Se trata de una nueva ronda de sanciones contra ese organismo por parte de la Administración de Donald Trump, que en febrero sancionó al fiscal de la CPI, Karim Khan.

Los jueces sancionados por Rubio son Solomy Balungi Bossa, de Uganda; Luz del Carmen Ibáñez Carranza, de Perú; Reine Adelaide Sophie Alapini Gansou, de Benín; y Beti Hohler, de Eslovenia.

Según el Departamento de Estado, estos «individuos participaron en los esfuerzos de la CPI para investigar, arrestar, detener o enjuiciar a ciudadanos de Estados Unidos o Israel, sin el consentimiento de estos últimos».

Sanciones contra la CPI

Trump firmó en febrero pasado una orden ejecutiva para imponer sanciones a funcionarios de la CPI, organismo que emitió una orden de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, por supuestos crímenes de guerra y de lesa humanidad en la Franja de Gaza.

La CPI, que se creó a través del Estatuto de Roma, es un tribunal internacional con la misión de juzgar a personas acusadas de crímenes de guerra, lesa humanidad, genocidio y agresión.

Sin embargo, países clave como Estados Unidos, China, Rusia e Israel no son miembros de la Corte y, por lo tanto, no reconocen su jurisdicción ni la respaldan cuando se trata de casos que les afectan a ellos mismos o sus aliados.

Cuando los crímenes se cometen en el territorio de un país miembro, como lo es Palestina, la CPI si tiene jurisdicción para abrir una investigación, aunque los autores sean nacionales de un país no miembro.

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Las decisiones complican el uso que el gobierno de Trump ha estado dando a una ley del siglo XVIII, conocida como ley de Enemigos Extranjeros, para sacar del país a los migrantes sin posibilidad de que apelen sus casos.

Las demandas, presentadas en Texas y en Nueva York por la organización Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), fueron presentadas en respuesta a una decisión del Supremo este lunes que dio vía libre al gobierno para las expulsiones, haciendo la salvedad de que los migrantes tienen derecho al debido proceso y de ser notificados de que serán trasladados.

En una orden temporal, el juez Fernando Rodríguez respondió a una demanda presentada en representación de tres venezolanos retenidos en el centro de detención El Valle, al sur de Texas.

En el documento, el juez señala que es altamente probable que el gobierno use la polémica ley de enemigos extranjeros, invocada por el presidente Donald Trump, para expulsar a los hombres.

El gobierno ha estado usando esta norma para trasladar a migrantes detenidos en EE.UU. hacia una megacárcel en El Salvador, acusándolos de pertenecer a la banda criminal transnacional Tren de Aragua.

En su decisión, el juez Rodríguez señala que una vez una persona es enviada a El Salvador existe una «probabilidad sustancial» de que no pueda ser retornada a EE.UU., citando el caso de un salvadoreño residente en Maryland que fue trasladado a la prisión centroamericana a pesar de tener un estatus legal en Estados Unidos.

Por otro lado, el juez Alvin Hellerstein, en el estado de Nueva York, emitió una orden estipulando que los migrantes venezolanos en su jurisdicción tienen derecho a una audiencia para contestar su caso antes de que se decida si son o no trasladados fuera de EE.UU.

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En un breve mensaje en X, el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, elogió hoy el papel de la anterior presidenta de la CIJ, la estadounidense Joan Donoghue. “Estamos firmemente comprometidos con la CIJ y su papel para promover la paz en todo el mundo”, señaló Washington.

El juez Salam, nacido en Beirut en 1953, ha sido miembro de este tribunal desde febrero de 2018, y, entre otros cargos, representó al Líbano ante las Naciones Unidas entre 2007 y 2017.

Mientras, la magistrada Sebutinde, nacida en Entebbe (Uganda) en 1954, es miembro del tribunal desde 2012, fue reelegida en 2021. Antes de incorporarse a la CIJ, fue magistrada del Tribunal Especial para Sierra Leona de 2005 a 2011.

