Tras una semana de conversaciones, las partes pactaron la revisión de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, específicamente «lo inherente al proceso de inhabilitaciones» políticas.

Este pronunciamiento se da en un momento en el que la oposición ha exigido que se le retire la inhabilitación política a su líder y premio nobel de la paz, María Corina Machado -quien se encuentra fuera de Venezuela desde diciembre pasado- y que pueda regresar a su país para poder participar en eventuales elecciones.

Ni Machado ni el líder opositor Edmundo González Urrutia participan directamente en estas negociaciones. Sin embargo, han dicho que esperan que estas conversaciones logren un «cronograma electoral presidencial oportuno».

Elecciones, una «gran demanda»

La jefa de la delegación opositora en el diálogo, Dinorah Figuera, reconoció este miércoles que la «gran demanda» de Venezuela es que se celebren elecciones presidenciales, que ha planteado sean en 2027, y aseguró que tiene la voluntad para que esto se concrete.

En este contexto, Figuera reiteró que Estados Unidos está interesado en «acompañar ese proceso de estabilización democrática y de garantías políticas para el futuro del país».

La opositora aspira a que los comicios presidenciales en Venezuela se celebren después de desmotar el «aparato» alrededor del sistema electoral y de que se obtengan las condiciones que garanticen la credibilidad de la votación, según dijo en una entrevista al diario venezolano El Nacional difundida hoy.

Ley contra el terrorismo

Los partícipes en el diálogo también acordaron revisar la definición y tipificación del terrorismo en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.

El delito de terrorismo fue imputado a una gran cantidad de personas tras las presidenciales de 2024, que fueron acusadas de vandalismo y violencia, y calificados por el entonces fiscal general, Tarek William Saab, como terroristas en medio de una crisis poselectoral.

Ese año, el abogado Joel García dijo a EFE que la acusación de terrorismo era «un patrón sistemático y generalizado» contra la población disidente al Gobierno entonces presidido por Nicolás Maduro, quien fue proclamado en 2024 como ganador de las presidenciales por un ente electoral controlado por rectores afines al chavismo y que no publicó los resultados detallados.

Ley de partidos y la Ley Simón Bolívar

Las partes también propusieron la revisión de la Ley Simón Bolívar, aprobada en 2024 por el Parlamento -presido por el jefe negociador del chavismo, Jorge Rodríguez- y que contempla penas de entre 25 y treinta años de prisión, así como multas millonarias y sesenta años de inhabilitación política para quienes promuevan sanciones contra el Gobierno.

Asimismo, plantearon la revisión de la Ley de partidos políticos para «garantizar la participación de todos los actores» y en «aras de fortalecer la democracia» en Venezuela, donde el Tribunal Supremo de Justicia mantiene intervenidas a varias facciones de la oposición.

Gestión del oro en Inglaterra

También se acordó conformar una comisión paritaria que gestione la recuperación del oro depositado en el Banco de Inglaterra, a fin de que los recursos puedan ser utilizados en la población afectada por el doble terremoto del pasado 24 de junio y la «recuperación de los servicios públicos».

Según declaró a la prensa Figuera, su comisión conversó con representantes del Reino Unido para que se haga efectiva la transferencia de los recursos que estuvieron en control de la oposición en 2019, en medio de una crisis política desatada por el cuestionamiento al mandato del ahora presidente depuesto Nicolás Maduro, tras unas presidenciales con denuncias de fraude.

Concluido este tercer ciclo de diálogo, Jorge Rodríguez informó que las próximas conversaciones serán entre el 11 y 15 de noviembre.

De interés: Oficialismo y oposición culminan la tercera ronda de diálogo

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Fuente de imagen referencial: EFE/Miguel Gutiérrez

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El diálogo entre el gobierno y la oposición comenzó en agosto pasado como parte del plan de transición que Estados Unidos impulsa en Venezuela, luego de haber capturado a Nicolás Maduro en enero pasado, durante un ataque en Caracas.

