Se trata del movimiento Acción Movilizadora Independiente Generando Oportunidades (Amigo), que ya había elegido como candidatos a dignidades locales a algunas de las principales figuras del correísmo, como el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, o la excandidata presidencial Luisa González, quien busca la Prefectura de la provincia de Manabí.

El juez Patricio Maldonado suspendió temporalmente a Amigo tras admitir a trámite una denuncia presentada por el fiscal general encargado, Carlos Alarcón, quien le advierte de la existencia de una investigación previa por presunto lavado de activos en contra de los directivos del movimiento.

Esta decisión, de primera instancia, llega horas antes de que terminara el plazo para el registro de alianzas ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).

El magistrado dispuso que se informe al CNE sobre la suspensión para que, en el ámbito de sus competencias, «adopte las actuaciones administrativas necesarias para su ejecución» y le dio un plazo de tres días para acatar la decisión.

Movimiento del correísmo

La RC fue suspendida en marzo pasado por otro juez del TCE, después de que admitiera a trámite una denuncia del fiscal Alarcón, en la que se solicitaba la medida al argumentar la existencia de una investigación reservada en contra del movimiento del correísmo por un presunto lavado de dinero, conocida como ‘Caja Chica’.

En ese caso, la Fiscalía investiga por delincuencia organizada a González, a Correa y a otros miembros de la RC, pues presume que «ingresaban dinero ilícito en efectivo desde Venezuela para financiar la campaña presidencial de 2023».

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Al menos 52 personas, en su mayoría extranjeros, fueron detenidas en Santiago y en otras regiones del país, como Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Valparaíso, O’Higgins y Bíobío.

«Para combatir al crimen organizado no basta con que detengamos a los delincuentes que forman parte de sus redes. Al crimen organizado se le ataca, se le desarma y se le destruye quitándole el dinero, desarticulando su estructura financiera», dijo en rueda de prensa el fiscal general, Ángel Valencia.

Delitos del Tren de Aragua en Chile

La red empleaba sociedades falsas, cuentas bancarias ficticias, transacciones en criptomonedas y otros métodos para lavar dinero proveniente de delitos como sicariato, secuestro, extorsión, trata de personas y narcotráfico, indicó el fiscal general.

El dinero salía del país a través de criptomonedas hacia países como Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Paraguay, México, España y Argentina, según las autoridades.

«La sofisticación del esquema de lavado, que logró evadir los sistemas de detección de operaciones sospechosas de instituciones públicas y privadas, evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y cooperación entre entidades», concluyó el fiscal.

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Fuente de imagen referencial: EFE/Policía de Investigaciones (PDI)

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«Desbaratar una célula activa del Tren de Aragua es un paso fundamental en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado«, expresó Bullrich en una conferencia de prensa en la sede ministerial y explicó que fue un trabajo conjunto a cargo del Departamento de Investigaciones Antimafia de la Policía Federal Argentina (PFA), en colaboración con el FBI, la Interpol y la Fiscalía.

La investigación comenzó tras la orden de la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO), dirigida por Santiago Marquevich, para indagar sobre una organización delictiva de origen venezolano.

Según explicó la ministra, la banda se dedicaba a blanquear activos provenientes de actividades ilícitas en Venezuela. El dinero era canalizado mediante el sistema informal ‘Hawala’, eludiendo los circuitos bancarios tradicionales, y se destinaba a inversiones y adquisiciones de bienes de alto valor, como terrenos, vehículos de alta gama, divisas internacionales y joyas.

La organización tenía vínculos con Guillermo Boscán Bracho, conocido como ‘El Yiyi’ -acusado de extorsión, homicidio calificado, terrorismo y tráfico de armas– quien seguía dirigiendo la red a pesar de estar detenido, desde 2023, en el Complejo Penitenciario Federal Nº 1 de Ezeiza.

La ministra también informó que, como parte de la estrategia del Gobierno de Javier Milei, algunos de los detenidos han sido identificados como “terroristas” y están inscritos en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento, un registro oficial del país.

“La importancia de esta operación radica en que es la primera vez que se detecta una célula del Tren de Aragua en Argentina y hemos logrado desbaratarla”, afirmó la ministra.

