«Yo sigo sometido a juicio, esa es la verdad», indicó el exdiputado en una rueda de prensa en Caracas, al informar que luego de nueve meses detenido pudo designar a su abogado privado para su defensa.

Guanipa recibió el pasado 19 de febrero una notificación escrita con su «libertad plena» tras recibir la visita de un comisario que le informó que la medida se daba gracias «a la Ley de Amnistía promulgada por la señora Delcy Rodríguez».

Sin embargo, señaló que posteriormente el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, dijo que su libertad no era consecuencia de la norma sino que fue por una «concesión» del Gobierno encargado.

El dirigente político dijo que está acusado de traición a la patria, terrorismo, obstrucción a la administración de justicia, asociación para delinquir, así como conspiración con otros países.

Asimismo, exigió que le levanten «el bloqueo» en el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) ya que, relató, desde hace 10 años no puede renovar sus documentos de identidad.

«Yo no tengo pasaporte sino vencido hace unos siete años porque no ha sido posible que me desbloqueen en el Saime«, sostuvo.

También le pidió al Ministerio Público (MP, Fiscalía) que le sean devueltos los bienes que le incautaron cuando lo detuvieron en mayo del año pasado.

Guanipa fue liberado en febrero pasado tras aprobarse una histórica Ley de Amnistía que, en teoría, cubre un período establecido entre 1999 y 2026, pero especifica 13 coyunturas políticas desde 2002.

Estaba en arresto domiciliario desde el pasado 10 de febrero, luego de ser excarcelado por unas horas y detenido nuevamente tras encabezar una caravana a favor de los presos políticos.

La Ley de Amnistía establece la creación de una comisión especial que vele por el cumplimiento de la norma, así como para revisar aquellos casos que no estén contemplados en la legislación.

De interés: Juan Pablo Guanipa aboga por la liberación de todos los presos políticos militares  

Con información de EFE Servicios y redes sociales

Fuente de imagen referencial: EFE/Ronald Peña

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Los nueve congresistas demócratas que ejercerán como fiscales en el juicio presentaron el cargo después de que la Cámara Baja lo aprobara el pasado 13 de enero con 232 votos a favor  y 197 en contra.

Será la primera vez que el Senado juzgue a un expresidente, lo que levantó reticencias entre algunos republicanos, que cuestionan la legalidad del proceso.

Este proceso podría conducir a la inhabilitación política

Para que el Senado condene a Trump, que tendría como consecuencia su inhabilitación política, se requiere un mínimo de 67 votos o dos tercios, un número improbable de alcanzar dado que demócratas y republicanos se reparten 50 escaños.

En caso de que todos los demócratas voten a favor de condenar a Trump, 17 legisladores republicanos también tendrían que hacerlo y tan solo algunos, incluido su líder, Mitch McConnell, mostraron ambigüedad respecto a su posición.

McConnell y el nuevo líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, anunciaron la semana pasada un acuerdo sobre las normas que regirán en el juicio político y un calendario para darle inicio la semana del 8 de febrero.

El calendario satisface las demandas de los republicanos, que habían pedido tiempo para que Trump pudiese preparar su defensa

Este será el segundo “impeachment” contra Trump, que salió airoso del primero a comienzos de 2020 por sus presiones a Ucrania para que investigara por supuesta corrupción al actual presidente de EE.UU., Joe Biden.

Trump es el primer mandatario en ser sometido a dos juicios políticos y en esta ocasión afronta el cargo de incitar a la «insurrección» por el asalto violento al Capitolio del pasado 6 de enero de una turba de sus seguidores, que dejó cinco muertos, entre ellos un policía.

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Gabriela Morales

Con información agencias y medios internacionales