El fiscal adjunto, Mame Mandiaye Niang, explicó su discurso de apertura de la 24ª Asamblea de Estados Parte de la CPI que, pese al “compromiso sostenido” mantenido con las autoridades venezolanas, la CPI concluyó que “el progreso real sigue siendo un reto”, por lo que decidió clausurar la oficina instalada en el país en 2024 para trabajar junto a las autoridades venezolanas.

“Siendo conscientes de la necesidad de gestionar eficazmente nuestros recursos limitados, hemos decidido cerrar nuestra oficina en Caracas”, señaló Niang.

No obstante, Niang subrayó que la investigación sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela “permanece activa” y dirigida por un equipo de fiscales que seguirá trabajando desde La Haya.

Giro en la relación CPI-Caracas

Caracas siempre rechazó esta investigación, alegando que debía respetarse el principio de complementariedad, por el que el tribunal internacional complementa la justicia nacional del país, no la sustituye, y solo puede intervenir si el Estado afectado no investiga.

El cierre de la oficina marca un giro en la relación entre la CPI y Caracas, que durante meses sostuvo intercambios con el tribunal en torno a la responsabilidad penal por las acusaciones por violaciones de derechos humanos en el país.

El fiscal Karim Khan dijo en abril de 2024 que la apertura de esa oficina era una “oportunidad única” para seguir avanzando en las investigaciones sobre presuntos crímenes de lesa humanidad y crear señaló un vínculo entre las leyes y el apoyo técnico que prestarán a la nación caribeña.

La CPI abrió la investigación sobre Venezuela en 2018 a raíz de una remisión de varios países. El gobierno de Nicolás Maduro intentó repetidamente frenar el caso, alegando que su sistema judicial está llevando a cabo investigaciones internas, pero la Corte rechazó esa posición en 2023 y autorizó la reanudación de las pesquisas por crímenes de lesa humanidad cometidos desde 2017.

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El fiscal asegura tener “motivos razonables” para considerar a ambos “penalmente responsables” de un crimen de lesa humanidad en todo el territorio de Afganistán desde el 15 de agosto de 2021 por perseguir a niñas y mujeres afganas, y a personas que los talibanes percibían como “no conformes con sus expectativas ideológicas de identidad o expresión de género”, o “como aliadas de niñas y mujeres”.

“Esta persecución en curso conlleva numerosas y graves privaciones de los derechos fundamentales de las víctimas, contrarias al derecho internacional, incluido el derecho a la integridad física y la autonomía, a la libertad de circulación y de expresión, a la educación, a la vida privada y familiar y a la libertad de reunión”, denunció Khan.

Además, el fiscal subrayó que la resistencia u oposición percibida a los talibanes “fue, y es, brutalmente reprimida mediante la comisión de crímenes que incluyen asesinato, encarcelamiento, tortura, violación y otras formas de violencia sexual, desaparición forzada y otros actos inhumanos”.

Estas son las primeras órdenes de arresto solicitadas por el fiscal como parte de su investigación de crímenes graves en Afganistán, aunque asegura que “próximamente presentará más solicitudes para otros altos cargos de los talibanes”.

Entre las pruebas con las que cuenta su oficina, hay material audiovisual, decretos oficiales, informes forenses, así como testimonios de expertos y testigos, y declaraciones de los propios sospechosos y otros representantes de los talibanes.

“Estas solicitudes reconocen que las mujeres y las niñas afganas, así como la comunidad LGBTQI+, se enfrentan a una persecución sin precedentes, inadmisible y continua por parte de los talibanes. Nuestra acción indica que el statu quo para las mujeres y las niñas en Afganistán no es aceptable. Las sobrevivientes afganas, en particular las mujeres y las niñas, merecen rendir cuentas ante un tribunal de justicia”, advirtió el fiscal.

Investigación a talibanes

A finales de noviembre, Chile, Costa Rica, España, Francia, Luxemburgo y México mostraron su “preocupación por el grave deterioro de la situación de los derechos humanos en Afganistán, especialmente para mujeres y niñas” y pidieron al fiscal considerar “los crímenes contra mujeres y niñas” cometidos por los talibanes. Khan les aseguró que la persecución de género ya está incluida en su investigación y les prometió anunciar resultados “pronto”.

“La interpretación de la sharia por parte de los talibanes no debe ni puede utilizarse para justificar la privación de derechos humanos fundamentales ni la comisión de crímenes conexos contemplados en el Estatuto de Roma (tratado de la CPI)”, alertó este jueves, a la espera de que los jueces autoricen las órdenes de arresto contra los líderes talibanes.

