«​Yo hoy saludé a la embajadora y la felicité, Laura Dogu, la embajadora de Estados Unidos en Venezuela, porque hoy, después de siete años, izaron la bandera de Estados Unidos en Venezuela. Y yo le dije, y ella me dijo: ‘y muy pronto estaremos izando la bandera, nuestro tricolor de Venezuela en los Estados Unidos'».

Rodríguez enfatizó que Venezuela se encuentra «de pie y con la frente en alto», condiciones que considera esenciales para sostener una relación bilateral basada en el respeto mutuo.

«Nosotros estamos de pie por nuestro pueblo. Nos anima nuestro pueblo, nos impulsa nuestro pueblo; cuidar la paz de Venezuela, la tranquilidad de nuestra patria. Nosotros estamos demostrando que, de pie, y con lafrente en alto, podemos llevar adelante relaciones de respeto con los Estados Unidos», expresó. 

Además, recalcó que el tricolor venezolano también ondeará nuevamente en territorio estadounidense, bajo la premisa de que dicha representación lleve consigo la «verdad del pueblo venezolano» y un mensaje claro de amistad y cooperación internacional.

«Que esa bandera represente la verdad de Venezuela, la verdad de nuestro pueblo (…) que vaya nuestro mensaje de amistad, de cooperación, pero sobre todo vaya nuestro mensaje de respeto y de legalidad», especificó.

En su discurso, Rodríguez subrayó que cualquier avance en la normalización de las relaciones debe estar anclado en la legalidad y el reconocimiento soberano, e insistió en que la diplomacia venezolana busca canales de entendimiento que prioricen el respeto a las instituciones, proyectando este acercamiento como una oportunidad para que la bandera nacional represente la dignidad y la realidad de una Venezuela que apuesta por la estabilidad regional.

De interés: Delcy Rodríguez agradece a Donald Trump por su «amable disposición» de trabajo conjunto

Con información de medios nacionales, Globovisión y redes sociales

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El ataque fue anunciado por el Comando Sur en su cuenta oficial de X y presentado como parte de las operaciones de la ofensiva ‘Lanza del Sur’ y provocó la muerte de cuatro tripulantes, descritos como «narcoterroristas» por el Ejército.

La publicación afirma que la orden del ataque fue dada por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, quien se encuentra en el ojo del huracán mediático luego de que el Washington Post revelara que en septiembre las fuerzas estadounidenses ordenaron un segundo ataque contra una embarcación en el Caribe para eliminar a dos sobrevivientes de un prime disparo.

Ese mismo día, el almirante Frank Bradley compareció en una reunión a puerta cerrada con el comité de fuerzas armadas del Senado que investigan la legalidad de las acciones militares de la campaña antinarcóticos del presidente, Donald Trump.

De interés: Almirante de EEUU niega haber ordenado matar a supervivientes del ataque a una lancha

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El alto tribunal, de mayoría conservadora, deberá determinar la autoridad del mandatario y los límites de su poder, además del futuro de la economía nacional e internacional.

La política arancelaria de Estados Unidos depende del Congreso, no del presidente, y el debate jurídico se centra ahora en si Trump hizo lo correcto al utilizar una ley federal de emergencia para justificar la batería arancelaria que impuso en abril a buena parte del mundo.

La Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales (IEEPA) otorga a los mandatarios el poder de hacer frente a una «amenaza» sobre la que se haya declarado «una emergencia nacional», y la corte estudia si en este caso es aplicable la norma, después de que varios tribunales inferiores hayan considerado que Trump se excedió en sus poderes.

En una de las primeras intervenciones, el presidente del Supremo, el magistrado conservador John Roberts, se mostró escéptico sobre la capacidad legal del republicano para imponer sus aranceles.

La defensa recordó otros casos en los que el tribunal había permitido a expresidentes como Jimmy Carter o Richard Nixon tomar medidas de emergencia en materia arancelaria, pero los magistrados no se mostraron seguros de que se tratase de la misma situación.

La impugnación fue presentada por un grupo de fiscales demócratas de 12 estados y un grupo de empresas representadas por el abogado Neal Katyal.