El canal transmitió imágenes de la llegada de Figuera, acompañada por Jorge Rodríguez, al Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo venezolano en la capital venezolana, sin dar más información sobre el encuentro.

Tras la reunión, Delcy Rodríguez reconoció lo alcanzado en la mesa de diálogo para «avanzar en el ámbito de las garantías políticas para todos».

«Ponerse de acuerdo para avalar y seguir estos caminos, en estos distintos ámbitos, es fundamental», declaró la mandataria encargada en un video.

El miércoles, las delegaciones del chavismo y la oposición acordaron iniciar la revisión de varias leyes y crear una comisión paritaria para gestionar el oro retenido en el Banco de Inglaterra, al término de la tercera ronda de unas negociaciones que cuentan con el respaldo de Estados Unidos.

Tras una semana de conversaciones, las partes pactaron la revisión de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, específicamente «lo inherente al proceso de inhabilitaciones» políticas y de otras normas.

La «gran demanda»

Este pronunciamiento se da en un momento en el que la oposición ha exigido que se le retire la inhabilitación política a su líder y premio nobel de la paz, María Corina Machado, quien se encuentra fuera de Venezuela desde diciembre pasado, y que pueda regresar a su país para liderar una transición ante una eventual elección.

Figuera reconoció ayer que la «gran demanda» de Venezuela es que se celebren elecciones presidenciales, que ha planteado sean en 2027, y aseguró que tiene la voluntad para que esto se concrete, aunque no se ha acordado nada concreto en los primeros tres ciclos de diálogo con el chavismo.

Jorge Rodríguez informó que las próximas conversaciones serán entre el 11 y 15 de noviembre.

De interés: Oficialismo y oposición culminan la tercera ronda de diálogo

Con información de EFE Servicios

Fuente de imágenes referenciales: EFE/ Palacio de Miraflores

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Señalaron además que la audiencia fijada para el jueves fue una «jugada miserable» al coincidir con el cumpleaños número 70 de la ex primera dama.

Figuras clave del chavismo como Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello no emitieron declaraciones públicas sobre la audiencia del jueves.

Maduro y Flores comparecieron ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York y se declararon «no culpables» e «inocentes» de los nuevos cargos imputados por la Fiscalía.

La Fiscalía de EEUU endureció las acusaciones sumando el delito de conspiración para cometer torturas y extendiendo a Cilia Flores el cargo de narcoterrorismo, que previamente solo recaía en Maduro.

El matrimonio enfrenta cargos por conspiración para el narcoterrorismo, importación de cocaína, posesión y conspiración para poseer armas destructoras, y conspiración para cometer torturas.

Se les acusa de cooperar con organizaciones catalogadas por EEUU como terroristas o criminales, incluyendo facciones de las FARC, el Tren de Aragua y el Cartel de Sinaloa.

De interés: Capriles asegura que Delcy Rodríguez busca vías para extender su interinato hasta 2030

Con información de EFE Servicios

Fuente de imagen referencial: EFE/Jane Rosenberg

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La iniciativa parlamentaria responde a una solicitud formulada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y contó con el trabajo de una comisión especial presidida por el primer vicepresidente de la AN, diputado Pedro Infante.

De acuerdo con lo debatido durante la sesión ordinaria, la propuesta tiene como ejes centrales la revisión de las sanciones penales que se aplicaron de forma errónea a ciudadanos bajo este marco legal, así como la despenalización formal de diversas conductas tipificadas en la normativa vigente.

Remisión al TSJ y próximas fases parlamentarias

Durante la plenaria, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, hizo pública la comunicación formal enviada a la presidenta del máximo tribunal, magistrada Caryslia Beatriz Rodríguez, para someter el expediente a evaluación judicial conforme al procedimiento de vigencia de las leyes constitucionales.

“Me dirijo a usted en la oportunidad de remitirle el proyecto de reforma parcial de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, con su correspondiente exposición de motivos”, citó el titular del Parlamento al dar lectura al documento.