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Fuente de imagen referencial: EFE/Juan Ignacio Roncoroni

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La esposa de Humala, Nadine Heredia, también fue encontrada culpable del mismo delito y recibió una condena de 15 años de prisión por haber dirigido esas campañas electorales. Además, el hermano de Heredia, Ilán, recibió una sentencia de 12 años de prisión.

El tribunal ordenó una «ejecución provisional de la sentencia», por lo que Humala, Heredia -quien se conectó de manera virtual- y su hermano deberán serán ser enviados a la cárcel que determine el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

Arresto de Humala

De inmediato, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) entraron al tribunal y detuvieron al exgobernante.

«En este juicio se ha probado la comisión del delito de lavado de activos con estos actos diversos de agenciarse dinero de procedencia ilícita», remarcó la directora del Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional, la magistrada Nayko Coronado.

La jueza agregó que el tribunal hará la lectura completa de su sentencia el próximo 29 de abril, pero adelantó que ha visto «los elementos de lo que configuraría la existencia de una organización criminal» durante estas campañas.

El tribunal determinó, en ese sentido, que el monto de reparación civil por este caso será de 10 millones de soles (unos 2,67 millones de dólares o 2,35 millones de euros).

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Fuente de imagen referencial: EFE/John Reyes Mejía

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Republicanos y demócratas unidos

En una votación que resonó en los pasillos del Congreso, la expulsión de Santos obtuvo un respaldo abrumador con 311 votos a favor y 114 en contra. La notoriedad de este evento se acentúa por la participación significativa de colegas republicanos que se unieron a los demócratas para forzar la salida del legislador. Este episodio marca un capítulo oscuro en la historia política de Santos.

Imputaciones serias

Aunque no se emitió una condena específica, Santos enfrenta acusaciones graves que incluyen fraude, lavado de activos y robo de fondos públicos. El cobro ilegal de 24 mil dólares del fondo de desempleo agrega un matiz adicional a las imputaciones, elevando la gravedad de su situación legal.

El escrutinio ético se profundiza con las revelaciones del informe interno del Comité de Ética de la Cámara de Representantes, en su mayoría conformado por colegas republicanos.

Este informe señala que Santos desvió más de 200 mil dólares de sus fondos de campaña para gastos personales. Estas revelaciones arrojan luz sobre una conducta cuestionable que contribuyó a su expulsión.

La expulsión de George Santos no solo tiene implicaciones legales, sino que plantea preguntas fundamentales sobre la integridad en la política y la rendición de cuentas de los representantes electos.

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Gabriel Velásquez

Con información de medios nacionales

Fuente de imagen referencial: Unsplash/Elijah Mears

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Ese organismo detalló en un comunicado que «radicó escrito de acusación ante los Juzgados Penales del Circuito Especializados de Barranquilla (…) en contra del señor Petro Burgos por los delitos imputados» y que un togado designará al juez que llevará a cabo el juicio.

Petro Burgos fue detenido el pasado 29 de julio, acusado de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, pero llegó a un acuerdo de colaboración con la Justicia, que le permitió responder al proceso en libertad, pero al parecer no ha cumplido ese compromiso.

La Fiscalía comenzó a investigar a Nicolás Petro Burgos desde marzo pasado por las denuncias de su exesposa, Daysuris Vásquez, de que el primogénito del presidente, que era diputado de la Asamblea del departamento caribeño del Atlántico, recibió dinero ilícito para la campaña presidencial de 2022.

Tras su detención, Petro Burgos reconoció, según la Fiscalía, que recibió dinero del exnarcotraficante Samuel Santander Lopesierra, conocido como «el hombre Marlboro», y de Gabriel Hilsaca Acosta, hijo del controvertido empresario Alfonso «Turco» Hilsaca.

Parte de ese dinero supuestamente entró a la campaña presidencial de su padre en 2022, aunque Petro Burgos aseguró en una entrevista con la revista Semana que el mandatario no lo sabía.

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Fiorella Tagliafico

Con información de medios internacionales

Fuente de imagen referencial: Twitter / @RevistaSemana

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La Novena Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima instaló el juicio oral por el caso Ecoteva, una investigación abierta contra Toledo por presuntamente haber comprado inmuebles y pagado hipotecas en Perú con dinero proveniente de empresas de Panamá y Costa Rica.