En 2020, la fiscalía de la CPI logró la autorización unánime de los jueces para comenzar a investigar los presuntos crímenes cometidos en el territorio de Afganistán desde el 1 de mayo de 2003, así como los crímenes vinculados con el conflicto armado y la situación en Afganistán, que fueran cometidos en el territorio de otros Estados parte de la CPI desde julio de 2002.

El anterior gobierno afgano impugnó la admisibilidad de la investigación, pero el 31 de octubre de 2022, tras la toma del poder por parte de los talibanes, la fiscalía ha retomado el caso y “ha estado llevando a cabo una investigación independiente, imparcial y sólida” de los crímenes en Afganistán.

No obstante, Khan solo centrará sus esfuerzos en investigar los crímenes presuntamente cometidos por los talibanes y la filial del grupo Estado Islámico (EI-Khorasan), dejando en segundo plano otros aspectos, como los presuntos crímenes cometidos por soldados estadounidenses.

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Las solicitudes se basan en presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad en la guerra en Gaza y se extienden asimismo a varios altos cargos del grupo islamista Hamas.

En su solicitud, el fiscal solicita autorización a los jueces para emitir ordenes de arresto contra Yahya Sinwar, jefe del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas) en Gaza; Mohammed Diab Ibrahim al Masri, conocido como Deif y comandante en jefe del ala militar de Hamas (Brigadas Al Qassam); así como Ismail Haniyeh, jefe de la oficina política de Hamas.

El fiscal de la CPI los considera «penalmente» responsables de “crímenes de guerra y lesa humanidad” cometidos en territorio de Israel y el Estado de Palestina desde al menos el 7 de octubre de 2023, lo que incluye “el asesinato de cientos de civiles israelíes” en ataques perpetrados por Hamas y otros grupos armados, así como “la toma de al menos 245 rehenes”.

CPI enumera los crímenes de guerra

Asimismo, el fiscal de la CPI pide dos ordenes de detención contra gobernantes israelíes, Netanyahu y Gallant, por crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos “en el territorio del Estado de Palestina (Franja de Gaza) desde al menos el 8 de octubre de 2023”, es decir, el día posterior al ataque de Hamás a Israel y fecha del inició de la actual guerra israelí en Gaza.

Entre los crímenes de los que responsabiliza a ambos funcionarios israelíes está el uso del hambre como “método de guerra” contra los civiles y el “asesinato intencionado”.

“Mi Oficina sostiene que las pruebas que hemos recopilado, incluidas entrevistas con sobrevivientes y testigos, material de video, foto y audio autenticado, imágenes satelitales y declaraciones del grupo de presuntos perpetradores, muestran que Israel ha privado intencional y sistemáticamente a la población civil en todas las partes de Gaza de objetos indispensables para la supervivencia humana”, argumenta Khan.

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«La visita del fiscal de la CPI fue un éxito para el Estado venezolano, para el pueblo venezolano, para la nación venezolana, puesto que se ha creado una oficina técnica muy importante, donde vamos a trabajar en formación de funcionarios, fiscales y jueces», dijo Saab en una entrevista en el canal privado Globovisión.

Asimismo, el fiscal general venezolano aseguró que, junto con el equipo de la oficina, también se promoverán «leyes que se sumen a decenas de leyes» en favor de los derechos humanos.

Por otra parte, Saab criticó que se cuestione a Venezuela, que ha tenido «avances impactantes» en «materia de derechos humanos», mientras a Israel, que «desapareció a Palestina, nadie lo toca», lo que considera una «doble moral» por parte de «organismos internacionales».

Venezuela es objeto de una investigación desde noviembre de 2021 por parte de la Fiscalía de la CPI por presuntos crímenes de lesa humanidad.

Fiscal General Tarek William Saab participó en lanzamiento del Plan de trabajo entre la CPI y RBV https://t.co/2Hd9D0lxnG #23Abr pic.twitter.com/kk74kqCppv

— Ministerio Público venezolano (@MinpublicoVEN) April 23, 2024

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Las actividades de esta oficina serán las de apoyar los esfuerzos destinados a mejorar las iniciativas de justicia nacional, así como de aumentar la presencia sobre el terreno de la Fiscalía.

La CPI no aclaró si el personal que trabajará en dicha oficina ya se encuentra en Venezuela.

Khan dijo el lunes que hay una «oportunidad única» para seguir avanzando en las investigaciones sobre presuntos crímenes de lesa humanidad y crear -señaló- un vínculo entre las leyes y el apoyo técnico que prestarán a la nación caribeña.