Su nombre destacó recientemente entre sus compañeros de la CIJ por ser la única del panel de jueces en votar contra las medidas cautelares dictadas el 26 de enero contra Israel para exigirle castigar y prevenir un genocidio contra la población palestina de Gaza.

La jurista Sarah Cleveland es la nueva miembro estadounidense del tribunal. También se han incorporado como novedad el juez mexicano Juan Manuel Gómez Robledo, el rumano Bogdan-Lucian Aurescu, y el sudafricano Dire Tladi, mientras que el resto del panel se mantiene con los mismos rostros.

La CIJ está compuesta por 15 jueces con mandatos de nueve años y son elegidos por la Asamblea General de Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad, con votos separados pero simultáneos durante la sesión anual de otoño en Nueva York. Todos los países tienen derecho a proponer candidatos, pero no podrán incluir en la CIJ a más de un nacional de un mismo país.

PRESS RELEASE: Judge Nawaf Salam (#Lebanon) was today elected President of the #ICJ by his peers, for a term of three years https://t.co/n616p9dzv1 pic.twitter.com/FAWhOhFWb7

— CIJ_ICJ (@CIJ_ICJ) February 6, 2024

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De acuerdo con los datos oficiales, en 2023 se emitieron 459.959 sentencias, mientras que en 2022 fueron 423.242 decisiones, un incremento alcanzado gracias a políticas implementadas por el Supremo para «agilizar los procesos judiciales», dijo la presidenta del TSJ, Caryslia Rodríguez, en la presentación del informe anual.

La magistrada, designada este mes en sustitución de Gladys Gutiérrez, quien estuvo en el cargo desde abril de 2022, aseguró que el «incremento de los índices de productividad judicial» conllevó a que se resolvieran «más casos en menos tiempo».

Indicó que, en 2023, las distintas salas del Supremo dictaron 5.971 sentencias, mientras que los tribunales dictaron 453.988, para un total de 459.959 decisiones.

Por otra parte, señaló que, en 2023, se designaron 763 jueces provisorios y suplentes y se inauguraron 25 tribunales, así como 11 espacios como salas de audiencias.

Más de cinco mil sentencias dictadas por el TSJ en 2023#VenezuelaJusticiaSoberanahttps://t.co/NMiwRbLIDI pic.twitter.com/YzCDVk1D2L

— VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) January 31, 2024

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Fiorella Tagliafico

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A pesar de las controversias que ha generado el uso de ChatGPT, en particular en los procesos judiciales, Reino Unido apuesta por un buen uso por parte de los jueces de la región, ya que se trata de una asistencia y no de una decisión para aplicar a ciegas.

En este sentido, la Corte Suprema, que aprobó el uso a inicios de este mes en la redacción de sentencias judiciales y otros fallos legales, las mismas deben apegarse a las normas recogidas en una guía de uso oficial.

Un comunicado del organismo indica que el uso de la IA “en toda la sociedad está en aumento, al igual que sucede en los tribunales”. La guía de procedimiento “detalla la importancia de la privacidad en los procesos judiciales y, por lo tanto, hacen especial énfasis en los posibles problemas al respecto que se asocian con las plataformas de IA como ChatGPT”.

Se hace énfasis en el uso de los chatbots por empresas inescrupulosas, dedicadas a recopilar información a partir de las interacciones de los usuarios. De allí la necesidad de cuidar la privacidad de los casos judiciales. Los jueces deben evitar el ingreso de “información en un chatbot público de IA que no sea de dominio público”; es decir, no deberán añadir datos privados o confidenciales.

Tomando en cuenta que en el caso de ChatGPT, cualquier término o búsqueda que se escriba estará disponible posteriormente, y podría ser usada como respuesta a consultas de terceros, es fundamental no colocar en la barra de búsqueda temas privados de los casos.

