«He decidido demandar penalmente al presidente Noboa por su calumnia«, señaló Petro al anunciar la acción judicial.

El señalamiento de Noboa, hecho en una entrevista con la revista Semana, fue rechazado por el mandatario colombiano, quien negó cualquier relación y aseguró que su presencia en Ecuador obedeció únicamente a actividades oficiales.

En esa entrevista, Noboa afirmó que Petro «se reunió con miembros de la Revolución Ciudadana, y algunos de esos miembros tienen nexos con alias Fito», en referencia al movimiento político vinculado al expresidente Rafael Correa.

Respuesta de Petro

Petro respondió defendiendo su visita a Manta, a donde viajó en mayo de 2025 tras asistir a la posesión de Noboa, y aseguró que contó con la protección permanente del Ejército ecuatoriano y su esquema de seguridad colombiano.

«El mismo Noboa dio la orden (…) para que el Ejército ecuatoriano en todo momento día y noche, me cuidaran en Manta«, agregó, señalando que fue tratado con displicencia por pedir la libertad del «preso político» Jorge Glas.

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Junto a Glas, que estuvo en la sala de audiencias de manera presencial, también fue condenado a los mismos años de prisión Carlos Bernal, exsecretario técnico del Comité de Reconstrucción de Manabí, creado con el objetivo de llevar adelante las obras de mayor urgencia, quienes además deberán pagar una multa de 60 salarios básicos unificados (28.200 dólares) y una indemnización de 250 millones de dólares.

El tribunal, compuesto por los jueces Mercedes Caicedo, Marco Rodríguez y Javier De la Cadena, determinó que Glas y Bernal utilizaron sus cargos como presidente y secretario del Comité para «abusar de dineros públicos» que debían ser utilizados «para la atención a las víctimas del terremoto».

Los magistrados dieron por probada la tesis de la Fiscalía, que durante el juicio del caso denominado como Reconstrucción, aseguró que Glas, quien presidió el Comité, y Bernal priorizaron proyectos de obras que no eran urgentes y que no se atendieron los requerimientos urgentes de los afectados por el terremoto, lo que generó un perjuicio al Estado de más de 225 millones dólares.

La financiación de estas obras, algunas de ellas inconclusas o catalogadas como innecesarias, salió de fondos de la Ley de Solidaridad, que fue creada para paliar los daños del sismo.

«Este dinero de los ecuatorianos se destinó a 11 proyectos no prioritarios que habrían beneficiado a intereses particulares en la asignación y firma de contratos, y en los valores cancelados por contratos complementarios y de fiscalización», señaló el Ministerio Público.

De interés: La CIDH visita a Glas en cárcel de máxima seguridad de Ecuador

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Esta visita se produce a pedido de la defensa del exvicepresidente y del Comité Internacional para la Libertad de Jorge Glas, quienes han reclamado que la CIDH amplíe las medidas cautelares que ya dictó en 2019 a favor de este, para que ordene al Estado ecuatoriano excarcelarlo, reconocer su estatus de asilado y incluso entregarlo a México.

En los exteriores de la cárcel, agentes policiales resguardaban la entrada, mientras que frente a ella decenas de simpatizantes se congregaron para exigir la libertad de Glas, a quien consideran «un preso político».

Las medidas cautelares que la CIDH emitió en 2019 fueron tras considerar que entonces se encontraba «en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos», algo que en esta nueva situación su equipo legal denuncia que se ha agravado con riesgo hasta el punto de generarle presuntamente afectaciones mentales y un posible riesgo de suicidio.

Situación crítica de Glas

El Comité Internacional para la Libertad de Jorge Glas espera que la CIDH, después de conocer las condiciones en las que está encarcelado el político, ordene al Gobierno de Ecuador que le dé un salvoconducto para que pueda viajar a México en calidad de asilado diplomático, según dijo a EFE hace unos días su coordinador, el abogado y exministro boliviano Sacha Llorenti.

Sin embargo, si eso no llega a suceder, esperan que al menos se le permita salir de la cárcel para que cumpla su condena en arresto domiciliario, aseguró a EFE la asambleísta Mónica Palacios, del partido Revolución Ciudadana, que tiene como líder a Correa.

Palacios insistió en que la situación del exvicepresidente «es crítica» y que no está recibiendo «las medicinas apropiadas para sus enfermedades» dentro de La Roca. Además, dijo que «está teniendo problemas psicológicos por toda esta afectación».

Glas fue uno de los hombres fuertes del Gobierno de Correa y ocupó el cargo de vicepresidente entre 2013 y 2017, así como también durante los primeros meses del mandato presidencial de Lenín Moreno (2017-2021), hasta que comenzaron las investigaciones en su contra, imputaciones y acusaciones que siempre ha rechazado al declarase un perseguido político.

De interés: Ecuador ratifica que no dará salvoconducto a exvicepresidente Glas

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Las declaraciones de Sheinbaum contrastan con las de la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, Gabriela Sommerfield, quien el martes expresó a EFE que confía en que México esté representado en la XXIX Cumbre Iberoamericana, que será en la ciudad ecuatoriana de Cuenca el 14 y 15 de noviembre.

«Ecuador siempre ha estado listo para sentarnos a conversar con toda la situación que ambos países vivieron y con la verdad sobre la mesa para encontrar soluciones«, comentó Sommerfeld en una entrevista.