#23Abr #CPI #Venezuela @DarvinsonRojas: El fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, abrió oficina en Caracas, que tendrá como funciones apoyar los esfuerzos destinados a mejorar las iniciativas de justicia nacional y aumentar la presencia sobre el «terreno de la OTP». pic.twitter.com/Mz7lA4zUko

— Reporte Ya (@ReporteYa) April 23, 2024

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La reunión es la primera actividad que se conoce este lunes del fiscal, que también se encontrará esta jornada con el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, en el marco de su visita al país, objeto de una investigación desde noviembre de 2021 -actualmente parada, pero no suspendida- por el alto tribunal por presuntos crímenes de lesa humanidad.

La investigación quedó en suspenso, a petición de Caracas, a condición de que el Estado venezolano investigara, internamente, los supuestos crímenes cometidos durante las protestas de 2017, una tarea que la Justicia venezolana asegura estar haciendo.

En noviembre de 2022, el fiscal Khan solicitó a la Sala de Cuestiones Preliminares autorización para retomar la investigación, al desestimar los argumentos presentados por el Gobierno venezolano para que no continuaran las pesquisas por parte del alto tribunal.

No obstante, la CPI considera que debe continuar la investigación, por lo que, en 2023, rechazó una apelación del Gobierno venezolano, que alegó que debía respetarse el principio de complementariedad, por el que el tribunal internacional complementa la justicia del país, no la sustituye, y solo puede intervenir si el Estado no investiga.

Se desconoce si, durante la visita de Khan -la cuarta desde 2021-, se abordará este asunto o si ha habido algún avance interno que no se haya dado a conocer públicamente.

La CPI, que anunció en su cuenta de X que el próximo jueves lanzará su ‘Política de Complementariedad y Cooperación’, no precisó si dicho plan guarda relación alguna con la visita del fiscal al país.

#EnVivo 📹 | Reunión con Karim Khan, Fiscal de la Corte Penal Internacional. https://t.co/PtOGL3VQF4

— Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) April 22, 2024

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El Ministerio de Información y Comunicación anunció, a través de una convocatoria de prensa, la visita de Khan, quien, señaló, liderará el lanzamiento del plan junto al presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), Jorge Rodríguez.

La institución no precisó en qué consistirá dicho lanzamiento ni cuántos días permanecerá el fiscal de la CPI en el país, que comenzó a ser investigado por el alto tribunal en noviembre de 2021 por presuntos crímenes de lesa humanidad.

La investigación quedó en suspenso posteriormente, a petición de Caracas, a condición de que el Estado venezolano investigara, internamente, los supuestos crímenes cometidos durante las protestas de 2017, una tarea que la Justicia venezolana asegura estar haciendo.

Se desconoce si, durante la visita de Khan, la cuarta desde 2021, se abordará el asunto o si ha habido algún avance interno que no se haya dado a conocer públicamente.

La CPI, que anunció en su cuenta de X que el próximo 25 de abril lanzará su «Política de Complementariedad y Cooperación», no precisó si dicho plan guarda relación alguna con la visita del fiscal al país.

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243 legisladores de Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Colombia, Honduras, Guatemala, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay emitieron un texto conjunto en respaldo a la investigación de la Fiscalía de la CPI sobre «presuntos crímenes cometidos por funcionarios venezolanos al menos desde el 12 de febrero del año 2014″.

Según el texto de los congresistas, entre los hechos presuntamente cometidos bajo la Presidencia de Nicolás Maduro, en el poder desde la muerte de Hugo Chávez (1999-2013) y que buscará su reelección el próximo 28 de julio, se incluyen «graves violaciones a los derechos humanos como detenciones arbitrarias, persecución política, violencia sexual y torturas».

La Fiscalía de la Corte Penal Internacional investiga los hechos presuntamente cometidos al menos desde el 12 de febrero de 2014, según cita el comunicado.

El pasado 1 de marzo, la Sala de Apelaciones de la CPI falló en contra del recurso presentado por el Estado venezolano y ordenó al fiscal Karim Khan continuar con la investigación.

Parlamentarios latinoamericanos apoyan la investigación de la CPI por crímenes en Venezuela https://t.co/SAOyNspPw2 pic.twitter.com/FnPocTPd0Z

— La Estrella | Panamá (@EstrellaOnline) March 27, 2024

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En un breve mensaje, la CPI anunció la visita de Khan a Israel “a petición e invitación” de supervivientes y familiares de las víctimas de los ataques de Hamás, aunque el fiscal también se trasladará a la ciudad cisjordana de Ramala «y se reunirá con altos funcionarios palestinos”, adelantó el tribunal.

