A través de un mensaje difundido por la ONG Provea, la familia denunció que el proceso permanece bajo un manto de impunidad y exigió que se investigue no solo a los autores materiales, sino a toda la cadena de mando responsable.

Puntos clave de la denuncia

Cuestionamiento al Estado: Los padres recordaron que las autoridades inicialmente intentaron desviar la responsabilidad del hecho, hasta que en 2021 la Fiscalía admitió que la muerte fue causada por el impacto de una bomba lacrimógena disparada por un efectivo de la Guardia Nacional.

Exigencia a nuevas autoridades: Además del llamado al fiscal Devoe, instaron a la defensora del Pueblo, Eglée González Lobato, a cumplir con su mandato y luchar contra la impunidad en este y otros casos de jóvenes fallecidos en 2017.

Estatus legal: La familia señaló que, a pesar del reconocimiento del hecho, solo una persona ha sido detenida y llevada a juicio, sin que exista hasta ahora una reparación integral para las víctimas.

Alianza por la justicia

La petición fue realizada también en representación de la Alianza de Familiares y Víctimas de 2017, un comité que agrupa a deudos de las más de 120 personas que perdieron la vida durante la crisis política desatada tras las sentencias del TSJ que suprimieron las competencias del Parlamento hace casi una década.

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Con información de EFE Servicios

Fuente de imagen referencial: Archivo

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