Villegas encabezó una reunión donde representantes del programa y también de medios de comunicación, tanto públicos como privados, expusieron denuncias relacionadas con el ejercicio del periodismo, como la vulnerabilidad de estos trabajadores durante coberturas periodísticas.

La instalación de mesas de trabajo será el próximo 20 de marzo, y se abordarán asuntos relacionados con «algún tipo de violación a la libertad de expresión, al derecho a informar», declaró Villegas.

«Iremos, con mesas de trabajo, analizando las complejidades de la comunicación social y sus desafíos en la Venezuela actual«, apuntó el también ministro de Cultura.

A la reunión también acudieron representantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP) y del Colegio Nacional de Periodistas.

El secretario general del SNTP, Marco Ruiz, valoró de forma positiva la convocatoria del Programa para la Convivencia y la Paz, una iniciativa lanzada en enero para propiciar el diálogo entre varios sectores del país.

«Prefiero quedarme con el consenso, no firmado todavía, de que en este país nunca más pueda haber periodistas detenidos o de que hace falta medios independientes que sean realmente libres», declaró Ruiz a EFE.

En este sentido, subrayó que en 2026 Venezuela llegó a registrar 38 periodistas detenidos, aunque actualmente no hay trabajadores de la prensa arrestados, de acuerdo al sindicato.

Mencionó que hubo una serie de normas, como la ley contra el odio -en vigor desde 2017-, que son las que a su juicio «dieron sustento a una violación masiva a los derechos humanos».

Más temprano, una veintena de activistas y periodistas exigieron a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) de Venezuela que levante los bloqueos a sitios web y cese la «censura a Internet generalizada».

Venezuela ocupa el último lugar entre 23 países evaluados en el Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y Prensa 2025, según el informe difundido el martes por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

De interés: Activistas y periodistas exigen levantar bloqueos a más de 200 sitios web en Venezuela 

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En una conferencia de prensa, la coalición presentó un decálogo de «ejecución inmediata por parte del Estado venezolano para iniciar un proceso genuino de restitución de derechos civiles y políticos». La lista incluye la derogación de, al menos, diez normativas «restrictivas», destacando la Ley contra el Odio, señalada como instrumento de criminalización contra periodistas y activistas.

El secretario general del SNTP, Marco Ruiz, denunció que aún hay dos periodistas detenidos por razones políticas bajo imputaciones de dicha ley y exigió su liberación plena. Asimismo, la coalición instó a restituir el carácter técnico de Conatel y cesar la vigilancia de contenidos de medios y equipos electrónicos, incluyendo la «revisión ilegal de teléfonos».

Además, la Aplex demandó acceso independiente a las fuentes oficiales mediante la apertura de salas de prensa en Miraflores, el Parlamento y la Cancillería, así como la devolución de sedes y equipos confiscados a medios de comunicación.

La secretaria general del CNP, Delvalle Canelón, expresó que tras 27 años de violaciones, percibe que hoy «sí hay voluntad política» para aplicar estas medidas, en el marco de las excarcelaciones y la Ley de Amnistía impulsada por el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

De interés: Al menos 431 presos políticos han sido excarcelados en Venezuela, según Foro Penal 

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«Una ley es imposible que cubra y que pueda resolver una situación-país. Pero sí aporta, creo que es un gran primer paso. (…) Falta mucho en el sentido de liberaciones, en el sentido de evaluar situaciones judiciales», indicó Arreaza en un programa radial con el periodista Román Lozinski.

Consultado por los excluidos de la ley, el también excanciller respondió que no se le puede dar el beneficio a todos, pero añadió que se van a «evaluar otros casos» desde «el espíritu de la amnistía».

La ley especifica la amnistía para 13 hechos ocurridos en 13 años distintos, lo que excluye a varios presos políticos, entre ellos militares, y no cubre todo el período planteado desde 1999 hasta 2026.

En relación a los casos de militares, Arreaza aseguró que «la Justicia militar está trabajando y va a anunciar sus medidas». Según la ONG Foro Penal, en Venezuela hay unos 185 militares detenidos entre los más de 600 presos políticos.

El diputado cree que esta semana saldrán en libertad los «políticos presos» registrados por organizaciones y la Fiscalía. Por otra parte, reconoció que se ha aplicado «a veces muy bien y a veces muy mal» la ley contra el odio, mencionando casos de personas arrestadas «por unos mensajes en su teléfono». «No hay derecho a revisar el teléfono en una alcabala», subrayó.

Un total de 2.021 personas han sido excarceladas con medidas cautelares y 177 presos han sido beneficiados, según Arreaza. Sin embargo, Foro Penal ha verificado 109 liberaciones plenas desde el 20 de febrero y un total de 545 excarcelaciones desde el 8 de enero.

De interés: Más de 2.000 personas con medidas cautelares y 177 presos amnistiados en Venezuela 

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Fuente de imagen referencial: EFE/Miguel Gutiérrez

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La ley fue promulgada en 2017 y castiga con penas de hasta 20 años de cárcel, además de amenazar con el cierre a medios y la ilegalización de partidos políticos que promuevan «el facismo».

La ONG aseguró que «la denominada Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia es usada para perseguir a personas por expresiones incómodas o críticas frente a ciertos sectores de poder».

El informe detalló que, entre los 83 acusados en esta ley, se encuentran trabajadores públicos, periodistas y miembros de ONG.

«Durante más de cinco años, esta regulación ha justificado detenciones, allanamientos, procesos judiciales arbitrarios, agresiones físicas, hostigamiento, despidos por parte de instituciones públicas, entre otras acciones», aseveró la organización.

La ONG destacó que las  respuestas de los Estados a los discursos de odio «deben ser graduales y diferentes», además de considerar el contexto político y social en el que se emiten este tipo de comentarios.

La Ley contra el Odio fue aprobada en noviembre de 2017 por solicitud del presidente Nicolás Maduro, con el fin de acabar con los supuestos mensajes de «odio» que, según el oficialismo, dispararon una ola de protestas antigubernamentales que sacudieron el país entre abril y agosto de ese año.

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Víctor De Abreu