No está claro si Khan se reunirá con representantes oficiales de Israel, puesto que este país ha sido crítico con el tribunal después de que abriera una investigación en 2021 por crímenes de guerra en los territorios palestinos ocupados, en los que son objeto de investigación Hamás y otros grupos armados palestinos, pero también el Ejército israelí.

#ICC Chief Prosecutor @KarimKhanQC is visiting #Israel at the request and invitation of survivors & the families of victims of the 7 October attacks.

The Prosecutor will also visit #Ramallah, State of #Palestine, meeting w/ senior Palestinian officials. pic.twitter.com/AK81hKd3f7

— Int’l Criminal Court (@IntlCrimCourt) November 30, 2023

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Khan afirmó tras su visita a Venezuela que la apertura de la oficina permitirá aumentar la escala y el impacto de la presencia de la CPI en el país, con el fin de identificar y apoyar «esfuerzos significativos» para mejorar las iniciativas de Justicia.

En noviembre de 2022, Khan solicitó a la Sala de Cuestiones Preliminares autorización para continuar con la investigación sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

«Esta oficina tiene como propósito suministrar asistencia técnica a las instituciones del sistema de Justicia venezolano, de modo que también puede servir como una oportunidad para coadyuvar al rescate de la institucionalidad del sistema de Justicia», añadió el fiscal.

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, aseguró que esta oficina tendrá como objetivo principal la asistencia técnica, la formación y la cooperación, en el marco de la complementariedad a la que se comprometieron las partes mediante la firma de un memorando de entendimiento.

«El foco del Estatuto de Roma son los cuadros medios y altos de la cadena de mando, porque son ellos los encargados de prohibir, de reprimir, de prevenir y de impedir que se cometan estos hechos», señaló Gómez Guaimar.

El abogado indicó que la instalación de la oficina en Caracas parte de un diagnóstico de lo que está mal y se debe mejorar, por lo que también tendrá un efecto de supervisión sobre las acciones del Estado.

«Toda la relación va a ser de supervisión, efectivamente, uno de los aspectos más importantes que mucha gente no ha notado y que no entiende es que para que se produzca el mecanismo de complementariedad, es necesario que haya esta supervisión», manifestó.

Gómez Guaimara agregó que, para lograrlo, se requiere la plena voluntad del Estado para implementar reformas sustanciales y significativas y así «recobrar» la independencia del Poder Judicial y su funcionalidad.

«La asistencia técnica va a procurar fortalecer el sistema de Justicia en Venezuela (…) lo que resultaría razonable es que establecieran unos plazos o que determinara alguna forma de rendición de cuenta o establecimiento de resultados en relación con la gestión de esa propia asistencia», señaló.

El abogado aseveró que la asistencia técnica va más allá de la formación a funcionarios y buscará generar condiciones reales para que existan investigaciones y enjuiciamientos por crímenes de lesa humanidad.

Para lograrlo, Gómez destacó la necesidad de que exista transparencia en la gestión, así como una comunicación permanente con la sociedad venezolana y con todos los actores interesados en la gestión de la CPI, lo que incluye a las ONG y las presuntas víctimas.

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Víctor De Abreu

Adelantó que él y su equipo visitaron el local en el que será instalada la oficina, un paso que, aseguró, permitirá una mayor colaboración «para garantizar que haya más justicia» en Venezuela.

#9Jun #CPI #Venezuela
Fiscal de la CPI, Karim Khan anuncia apertura de oficina en Venezuela: "Ahora vamos a poder trabajar de manera más cercana en el país" pic.twitter.com/9pHQPRL9lH – @AlbertoRodNews

— Reporte Ya (@ReporteYa) June 10, 2023

«Ahora vamos a poder venir más a menudo a Venezuela y trabajar de manera más cercana, de manera que podamos ayudar más con la asistencia técnica, con la capacitación para que Venezuela pueda hacer más para cumplir sus obligaciones en el marco del Estatuto de Roma», expresó el fiscal, sentado al lado de Maduro en el palacio presidencial, en Caracas.

El memorando firmado busca la «asistencia técnica y la asesoría» que la CPI brindará al país. Sin embargo, no ofreció información específica sobre el contenido del memorando.

La investigación está en manos de los jueces

Para noviembre de 2022, Khan solicitó a la Sala de Cuestiones Preliminares autorización para continuar con la investigación sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela -abierta en 2021-, después de que quedara en suspenso a solicitud de Caracas.

