Desde septiembre, un fuerte despliegue militar estadounidense ha destruido una veintena de lanchas en el mar Caribe y el océano Pacífico, cerca de Venezuela y Colombia, matando extrajudicialmente a más de 80 personas a quienes Washington describe como «narcoterroristas».

«(Trump) Quiere seguir haciendo estallar barcos hasta que Maduro se dé por vencido. Y gente mucho más inteligente que yo en ese aspecto dice que lo hará», dijo Wiles en la mencionada entrevista.

Según la revista, las declaraciones de la mano derecha de Trump parecen «contradecir la postura oficial del gobierno de que hacer estallar barcos es un tema de interdicción de drogas, no la búsqueda de un cambio de régimen» en Venezuela.

La Administración de Donald Trump acusa a Maduro de liderar una red de narcotráfico bautizada como Cartel de los Soles, algo que Caracas niega tajantemente, y ofrece una recompensa de hasta 50 millones de dólares por información que conduzca a la captura del líder venezolano.

Maduro llamó a los venezolanos a alistarse en milicias y unirse contra las amenazas estadounidenses

Trump ha prometido que «pronto» comenzarán los ataques contra el narcotráfico dentro de territorio venezolano, mientras Maduro ha llamado a los venezolanos a unirse contra las amenazas estadounidenses y alistarse en milicias ciudadanas.

A pesar de la tensión, Trump y Maduro mantuvieron en noviembre una conversación telefónica de la que no han trascendido nuevos detalles.

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«Se trata de muchas cosas», respondió Trump al ser preguntado en el Despacho Oval sobre si el actual despliegue militar en el Caribe trata «sobre tráfico de drogas o sobre petróleo», en referencia al petrolero venezolano que Washington incautó el miércoles y cuyo cargamento de crudo tiene previsto confiscar.

El mandatario republicano evitó responder directamente al asunto del petróleo, un factor señalado por aquellos críticos con la campaña de presión sobre Caracas, un dispositivo que muchos consideran que busca exclusivamente sacar del poder al gobierno de Nicolás Maduro.

«Una de ellas es el hecho de que han permitido que millones de personas entren a nuestro país, incluyendo presos, narcotraficantes y personas de instituciones psiquiátricas, probablemente en una proporción mayor que la de cualquier otro país», explicó Trump usando un argumento que ha repetido numerosas veces este año pero nunca ha sido contrastado con datos.

Ataques «en tierra» en marcha

Trump también denunció una vez más que la cúpula de gobierno y el Ejército en Venezuela están involucrados en el envío de droga a EEUU y destacó que las operaciones militares para destruir lanchas supuestamente usadas por traficantes de drogas en el Caribe y el Pacífico oriental han reducido en un 92 % el narcotráfico en esas rutas.

«Cualquiera que se involucre en eso ahora mismo no le va a ir bien», apuntó Trump, que volvió a repetir que los ataques «en tierra» sobre grupos que Washington asegura que están involucrados en tráfico de estupefacientes «se están poniendo en marcha».

«Nos han tratado mal y supongo que ahora nosotros no los estamos tratando demasiado bien», concluyó Trump.

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«Hace unos minutos, nos hemos reunido aquí, en el despacho de la Presidencia de la Asamblea Nacional, con familiares de venezolanos asesinados, ejecutados extrajudicialmente en los ataques, a todas luces ilegítimos, ilegales, que ha venido perpetrando desde el día 2 de septiembre, efectivos militares de los Estados Unidos de América», indicó Rodríguez en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El parlamentario mostró una fotografía del encuentro sin revelar las identidades de los familiares que, dijo, han recibido amenazas «por sectores y personas que tienen un máximo interés en que ellas no digan la verdad y que no se diluciden los hechos».

Además, anunció que habrá una sesión extraordinaria del Parlamento para votar la conformación de una comisión especial que investigue estos ataques «que -advirtió- condujeron al asesinato de venezolanos en aguas del mar Caribe».

Familiares de fallecidos en los ataques fueron amenazados

Rodríguez señaló que en esta comisión se determinará cuántos venezolanos han sido asesinados en estos ataques ya que, agregó, hay también de otras nacionalidades, como colombianos, dominicanos y trinitenses.

Igualmente, informó que exhortarán a la Fiscalía General para que tome cartas sobre «los crímenes que se han cometido contra venezolanos y latinoamericanos en el mar Caribe».

El presidente de la AN dijo que tendrá una reunión con la Gobernación del estado Sucre (noreste, cercano a Trinidad y Tobago) para establecer estrategias para ayudar a los familiares de estas personas que murieron en los ataques que, insistió, han sido amenazadas.

