley de amnistía aprobada por unanimidad en un debate histórico en la Asamblea Nacional es presentada por el chavismo como la posibilidad de sentar las bases para un nuevo futuro político.

ONG defensoras de derechos humanos y opositores venezolanos expusieron sus reservas tras la aprobación de la ley por dejar fuera muchos casos, ser excluyente y restrictiva.

9 marzo: El Parlamento aprobó el proyecto de una ley de minas que busca aumentar las garantías jurídicas para atraer inversión nacional e internacional.

12 marzo: La Misión Internacional de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, creada por la ONU, afirma que desde que Delcy Rodríguez asumió el cargo, al menos 87 personas fueron detenidas por razones políticas. «Esto indica que la práctica de silenciar a los disidentes persiste en el actual gobierno».

13 de marzo: EEUU levantó sanciones a sus empresas para poder explotar e importar petróleo venezolano, un paso más en el acercamiento entre ambos gobiernos.

22 marzo: La sustitución del general Padrino López dentro de la remodelación del gobierno de Venezuela cortó la influencia de Rusia sobre el país y marcó el cierre de una primera fase de estabilización del Ejecutivo de Rodríguez para lograr la continuidad del chavismo en el poder.

28 de marzo: Venezuela retomó el control de sus sedes diplomáticas en EEUU. En 2023, EEUU asumió el control temporal de la embajada de Venezuela y los edificios consulares en suelo norteamericano tras la disolución del «gobierno interino», liderado por Juan Guaidó, al que Washington reconocía como presidente legítimo.

30 de marzo: EEUU reanuda las operaciones de su embajada en Caracas.

8 abril: Delcy Rodríguez anunció medidas para dinamizar la economía, aunque sin definir acciones concretas, y que pasan por la revisión del modelo chavista, con la promesa de un diálogo laboral, un aumento salarial y reformas tributarias.

9 abril: El Parlamento dio luz verde a una Ley de Minas que allana la entrada de capital privado y extranjero para la explotación de minerales.

13 abril: Instaló una mesa de diálogo para recomponer las relaciones laborales, en medio de protestas por el salario mínimo. Anunció además que el 1 de mayo habrá un incremento salarial.

14 abril: El gobierno de Estados Unidos levantó las sanciones impuestas al sistema de banca pública venezolana, incluyendo al Banco Central de Venezuela (BCV).

De interés: Delcy Rodríguez inició diálogo para alcanzar consensos en material laboral

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AN designa a un nuevo fiscal general y a una defensora del pueblo

Fíorella Tagliafico — Fri, 10 Apr 2026 15:00:11 +0000

DOBLE LLAVE – La Asamblea Nacional (AN) designó a los abogados Larry Devoe como el nuevo fiscal general y a Eglée González como la nueva defensora del pueblo, luego de que los titulares de estas instituciones renunciaran en febrero pasado en medio de la aplicación de la Ley de Amnistía.

En una transmisión de la AN, el presidente del Parlamento Jorge Rodríguez, juramentó a Devoe y también a González, de quien subrayó previamente que «jamás ha militado en un partido político» y consideró esto como una «gran oportunidad».

Por su parte, el diputado Henri Falcón rechazó la designación de ambos funcionarios en nombre de su bancada opositora, Libertad, al considerar que no respaldará la designación de un fiscal ni de un defensor que no reúna las condiciones de «idoneidad, autonomía, independencia y pluralidad democrática».

«Sabemos que las instituciones han sido habilitadas como trincheras ideológicas de una parcialidad política en Venezuela«, subrayó Falcón.

En marzo, un total de 11 organizaciones no gubernamentales denunciaron la «ausencia de reglas claras y públicas» sobre el procedimiento y los criterios de evaluación para designar a los titulares de la Fiscalía General y Defensoría del Pueblo.

De interés: Venezuela rechaza petición de OEA para elección de fiscal

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ONG Foro Penal registra 485 presos políticos en Venezuela

Gerardo Contreras — Thu, 09 Apr 2026 14:00:31 +0000

DOBLE LLAVE – La ONG Foro Penal, que lidera la defensa legal de los presos políticos en Venezuela, actualizó la cifra de estos detenidos el miércoles y dijo que se ubica en 485, al tiempo que señaló que la ley de amnistía se está convirtiendo en un «embudo para ralentizar o paralizar la libertad de muchos».

«Lamentablemente la Ley de Amnistía está sirviendo más que para agilizar la libertad de presos políticos, como un embudo para ralentizar o paralizar la libertad de muchos presos políticos que hoy son 485», dijo el director presidente de la ONG, Alfredo Romero, en un mensaje en X, sin añadir más detalles.