En este sentido, el fiscal aseguró que la continuidad o no de la investigación es un tema que «está sometido a los jueces».

En abril de 2023, el gobierno de Maduro acusó a Khan de «instrumentalizar» la justicia «con fines políticos», tras la publicación de un documento en el que la Fiscalía de la CPI desestima los argumentos presentados por el gobierno venezolano en torno a la investigación.

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@rafarias86

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Khan fue recibido la noche de este jueves por el presidente venezolano Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores, con el objetivo de establecer líneas de trabajo para que la CPI pueda desarrollar su trabajo en el país.

El encuentro se llevó a cabo en el despacho número 1 del Palacio de Gobierno, donde Khan estuvo acompañado por sus asistentes Jonathan Agar y Sarah Hishan; además de la asesora de cooperación internacional, Miia Aro Sánchez.

Khan sostuvo encuentro con Delcy Rodríguez y Gladys Gutiérrez

Horas antes de la reunión con el primer mandatario nacional, Khan se reunió con la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, como parte de la agenda de su tercera visita al país.

Tanto las autoridades de la CPI como del Gobierno venezolano se abstuvieron de ofrecer detalles sobre los puntos tratados en esta reunión. Apenas se informó del encuentro a través del canal del Estado, Venezolana de Televisión (VTV), quien transmitió imágenes del saludo inicial.

Tras la reunión con la vicepresidenta, Khan se trasladó a la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), donde se reunió con la presidenta del Poder Judicial, magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado.

A través de una nota de prensa, el TSJ indició que Gutiérrez le ofreció al fiscal de la CPI «consideraciones acerca de los logros obtenidos y la gestión que realiza al frente del Poder Judicial venezolano, destacando la labor permanente que se desarrolla para garantizar a los y las justiciables la tutela judicial efectiva, el debido proceso y la celeridad procesal».

Según la comunicación oficial, el encuentro también tomó en cuenta «los avances en la cooperación técnica prevista en el Memorándum de Entendimiento, en las materias que atañen al Poder Judicial venezolano, de acuerdo con el ordenamiento jurídico aplicable».

En el encuentro también participaron el magistrado Edgar Gavidia Rodríguez y el magistrado Henry José Timaure Tapia, primer y segundo vicepresidente del TSJ, respectivamente; el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos y agente del Estado ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Dr. Larry Devoe; así como el Dr. Federico Fuenmayor y el Dr. Julio Arias, asesores del Despacho de la Presidencia del TSJ.

Presidenta del TSJ sostuvo reunión con el Fiscal de la Corte Penal Internacional https://t.co/6ATUSEOff2 pic.twitter.com/IspSSd8DpA

— TSJ Venezuela (@TSJ_Venezuela) June 9, 2023

Más temprano, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó que sostuvo un encuentro con el fiscal Karim Khan, con el fin de evaluar la implementación del memorando de entendimiento suscrito entre el Estado y la CPI en noviembre de 2021.

«Hemos culminado la reunión en el despacho del @MinpublicoVEN con el ciudadano Fiscal de la CPI Karim Khan: donde intercambiamos opiniones en relación a los logros en materia de protección de los Derechos Humanos en #Venezuela», indicó Saab a través de su cuenta en la red social Twitter.

#AHORA… hemos culminado la reunión en el despacho del @MinpublicoVEN con el ciudadano Fiscal de la CPI @IntlCrimCourt Karim Khan: donde intercambiamos opiniones en relación a los logros en materia de protección de los Derechos Humanos en #Venezuela pic.twitter.com/s4p8EbwHdA

— Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) June 8, 2023

Asimismo, la reunión entre Saab y Khan estuvo enfocada en «la implementación del Memorándum de entendimiento, suscrito entre el Estado Venezolano y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional», agregó el fiscal.

Actualización informativa

Así, en esta breve visita a Venezuela, el fiscal Khan se reunió con Maduro, el fiscal Saab, la presidenta del TSJ, Gladys Gutiérrez, y la vicepresidenta Delcy Rodríguez, pero no con las víctimas. Tampoco hubo declaración a la prensa sobre la agenda.

El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) criticó este viernes la falta de información de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre la visita del fiscal Karim Khan al país.

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La información fue dada a conocer por Khan durante una rueda de prensa al concluir su agenda en Colombia, donde se reunió con el primer mandatario de ese país, Gustavo Petro.

“El derecho y la justicia internacional es demasiado importante como para dejarla a jueces y fiscales (solamente), todo el mundo debe tener una participación. Después de esta misión a Colombia y a Venezuela, cuando yo regrese, tendré unas reuniones con la sociedad civil”, indicó el fiscal en declaraciones a la prensa.

