Humala, de 59 años de edad, es un exteniente coronel del ejército que gobernó entre 2011 y 2016, a quien la fiscalía acusa de lavado de activos por recibir aportes ilegales de tres millones de dólares para la campaña que lo llevó al poder.

“Este juzgado va a llevar a cabo este proceso penal a nivel de juzgamiento: la audiencia es virtual por motivos de salud pública”, dijo la presidenta del tribunal Nayko Coronado al dar inicio a la primera audiencia, según imágenes de televisión que transmite en vivo la sesión.

La fiscalía solicitó 20 años de cárcel para Humala y 26 años para su esposa por “ocultamiento de compras de bienes inmuebles con dinero de Odebrecht”. Esas compras habrían ocurrido con parte de los aportes de campaña, según la investigación fiscal.

La fiscalía peruana presentó al juzgado una relación de 285 testigos para interrogar por este caso

La jueza Coronado, del Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional, preside el tribunal de tres magistrados que decidirá la suerte de la pareja Humala y otros nueve acusados, entre ellos el hermano y la madre de Nadine Heredia.

La acusación presentada en 2019, incluye un pedido para que se disuelva el Partido Nacionalista Peruano de Humala, sindicado como una banda que habría recibido dinero ilegal para financiar las campañas de 2011 y 2006.

La fiscalía sostiene que ya en la campaña de 2006 la pareja habría desviado unos 200.000 dólares, enviados supuestamente por el entonces presidente de Venezuela Hugo Chávez.

El exmandatario y su esposa ya estuvieron nueve meses en prisión preventiva en 2017-2018 por este caso. Ambos rechazan las acusaciones.

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Gabriela Morales

Con información de agencias de noticias y medios internacionales

Tras la decisión, en Madrid la compañía petrolera garantizó que continuará “cooperando plenamente” con la justicia peruana y que su principal preocupación es la “limpieza del medio ambiente”.

El derrame de unos 6.000 barriles de crudo, calificado como “desastre ecológico” por el gobierno, ocurrió mientras el buque tanque “Mare Doricum”, de bandera italiana, descargaba en la refinería de La Pampilla en Ventanilla, 30 km al norte de Lima, de propiedad de Repsol.

La mancha negra de crudo fue arrastrada por las corrientes marinas a unos 140 km al norte de la refinería, según la fiscalía, lo que provocó la muerte de una cantidad indeterminada de peces y aves marinas.

La empresa atribuyó el accidente al oleaje causado por la erupción volcánica en Tonga

Además, dejó sin trabajo a cientos de pescadores artesanales, que protagonizaron protestas contra la compañía española.

De esta manera, al jefe de Repsol Perú lo investigará la fiscalía como presunto autor del delito de “contaminación del ambiente en agravio del Estado peruano” y a los otros tres directivos como “cómplices”.

La ley peruana tipifica penas de entre cuatro y seis años de prisión para este delito, indicó la fiscal Rosa Gonzales en la audiencia.

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Gabriela Morales

Con información de agencias de noticias y medios internacionales