«Se está a la espera, luego de declaraciones que hiciera el fiscal general de la república Tarek William Saab el fin de semana pasado, de una nueva reunión en la cual ya se traten los aspectos relativos al cierre judicial del caso, una vez que Edmundo González Urrutia se ha retirado del país y se encuentra en territorio español», dijo su abogado, José Vicente Haro, en una entrevista con Televisión Española (TVE).

Haro agregó que el próximo paso será, «definitivamente», el de «cerrar esa causa» contra el líder de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) -mayor bloque antichavista-, señalado por delitos como «usurpación de funciones», «forjamiento de documento público», «instigación a la desobediencia de leyes» y «conspiración», entre otros.

«Es necesario cerrar judicialmente el asunto, el caso, ante los tribunales», sostuvo el letrado, algo que -explicó- tiene que «gestionar ante el Ministerio Público (MP, Fiscalía)» en «una comparecencia» para «cumplir con la formalidades correspondientes».

Investigación en contra de González

González fue llamado a declarar ante la Fiscalía en tres ocasiones debido a una investigación en su contra, relacionada con la publicación, en una página web, del «83,5 % de las actas» obtenidas a través de personas que fueron testigos y miembros de mesa en la jornada electoral y que reflejan, según la PUD, la «victoria» del excandidato.

Al no presentarse, un tribunal emitió una orden de aprehensión contra el opositor, que se mantenía refugiado en la Embajada de Países Bajos, desde la que se trasladó a la de España, donde permaneció hasta el sábado 7 de septiembre, cuando salió de Venezuela.

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En una declaración ante medios de comunicación, José Vicente Haro, abogado del opositor, dijo que «el objetivo fue cumplido», pues la idea era «obtener un acuse de recibo efectivo» y establecer «formalmente» ante la Fiscalía «las razones» por las que González Urrutia «no compareció» tras las citaciones, por lo cual un tribunal emitió una orden de captura.

En el documento, entregado por Haro y firmado por González Urrutia, se expresa que la «incomparecencia» no «obedece en absoluto al desconocimiento de la institucionalidad jurisdiccional prevista en la Constitución», sino «al convencimiento de la falta de fundamento de tales citaciones».

«Estimo que tal comparecencia sólo podría contribuir a intensificar aún más la tensión social, además de consolidar un contexto de judicialización incriminatoria de la política que todos debemos rechazar», expresó el opositor a través del escrito.

Argumentos de defensa de González

En las últimas semanas -prosigue el texto- se «han emitido declaraciones públicas de altos voceros gubernamentales y de otras instituciones del Estado» que lo «condenan por anticipado y (…) sin fundamento».

A González se le acusa de «usurpación de funciones» y «forjamiento de documento público», entre otros delitos, luego de que su coalición divulgara «el 83,5 % de las actas electorales» recabadas por testigos y miembros de mesa para sustentar su denuncia de fraude en las presidenciales del 28 de julio, cuyo resultado oficial otorgó la reelección a Nicolás Maduro.

González Urrutia aclaró en el documento que no era su responsabilidad «la digitalización, resguardo y publicación de los ejemplares de las actas de escrutinio» que recibieron los «testigos en las mesas de votación».

Sin embargo, no considera que se «han usurpado funciones del Consejo Nacional Electoral», puesto que la entrega de actas a los testigos se contempla en el sistema venezolano «como una de sus garantías de confiabilidad».

Haro, que entregó el documento en una reunión con el fiscal general, Tarek William Saab, abordó el encuentro desde «el punto de vista jurídico» y manifestó que «las declaraciones de carácter político» serán «dadas en su oportunidad» por la coalición opositora.

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Fuente de imagen referencial: EFE/Miguel Gutiérrez

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«En modo alguno hay solicitud de asilo por parte del señor Edmundo González Urrutia hacia alguna embajada acreditada en Venezuela. No se ha pedido el asilo, ni una situación en calidad de huésped. Eso es un asunto que no se ha planteado la familia o el señor Edmundo», dijo el jurista frente a periodistas.

Reiteró que, «por razones de seguridad y protección de su vida», el abanderado opositor «no se encuentra» en su casa y se mantiene bajo resguardo, como ha estado en las últimas semanas, debido a las amenazas de cárcel que pesaban sobre él desde que denunciara fraude en las elecciones presidenciales del 28 de julio, en las que Nicolás Maduro fue proclamado ganador por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Haro aseguró que la esposa del excandidato presidencial, Mercedes de González, se mantendrá en la residencia para atender a las autoridades, en caso de que vayan a buscar a su marido o si se llegase a dictar una orden de allanamiento a la vivienda.

Entrada del conjunto residencial donde vive Edmundo González Urrutia

Edmundo Gonzáles: «De casa en casa»

Anteriormente, el abogado remarcó que «no hay ley penal alguna» o «disposición legal» ni «nada en lo absoluto que revista como un hecho de carácter penal el subir actas de escrutinio», en alusión a los datos publicados por la oposición en una página web, los cuales, según la coalición opositora, demuestran la victoria de Edmundo González Urrutia por un amplio margen en los comicios.

Añadió que el líder opositor «tiene que ir de casa en casa a resguardarse por su seguridad y vida» ante «los riesgos que corre su vida y seguridad personal».

La Fiscalía señala a Edmundo González Urrutia de «usurpación de funciones», «forjamiento de documento público», «instigación a la desobediencia de leyes», «conspiración», «sabotaje a daños de sistemas y asociación para delinquir».

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Fuente de imagen referencial: Archivo y la interna de EFE/ Ronald Peña R

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