De momento, las autoridades del gobierno venezolano no han confirmado una nueva visita del fiscal Khan.

La organización de Derechos Humanos Provea confirmó la visita del fiscal a través de su cuenta en Twitter, al tiempo que rechazó que no existiera un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades venezolanas.

“Fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, anuncia que visitará Venezuela tras finalizar hoy su visita oficial a Colombia. Para Venezuela, opacidad total. No hubo ningún anuncio oficial de las autoridades venezolanas sobre la visita a Venezuela del fiscal”, indicó la ONG a través de Twitter.

URGENTE

Fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, anuncia que visitará Venezuela tras finalizar hoy #7Jun su visita oficial a Colombia:

“El derecho y la justicia internacional es demasiado importante como para dejarla a jueces y fiscales, debe incluir a todo el mundo”… pic.twitter.com/TXUOMBCELr

— PROVEA (@_Provea) June 7, 2023

«Para Venezuela opacidad total. No hubo ningún anuncio oficial de las autoridades venezolanas sobre la visita a Venezuela del Fiscal. Mientras que para Colombia la visita fue anunciada desde el 26 de mayo por un magistrado y luego ratificada el 31 de mayo por el presidente, Gustavo Petro, la cual inició el 5 de junio en ese país», agregó la organización.

Gobierno venezolano rechaza el trabajo de Karim Khan

El gobierno venezolano rechazó en los últimos meses la investigación de la Corte Penal Internacional (CPI) contra el Ejecutivo por crímenes de lesa humanidad, así como el trabajo que ha realizado el fiscal Karim Khan en el acompañamiento de las denuncias.

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, acusó a Karim Khan a finales de abril de perseguir jurídicamente a Venezuela, al tiempo que apoya la exigencia del Gobierno venezolano de que se detenga la investigación de la CPI por crímenes de lesa humanidad, como requisito para reanudar el diálogo político con la oposición venezolana.

“La paralización de ataques en tribunales internacionales, eso incluye la Corte Penal Internacional, manejada por Estados Unidos, con un fiscal designado por Estados Unidos, solo para perseguir a Venezuela”, indicó Cabello en su programa Con el Mazo Dando.

Días antes, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, indicó que la reanudación de la mesa de negociación con la oposición dependía del cese de la investigación en la Corte Penal Internacional (CPI), así como el levantamiento de las sanciones y la liberación de los activos en el exterior.

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“OTPLink proporcionará un punto de acceso único y claro. Esta innovadora aplicación combina el uso de la tecnología moderna avanzada y el derecho internacional, brinda a los usuarios un método seguro y sin problemas para presentar evidencia potencial en tiempo real desde cualquier dispositivo habilitado para la web, acercando de manera efectiva los eventos relevantes a la sala del tribunal”, informó Khan.

El fiscal aseguró que la nueva plataforma “garantiza que la información se recopile de forma rápida, segura y segura”, al tiempo que aseveró que la misma agiliza el proceso de revisión manual tradicional, «al permitir que la Oficina maneje mayores volúmenes de información utilizando Inteligencia Artificial (AI) y Machine Learning (ML) para ofrecer una mayor comprensión de la información recibida, reduciendo significativamente el tiempo requerido para revisarla y actuar en consecuencia”.

Khan destacó que la aplicación cumple con los estándares internacionales de manejo de evidencia, mediante el uso de un rastro de cadena de custodia digital, con el fin de preservar la integridad de la evidencia.

“Espero que el lanzamiento de OTPLink empodere aún más a todas nuestras partes interesadas, ya sean comunidades afectadas, la sociedad civil o las autoridades nacionales, permitiéndoles compartir información de manera más fácil y segura con mi Oficina, y fortaleciendo la base de nuestro trabajo común para hacer justicia por los crímenes del Estatuto de Roma”, concluyó Khan.

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El Ministerio de Interior ruso publicó una captura de pantalla de su sistema de búsqueda, en el que figura la foto y otros datos personales del fiscal, quien preside la CPI.

Hace pocos días, el presidente del Comité de Investigación de Rusia, Alexandr Bastrikin, anunció que también emitirían orden de captura contra los demás jueces de la CPI: Tomoko Akane, Rosario Salvatore Aitala y el costarricense Sergio Gerardo Ugalde Godínez.

La CPI emitió el pasado 17 de marzo una orden de arresto contra Putin como “presunto responsable” del secuestro de niños y su traslado de zonas ocupadas en Ucrania hacia Rusia, lo que representa un crimen de guerra.