Jorge Rodríguez explicó que la remisión busca que la Sala Constitucional examine el alcance de los ajustes propuestos antes de que el texto regrese al hemiciclo. “Ya estamos en oportunidad de que sea el Tribunal Supremo de Justicia quien considere el asunto de la reforma parcial para continuar avanzando y traer luego de la consulta a segunda discusión el proyecto de ley”, puntualizó el parlamentario.

Una vez que el TSJ emita su consideración institucional, el proyecto retornará a la plenaria de la AN para ser sometido a su segunda discusión, fase en la que se detallará el articulado definitivo que será modificado o derogado.

De interés: AN instaló una comisión especial para reformar la ley contra el odio

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El nombre del dirigente fue retirado de la lista de personas sancionadas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Tesoro estadounidense.

Jorge Rodríguez es el interlocutor del diálogo impulsado por Washington entre el oficialismo y un bloque opositor encabezado por Dinorah Figuera para negociar una transición en Venezuela.

Desde la captura de Nicolás Maduro en una operación estadounidense en Caracas en enero pasado, la Administración de Donald Trump ha estrechado sus relaciones con el Gobierno de Delcy Rodríguez.

Estados Unidos y Venezuela restablecieron las relaciones diplomáticas, rotas desde 2019, y anunciaron en agosto un acuerdo petrolero que daría acceso a Washington a una cuarta parte de las reservas de crudo venezolano.

De interés: Oficialismo pedirá levantamiento de sanciones en diálogo con sector opositor

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Fuente de imagen referencial: EFE/Miguel Gutiérrez

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El gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) informó de que el punto de llegada de su marcha es el Parlamento, controlado por el chavismo y liderado por Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

Por su parte, la ONG Alianza Por La Libertad De Los Presos Políticos convocó su concentración hacia Miraflores, sede del Ejecutivo venezolano, adonde también marcharán grupos de sindicalistas para exigir el aumento del salario mínimo, actualmente en menos de un dólar al mes según el tipo de cambio oficial.

En los últimos meses, luego de que Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro en una operación en Caracas, se han intensificado las manifestaciones en Venezuela, especialmente en la capital y para exigir la liberación de presos políticos y el aumento de salarios.

Arranca la Marcha hacia Miraflores 🏛️

Ni uno ni dos, que sean todos! ⛓️‍💥

Familiares de presos políticos civiles y militares exigen a Delcy y a Trump la Libertad de todos 🗽⛓️‍💥

Con los trabajadores en exigencia de salarios y pensiones.

JUSTICIA, LIBERTAD Y DEMOCRACIA 🇻🇪 https://t.co/Jfm2oANLzQ

— Eduardo Torres (@torreseduardoj) October 13, 2026

Crisis salarial y presos políticos

En los últimos años el Ejecutivo ha centrado su política salarial en el pago de dos bonos para los trabajadores públicos que no tienen incidencia en beneficios laborales y que actualmente suman 240 dólares, depositados en bolívares a la tasa del Banco Central de Venezuela.

Una familia en Venezuela de cinco personas necesitó en agosto 755,36 dólares solo para gastos en alimentación, según cálculos difundidos en septiembre por el Centro de Documentación y Análisis Social (Cendas) de la Federación de Maestros.

La ONG Foro Penal, dedicada a la defensa de los presos políticos en Venezuela, contabiliza 322 detenidos en el país, de los cuales 31 son extranjeros o tienen doble nacionalidad, según un boletín publicado el pasado viernes con fecha de corte hasta el 5 de octubre.

El gobierno de Venezuela niega que en el país haya presos políticos y asegura que son personas que fueron detenidas por cometer delitos, una afirmación que rechazan varias organizaciones no gubernamentales y partidos políticos opositores.

De interés: María Corina Machado asegura que Delcy Rodríguez teme su regreso a Venezuela

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Fuente de imagen referencial: Archivo

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De acuerdo con el Departamento de Estado, el encuentro está previsto para las 9:00 hora local (13:00 GMT) en la sede de la institución en Washington.