La Corte Suprema de Reino Unido subraya que “algunas plataformas de IA, especialmente las que se usan como app en un teléfono inteligente, tienden a solicitar permisos que dan acceso a información dentro del dispositivo.

Para su uso en casos judiciales, las autoridades exigen que los expertos rechacen los permisos y que, en caso de divulgación involuntaria de información confidencial o privada, deben ponerse en contacto inmediatamente con su juez de liderazgo y la Oficina Judicial”.

El acto se celebró en el Auditorio Principal del TSJ, donde la máxima autoridad del poder judicial del país les tomó el juramento a 164 jueces y juezas que se desempeñarán en cortes de apelaciones y juzgados superiores, en las áreas de penal ordinario entre otros.

Nuevos inspectores

Asimismo, juramentó a 50 inspectores de tribunales que tendrán la función de supervisar el cumplimiento de las normas y principios éticos del sistema judicial.

La juramentación de estos funcionarios y funcionarias se enmarca en el fortalecimiento del poder judicial y la garantía del derecho a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos y ciudadanas, así como en el compromiso de brindar un servicio de calidad, transparencia e imparcialidad.

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Gabriel Velásquez

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Este procedimiento fue llevado a cabo pocas horas después del arresto del viceministro de Industrias Básicas, de 5 directivos de la CVG y del presidente de Sidor.

Cuando sean imputados se agregarán a la lista de procesados que integran entre otros el diputado y exministro Hugbel Roa y su colaboradora Johana Torres, así como el Superintendente de Criptoactivos, el Alcalde de Las Tejerías, varios funcionarios de la vicepresidencia de Comercio de PDVSA, 3 jueces y 11 empresarios, según ha referido y se desprende de lo informado por el Ministerio Público, así como lo publicado en medios nacionales y redes sociales.

A estas personas se les asocia con la legitimación de capitales, con origen en actuaciones ilícitas dentro la industria petrolera nacional y relacionadas con esta.

Es CONTIGO ministro, ministra, gobernador, gobernadora, alcalde, alcaldesa, es contigo presidente de ente, diputado y diputada, vamos a cumplirle al pueblo con transparencia, moral y ética. Los llamo a dar ejemplo, elevemos la Revolución Ética y la Moral Bolivariana. pic.twitter.com/dcRMHC5idi

— Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) March 21, 2023

La investigación y proceso cuenta con el apoyo expreso y respaldo del presidente Nicolás Maduro, y del segundo directivo en el PSUV, Diosdado Cabello, quienes se han pronunciado al respecto.

Cabello: ¡Nada nos va a detener, corrupto vamos por ti!https://t.co/O3gTH3ZIub#MoralEnAltoCaigaQuienCaiga pic.twitter.com/9ajERuXyBJ

— PSUV (@PartidoPSUV) March 30, 2023

Corrupción contra la nación y traición a la patria

Como se sabe, Hugbel Roa y demás funcionarios, jueces y empresarios detenidos fueron presentados con atuendos color naranja, por el Ministerio Público, la noche del martes 28, para la audiencia de imputación por varios casos de corrupción, desfalco y traición a la patria, a través de PDVSA y Sunacrip. Se les solicitó privativa de libertad, y fueron acordadas por el tribunal.

Tarek William Saab, fiscal general de la República detalló que a estos detenidos se les imputaron los delitos de «apropiación o distracción del patrimonio público, alardeamiento o valimiento de relaciones e influencias, legitimación de capitales y asociación para delinquir». Adicionalmente se les acusa de traición a la patria.

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DOBLE LLAVE

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El documento emitido específicamente por la Presidencia de la Asamblea de los Estados Partes, y que está integrada por los 123 países miembros, “deplora las «amenazas contra la CPI, así como contra su Fiscal y sus jueces”, indicó el organismo.

El comunicado surge después de las declaraciones del expresidente ruso, Dimitri Medvedev, quien expresó que los jueces de dicho tribunal internacional “mirasen al cielo con atención” en referencia a un ataque con misiles.