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«Colombia expresa, una vez más, rechazo y condena este tipo de ataques unilaterales, porque la lucha contra el narcotráfico no autoriza a ningún estado actuar al margen del derecho internacional«, expresó el representante permanente de la nación suramericana ante la OEA, Luis Vargas, en la sesión regular de la instancia celebrada en Washington.

«La fuerza letal solo es legítima como último recurso ante una amenaza inminente», resaltó Vargas durante su intervención y agregó que la delincuencia organizada debe combatirse bajo «la aplicación de la ley» y que «no son un escenario de guerra».

La condena del Gobierno del presidente, Gustavo Petro, hace referencia a la veintena de ataques contra supuestas lanchas cargadas en el Caribe y el Pacífico cerca de las costas de Venezuela y Colombia, matando extrajudicialmente a más de 80 personas bajo la justificación de combatir el narcotráfico.

La subjefa de la misión estadounidense ante la OEA, Kimberly Penland, respondió que los operativos en aguas internacionales son «en defensa» de su país: «Estados Unidos se encuentra bajo ataque de organizaciones narcoterroristas en nuestro continente», declaró.

El Gobierno colombiano asegura que durante el mandato de Petro, sancionado por Washington por presuntos vínculos con el narcotráfico, han incautado más de 2.600 toneladas de cocaína evaluadas en 235 millones de dólares.

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De interés: Maduro pide a la CELAC sumar fuerzas para rechazar ataques de EEUU en el Caribe

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«No hemos visto un aumento significativo» de venezolanos saliendo de su país, dijo en una entrevista con EFE el alto comisionado de Acnur, Filippo Grandi, desde la ciudad de Belém, en la Amazonía brasileña, donde este lunes arrancó la trigésima conferencia climática mundial (COP30).

El diplomático italiano sostuvo que «continúa la salida de venezolanos por diferentes razones», sin observar grandes cambios desde que EE.UU. emprendió, hace unos dos meses, una vasta ofensiva contra embarcaciones al parecer vinculadas con grupos de narcotraficantes.

La potencia norteamericana empezó bombardeando lanchas de civiles en el mar Caribe y después extendió sus operaciones al océano Pacífico.

«Francamente, esperamos que todas las diferencias entre los países puedan resolverse de manera pacífica porque no necesitamos otro conflicto en esta región ni, dicho sea de paso, en el mundo», apuntó Grandi.

El éxodo de venezolanos se agudizó especialmente a partir de la ola de protestas de 2017. Según datos de Acnur, cerca de 7,9 millones de personas han salido de Venezuela en busca de protección y una vida mejor.

La mayoría, unas 6,7 millones de personas, ha sido acogida por otros países latinoamericanos y caribeños, de acuerdo con la agencia de Naciones Unidas.

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La iniciativa, considerada simbólica, fue rechazada con 49 votos a favor y 51 en contra, dejando vía libre para que continúen las operaciones del Comando Sur en el Caribe y el Pacífico Oriental que se están llevando a cabo desde agosto pasado.

La norma tenía posibilidades casi nulas de ser implementada, no solo porque tendría difícil superar un siguiente obstáculo en la Cámara de Representantes, sino porque también debía ser ratificada por el propio Trump.

Ataques en el Caribe

El bloque republicano se desligó de la medida durante la votación, pese a que algunos miembros se habían unido esta semana a la exigencia de que la Administración informara detalles sobre los ataques contra lanchas en aguas internacionales del Caribe y el Pacífico.

El senador demócrata Tim Kaine, de Virginia, presentó la iniciativa con el apoyo de algunos republicanos, argumentando que están «cansados de que el Congreso abdique todo el poder de forma solemne sobre un presidente».

Durante los últimos dos meses, el Departamento de Guerra ha oficializado el ataque a más de 20 embarcaciones supuestamente cargadas de droga y la eliminación de más de sus 66 tripulantes, a los que han vinculado a organizaciones criminales.

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«Estamos estallando carteles terroristas y estamos reventándolos, ligados al gobierno de (Nicolás) Maduro en Venezuela y otros. Miren, no es solo Venezuela, pero un montón de cosas están viniendo«, declaró el mandatario en el America Business Forum (ABF) en Miami.

Trump, quien no aclaró a qué otros países se refiere, defendió los ataques que han matado al menos a 66 personas en casi 20 embarcaciones en el Caribe y el Pacífico desde el 1 de septiembre, al asegurar que por cada embarcación bombardeada se salvan 25.000 estadounidenses, al evitar que ingresen al país la supuesta droga destruida por el Comando Sur.