Hasta el jueves pasado, Foro Penal contaba 490 personas detenidas por motivos políticos en Venezuela, entre ellos 44 extranjeros o ciudadanos con doble nacionalidad.

El gobierno interino de Delcy Rodríguez comenzó con un proceso de excarcelaciones, cinco días después de la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, por parte de Estados Unidos en un ataque a Caracas.

A final de ese mes propuso una ley de amnistía para presos políticos que fue finalmente aprobada en el Parlamento el 19 de febrero.

Rodríguez afirmó el martes que «más de 8.000» personas han sido amnistiadas desde la promulgación de la ley, aunque la gran mayoría son personas que estaban en libertad condicional.

Más de un mes después de su promulgación, las autoridades venezolanas no han publicado un listado con las identidades de los amnistiados, pese a la petición pública del alto comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos, Volker Türk.

De interés: ONG exige respuesta de amnistía para acusados de nexos con grupos terroristas

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PUD registra 758 liberaciones de presos políticos tras Ley de Amnistía

Gerardo Contreras — Sun, 05 Apr 2026 14:00:00 +0000

DOBLE LLAVE – La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) informó que, tras un monitoreo detallado iniciado a principios de año, ha verificado la liberación de 758 personas consideradas presos políticos en Venezuela.

Este proceso se ha intensificado luego de la aprobación de la Ley de Amnistía en febrero pasado, aunque la oposición insiste en que las excarcelaciones deben ser «masivas, rápidas y transparentes».

Puntos clave del reporte

Cifras en contraste: Mientras la PUD contabiliza 758 casos verificados, el diputado oficialista Jorge Arreaza reportó la semana pasada que 8.146 personas han recibido «libertad plena» bajo el marco de la ley (310 estaban en prisión y 7.836 bajo medidas cautelares).

Alcance de la Ley: La normativa contempla beneficios para hechos ocurridos en un lapso de 27 años (desde 1999), pero se limita a 13 eventos específicos, excluyendo delitos como corrupción, homicidio, violaciones de DD. HH. u operaciones militares.

Pendientes y vigilias: Pese a los avances, la ONG Foro Penal estima que aún permanecen 503 personas detenidas por motivos políticos. Familiares y activistas mantienen vigilias permanentes a las afueras de los centros de reclusión del país.

Postura oficial: El Gobierno Nacional mantiene su posición de que no existen detenidos por motivos políticos, asegurando que los procesados incurrieron en delitos comunes, afirmación que es rechazada por organizaciones defensoras de derechos humanos.

Condiciones de libertad

La coalición opositora no desglosó si estas 758 liberaciones representan libertad plena o si los ciudadanos continúan sujetos a procesos judiciales y medidas cautelares, como la prohibición de salida del país o regímenes de presentación ante tribunales.

De interés: Arzobispo de Caracas aboga por la reconciliación, el perdón y la paz

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Familias piden intervención de la Iglesia a favor de presos políticos

Fíorella Tagliafico — Sat, 28 Mar 2026 16:00:00 +0000

DOBLE LLAVE – Decenas de familiares de presos políticos y activistas en Venezuela realizaron una procesión en silencio hasta la sede de la Nunciatura Apostólica en Caracas para exigir la «intervención urgente» de la Iglesia con el fin de lograr la liberación de estas personas, como ha sucedido en Cuba tras un acuerdo con el Vaticano.

La procesión fue encabezada por un hombre con una cruz a cuestas, seguido de cuatro personas que llevaban una gran tela negra con la frase «Liberen a todos los presos políticos«.

Detrás, cinco mujeres con hábitos de monja caminaban con pequeños carteles que tenían mensajes como «El dolor de María vive en cada madre que espera justicia en Venezuela», mientras que otras personas estaban vestidas de presidiarios, algunas encapuchadas.

Fue una «procesión silenciosa que representó el dolor que siguen viviendo las víctimas venezolanas», explicó Andreína Baduel, integrante del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP).

Los familiares también cargaban consigo imágenes de sus parientes detenidos.

La activista cuestionó que aún no reciban una respuesta a la solicitud de una audiencia con el nuncio apostólico en el país, monseñor Alberto Ortega, por lo que reiteraron la petición de un encuentro con este diplomático español.

Colisión humanitaria por presos políticos

Además del Vaticano, pide a los países que tienen presos políticos en Venezuela construir una comisión humanitaria para liberar a todos estos detenidos.