Según la acusación de la Fiscalía, los fondos para constituir la empresa Ecoteva, a nombre de su suegra, Eva Fernenbug, Ecotaste y Ashdan procedían presuntamente del pago de sobornos recibido por Toledo por la concesión y construcción del proyecto vial Interoceánica Sur, a cargo de la empresa brasileña Odebrecht.

Tanto Toledo como Karp participaron de la audiencia de manera virtual desde California, Estados Unidos, donde la pareja espera el pedido de extradición aprobado por EEUU, pero que suspendió por 14 días desde el viernes pasado, para que la defensa del exmandatario presente un nuevo recurso de reconsideración.

La acusación por lavado de activos recae también sobre la suegra de Toledo, Eva Fernenbug, el exjefe de seguridad presidencial, Avraham Dan On, y el hijo de este, Shai Dan On.

La sala accedió finalmente a suspender la audiencia hasta el próximo 20 de abril, fecha en que la fiscalía presentará su acusación contra los denunciados.

Toledo es acusado de haber recibido unos 34 millones de dólares de Odebrecht mediante varias empresas creadas en paraísos fiscales, con los cuales adquirió bienes inmuebles en Perú.

El exmandatario fue detenido en California en 2019 y estuvo 8 meses en prisión por riesgo de fuga, aunque pasó a arresto domiciliario en marzo de 2020, tras el estallido de la pandemia de la covid-19.

En septiembre de 2022, la Justicia estadounidense autorizó su extradición a Perú, tras haber hallado pruebas suficientes que justifican esta medida, que fue avalada en febrero pasado por el Departamento de Estado.

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Víctor De Abreu

Con información de Unión Radio, otros medios nacionales y redes sociales

Fuente imagen referencial: Diario Avance, vía web

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La mujer, conocida con el alias de “La Negra”, está señalada de hacer parte de una organización trasnacional de tráfico de drogas y era, además, la encargada de “dinamizar las rentas criminales obtenidas del narcotráfico” del Clan del Golfo, la principal banda criminal del país, detalló la policía en un comunicado.

“Alias ‘La Negra’ era la responsable de darle el carácter de legalidad a los dineros derivados y producto del narcotráfico de esta organización criminal, a través del lavado de activos”, agregó la información.

Además, era el enlace que coordinaba el envío de droga desde Colombia a otros países.

La Policía recordó que en 2013 Nini Johana Úsuga fue detenida en una finca en cercanías a Medellín con 23.000 millones de pesos (5,5 millones de dólares), que eran producto de “rentas ilegales de la agrupación criminal de su hermano”.

No obstante, “La Negra” se fugó de prisión tras falsificar unos documentos, aunque fue nuevamente recapturada en marzo del año pasado y “puesta a disposición de la justicia por concierto para delinquir, porte ilegal de armas de fuego, fuga de presos, falsedad en documento público y fraude procesal”.

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Gabriela Morales

Con información de agencias de noticias y medis internacionales

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De acuerdo a los documentos provenientes del juicio en su contra que se celebra en el distrito sur de la Florida, Saab prestó colaboración a la DEA, dando información a sus agentes sobre la “actividad criminal en la que estaba participando”.

“En un plazo de 12 meses (…) Saab participó en cooperación proactiva como una fuente confidencial de la DEA”, señalaron y alegaron que firmó un acuerdo de “fuente cooperante” a mediados del 2018.

Además, el empresario giró más de 10 millones de dólares a las autoridades estadounidenses entre agosto del 2018 y febrero del 2019 de dinero proveniente de “actividades ilegales” que llevaba a cabo con Álvaro Pulido, señalado como uno de sus co-conspiradores.

Reuniones anteriores habrían conducido a un acuerdo entre el investigado y la DEA

Saab se había reunido varias veces con agentes de la DEA. En 2016 en Bogotá, los agentes le explicaron la información que tenían sobre él y sobre el esquema de lavado de dinero y coimas en relación con la construcción de viviendas para personas con bajos recursos.

Se reunieron un par de veces más y, a mediados de 2018, donde se firmó el acuerdo de “fuente cooperante”, convirtiéndose oficialmente en una fuente de las autoridades estadounidenses.