«Venezuela vació sus prisiones dentro de nuestro país. Nadie quiere eso. Ellos vaciaron sus prisiones en nuestro país. Estamos liberando nuestras ciudades del flagelo del crimen violento, haciendo nuestro país seguro y hermoso de nuevo», manifestó el líder republicano.

Trump fue el orador destacado del primer día del ABF, que reúne en Miami a líderes como él,  el presidente argentino, Javier Milei, y deportistas como Rafael Nadal y Lionel Messi.

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Lula dijo que está valorando acudir a la cumbre a pesar de sus dificultades de agenda, con la intención de «defender a los países de América Latina».

«La reunión de la CELAC solo tiene sentido en este momento si discutimos esta cuestión de los buques de guerra estadounidenses aquí en los mares de América Latina«, afirmó Lula en una rueda de prensa con agencias internacionales.

El gobernante brasileño recordó que habló de la cuestión de Venezuela con su homólogo estadounidense, Donald Trump, ocasión en la que subrayó que la solución debe ser política y que «América Latina es una zona de paz».

«No quiero que lleguemos a una invasión terrestre. Le dije al presidente Trump, y se lo repito a usted, que los problemas políticos no se resuelven con armas. Se resuelven con diálogo», explicó Lula en respuesta a una pregunta sobre Venezuela.

Lula también aseguró que Brasil tiene «todo el interés» en ayudar en el conflicto y opinó que Estados Unidos, si quiere luchar contra el narcotráfico, debería «estar intentando ayudar a estos países» en lugar de «disparar» contra ellos.

Estados Unidos ha realizado un despliegue militar en el Caribe en los últimos meses y ha lanzado una serie de ataques aéreos contra lanchas civiles, en aguas del Caribe cerca de Venezuela y en el Pacífico, a las que acusa de narcotráfico.

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Confirmó que las personas a bordo fueron víctimas de «ejecuciones extrajudiciales» y que tales acciones deben cesar «independientemente de los presuntos delitos que se les imputen»

«Estos ataques, y su creciente costo humano, son inaceptables. Estados Unidos debe ponerles fin», exigió el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, tras recordar que más de 60 personas han muerto en esos ataques perpetrados por las fuerzas armadas estadounidenses, según las informaciones disponibles.

Una portavoz de Türk dijo que comunicó su sentir a las autoridades estadounidenses la posición de su organismo.

Estados Unidos ha intentado justificar estos bombardeos indicando que forman parte de operaciones necesarias contra las drogas y el terrorismo, y que desde su punto de vista lo que rige sus actos es el derecho internacional humanitario, aplicable únicamente en contextos de conflicto armado.

Sin embargo, la ONU está en desacuerdo con ese argumento y no considera que se trate de un conflicto armado ni que pueda hablarse de hostilidades declaradas.

Por ello, defiende que lo que debe regir son las normas internacionales de los derechos humanos.

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«Ayer, siguiendo instrucciones del presidente (Donald) Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo tres ataques cinéticos letales contra cuatro embarcaciones operadas por organizaciones terroristas designadas (DTO) que traficaban con narcóticos en el Pacífico oriental», escribió el jefe del Pentágono en X.

Hegseth aseguró que ocho presuntos «narcoterroristas» se encontraban a bordo de las embarcaciones durante el primer ataque, cuatro durante la segunda operación y tres en el tercero. «Un total de 14 narcoterroristas murieron durante los tres ataques, con un sobreviviente», agregó.

«Todos los ataques se llevaron a cabo en aguas internacionales y no hubo heridos entre las fuerzas estadounidenses», especificó el secretario de Guerra, quien insistió en que el Comando Sur de Estados Unidos (Southcom) inició «inmediatamente» los protocolos para rescatar al único superviviente de los tres ataques.

Este es el undécimo golpe reportado contra embarcaciones supuestamente cargadas con droga que la Administración de Donald Trump lleva a cabo desde que empezó sus operaciones contra el narcotráfico, primero en el Caribe y luego en el Pacífico.

El ataque se llevó a cabo en «aguas internacionales» del océano Pacífico, frente a costas de Colombia.

Yesterday, at the direction of President Trump, the Department of War carried out three lethal kinetic strikes on four vessels operated by Designated Terrorist Organizations (DTO) trafficking narcotics in the Eastern Pacific.

The four vessels were known by our intelligence… pic.twitter.com/UhoFlZ3jPG

— Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 28, 2025

De interés: Trump defiende los ataques a embarcaciones en el Caribe

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El secretario de Guerra (Defensa) de Estados Unidos, Pete Hegseth, instruyó el envió del portaaviones y de su grupo de ataque al área de responsabilidad del Comando Sur de Estados Unidos «en apoyo a la directiva del presidente de desmantelar las organizaciones criminales transnacionales», explicó en un comunicado el portavoz del Pentágono, Sean Parnell.