Trump, que no acudió a la audiencia aunque llegó a decir que lo haría, escribió en su red social, Truth Social, que el fallo del Supremo sobre los aranceles es una cuestión de «vida o muerte» para el futuro del país.

En su lugar acudió de público el secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien defendió que la aplicación de los gravámenes es necesaria por la emergencia económica que sufre Estados Unidos.

De interés: EEUU intensifica su guerra comercial con aranceles a medicamentos y camiones

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La Cámara de Diputados de Uruguay comenzó a debatir el proyecto de eutanasia activa. En América sólo Colombia y Canadá tienen regulado este derecho. En Estados Unidos no es legal, aunque el suicidio asistido está permitido en algunos estados y en el Distrito de Columbia. En el resto de la región no hay leyes sobre su legalización, sin embargo, en algunos países, como Ecuador o Perú, se han registrado casos judiciales excepcionales.

Respaldo mayoritario al proyecto en Uruguay

Uruguay se prepara para decidir sobre un nuevo texto que busca garantizar el derecho a «transcurrir dignamente el proceso de morir» mediante la despenalización de la eutanasia para mayores de edad psíquicamente aptos que atraviesen la etapa terminal de enfermedades incurables e irreversibles o que padezcan «sufrimientos insoportables». El procedimiento estaría disponible para ciudadanos y residentes, con un paso a paso detallado en la ley.

Cinco años después del primer impulso, y tras un intento aprobado en Diputados en 2022 pero estancado en el Senado, el nuevo proyecto cuenta con el apoyo del oficialista Frente Amplio y parte del Partido Colorado. Introduce cambios como la intervención de una junta médica en caso de desacuerdo entre los dos médicos que autoricen el procedimiento. La votación se prevé favorable, aunque con opositores en el Partido Nacional y en grupos como Identidad Soberana y Cabildo Abierto.

Colombia y Canadá, pioneros en legalizar la eutanasia activa

Colombia se convirtió en 1997 en el primer país de América en despenalizar la eutanasia por decisión de la Corte Constitucional, aunque la primera eutanasia legal se realizó en 2015. Desde 2021, el acceso está permitido incluso a personas con enfermedades graves e incurables no terminales. En 2023 se practicaron unas 270 eutanasias, casi un 50 % más que en 2022, según el Laboratorio DescLAB.

Canadá legalizó la eutanasia en 2016 tras un fallo del Tribunal Supremo que declaró inconstitucional la penalización. En 2023, 15.343 personas recibieron ayuda médica para morir, un 15,8 % más que el año anterior, sumando 60.301 desde 2016. En el 64,1 % de los casos eran personas que padecían cáncer y su edad media era de 77,6 años.

En México, 20 de los 32 estados cuentan con leyes de «voluntad anticipada» que permiten rechazar tratamientos, aunque la eutanasia activa sigue prohibida por la Ley General de Salud. Una encuesta de 2022 indica que siete de cada diez mexicanos apoyan la eutanasia o el suicidio médicamente asistido.

Argentina aprobó en 2012 la ley 26.742, que autoriza a pacientes terminales o con enfermedades irreversibles a rechazar tratamientos, incluida la alimentación o hidratación, pero no habilita la eutanasia activa.

En Brasil -donde la eutanasia se considera homicidio- el tema no figura en el debate público y no hay visos de que la situación cambie a medio plazo, porque no figura en la agenda de los partidos. El año pasado, el escritor y académico Antonio Cícero viajó a Suiza para que le aplicaran la eutanasia activa. Su caso no generó debate alguno.

En Chile, el proyecto de ley que permitiría la muerte digna para mayores de 18 años con enfermedades terminales fue aprobado en Diputados en 2021, pero continúa detenido en el Senado. La última encuesta Cadem revela que el 76 % de la población lo respalda.

De interés: Ecuador despenaliza la eutanasia

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Con información de EFE Servicios

Fuente de imagen referencial: EFE/Federico Gutiérrez

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«Sí, juro», respondió Bukele al líder de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, quien le impuso la banda presidencial en el centenario Palacio Nacional, en un acto cerrado al público, transmitido por cadena nacional y en el que estuvieron presentes varios altos dirigentes y jefes de Estado, entre ellos los presidentes de Argentina, Honduras, Costa Rica, Paraguay y Ecuador, además del primer ministro de Belice.

