El Legislativo solicitó al Ministerio Público la «perentoria» apertura de una «averiguación penal» contra el hoy exrector electoral, quien se encuentra fuera del país, también por «asociación para delinquir, complicidad con potencias extranjeras» y «complicidad en los homicidios cometidos» en el contexto de protestas poselectorales, cifrados en 27 por las autoridades.

La AN también aprobó la propuesta del presidente de la Cámara, Jorge Rodríguez, de instar a la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio, un marco de acción que permite al Estado quitar bienes y riquezas a funcionarios corruptos y a narcotraficantes, a los «bienes mal habidos por parte de este delincuente», entre los que mencionó «vehículos de alta gama» y «viviendas de lujo».

Asimismo, solicitó a la Contraloría General establecer «sanciones administrativas» contra Juan Carlos Delpino.

Las denuncias de Delpino

El pasado mes de agosto, el exrector denunció «irregularidades» en los comicios, con lo que, a su juicio, se perdió confianza en la integridad del proceso, así como en la proclamada victoria del mandatario Nicolás Maduro, señalada como fraudulenta por la mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que reclama el triunfo de su candidato, Edmundo González Urrutia.

Además, Juan Carlos Delpino dijo que Venezuela vive una «terrible situación de incertidumbre» que «no resolvió» el fallo de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) con la confirmación de la controvertida reelección de Maduro, tras un proceso de «validación» de los resultados oficiales, que el CNE todavía no publica de manera desagregada, como contemplaba el cronograma.

De interés: Plataforma Unitaria Democrática presentó informe electoral en la OEA

DOBLE LLAVE

Con información de EFE Servicios

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«Impedir el pacífico desarrollo de los actos de campaña con arrestos arbitrarios, obstáculos a la libre circulación, represalias e intimidación atenta contra el ejercicio de los derechos políticos, por tal motivo hacemos un llamado a que se mantenga el clima pacífico y la igualdad en la campaña electoral», dijo el rector, citado en una nota de prensa.

Asimismo, enfatizó que, para garantizar una «elección libre y justa», todos los candidatos y simpatizantes «deben poder desplazarse y reunirse libremente, sin temer por su seguridad o ser sometidos a intimidación, coacción, y sanciones no previstas en la ley».

También instó «a que cesen las acciones excesivas que han afectado a comerciantes, transportistas y a activistas», luego de que la principal coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), denunciara el cierre de establecimientos de comida y hoteles tras atender a sus líderes, entre ellos su candidato, Edmundo González Urrutia.

A dos semanas para las presidenciales, el rector del CNE recordó que «los cuerpos de seguridad, autoridades y demás instituciones públicas» deben estar «al servicio del Estado y no de alguna parcialidad política».

«Esa norma nos pide un máximo respeto en tiempos de campaña electoral para evitar ventajismos», añadió.

De interés: CEV pidió que cese la persecución política de cara a las presidenciales

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