Dinoah Figuera, opositora al chavismo, defiende la continuidad de la Asamblea Nacional elegida en 2015, cuyo mandato se convirtió en un referente institucional para la oposición venezolana frente al gobierno del presidente depuesto Nicolás Maduro.

La dirigente regresó a Venezuela en junio pasado tras una invitación del Departamento de Estado para abordar la transición política y participó en conversaciones con el presidente del Parlamento controlado por el chavismo, Jorge Rodríguez, sobre una agenda de fortalecimiento democrático.

La reunión se produce en una semana marcada por la situación judicial de Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, a quienes la Fiscalía federal de Nueva York imputó nuevos cargos, entre ellos conspiración para cometer tortura, que se suman a los anteriores por narcotráfico y delitos relacionados con armas, de los que ambos se han declarado no culpables.

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Fuente de imagen referencial: EFE / Miguel Gutiérrez

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A través de una carta, publicada este martes 29 de septiembre en su Telegram pero con fecha del lunes, Delcy Rodríguez afirmó que la reforma solicitada es para «avanzar en la despenalización de las conductas previstas» en esta ley y como parte de las acciones del gobierno para «transformar el sistema de justicia penal» y «favorecer el reencuentro y convivencia democrática» en Venezuela.

«Finalmente, visto el impacto positivo que esta reforma generará sobre la reconstrucción de la confianza en las instituciones y la dinamización de la vida democrática de la nación, agradezco sus buenos oficios para que esta iniciativa pueda ser considerada con carácter de urgencia», subrayó la mandataria encargada en la carta dirigida a su hermano y presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

En febrero de este año, Jorge Rodríguez admitió el uso inadecuado de la ley contra el odio y consideró posible una reforma.

La ley fue aprobada en noviembre de 2017 por la chavista Asamblea Nacional Constituyente, instalada ese año en paralelo al Parlamento mayoritariamente opositor, tras meses de crisis política y masivas protestas antigubernamentales en el país.

Su aprobación se hizo tras una solicitud expresa del entonces presidente Nicolás Maduro para acabar con los supuestos mensajes de «odio» que, según el oficialismo, desataron la ola de protestas que sacudieron el país entre abril y agosto de ese año.

Esta legislación establece penas de hasta 20 años de cárcel contra los llamados «delitos de odio» y desde entonces ha sido criticada por defensores de derechos humanos y ONG, como Espacio Público, que en 2023 denunció que ha sido usada como un instrumento «para perseguir a personas por expresiones incómodas o críticas frente a ciertos sectores de poder».

De interés: Jorge Rodríguez niega que el Gobierno impida el regreso de María Corina Machado

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Fuente de imagen referencial: Red Social X – @delcyrodriguezv / Archivo

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Machado intentó regresar a Venezuela desde Panamá tres veces esta semana y en todas estas oportunidades se lo impidieron, confirmó a la agencia de noticias EFE su equipo.

«Se le ha impedido volar desde Panamá. Permanece allí sin poder salir», denunció el equipo de la exdiputada, quien salió de Venezuela el pasado diciembre para recibir en Noruega la medalla del Nobel de la Paz, después de permanecer cerca de un año en la clandestinidad para evitar ser detenida.

Con estos tres nuevos intentos, ya son «al menos siete» las veces que Machado ha tratado de volver a su país, indicó su equipo.

De interés: Impiden tres nuevos intentos de María Corina Machado de volver a Venezuela

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Fuente de imagen referencial: EFE/Miguel Gutiérrez

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En un comunicado leído por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y la exdiputada Dinorah Figuera, quien encabeza el grupo opositor, las partes indicaron que acuerdan acompañar la decisión de «continuar y ampliar el levantamiento de medidas administrativas a portales de noticias, páginas web, medios electrónicos, como parte de los aportes realizados en esta mesa de diálogo».