La activista advirtió que más de 40 presos políticos enfrentan «condiciones críticas» de salud, entre ellos, su hermano, Josnars Baduel, hijo de Raúl Isaías Baduel, exministro de Defensa de Hugo Chávez y militar fallecido en prisión en 2021.

En febrero, el Parlamento aprobó una Ley de Amnistía para presos políticos desde que el chavismo llegó al poder en 1999, pero establece 13 «hechos» ocurridos en 13 años, lo que excluye el resto del período, así como casos relacionados con operaciones militares, corrupción, homicidio y violaciones de derechos humanos.

Según cifras oficiales, un total de 8.146 personas han recibido el beneficio de la amnistía hasta este jueves, la gran mayoría tenía medidas cautelares, mientras la ONG Foro Penal asegura que hay más de 500 presos políticos.

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Jorge Arreaza confirma 8.146 libertades plenas tras cinco semanas de la Ley de Amnistía

Gerardo Contreras — Fri, 27 Mar 2026 15:00:00 +0000

DOBLE LLAVE – El diputado oficialista Jorge Arreaza, presidente de la comisión de seguimiento de la Ley de Amnistía, informó que un total de 8.146 personas han sido beneficiadas con libertad plena desde la promulgación de la norma en febrero pasado.

Cifras clave del reporte

Beneficiarios: De los 8.146 liberados, 310 se encontraban en centros de reclusión y 7.836 mantenían medidas cautelares (prohibición de salida del país o presentaciones periódicas).

Solicitudes procesadas: En cinco semanas, la comisión parlamentaria ha recibido 11.559 solicitudes válidas que cumplen con los parámetros de la ley.

Ritmo de otorgamiento: Solo entre el pasado martes y este jueves, se sumaron 62 nuevas amnistías (8 para encarcelados y 54 para personas con medidas restrictivas).

Limitaciones y controversias

Alcance temporal y temático: Aunque la ley abarca un periodo de 27 años (desde 1999), solo se aplica a 13 hechos específicos ocurridos en 13 años distintos. Quedan excluidos delitos de corrupción, homicidio, violaciones de derechos humanos y operaciones militares.

Falta de transparencia: A más de un mes de su aplicación, aún no se ha publicado un listado oficial con las identidades de los beneficiarios, pese a la solicitud del Alto Comisionado de la ONU, Volker Türk.

Situación de la prensa: El SNTP denuncia que 20 periodistas continúan bajo medidas cautelares sin recibir libertad plena, calificando el retraso como un patrón de obstrucción a la justicia.

El panorama actual

Mientras las autoridades celebran los avances, la ONG Foro Penal estima que aún quedan 503 presos políticos tras las rejas (incluyendo 44 extranjeros) y más de 11.000 ciudadanos siguen sujetos a restricciones judiciales.

Familiares y activistas mantienen vigilias en las afueras de los recintos penitenciarios a la espera de nuevas boletas de excarcelación.

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Con información de EFE Servicios

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Amnistía Internacional alerta que ley de amnistía en Venezuela favorece al Estado

Fíorella Tagliafico — Mon, 23 Mar 2026 16:00:00 +0000

DOBLE LLAVE – La ley de amnistía aprobada en febrero por la Asamblea Nacional busca perdonar al «mismo Estado», dijo a EFE el director de Amnistía Internacional Venezuela, Marcos Gómez, quien expresó su preocupación por esta norma que, en teoría, abarca el periodo de 1999 a 2026, pero en la práctica solo incluye 13 hechos específicos.

«Es algo súper importante y útil, pero su principal función es perdonarse el mismo Estado desde el olvido», sentenció el activista, de visita en Paraguay, quien advirtió que para la aplicación de esta ley no se ha construido «un proceso de establecimiento de verdad para que no vuelva a repetirse esto nunca más«.

Con esta norma, opinó, «el Estado trata al máximo de resolver un peso muy grande que tiene y trata de simular una justicia, haciendo un poco caprichoso el proceso en que la gente puede obtener la libertad».

«Todas las personas (detenidas por razones políticas) deben estar libres independientemente de la ley», agregó Gómez, haciéndose eco de quienes cuestionan la legalidad de esas retenciones.

En ese sentido, criticó que se haya «colocado a las familias a hacer peticiones, a rogar» sin que haya «ninguna garantía» de que eso «acabe con los patrones de violaciones de derechos humanos tan graves que ocurrieron en Venezuela».