Según el vocero, este despliegue «reforzará la capacidad de Estados Unidos para detectar, monitorear y desmantelar actores y actividades ilícitas que comprometen la seguridad y la prosperidad del territorio estadounidense».

«Estas fuerzas fortalecerán y ampliarán las capacidades existentes para desmantelar el narcotráfico y reducir y desmantelar las organizaciones transnacionales» en el Caribe, agregó.

El Gerald Ford y su grupo de ataque se unen de este modo al contingente desplegado por el Pentágono en el Caribe con el argumento de combatir el narcotráfico, que incluye tres buques de asalto y transporte anfibio, aviones de combate F-35B, aviones de patrulla P-8 y drones MQ-9, que operan desde una base en Puerto Rico.

Durante las últimas semanas, la Administración de Donald Trump ha destruido una decena de embarcaciones en el Caribe y en el Pacífico, matando a varias personas, cerca de Venezuela y Colombia, lo que ha disparado la tensión con esos países, que denuncian ejecuciones extrajudiciales.

Este mismo viernes, Hegseth anunció que el Ejército estadounidense hundió otra lancha en el Caribe que, según afirmó, era operada por la banda transnacional Tren de Aragua, y detalló que en el ataque habrían muerto seis personas a las que calificó de «narcoterroristas».

La tensión es especialmente elevada con Venezuela, puesto que Trump ha ordenado a la CIA llevar a cabo operaciones encubiertas dentro del país mientras el Gobierno de Nicolás Maduro denuncia que Estados Unidos pretende atacar en territorio venezolano.

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Señalaron que los ataques del 2 de septiembre de 2025 y del 15 de septiembre, en el que murieron alrededor de 14 personas, fueron realizados por EE.UU. con sensores fabricados por la empresa canadiense L3Harris.

Project Ploughshares identificó la tecnología canadiense a partir de la interfaz gráfica incluida en las imágenes de los ataques distribuidas por el Pentágono estadounidense a pesar del intento de las autoridades militares de ocultar su procedencia.

La organización añadió que L3Harris es uno de los mayores productores del mundo de sensores electro-ópticos y de infrarrojos, que son utilizados por las fuerzas armadas de una gran cantidad de países.

Postura del gobierno canadiense

En 2020, la organización ya denunció que Turquía había desviado sistemas WESCAM EO/IR «a varias zonas de conflicto en las que se habían documentado violaciones de los derechos humanos», lo que provocó que el gobierno canadiense suspendiera esas exportaciones.

«Canadá está legalmente obligado a garantizar que la exportación de material militar no contribuya a violaciones del derecho internacional. Pero debido a un acuerdo entre Canadá y Estados Unidos que data de hace décadas, la mayoría del material militar que Canadá envía a su vecino del sur, incluidos los sensores WESCAM utilizados en estas operaciones, eluden los controles», denunció la organización.

El grupo señaló que en 2019 Canadá se incorporó al Tratado de Comercio de Armas de la ONU, que impone estrictos controles sobre la transferencia de armas convencionales pero que un acuerdo firmado por Washington y Ottawa hace casi 75 años «exime a la mayoría de las exportaciones militares canadienses a Estados Unidos de la obligación de obtener licencias de exportación».

«Canadá no solo debería cerrar esta laguna legal para cumplir con el Tratado sobre el Comercio de Armas (ATT), sino también establecer los mecanismos de control y equilibrio necesarios para evitar que la tecnología canadiense se vea implicada en futuros usos ilícitos de la fuerza», concluyó.

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«Los funcionarios estadounidenses no pueden matar sumariamente a personas a quienes acusan de traficar drogas», dijo Sarah Yager, directora en Washington de HWR.

La Administración estadounidense ha llevado a cabo al menos dos ataques letales contra embarcaciones en aguas cerca de Venezuela alegando que se trataba de narcotraficantes intentando introducir droga en su país.

«El problema de los narcóticos entrando a Estados Unidos no es un conflicto armado, y los funcionarios estadounidenses no pueden eludir sus obligaciones en materia de derechos humanos fingiendo lo contrario», explicó Yager.

«El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al que Estados Unidos está suscrito, protege el derecho a la vida. Según los estándares legales de derechos humanos, quienes ejercen funciones de orden público, incluidos militares, deben buscar minimizar el daño y preservar la vida humana. Sólo pueden usar fuerza letal cuando sea estrictamente inevitable para proteger contra una amenaza inminente de muerte o lesiones graves», manifestó la organización en un comunicado.