La medida, añadieron, es «parte de los aportes realizados» por la mesa de diálogo y busca «fortalecer la libertad de expresión, el pensamiento plural y el derecho a la información», e invitar a los actores del sistema de comunicación público y privado a contribuir «a la convivencia democrática, a la paz y a la unión nacional».

De igual forma, impulsarán «una agenda de discusión sobre el uso del espectro radioeléctrico nacional» que abarque a «todos los actores» del país e «incluya la revisión de instrumentos legales que lo requieran».

El pronunciamiento se conoció al término del segundo ciclo de conversaciones entre el Gobierno y un sector de la oposición, iniciado el pasado 17 de septiembre, y luego de que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ordenara este viernes el levantamiento «inmediato» de las restricciones a otro grupo de plataformas y portales web que permanecen bloqueados en el país.

En un comunicado se indicó que Rodríguez ha recibido con «beneplácito» informes del diálogo entre el chavismo y la oposición y de su Programa para la Paz y la Convivencia Democrática, pero no detalla qué portales o plataformas serán desbloqueadas ni cuántas.

De interés: Dinorah Figuera considera libertad de presos políticos parte del diálogo

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Fuente de imagen referencial: EFE/Miguel Gutierrez

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«Llegamos hace unas horas de Nueva York, de nuestra participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Venimos contentos como delegación por la misión cumplida», dijo Rodríguez en un vdeo difundido en redes sociales por el ministro de Comunicación, Miguel Ángel Pérez Pirela.

La mandataria se dijo «feliz de estar de vuelta» y de reencontrarse «nuevamente con el pueblo venezolano» y aseguró que llegó directo a revisar asuntos de Gobierno con su hermano y presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez; el ministro de Interior, Diosdado Cabello y la vicepresidenta Administrativa y de Gobierno Digital, Anabel Pereira.

Rodríguez intervino el miércoles en la Asamblea General de la ONU donde aseguró que en Venezuela habrá elecciones sin anticipar una fecha, y destacó la relación que su Administración mantiene con la del presidente Trump, tras la captura de Nicolás Maduro en enero pasado.

Además, su regreso coincide con la conclusión de la segunda ronda del diálogo entre el chavismo y la oposición, que culmina este viernes tras abordar en mesas técnicas la libertad de expresión y el derecho a la información, y tras reunirse con distintos sectores de la sociedad, en el marco del plan de transición que impulsa Estados Unidos.

De interés: Delcy Rodríguez en la ONU: las principales frases de la presidenta encargada

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Fuente de imagen referencial: EFE/@maperezpirela

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«Se pueden morir de toda la envidia que se quieran morir, pero la verdadera protagonista de esta 81 reunión de Naciones Unidas es la República Bolivariana de Venezuela y su presidenta, Delcy Eloína Rodríguez», dijo el diputado durante una sesión del Legislativo en apoyo a su hermana, quien juró como mandataria encargada tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos en enero.

«Saludamos ese discurso como un hito histórico y como una demostración de que no estábamos equivocados (…) de que al menos nos merecemos el mérito de un país en paz, de un país que se recupera», añadió.

Jorge Rodríguez además defendió el «difícil» camino y de diplomacia que ha tomado su hermana.

En ese contexto, recordó que en enero Delcy Rodríguez dijo, tras la captura de Maduro, que si un día le tocaba ir a Washington lo haría «de pie», pero no «arrastrada».

«Y ocurrió exactamente así, digan lo que quieran decir los bulos y los ‘fakes’, así exactamente: casi que de manera premonitoria», sostuvo.

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Fuente de imagen referencial: EFE/VTV

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En un comunicado conjunto, las partes señalaron que la mesa técnica «iniciará un proceso de consulta, garantías y verificación de los avances en esta materia con los actores involucrados y la comunidad en general para este segundo ciclo de trabajo».