Según la ley, son objeto de amnistía los «delitos o faltas cometidos» en el contexto del golpe de Estado de abril de 2002, durante el paro petrolero de diciembre de 2002, así como en medio de las manifestaciones ocurridas en 2004, en mayo de 2007, de julio a septiembre de 2009, en 2013, entre marzo y agosto de 2017 y en medio de las elecciones de 2024 y de 2025.

También abarca los acontecimientos relacionados con las actuaciones del Parlamento entre 2016 y 2021 -dominado ese quinquenio por la oposición- y el desconocimiento en ese entonces de las instituciones y autoridades públicas.

Advertencias sobre la amnistía

Gómez inscribió la amnistía en el contexto del «debido proceso» y la «seguridad jurídica que debería tener cualquier inversionista internacional que quiera ir a Venezuela», lo que es parte de las conversaciones entre el Gobierno de Donald Trump y la Administración encargada de Delcy Rodríguez tras la operación militar de enero, en la que fue capturado Nicolás Maduro.

«Pero -advirtió- lo que no se está tomando en cuenta es que esto es una trampa si simplemente se construye alrededor de un autoritarismo judicial, una capacidad del Ejecutivo de involucrarse y decidir quién queda en libertad».

En ese sentido, aseguró que están «muy preocupados de que solo 690 personas han sido deliberadas» y, criticó que «el resto de las cifras anunciadas se trate en realidad de propaganda alrededor de personas ya excarceladas a las que se mantenía bajo régimen de presentación».

También pidió que se publique el listado general de detenidos.

«El propio Estado no tiene una claridad del alcance de su represión. Ellos no tienen un listado central con el que permita a organismos, a la comunidad internacional, verificar que efectivamente la gente está liberada», denunció.

De igual forma, advirtió que «la maquinaria de terror para reprimir, para encarcelar, fue realmente súper arbitraria» en Venezuela.

«Hay personas en todo el país que son presos de años, son presos de un funcionario que estaba extorsionando, son presos de un alcalde, de un gobernador», ilustró.

Sociedad civil

Por otro lado, opinó que la participación de la sociedad civil en el momento actual «es clave» para no reproducir patrones autoritarios.

Para Gómez, el país vive el efecto de unos acuerdos de dos Gobiernos, en alusión al de EE.UU. y el de Venezuela, «enfocados, principalmente, en el plano de negocios y obviamente de minerales».

En ese sentido, indicó que estos «pequeños cambios que se están dando, si no incluyen a la sociedad civil, simplemente van a reproducir los patrones autoritarios» que llevaron a lo que consideró la «desgracia» del país, por lo que hizo énfasis en la necesidad de «construir una agenda de Derechos Humanos«, que consideró debe partir de «recuperar la libertad de expresión».

«Si le brindamos a Venezuela la posibilidad de tener separación de poderes, que es largo, pero seguridad jurídica a cada persona, a cada emprendedor, a cada persona que puede ayudar a mejorar la sociedad; en esa medida vamos a tener definitivamente un país que puede ser tan grande como la riqueza que tiene su subsuelo», concluyó.

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Con información de EFE Servicios y redes sociales

Fuente de imagen referencial: EFE/Juan Pablo Pino

Familiares de presos políticos en Venezuela protestan para exigir el cese de «torturas»

Gerardo Contreras — Sat, 21 Mar 2026 14:00:00 +0000

DOBLE LLAVE – Familiares de presos políticos protestaron esta semana ante el Ministerio para el Servicio Penitenciario de Venezuela con el objetivo de exigir el cese de las«torturas» a las que son sometidos sus parientes en las cárceles por parte, aseguraron, de funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).

Andreína Baduel, miembro de la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos, denunció que la cartera de Estado ha sido «cómplice» de las torturas a través del grupo SESMA, una unidad de seguridad adscrita a la DGCIM que opera dentro del sistema penitenciario.

«Semanalmente vienen (al Ministerio para el Servicio Penitenciario) los familiares a denunciar que pare el trato cruel hacia los presos políticos y no les ha dado la gana de hacer las cosas distintas», señaló Baduel.

Además, dijo que los familiares de los presos políticos también son víctimas de torturas y malos tratos porque son encapuchados desde el momento en que entran a la cárcel hasta el lugar donde pueden visitar a sus parientes, a través de «un vidrio y un teléfono».

La activista denunció que su hermano Josnar Baduel, recluido en la cárcel de Rodeo I, en el estado Miranda, se encuentra en «riesgo inminente de muerte» por las condiciones de «horror» a las que ha sido sometido y «por haber sido torturado en el Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia)».

