El Tribunal Oral Federal 2 había condenado en diciembre de 2022 a Fernández por el delito de administración fraudulenta de fondos públicos por la causa conocida como «Vialidad», en la que se investigaron irregularidades en la concesión de 51 obras viales a firmas del empresario Lázaro Báez durante el Gobierno del fallecido Néstor Kirchner (2003-2007) y el de su esposa y sucesora Cristina Fernández en la austral provincia de Santa Cruz, cuna política del kirchnerismo.

El tribunal de alzada compuesto por Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña resolvió hoy «condenar a Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner a la pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por considerarla autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública».

Esta decisión obstaculizaría una posible candidatura de la exmandataria en las elecciones legislativas previstas para el año próximo, aunque se prevé que Fernández presente una apelación ante la Corte Suprema, un proceso que podría extenderse por varios meses o incluso años.

Argumentos de Fernández

Fernández, quien ha asegurado en varias oportunidades ser blanco de ‘lawfare’ (hostigamiento judicial y político), sostuvo que la causa «Vialidad» es un «show» cuyo «verdadero objetivo» es lograr su ihabilitación para desempeñar cargos públicos a perpetuidad.

Además, denunció falta de imparcialidad de los jueces que confirmaron su condena y destacó sus vínculos con el expresidente argentino Mauricio Macri (2015-2019).

Más allá de ratificar la condena por el delito de administración fraudulenta de fondos públicos, la Cámara rechazó el pedido de la Fiscalía de condenarla también por el delito de asociación ilícita y ratificó las condenas a otros de los implicados.

Por otra parte, los jueces confirmaron las absoluciones del exministro de Planificación Federal Julio De Vido, del ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala, del ex funcionario de Vialidad de Santa Cruz Héctor Garro y de Carlos Kirchner, primo del fallecido ex presidente Néstor Kirchner y ex funcionario de Planificación Federal.

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— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) November 13, 2024

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DOBLE LLAVE

Con información de EFE Servicios

Fuente de imagen referencial: EFE/Juan Igancio Roncoroni

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De acuerdo con las palabras de la cancillería argentina este miércoles 11 de agosto, mediante un comunicado, «ocupar un cargo en el gobierno iraní, en este caso como Ministro del Interior, constituye una ofensa a la justicia argentina y a las víctimas del brutal atentado terrorista» contra la AMIA.

De esta manera, la cancillería agregó que Vahidi es reclamado por las autoridades argentinas por haber participado en la toma de decisión y en la planificación del crimen y «sobre él pesa una orden de captura internacional de INTERPOL», añadió.

Anteriormente, Argentina expresó una preocupación parecida en 2009, cuando Vahidi fue designado como ministro de Defensa iraní, por lo que volvió a pedir a Irán que colabore con la justicia, reseñó el portal VOA.

Argentina solicita que Ahmad Vahidi sea juzgado por sus actos contra la AMIA

El documento enfatizó que, «el gobierno argentino exige una vez más al gobierno de la República Islámica de Irán, cooperar de manera plena con la justicia argentina, permitiendo que las personas que han sido acusadas de participar en el atentado contra la AMIA sean juzgadas por los tribunales competentes».

El gobernante iraní, Ebrahim Raisi, ganó las elecciones el pasado mes de junio, consecutivamente presentó su nuevo gabinete.

El Gral. Ahmad Vahidi es el nuevo Ministro del Interior de Iran….con captura ordenada por la justicia argentina y “alerta roja” internacional de INTERPOL, por el atentado contra la AMIA de 1994…. pic.twitter.com/AJhNMPxCfa

— Diego Ramiro Guelar (@diegoguelar) August 11, 2021

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María Gabriela Moncada

Con información Informe21, VOA y redes sociales