En este sentido, el gobierno estadounidense le dio una fecha límite a Saab en el 2019 para entregarse voluntariamente a las autoridades en Florida. Si no lo hacía, presentarían cargos criminales en su contra, dejaría de ser una fuente cooperante y pasaría a ser sancionado por el Departamento del Tesoro.

Saab no se entregó y en julio del 2019 el Departamento de Justicia presentó la acusación formal en su contra y fue sancionado por la Oficina de Control de Activos del Tesoro.

Saab era informante de la DEA https://t.co/zEC57S50tQ

— Eugenio G. Martínez (@puzkas) February 16, 2022

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Gabriela Morales

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La decisión fue tomada por el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, que declaró fundado “en parte” un requerimiento de la Fiscalía para que imponga a Rojas 12 meses de impedimento de salida del país.

El juez John Pillaca ordenó que se informe de inmediato, “bajo responsabilidad”, a las autoridades que correspondan, a fin de dar cumplimiento a lo ordenado en su resolución.

En este sentido, Pillaca analizó horas antes la solicitud que presentó la Fiscalía contra el embajador y anunció que iba a comunicar su decisión sobre el pedido “de manera oportuna y en el plazo de la ley”.

Presunta financiación ilegal

La Fiscalía pidió que se dicte el impedimento de salida de Rojas en el marco de una investigación que sigue por la presunta financiación ilegal de las campañas del partido marxista Perú Libre, que llevó al poder al presidente Pedro Castillo y del que él es dirigente nacional.

Durante la sesión judicial, el fiscal Richard David Rojas Gómez insistió en que esta medida era necesaria para concluir las pesquisas y evitar obstruirlas, y recordó que el delito que se imputa prevé una pena de entre 10 y 20 años de cárcel.

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Gabriela Morales

Con información de agencias de noticias y medios internacionales

La resolución fiscal señaló que Rojas en coordinación con otros miembros del partido también investigados, “prosiguió con las presuntas actividades ilícitas, además de coordinar fondos y logística para la campaña electoral, aprovechándose de las empresas y proveedores del Gobierno Regional de Junín”.

“El investigado habría participado y/o ejecutado actos de conversión de dinero maculado, no solo para beneficio propio sino también para su partido político Perú Libre”, sostuvo el fiscal.

Rojas es considero una figura muy cercana a Vladimir Cerrón, el polémico fundador de esta formación política izquierdista, condenado por corrupción

El representante peruano cumplió un papel clave en la campaña presidencial de Pedro Castillo, como dirigente nacional del partido marxista Perú Libre, que llevó al profesor de escuela rural a la presidencia de la república.

Rojas fue designado el pasado viernes como nuevo embajador peruano en Caracas, luego de que fuera rechazado con un silencio diplomático como representante del país andino en Panamá.

Al nuevo embajador en Venezuela, quien no tiene estudios superiores concluidos, se le atribuye haber colaborado en la ejecución de transferencias y ocultamiento de la presunta financiación ilegal de la última campaña electoral del partido, por lo que el Ministerio Público lo incluyó en la investigación por el caso denominado “Los Dinámicos del Centro”.

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Gabriela Morales

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El Ministerio Público informó este martes en sus redes sociales que el equipo especial del caso Lava Jato dispuso el inicio de diligencias preliminares por un plazo de 36 meses en contra de Villanella por las contrataciones de corretajes de su empresa MVV Bienes Raíces, entre agosto de 2018 y julio del presente año.

Esta nueva investigación deriva del proceso penal que tanto Villanella como su esposa afrontan por la presunta financiación irregular del partido fujimorista Fuerza Popular en las anteriores campañas electorales.

Fiscal investiga a fondo como se financió el partido fujimorista en las anteriores campañas electorales

En concreto, la tesis fiscal sustenta que la compañía a cargo del empresario habría sido instrumentalizada por la supuesta red criminal que lideraría Fujimori para la continuación del lavado de activos mediante operaciones comerciales.

Como primera acción, el fiscal anticorrupción, José Domingo Pérez, a cargo de la investigación, solicitó recabar la pericia contable de los ingresos, egresos y gastos financieros de MVV Bienes Raíces en el periodo que se hicieron dichas contrataciones.

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Gabriela Morales

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