El Comité de Instrucción de Rusia (CIR) respondió a la orden de arresto e inició una investigación penal contra el fiscal y los jueces de la CPI, al señalar que la persecución penal del presidente ruso “tiene un deliberado carácter ilegal, ya que no hay motivos para imputar una responsabilidad criminal”.

Según el CIR, las acciones del fiscal representan delitos contemplados por el código penal ruso, al adoptar medidas contra el representante de un Estado protegido por las normas internacionales “con el fin de entorpecer las relaciones internacionales”.

El organismo ruso aseveró que, de acuerdo con las convenciones internacionales, los jefes de Estado tienen “inmunidad absoluta” con respecto a la jurisdicción de otros países.

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La Sección de Participación de Víctimas y Reparaciones (VPRS) fue encargada de recopilar las opiniones e inquietudes ante la solicitud de la Fiscalía. Como resultado de la amplia participación de las víctimas, la sección referida recibió 1.875 solicitudes que contenían formularios, videos y correos electrónicos.

La sala ordenó a la VPRS que presentara las observaciones de las víctimas junto con un informe consolidado antes del 20 de abril de 2023, lo que explica la publicación del informe en la fecha de hoy.

El documento, que tiene 57 páginas, no contiene información que identifique a las víctimas o cualquier otra persona u organización que haya participado en el proceso. Esto garantiza que el gobierno de Venezuela no tendrá acceso a los documentos presentados por las víctimas.

#Venezuela. URGENTE: La Sala de Víctimas de la @IntlCrimCourt informa:
La Sala ordenó a la VPRS que transmitiera las observaciones de las víctimas y que las presentara junto con un informe consolidado al respecto y fijó como fecha límite el 20 de abril de 2023.

— Tamara Suju (@TAMARA_SUJU) April 21, 2023

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Gabriel Velásquez

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A través de un comunicado, la Cancillería respondió al informe del fiscal de la CPI, Karim Khan, donde revela presuntas violaciones a los derechos humanos en Venezuela.

“Una vez más, el Fiscal de la Corte Penal Internacional da muestras de una visión claramente prejuiciada en relación con Venezuela, reproduciendo sin ponderación las campañas que pretenden instrumentalizar el tema de la justicia y los derechos humanos con fines políticos, en perjuicio de la seriedad y rigurosidad que se espera de una instancia internacional de tanta relevancia”, señaló la Cancillería.

El gobierno venezolano afirmó que en el país «nunca han ocurrido» crímenes de lesa humanidad y aseveró que se trata de «falacias de la agresión mediática y geopolítica».

“Las afirmaciones recientemente presentadas por el Fiscal para nada desvirtúan los irrebatibles planteamientos realizados por Venezuela. Por el contrario, confirman que la CPI carece de competencia para conocer de los hechos presentados por el Fiscal Khan, a la luz de lo dispuesto en el Estatuto de Roma y la jurisprudencia de ese organismo internacional”, señaló el régimen de Maduro.

A través de un documento publicado por la CPI, el fiscal Khan acusó al gobierno venezolano de implementar un plan sistemático de ataques contra la población civil, mediante persecución, encarcelamientos y torturas.

Finalmente, la Cancillería venezolana aseguró que seguirá “ejerciendo todas las acciones disponibles para hacer prevalecer la verdad y defender sus derechos como Nación, frente a esta expresión de ‘lawfare’ que abiertamente utiliza la institucionalidad de la Corte Penal Internacional con fines políticos”.

#Comunicado | Gobierno Bolivariano rechaza señalamientos del fiscal de la CPI Karim Khan sobre asunto «Venezuela I» (+Detalles) 👇https://t.co/seOmfXHG59 pic.twitter.com/hxCFzWyNVo

— Cancillería Venezuela 🇻🇪 (@CancilleriaVE) April 3, 2023

“Lawfare” es una expresión utilizada por algunos líderes latinoamericanos para describir una supuesta «guerra judicial» en su contra, por hechos ocurridos durante sus respectivos gobiernos.

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Víctor De Abreu

Con información de Monitoreamos y otros medios nacionales

Fuente imagen referencial:  OIM, vía web

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Según el informe presentado por Khan, el Estado venezolano no ha demostrado que la CPI carece de jurisdicción y que las investigaciones presentadas por Venezuela «no reflejan suficientemente la investigación prevista por la Corte» porque, a su juicio, no se han hecho averiguaciones reales contra la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en el país.

Así, dicha la Fiscalía considera que hay una «base razonable» para pensar que en Venezuela sí hubo vulneraciones a los derechos fundamentales de los ciudadanos, que deben ser ser investigadas a fondo y ser procesadas en caso de ser necesario.