Asimismo, saludaron «con satisfacción» la decisión del Gobierno de levantar las restricciones a diversos portales digitales -entre ellos la Agencia EFE-, medida que se produjo en la víspera, coincidiendo con el inicio de este segundo ciclo de diálogo y tras la recomendación del Programa para la Paz y la Convivencia Democrática que creó en enero la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

«Finalmente, hacen saber la conformación de una comisión paritaria de seguimiento, encargada de velar por el cumplimiento continuo de los acuerdos y compromisos establecidos», añadieron las partes en su comunicado.

Los representantes del Gobierno venezolano, liderados por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, y de un sector de la oposición encabezado por la exdiputada Dinorah Figuera, iniciaron el jueves el segundo ciclo de diálogo, un proceso impulsado por Estados Unidos que comenzó el pasado agosto.

Las reuniones se realizan en el hotel Gran Meliá Caracas, como ocurrió en el primer ciclo cuando se acordó la renovación completa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), cuyos jueces son acusados de servir al Gobierno, así como el desbloqueo de las reservas de oro retenidas en Inglaterra para atender a las víctimas del terremoto de junio.

De interés: Dinorah Figuera aboga por un diálogo «a la altura de demandas» en Venezuela

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Fuente de imagen referencial: EFE/Miguel Gutiérrez

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En este segundo ciclo de negociaciones se tiene previsto que las partes continúen con el tema judicial e incluyan en la agenda las garantías civiles y políticas y la libertad de expresión.

La exdiputada Dinorah Figuera, jefa de la delegación opositora, llegó a Venezuela el lunes para continuar las negociaciones, que por el oficialismo lidera el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, también hermano de la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

El pasado 12 de agosto, el chavismo y este sector opositor, del que no forman parte los líderes María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, cerraron el primer ciclo del diálogo después de casi una semana de discusión.

Las partes acordaron entonces la renovación completa del Supremo, cuyos jueces son acusados de servir al gobierno, y recuperar activos de la reserva internacional del país depositada en el Banco de Inglaterra, con el fin de atender a las víctimas del doble terremoto del pasado 24 de junio.

El martes, el ministro británico para América Latina, Chris Elmore, aseguró que Reino Unido acogió con «satisfacción» las conversaciones políticas lideradas desde Venezuela entre Rodríguez y Figuera, así como los avances logrados hasta ahora mediante ese proceso de diálogo.

Elmore afirmó esto en un escrito que entregó ante el Parlamento de Londres, en el marco de una actualización sobre el estado de relaciones diplomáticas con Venezuela, bajo la cual el Reino Unido decidió nombrar a un embajador en Caracas.

En respuesta, el gobierno de Venezuela celebró que el Reino Unido elevara el nivel de relaciones diplomáticas con la designación de un embajador en este país, al tiempo que apostó por recuperar sus recursos, en aparente referencia al oro retenido en Inglaterra.

El Estado venezolano tiene bienes y fondos congelados en el exterior, como las reservas de oro por valor de unos 2.000 millones de dólares depositadas en el Banco de Inglaterra.

De interés: Dinorah Figuera llega a Venezuela para el segundo ciclo de negociaciones con el Ejecutivo

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Durante una sesión extraordinaria, transmitida en el canal del Parlamento en YouTube, el diputado Miguel Pérez Abad, quien presentó el proyecto, afirmó que el acuerdo petrolero es el «más importante de los últimos 100 años» por sus implicaciones y alcance.

Además, indicó que generará alrededor de 3,6 millones de empleos «directos, indirectos y adicionales» derivados de la actividad petrolera.

Según leyó Pérez Abad, el pronunciamiento legislativo, oficialmente denominado Respaldo al Convenio Energético Binacional entre Venezuela y Estados Unidos, ratifica la «plena soberanía y la inalienable propiedad del Estado venezolano sobre sus recursos».

Además, procura que las «condiciones fiscales y operativas garanticen una justa distribución del ingreso que contribuya al fortalecimiento de la salud, la educación, los servicios públicos y la industria nacional».

