Además, sentenció a 63 colaboradores de estos funcionarios entre agosto de 2017, desde cuando el funcionario suele hacer los balances a propósito de su llegada al Ministerio Público (MP, Fiscalía), hasta agosto de este año, para un total de «644 sujetos condenados en los últimos siete años por violar derechos humanos en Venezuela».

Por otra parte, indicó que, en ese período, el MP imputó a 2.536 funcionarios de seguridad del Estado por «presuntas vulneraciones a los derechos humanos», además de 83 particulares señalados como colaboradores.

Saab, cuyas declaraciones fueron transmitidas por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), cuestionó otra vez a la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU para Venezuela, a la que acusó de elaborar informes «piratas».

Recientemente, el MP aseguró que los miembros de esa Misión presentaron información «sesgada», «incontrastable» y sin «detalles ni evidencias» que «permitan su revisión», en su último informe.

Qué dijo la Misión

La Misión, creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2019, aseguró haber recibido denuncias de torturas, tratos crueles e inhumanos contra personas detenidas en el contexto de las protestas registradas en la nación caribeña contra el resultado oficial de las elecciones del 28 de julio, que dio la victoria a Nicolás Maduro, cuestionada dentro y fuera del país.

Asimismo, reveló que pudo confirmar que en las protestas poselectorales al menos 158 menores de edad fueron detenidos y que algunos de estos sufrían discapacidad y fueron acusados de delitos graves, como terrorismo o incitación al odio, por lo que pidió a la comunidad internacional que no caiga en el cansancio ni normalice lo que está ocurriendo en el país.

A juicio de la Fiscalía, ese reporte está diseñado para «alimentar los ataques contra Venezuela».

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González Urrutia, que fue candidato presidencial en las elecciones del pasado 28 de julio, mantendrá un encuentro con Sánchez en cuanto sea posible, dado que el gobernante español se encuentra de viaje oficial en China, apuntaron las fuentes.

El ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, avanzó que Edmundo González recibirá asilo en España, solicitado por el propio opositor, y aseguró que el gobierno no ha aceptado «ninguna exigencia ni ha habido ninguna negociación» con el gobierno venezolano para facilitar su salida del país.

Según explicó en varias entrevistas en la emisora de radio Onda Cero y la televisora Telecinco, sólo ha habido «contactos operativos» para que González pudiera salir de Venezuela.

También la ministra de Defensa, Margarita Robles, negó «categóricamente» que haya habido algún tipo de negociación y se refirió a «cuestiones puramente técnicas» para las autorizaciones de vuelo del avión de la Fuerza Aérea española que lo llevó a Madrid.

Las cuestiones técnicas, según Robles, se refirieron concretamente a la concesión del permiso del vuelo y la autorización para llegar al aeropuerto de Caracas a recoger a González Urrutia.

La justicia venezolana había ordenado la detención de González Urrutia a petición de la Fiscalía, que lo investigaba por la publicación de las actas de votación en internet que acreditarían su victoria en los comicios presidenciales, al contrario que el resultado oficial, que dio el triunfo al actual presidente, Nicolás Maduro.

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«Dicha orden de aprenhensión cita varios supuestos delitos que no son más que otro intento de silenciar al señor González y desconocer la voluntad popular venezolana», alertó en un comunicado conjunto Argentina, Costa Rica, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana.

La Fiscalía y un tribunal venezolano articularon la orden de arresto

Por solicitud del Ministerio Público un tribunal emitió una orden de arresto contra el abanderado opositor, de 75 años de edad, por la publicación de las actas que recibieron y conservaron sus testigos de mesa al cierre de las elecciones presidenciales del 28 de julio.

El abanderado de la oposición aseguró que las actas reflejan la decisión que la mayoría de los venezolanos tomó a través del voto

La Fiscalía lo investiga por la presunta comisión de los delitos de: usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de las leyes, conspiración, sabotaje, daños a sistemas y asociación para delinquir.

Son varias las naciones, americanas y europeas, que rechazan la medida

En el comunicado conjunto, los países recalcaron que en Venezuela «no hay separación de poderes ni las garantías judiciales mínimas».

«Nuestros esfuerzos serán firmes y continuos para exigir a las autoridades venezolanas garantizar la vida, la integridad y la libertad de Edmundo González Urrutia», precisa el texto.

Brian Nichols, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de EE.UU., afirmó que la orden de detención es «injustificada».

Por su parte, Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y de Seguridad, exhortó a las autoridades venezolanas a respetar la libertad, integridad y derechos humanos de Edmundo González Urrutia.

Rechazo categóricamente la orden de aprehensión contra @EdmundoGU y exhorto a las autoridades venezolanas a que respeten su libertad, integridad y derechos humanos. Basta de represión y acoso a la oposición y la sociedad civil. La voluntad del pueblo venezolano debe ser respetada

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) September 3, 2024

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Fuente de imagen referencial: EFE/Henry Chirinos

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“Aprovecho para que las autoridades jurisdiccionales, judiciales, del Reino de España respeten las exigencias del ordenamiento legal venezolano y extraditen a los delincuentes que escapan y huyen de la justicia venezolana y residen hoy en aquel país”, dijo Plasencia durante una declaración a los medios.

Pese a que no se refirió a ningún caso concreto, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) solicitó a España en mayo de 2021 la extradición del opositor Leopoldo López, quien, en octubre de 2020, abandonó su país de forma clandestina, a través de la frontera con Colombia.

En el pasado mes de noviembre, Nicolás Maduro dijo que las autoridades de su país iban a solicitar a España la extradición de la persona que ordenó un supuesto plan para sabotear las elecciones regionales y locales celebradas el 21 de noviembre y que su gobierno identificó como William Sánchez.

Tras hacer pública la solicitud, explicó también que iba a pedir la investigación y captura de Leopoldo López por ser jefe de esta “banda terrorista”.

Entre los casos más destacados, el fiscal general Tarek William Saab informó en septiembre que su país había solicitado a España la extradición del exgeneral Hugo Carvajal, quien fue capturado en Madrid el pasado 10 de septiembre.

Carvajal está acusado en Venezuela por los delitos de traición a la patria, conspiración continuada, financiación del terrorismo y asociación, recordó entonces Saab.

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Gabriela Morales

Con información de agencias de noticias y medios internacionales

Además, los tribunales que llevan causas sin detenidos continuarán laborando de acuerdo con el programa de semanas flexibles por la pandemia del Covid-19, con el objetivo de consolidar una “revolución del Sistema de Justicia”.

Según el presidente del TSJ, el sistema de justicia venezolano se fortalecerá

Al respecto, Moreno discutió este plan con los magistrados, jueces y juezas para atender el llamado del presidente, Nicolás Maduro y expreso satisfacción de emprender el «fortalecimiento de la justicia venezolana«, y redoblar “esfuerzos para continuar brindando el mejor servicio a la población”.

Además, precisó que todos los juzgados ejecutan un plan de celeridad procesal en los centros de detención preventiva. Éste cuenta con el acompañamiento del Ministerio Público, la Defensa Pública y el Ministerio del Servicio Penitenciario.

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Gabriel Velásquez

Con información de medios nacionales y redes sociales