En este orden de ideas, Rusia, que no forma parte de la CPI, anunció el lunes la apertura de una causa penal contra el fiscal principal del tribunal, Karim Khan y contra tres magistrados.

El Comité de Investigación de Rusia inició una causa penal contra los jueces de la Corte Penal Internacional (CPI) y el fiscal jefe de la misma por haber emitido órdenes de arresto contra Putin. #TVVNoticias #Mundo #Rusia pic.twitter.com/UN23SArq9I

— TVV Noticias (@TVVnoticias) March 23, 2023

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Gabriel Velásquez

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En el reporte que la agrupación internacional viene elaborando anualmente desde 2008 y que fue publicado a finales de octubre, el país obtuvo una puntuación de 0,26 puntos, es decir una centésima menos que la que consiguió el año anterior cuando alcanzó 0,27.

Venezuela como en el 2021 quedó en el último lugar en el mundo en tres de las ocho categorías evaluadas: límites al poder gubernamental, cumplimiento regulatorio y actuación del sistema de justicia penal, además de la categoría que engloba las ocho, que es Estado de derecho.

Para elaborar el Índice, la agrupación internacional no solo evaluó la actuación de los jueces y fiscales en materia penal y civil, sino también:

• Capacidad del Poder Judicial en general para fijarle límites al Gobierno;
• Ausencia de corrupción en el país;
• Qué tan abierto y transparente es el Ejecutivo a la hora de tomar sus decisiones;
• El grado de respeto y disfrute de los derechos fundamentales de los ciudadanos;
• La situación del orden y la seguridad interna; y
• El nivel de cumplimiento del marco legal vigente

Este informe está basado en una entrevista realizada a 154.000 hogares, así como en la opinión de 3.600 abogados, académicos, juristas y catedráticos en Derecho en los 140 países.

#Nacionales Por octavo año Venezuela repite último lugar del Índice de Estado de Derecho de World Justice Project – https://t.co/WaL5vQCBrw pic.twitter.com/7ngDfKaesc

— 🟣Qué Pasa en Venezuela (@QPEV_) November 9, 2022

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Gabriel Velásquez

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«La información disponible indicó que miembros de la Policía Nacional de Filipinas, y otros que actúan en conveniencia con ellos, han matado de forma ilegal a entre miles y decenas de miles de civiles”, dijo la fiscal jefa, Fatou Bensouda, en un comunicado.

En la solicitud de investigación, de 57 páginas, se dice que en el país se han realizado «ejecuciones extrajudiciales” que «parecen haberse cometido de conformidad con una política estatal oficial del gobierno filipino”.

La Fiscalía de la CPI abrió un examen preliminar a Filipinas en febrero de 2018, lo que provocó que este país se retirase del tribunal el 17 de marzo de 2019. La investigación por la guerra contra las drogas, de ser aprobada por los jueces, se ceñiría a hechos sucedidos entre el 1 de julio de 2016 y el 16 de marzo de 2019.

«La corte mantiene la jurisdicción sobre los delitos que presuntamente ocurrieron en el territorio de ese Estado durante el período en que era Estado Parte”, recordó Bensouda. Así mismo, dijo que también debe abrirse una investigación por los delitos de tortura y otros actos inhumanos cometidos supuestamente en Filipinas desde el 1 de noviembre de 2011.

La jurista gambiana indicó que no se pronuncia sobre «las políticas e iniciativas internas de ningún gobierno destinadas a abordar la producción, distribución y consumo de sustancias psicoactivas dentro de los parámetros de la ley”, pero que la información de la que dispone le obliga a actuar «de conformidad con su mandato” como fiscal de la CPI.

#SepaQue La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) pidió este #14Jun autorización judicial para investigar la guerra contra las drogas del presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, por supuestos crímenes de lesa humanidad. https://t.co/sFVc9Cukib

— Efecto Cocuyo (@EfectoCocuyo) June 15, 2021

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Gabriel Velásquez

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