Celebración sin resplado

Por su parte, el diputado Luis Emilio Rondón celebró el acuerdo, pero no lo respaldó en nombre de su fracción, el Grupo Parlamentario Libertad, integrado por opositores, entre ellos el excandidato presidencial Henrique Capriles.

«No estamos en contra del acuerdo presentado. Sin embargo, no podemos suscribir un acuerdo que no conocemos», apuntó Rondón.

En respuesta, Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento y hermano de la mandataria encargada Delcy Rodríguez, indicó que el Legislativo respalda es el anuncio del acuerdo petrolero, dado que aún «no ha sido consignado» por Venezuela y Estados Unidos.

«Llegado el punto en que se firme el acuerdo binacional, gustosamente podemos dar el debate en la Asamblea Nacional para que, gustosamente, podamos compartir los inmensos beneficios y ventajas que significa para todo el pueblo de Venezuela la firma de este acuerdo», añadió Rodríguez.

Acuerdo histórico

Estados Unidos y Venezuela anunciaron el pasado viernes un acuerdo histórico por el que Washington controlará más del 20 % de las reservas de crudo venezolano.

El convenio llegó casi ocho meses después del acercamiento entre el gobierno de Delcy Rodríguez y la Administración de Donald Trump, tras la captura de Nicolás Maduro en enero pasado.

Delcy Rodríguez detalló el sábado que se prevé el desarrollo de 17 campos estratégicos, con «un potencial probado de 65.000 millones de barriles de petróleo».

Asimismo, explicó que, tomando como referencia un precio de 65 dólares por barril, el país puede recibir 209.335 millones de dólares en virtud del convenio.

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En una publicación en X, la institución detalló que el sismo se produjo a las 20:38 hora local (00:38 GMT), a 19 kilómetros (km) al norte de La Victoria, con una profundidad de 5 km.

Hasta el momento, las autoridades venezolanas no han reportado daños tras este sismo.

Más temprano, otros dos sismos, de magnitud 3,6 y 4,2 respectivamente, sacudieron con horas de diferencia a la ciudad de Mérida y a la localidad de Güiria en Venezuela, informó Funvisis.

El lunes se cumplieron dos meses del doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 que afectó la zona norte de Venezuela, especialmente el estado La Guaira.

El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, informó ese mismo día que el número de muertos tras el desastre llegó a 6.509, según el balance oficial publicado.

De interés: ONG afirman que ayuda humanitaria ha disminuido a dos meses de los sismos

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El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, indicó que 226.696 personas han sido atendidas en los hospitales, 140.338 más en comparación con el balance del pasado 17 de agosto.

Entretanto, el número de viviendas entregadas se mantiene en 335, mientras que el de inmuebles residenciales inspeccionados subió a 60.785, de los cuales 11.001 tienen daños de «alto riesgo».

Por otra parte, dos meses después de los sismos, han sido recogidas 600.790 toneladas de escombros, según el diputado, también hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

De interés: Cifra de muertos en Venezuela por el doble terremoto sube a 5.208

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La decisión se debe a las acciones (presuntamente) «irresponsables» de Ecarri, explicó Rodríguez en un comunicado, después de que el opositor informara que estaba trabajando en un plan para dolarizar la economía de Venezuela, donde ya se fijan precios en dólares estadounidenses y se paga con esta moneda además de la local, el bolívar.

Rodríguez aseguró que Ecarri infringió el artículo 133 del Reglamento Interior y de Debates, que, subrayó, «exige a los parlamentarios en funciones de diplomacia interparlamentaria actuar con apego a la Constitución y a los intereses de la República».

Asimismo, añadió que el diputado opositor violó el articulo 318 de la Constitución, que, según el presidente del Parlamento, establece que la unidad monetaria de Venezuela es el bolívar y que el «Banco Central de Venezuela es el ente público que, de manera exclusiva y obligatoria, ejercerá las políticas monetarias».

