“Aunque una catástrofe de esta magnitud exige una respuesta contundente, las fuerzas rusas ocupantes han mostrado la más absoluta indiferencia por la vida y la dignidad humanas al centrarse de forma manifiesta y casi exclusiva en sus propias necesidades de seguridad”, indicó la investigadora de AI, Anna Wright.

Wright acusó a Rusia de violar “su obligación como potencia ocupante” con su “inacción a la hora de ayudar” a la población afectada, al bloquear el trabajo de los voluntarios con procesos de verificación a los que sometía a los desplazados que no tienen pasaporte ruso.

De acuerdo con testimonios en los que se basa el informe, varias familias damnificadas que habían sido trasladadas a terrenos más elevados por la población local permanecieron allí al menos dos días sin recibir ayuda.

Amnistía destacó además las dificultades para establecer contacto con los afectados en las zonas ocupadas por Rusia, debido al control de la información que ejercen las autoridades y a los problemas técnicos causados por los apagones y la sustitución de redes de telecomunicaciones ucranianas por redes rusas.

Las inundaciones, prosigue la organización, también han provocado problemas de riego y de acceso al agua corriente a ambos lados del río Dniéper, tanto en el territorio ocupado por Rusia como en el que controla el Gobierno de Kiev.

Wright exhortó a que los responsables de la destrucción de la presa -que según Kiev fue volada por las fuerzas rusas con explosivos- paguen por los hechos ante la Justicia.

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Víctor De Abreu