En un extenso informe divulgado en Asunción, la capital de Paraguay, AI apuntó que las legislaciones que regulan la actuación de las ONG en estos seis países «imponen controles desproporcionados» a las organizaciones de la sociedad civil, lo que, aseguró, «afecta directamente su capacidad para apoyar y acompañar comunidades» vulnerables.

«Estamos viendo un aumento significativo en lo que llamamos prácticas autoritarias en diferentes medidas, que están restringiendo la labor de personas que defienden los derechos humanos, de personas que son identificadas como disidencias a los Gobiernos y eso se ha manifestado en un cierre del espacio cívico«, dijo a EFE la directora de AI para las Américas, Ana Piquer.

La abogada señaló que las disposiciones de estas leyes buscan «ahogar financiera y administrativamente» a las organizaciones al «exigirles requisitos que son tan complejos que finalmente hacen que la organización esté casi que dedicada a cumplirlos».

Piquer citó como ejemplo de esto a la Ley de Agentes Extranjeros promulgada en 2025 en El Salvador, que ordena un 30 % de impuestos sobre las transacciones internacionales de las ONG que operan en este país.

«Eso, sumado a otros impuestos a los que ya estaban sujetas, puede significar que paguen más de la mitad de sus ingresos en impuestos. Ya casi que no pueden cumplir su labor, su presupuesto no da», agregó.

Otro ejemplo de esto, indicó, ocurre con la ley sancionada en 2020 en Nicaragua, la primera de este tipo para entonces en América Latina, que ha provocado el cierre de cientos de organizaciones.

Denuncias de ONG

El informe también destaca la narrativa oficial «estigmatizante» contra directivos y organizaciones de la sociedad civil que son acusados de estar contra los intereses de sus propios países.

«En el caso de Ecuador, la narrativa estigmatizante fue muy brutal, se sumó en un contexto de protestas», afirmó al respecto Piquer, al tiempo que aseveró que en ese país, en el marco de la ley que regula a las ONG, se cerraron las cuentas bancarias de muchas organizaciones, causando su parálisis financiera.

Por otra parte, el documento refiere que una ONG venezolana denunció ante AI que las organizaciones civiles son consideradas como «enemigos internos» por el Gobierno.

«Somos percibidos como opositores al Gobierno porque documentamos y denunciamos violaciones a derechos humanos», detalló la ONG, que declaró bajo condición de anonimato.

En ese sentido, la jefa de IA para las Américas sostuvo que las leyes anti-ONG en los seis países comparten sus aprobaciones «de manera exprés, sin debate, sin participación de la sociedad civil, con conceptos extremadamente vagos y con discursos muy estigmatizantes en contra de las organizaciones», que suelen ser señaladas de «antipatria» sin base.

También apuntó que los países analizados están en «diferentes lugares del espectro político».

De igual forma, Piquer explicó que AI recomienda «la reforma o derogación de estas legislaciones» en todos los casos, por considerar que vulneran los derechos humanos y tratados internacionales que los mismos Estados han ratificado.

«La recomendación es que esto se tiene que revertir, esto se tiene que modificar», insistió Piquer, tras sentenciar que las ONG realizan sus labores humanitarias donde los Estados no llegan.

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Con información de EFE Servicios y redes sociales

Fuente de imagen referencial: EFE/Juan Pablo Pino

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A iniciativa del presidente Nayib Bukele, el Congreso aprobó el pasado 20 de mayo la ley en mención, que grava con un impuesto del 30 % las donaciones internacionales, sean para personas naturales o jurídicas.

«La CIDH expresa su preocupación por la tributación establecida, que puede inviabilizar la sostenibilidad financiera de las organizaciones y medios de comunicación alternativos o comunitarios que actúan en defensa de derechos humanos y que dependen de los fondos de la cooperación internacional», indicó el organismo en un comunicado.

La comisión también advirtió que dicha ley posee una «discrecionalidad» y «ambigüedad» sobre «las actividades que son prohibidas de ser financiadas con recursos extranjeros».

«En 2021, la CIDH y su RELE (Relatoría Especial de Libertad de Expresión) llamaron al Estado de El Salvador a no aprobar una normativa con tales características, por lo que instaron a su derogación», subrayó el comunicado.

Preocupación de la CIDH

El organismo, que forma parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA), también manifestó su preocupación por las «detenciones recientes contra personas defensoras de derechos humanos».

La CIDH hizo referencia a las detenciones de la abogada anticorrupción Ruth López, del abogado ambientalista Alejandro Henríquez, del pastor evangélico y líder comunitario José Ángel Pérez, y de Fidel Zavala, portavoz de una organización humanitaria.

Además, la comisión denunció la existencia de «órdenes de arresto contra Ivania Cruz y Rudy Joya, todos defensores de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios», junto a Zavala.

«Organizaciones de la sociedad civil cuestionan que las causas penales serían una forma de represalia por su labor con personas detenidas durante el régimen de excepción y por denuncias de abusos en las cárceles», expuso la CIDH.

El comunicado también apuntó que «frente a las alegaciones sobre el uso indebido del derecho penal con el posible fin de intimidar, castigar o impedir las actividades de defensa de derechos humanos, la CIDH llama al Estado a abstenerse de incurrir en esta práctica».

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DOBLE LLAVE

Con información de EFE Servicios

Fuente de imagen referencial: EFE/Rodrigo Sura

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La cadena perpetua se aplicará como una “excepcionalidad”, en el caso de que sean, “delitos graves (…) en circunstancias de odio, crueles, degradantes, humillantes e inhumanas, que por su impacto causen conmoción, rechazo, indignación y repugnancia en la comunidad nacional”.

Las críticas tras esta decisión han sido inmediatas, analistas explicaron que se trata de una medida que suele ser refutada por la sociedad civil.

La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), Vilma Núñez recriminó al órgano legislativo por esta aprobación. Según recoge La Prensa la dirigente señaló que es “un instrumento más de represión para el pueblo”.

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, enfrenta fuertes criticas a su gobierno debido a las ultimas leyes aprobadas

Esta vocera en materia de Derechos Humanos resaltó que era “una forma de intimidar” después de aseverar que, “muchos familiares de los presos que hay en estos momentos deben tener miedo de que esta ley les sea aplicada, lo cual sería ilegal e improcedente porque ninguna ley es retroactiva”.

Un año de críticas

El gobernante nicaragüense, Daniel Ortega, encara un año electoral lleno de críticas por parte de las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, debido a una serie de reformas que se aprobaron gracias a gran parte de su partido en la Asamblea Nacional.

Entre las leyes recientemente aprobadas por el órgano legislativo se encuentran la ley de agentes extranjeros, ley contra el ciberdelito, la cual calificaron como la “la ley mordaza” por la sociedad civil, y una tercera ley que imposibilita presentarse como candidatos a las personas acusadas por “traición a la patria”.

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María Gabriela Moncada

Con información de agencias y La Prensa