«La junta directiva ha iniciado un proceso de investigación para establecer las faltas cometidas por el citado diputado y determinará las responsabilidades y sanciones que apliquen de acuerdo a lo dispuesto en nuestro reglamento de funcionamiento», apuntó Rodríguez.

Ecarri dijo en su cuenta de la red social X el viernes que estaba trabajando en una propuesta para «avanzar hacia la dolarización formal de la economía venezolana» y añadió que Venezuela «necesita una moneda estable que proteja el salario, los ahorros y el patrimonio» de la gente.

«La dolarización permitiría frenar la inflación y cerrar la brecha cambiaria que destruye el poder adquisitivo de los venezolanos», subrayó el opositor.

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El también hermano de la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, indicó que 86.358 personas han sido atendidas en hospitales tras el desastre.

Igualmente, dijo que el gobierno venezolano ha entregado 335 viviendas tras los sismos que afectaron especialmente el estado La Guaira.

Además, señaló que 59.109 viviendas han sido evaluadas por las autoridades, de las cuales 34.680 fueron catalogadas como habitables; 13.733 con restricciones y 10.696 en «alto riesgo».

Rodríguez añadió que 528.222,30 toneladas de escombros han sido recogidos.

El Banco Mundial estima en 19.600 millones de dólares los daños físicos directos por los terremotos del pasado 24 de junio y advirtió recientemente que una reconstrucción lenta podría frenar la recuperación económica de Venezuela durante la próxima década.

El lunes 17 de agosto, el canal privado Venevisión anunció que celebrará el Teletón «Unidos por Venezuela» el próximo 17 de octubre para recaudar fondos de apoyo a las comunidades afectadas por el doble terremoto.

Este espacio, cuyo formato no se organiza en el país desde la década de los años 2000, tendrá una programación continua que combinará transmisión en vivo, cobertura radial y tendrá la participación especial del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, según explicó el canal en un comunicado.

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La iniciativa fue presentada por el secretario general nacional del MPV, Simón Calzadilla, a través de una misiva dirigida a Dinorah Figuera, jefa de la delegación opositora en el diálogo.

Propuestas clave en materia económica e institucional

Entre los planteamientos centrales enviados a la mesa de negociación destacan:

Técnicos al frente del BCV y Finanzas: Nombrar profesionales independientes en el BCV y en el Ministerio de Economía y Finanzas para diseñar una política fiscal equilibrada y restablecer un sistema cambiario simple.

Diagnóstico económico: Calzadilla advirtió que la alta inflación y la devaluación sostenida del bolívar derivan de políticas erráticas. Señaló que la crisis se agrava pese a un incremento superior al 100 % en los ingresos petroleros, lo que evidencia que el problema central es de gestión y no de falta de recursos.

Transparencia y control: Propuso la designación de un nuevo contralor general y la creación de una instancia plural de gestión abierta y transparencia virtual para supervisar el uso de fondos públicos, priorizando la recuperación del sistema eléctrico y la atención a la emergencia por los terremotos del pasado 24 de junio.

«Solo con un impacto tangible y sustancial en el nivel de bienestar podrán generarse expectativas positivas y un clima político nacional adecuado que haga viable un proceso de reconciliación nacional», afirmó Calzadilla.

Contexto del proceso de negociación

La propuesta surge tras la conclusión del primer ciclo del proceso de diálogo, el cual cerró con dos acuerdos fundamentales: la renovación integral del Tribunal Supremo de Justicia y las gestiones para la recuperación del oro custodiado en el Banco de Inglaterra, recursos destinados a atender a los damnificados por el doble sismo de junio (que dejó más de 6.300 fallecidos y cerca de 18.000 personas sin vivienda).

Cabe destacar que en esta mesa de conversación no participan los dirigentes opositores María Corina Machado ni Edmundo González Urrutia.

De interés: Pensionados exigen incluir aumento progresivo de sueldos en la mesa de negociación

Con información de EFE Servicios

Fuente de imagen referencial: Archivo

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