Bukele se convierte así en el primer presidente de la etapa democrática de El Salvador en ser reelegido para un segundo período consecutivo, tras décadas de dictadura militar y una guerra civil de 12 años. Diferentes actores políticos y sociales de El Salvador han manifestado que no reconocen la legalidad ni la legitimidad de este segundo mandato de Bukele por ser contrario a la Constitución o Carta Magna salvadoreña.

Obtuvo en las elecciones 85 por ciento de los votos

El gobernante, quien es  expublicista de ascendencia palestina inicia este nuevo ciclo y desafío tras derrotar a la oposición con un 85 por ciento de votos en las elecciones de febrero, en que obtuvo una mayoría aplastante dentro del Congreso.

Bukele tendrá ahora más poder porque los diputados aprobaron recientemente una reforma que le facilitará hacer cambios constitucionales, incluso, según analistas, habilitar la reelección indefinida.

Exhibe el éxito de haber presuntamente sanado al país del «cáncer» de las pandillas, a las que declaró la «guerra», construyó una megacárcel en que se les detuvo.

«Ahora, que ya arreglamos lo más urgente, que era la seguridad, vamos a enfocarnos de lleno en los problemas importantes, empezando por la economía», expresó Bukele en su discurso. «La sociedad salvadoreña sigue enferma, pero ya no tiene cáncer”, agregó; señalando que «ahora quiere curarse de la mala economía”.

Coincidieron Felipe VI y Javier Milei

Felipe VI, Rey de España viajó a El Salvador para asistir a la ceremonia de reelección de su presidente, Nayib Bukele, y allí coincidió con el de Argentina, Javier Milei, quienes cruzaron un saludo cordial a distancia, en plena crisis diplomática entre ambos países por comentarios de Milei sobre Begoña Gómez, esposa del jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez.

De interés: Nayib Bukele arrasa en las elecciones presidenciales de El Salvador

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Con información de redes sociales y otros medios internacionales

Fuente de imagen referencial: Red social X – @elmundoes

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Irán, Siria, Cuba, Nicaragua, Turquía, Arabia Saudita, China, Bolivia, Trinidad y Tobago, Egipto, Vietnam, Rusia, India, Bielorrusia, Dominica, Argentina, Barbados, Guinea Ecuatorial, México, Palestina, Argelia, Qatar y Abjasia, fueron esos países, según fue informado.

La junta directiva encabezada por Jorge Rodríguez y los nuevos parlamentarios de la AN

Otras naciones, en cambio, han manifestado su rotundo desconocimiento. Entre estas las que hacen parte del Grupo de Lima que pronunció su rechazo. Analistas estiman que las grandes democracias del mundo censuran la elección llevada a cabo el 6 de diciembre, no reconocen dicho Parlamento y están renovando su apoyo a la representación ejercida por el líder opositor Juan Guaidó.

El Grupo de Lima razonó su rechazo a la Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría oficialista, que se instaló este martes en Venezuela, al considerar que no tiene “legitimidad ni legalidad”, y reiteró su respaldo a Juan Guaidó.

“En el marco del derecho del pueblo venezolano a la democracia consagrado en el artículo 1 de la Carta Democrática Interamericana, señalamos que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela no ha perdido vigencia al dejar de ser observada”, se dice en el punto dos de una misiva al respecto.

Llamado internacional por la democracia

Además, el Grupo de Lima reitera que reconoce la existencia de la Comisión Delegada encabezada por su legítima Junta Directiva, establecida por la Asamblea Nacional, presidida por Juan Guaidó.

“Llamamos a la comunidad internacional a que se una al desconocimiento y rechazo a esta Asamblea Nacional ilegítima y apoye los esfuerzos para la recuperación de la democracia, el respeto a los derechos humanos y el Estado de derecho en Venezuela. Destacamos, en ese sentido, la importancia de buscar convergencias con otros actores internacionales para canalizar una respuesta común que contribuya con el logro de estos objetivos”, apunta el cuarto punto de la comunicación.

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Con información de medios internacionales, nacionales, Reuters, otras agencias y redes sociales