Caso Carlos Fonseca

Por su parte, Mayra Morales aseguró que su hermano, Carlos Fonseca, presenta signos de desnutrición pese a que los funcionarios del Fuerte Guaicaipuro, donde se encuentra detenido, le indicaron que recibe alimentación.

«Los conseguimos desnutridos, los dientes se les están cayendo a los muchachos, los muchachos no están bien de salud», insistió.

Fonseca es acusado, junto a otras 32 personas, de participar en una fallida incursión marítima -conocida como ‘Operación Gedeón’- que tuvo lugar en Venezuela en 2020, cuando, según el Gobierno chavista, la oposición intentó una invasión militar.

Ley de Amnistía

La Ley de Amnistía, promulgada en febrero, contempla un período de 27 años, desde 1999, cuando el chavismo llegó al poder, pero establece que se concederá a personas vinculadas con 13 «hechos» ocurridos en 13 años distintos, lo que excluye el resto del período establecido, así como casos relacionados con operaciones militares.

Hasta el pasado jueves, el Parlamento cifraba en 7.727 las libertades plenas concedidas en el marco de este proceso: 7.474 personas tenían libertad restringida con medidas cautelares, mientras que los otros 253 estaban encarcelados.

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Con información de EFE Servicios

Fuente de imagen referencial: EFE/ Miguel Gutiérrez

ONG exige revisar casos de acusados de terrorismo para amnistía en Venezuela

Fíorella Tagliafico — Fri, 20 Mar 2026 18:00:00 +0000

DOBLE LLAVE – Una decena de familiares y activistas de la ONG Surgentes exigieron que la Asamblea Nacional de Venezuela revise los casos de detenidos acusados con cargos de terrorismo, que consideran «falsos positivos», y que han sido excluidos de la Ley de Amnistía aprobada hace un mes.

Desde las afueras de la sede administrativa de la Asamblea Nacional, el activista Oglis Ramos indicó que pidieron a la comisión parlamentaria de seguimiento de la amnistía la revisión de más de cien casos excluidos de esta norma, que en su articulo 9 excluye los delitos de narcotráfico, lesa humanidad, homicidio intencional, corrupción y a procesados por acciones armadas.

«Exigimos a las comisiones que revisen los casos para aprobar la amnistía y no solo que revisen los casos, sino que devuelvan a cada uno de sus familiares a las casas», expresó.

Ramos, quien estuvo detenido y fue excarcelado a finales de febrero, señaló que tienen registrados alrededor de 140 casos de personas acusadas por supuestas vinculaciones con los llamados grupos «tancol», acrónimo creado por el Gobierno de Venezuela para referirse a «terroristas armados narcotraficantes colombianos».

Los acusados, detalló Ramos, fueron detenidos en estados fronterizos con Colombia, como Táchira, Apure y Zulia, pero la mayoría se encuentran recluidos en cárceles como Yare II y III y Rodeo I, II y III, todas ubicadas en el norte del país.

También, denunció retardos procesales y que varios llevan años encarcelados «sin juicio» y con acusaciones «amarañadas» porque «no hay nada en los expedientes».

Miguel Ángel Pérez, padre de uno de estos detenidos, aseguró que son inocentes, pero tienen acusaciones relacionadas con terrorismo, asociación para delinquir y financiamiento para actividades armadas.

Según dijo, han acudido a distintos organismos del Estado para gestionar su amnistía, pero no han recibido respuesta.

«Venimos muchos haciendo sacrificios. No tenemos cómo pagar abogado y por eso no nos toman en cuenta. Simplemente nosotros vamos al abogado que el Gobierno les asigna (…). Las audiencias (de juicio) se las aplazan», agregó.

Por su parte, Delvis Alarcón pidió la liberación de su sobrino, Jhoneider Piñeres, ciudadano colombiano detenido en Apure en 2022.

Relató que presentaron su caso ante las autoridades en Cúcuta, Colombia, para pedir apoyo institucional de ese Gobierno, pero no han recibido respuestas.

«Estuvimos en Cúcuta cuando se dio la fecha de que se iba a reunir el presidente de Colombia con la presidente encargada de aquí de Venezuela, pero se pospuso esa reunión (…). Nos fue imposible a nosotros llevar este caso y muchos casos de connacionales que están aquí recluidos», lamentó.

Se cumplió un mes de la promulgación de la amnistía, en medio de denuncias por rechazos de la medida a periodistas, activistas políticos y sindicalistas.

Hasta el jueves pasado, el Parlamento cifraba en 7.727 libertades plenas concedidas en el marco de este proceso: 7.474 personas tenían libertad restringida con medidas cautelares, mientras que los otros 253 estaban encarcelados.

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