Ataques en el Caribe

Trump ha empleado la retórica belicista para justificar estos ataques en medio de la escalada de las tensiones con Venezuela.

El pasado 2 de septiembre, el mandatario anunció que las fuerzas estadounidense habían derribado una lancha proveniente de Venezuela en la que, según Washington, viajaban 11 miembros de la banda transnacional Tren de Aragua que murieron en el acto.

Hace unos días, anunció que habían llevado a cabo otro golpe contra otra lancha en la que viajaban tres personas y que según él iba repleta de cocaína y fentanilo.

Y, un día después, declaró a los medios que son tres los ataques que se han llevado a cabo, pero no dio más detalles.

Todo esto forma parte del operativo de EEUU, que Caracas ha criticado duramente, que Washington considera como una «amenaza» para la seguridad nacional.

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«Estas ejecuciones extrajudiciales y extraterritoriales constituyen un crimen de lesa humanidad que debe ser investigado con urgencia», instó el PCV, intervenido por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a través de una nota de prensa.

Asimismo, condenó la incursión militar estadounidense en el Caribe que, subrayó, es «presentada bajo el pretexto de combatir el narcotráfico, pero dirigida a amenazar y presionar militarmente a Venezuela».

A juicio de la formación, «esta agresión» representa «una peligrosa provocación y una abierta violación del derecho internacional», lo que se suma, añadió, a los «vuelos de espionaje sobre territorio venezolano, parte de la estrategia de intimidación y control militar desplegada por Estados Unidos en la región».

Ante un eventual escenario de «ocupación del territorio venezolano», el PCV anticipó que asumirá las «formas de organización que la defensa de los intereses del pueblo y la patria demanden».

La Administración de Trump acusa a Maduro de liderar el denominado Cartel de los Soles, lo que para el oficialismo es un «invento», y ofreció una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca a la captura del mandatario venezolano.

Maduro afirmó que las comunicaciones con Estados Unidos están «deshechas». A su juicio, el despliegue militar estadounidense no se trata de un combate contra el narcotráfico, sino de un plan para provocar un «cambio de régimen» y sacar al chavismo del poder.

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La donación fue formalizada durante una ceremonia en la ciudad caribeña de Cartagena de Indias en la que participaron la canciller colombiana, Laura Sarabia, y el encargado de negocios de la Embajada de EE.UU., John McNamara.

«Estas embarcaciones son herramientas clave en nuestra lucha conjunta contra las actividades ilícitas que alimentan la violencia y la inestabilidad en la región«, afirmó McNamara, quien añadió que el objetivo es reforzar capacidades de búsqueda, rescate y control marítimo.

Los botes ‘Apostle’ son embarcaciones diseñadas para la interceptación y reacción rápida en operaciones de búsqueda, vigilancia y rescate, claves para que Colombia pueda consolidar la seguridad en el Caribe, una región que forma parte de la ruta del narcotráfico hacia Norteamérica y Europa.

Esta entrega forma parte de la ya existente alianza entre ambos países, cimentada en años de cooperación contra el crimen organizado transnacional.

El jefe del Estado Mayor Naval de Colombia, el vicealmirante Hernando Mattos, agradeció el respaldo norteamericano y destacó la importancia de contar con equipos modernos y personal capacitado para garantizar la seguridad marítima.

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Los pescadores de Choroní desaparecidos serían: Eduar Chávez, José Rafael Sosa y Edwin Chávez, quienes salieron desde el viernes en horas de la mañana desde la Playa de Guayamure y no regresaron el mismo día.

«Pescadores de la zona realizaron la búsqueda este domingo, pero fue infructuosa«, informó la periodista en el estado Aragua, Gregoria Díaz, a través de sus redes sociales.

#ultimahora Estos pescadores de #choroni, acaban de salir desde La Boca, en el malecón, para continuar con la búsqueda de los tres tripulantes de la lancha #LaLlovizna, que se encuentran desaparecidos desde el viernes 16 de junio.
El día está nublado. pic.twitter.com/NJ7x7CrwAC

— Gregoria Díaz (@churuguara) June 19, 2023

Miembros de Protección Civil, del INEA, del Ministerio de Pesca y de la Guardia Nacional, entre otras autoridades, fueron avisadas de esta desaparición.

Díaz reveló que uno de los pescadores en Choroní le informó que «este domingo salieron siete lanchas para la búsqueda pero nada. Ni las autoridades aéreas o marítimas han salido a buscarlos y ya van tres días que salió la lancha y no se sabe de ellos».

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Víctor De Abreu