Sin embargo o no obstante, reconoció los esfuerzos del Estado para adelantar procesos legales y esclarecer los hechos, pero advierte que han sido pocos en relación a la cantidad de denuncias y que las investigaciones solo tocaron a funcionarios de bajo rango y autores materiales, sin escalar a otras instancias responsables a nivel intelectual.

Aspectos resaltantes del documento de la CPI

#SepaQue La Fiscalía de la Corte Penal Internacional desestimó cada uno de los argumentos presentados por el gobierno de Nicolás Maduro, que pretendían negar que en Venezuela se cometieron delitos y ataques sistemáticos contra la población civil. https://t.co/qMaxZ2FORT

— Efecto Cocuyo (@EfectoCocuyo) April 1, 2023

La Fiscalía de la CPI refutó el argumento del Estado respecto a la transitoriedad de las detenciones durante las manifestaciones, alegando que el hecho de argumentar que fue un tiempo breve el que estuvieron tras las rejas los manifestantes, «no desaplica los elementos materiales para la privación de la libertad física».

De igual forma, indica que para que haya una acusación de supuesta tortura, obligatoriamente la víctima tiene que estar bajo custodia o bajo control de quien ejerce la acción, por lo que la Fiscalía de la CPI señala que grupos civiles armados pueden ejercer este tipo de acciones al igual que funcionarios adscritos a cuerpos de seguridad.

En el documento-respuesta se diferencia también y señala que los delitos por tratos crueles y violación u otras formas de violencia sexual, se componen de elementos distintos y contemplan diferentes intereses y daños protegidos.

«Una investigación o condena por los delitos anteriores puede no abordar necesariamente todos los mismos hechos ni reflejar el daño diferenciable sufrido por una víctima del delito de violación o de otras formas de violencia sexual», señala el texto.

Además, refuta que exista incertidumbre respecto al delito de persecución, como alega el Ejecutivo venezolano, y recuerda que es considerado un crimen desde 1945.

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DOBLE LLAVE

Con información de Unión Radio, agencias, medios nacionales e internacionales y redes sociales

Fuente imagen referencial: Human Rights Watch, vía web

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El documento emitido específicamente por la Presidencia de la Asamblea de los Estados Partes, y que está integrada por los 123 países miembros, “deplora las «amenazas contra la CPI, así como contra su Fiscal y sus jueces”, indicó el organismo.

El comunicado surge después de las declaraciones del expresidente ruso, Dimitri Medvedev, quien expresó que los jueces de dicho tribunal internacional “mirasen al cielo con atención” en referencia a un ataque con misiles.

En este orden de ideas, Rusia, que no forma parte de la CPI, anunció el lunes la apertura de una causa penal contra el fiscal principal del tribunal, Karim Khan y contra tres magistrados.

El Comité de Investigación de Rusia inició una causa penal contra los jueces de la Corte Penal Internacional (CPI) y el fiscal jefe de la misma por haber emitido órdenes de arresto contra Putin. #TVVNoticias #Mundo #Rusia pic.twitter.com/UN23SArq9I

— TVV Noticias (@TVVnoticias) March 23, 2023

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Gabriel Velásquez

Con información de medios internacionales y redes sociales

Fuente imagen referencial: Wikimedia, vía web

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Khan expresó que sus últimas visitas les han permitido dar pasos claves en lo referente a la investigación, profundizando el compromiso con las autoridades nacionales y tras «reunirnos con las personas afectadas por presuntos crímenes internacionales en Ucrania. Me voy de Ucrania con la sensación de que el impulso hacia la justicia se está acelerando”.

Aseguró que durante su visita se reunió en dos ocasiones con el presidente Volodimir Zelensky. “Nuestro mensaje común fue claro: la búsqueda de la justicia es colectiva y requiere colaboración y comunicación efectiva, respetando el ejercicio independiente de los respectivos mandatos de mi Oficina y los de las autoridades ucranianas”, dijo Khan en el escrito.

“Mi oficina sigue comprometida a continuar trabajando con todos los socios, a través de la sociedad civil, las autoridades nacionales y las organizaciones internacionales, para que podamos obtener resultados tangibles y demostrar la relevancia del estado de derecho en tiempo real. También me comunicaré una vez más con las autoridades de la Federación Rusa y buscaré su cooperación con mi Oficina”, agregó.

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Gabriel Velásquez

Con información de medios internacionales y redes sociales

Fuente imagen referencial: Frontera Viva, vía web

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