Pero Sheinbaum, quien asumió el cargo el 1 de octubre, advirtió de que su Gobierno seguirá con la demanda que presentó el Gobierno de México ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) contra Ecuador tras la irrupción el 5 de abril pasado de la policía ecuatoriana en la Embajada mexicana en Quito, donde se resguardaba Glas.

Invasión a la Embajada de México

Este hecho, que México considera una «invasión», derivó en la ruptura de relaciones diplomáticas.

«Y también (seguirá) todo lo que interpuso el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en instancias internacionales ante la violación a la soberanía de nuestro país en el caso de la Embajada de México en Ecuador», declaró la mandataria.

Además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció el viernes pasado una visita a Ecuador para conocer la situación de Glas, exvicepresidente del entonces mandatario Rafael Correa y condenado por corrupción, por lo que permanece en La Roca, la cárcel de máxima seguridad del país.

De interés: Peticiones de asilo en México cayeron en primeros tres trimestres de 2024

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La ratificación la realizó un día después de que el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE, Cancillería), solicitase al Gobierno de Ecuador un salvoconducto para Glas, a petición de que sea entregado y trasladado a un tercer país conforme al artículo XIX de la Convención de Caracas.

Consultado sobre el asunto, el departamento de Comunicación del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador indicó que reiteran lo mencionado en un comunicado del pasado 5 de abril.

En ese escrito, subrayó que para Ecuador resulta «jurídicamente evidente que no es lícita la concesión de asilo diplomático» a Glas, quien tiene pendiente de terminar de cumplir una pena de ocho años de cárcel por dos condenas por corrupción (cohecho y asociación ilícita) y actualmente se encuentra procesado por presunto peculado (malversación de fondos públicos).

«En consecuencia, agrega, el Ecuador reitera que no otorgará salvoconducto alguno ya que no procede» según las convenciones de Asilo Diplomático de 1965 y Asilo Político de 1933, de la que son partes Ecuador y México.

Glas, que fue uno de los hombres fuertes del Gobierno de Correa, donde fue vicepresidente entre 2013 y 2017, así como a inicios del mandato presencial de Lenín Moreno (2017-2021), siempre ha rechazado las acusaciones en su contra y se ha declarado un perseguido político y víctima de ‘lawfare’.

Salud de Glas

México solicitó también que, en tanto se emite el referido salvoconducto, se tomen las medidas humanitarias necesarias para que Glas «sea excarcelado y custodiado en un lugar seguro, en atención al crítico estado de salud que reporta».

En un comunicado, la SRE informó que, con base en el acuerdo suscrito con Suiza el 15 de junio de 2024 para salvaguardar los intereses mexicanos en Ecuador, «el Gobierno de México ha solicitado formalmente al Gobierno de Ecuador un salvoconducto en favor del señor Jorge David Glas Espinel, asilado político mexicano, en términos de los artículos IX, XII y XIII de la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954 (Convención de Caracas), tratado internacional vinculante para México y Ecuador».

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, defendió este martes como parte de «la tradición» de asilo de México que su Gobierno haya pedido a Ecuador el salvoconducto para Glas para que lo excarcelen y entreguen a un tercer país.

«Nosotros estamos en la mejor disposición de recibirlo, es parte de nuestra tradición en materia de política exterior, proteger a perseguidos políticos de cualquier país del mundo, siempre se ha hecho», sostuvo.

Litigio en La Haya

El gobernante mexicano cuestionó la tardanza para resolver la demanda que México hizo contra Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya tras la irrupción en abril de la Policía ecuatoriana en la Embajada mexicana en Quito, la misma que fue respondida por Ecuador con una contrademanda con acusaciones similares de haber contravenido convenios internacionales sobre relaciones diplomáticas.

Mientras México acusa a Ecuador de romper la inviolabilidad de sus sedes diplomáticas, el Gobierno ecuatoriano sostiene que el Ejecutivo mexicano transgredió el derecho internacional al interferir en asuntos internos, abusar de la inmunidad diplomática y violar las normas de asilo que impiden dar ese beneficio a personas condenadas por tribunales ordinarios y procesadas por delitos comunes.

López Obrador y la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, han rechazado las solicitudes de diálogo del Gobierno ecuatoriano de Daniel Noboa al argumentar que la demanda debe resolverse en la CIJ y que Ecuador debe ofrecer disculpas por la irrupción a la sede diplomática.

De interés: Venezuela exige en la Celac que Ecuador devuelva a México a Jorge Glas

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(Fuente de esta imagen referencial: Red social X – @XimenaGarciaMTX)

El doctor y docente en Derecho Internacional Público, Jesús Alberto Zárraga Reyes, nos suministró amablemente su opinión experta sobre el caso; la cual agradecemos y les compartimos, pues constituye a nuestro criterio una excelente y muy importante explicación pedagógica así como resumen:

Controversial hecho: La abrupta toma de la Embajada de México en Quito

La abrupta toma de la Embajada de México en Quito, el 5 de abril de 2024, ejecutada por integrantes de las fuerzas policiales de Ecuador, originó calificadas opiniones conducentes a epistémicos análisis, enfocados a precisar las principales incidencias procedentes del controversial hecho acontecido.

En virtud del incidente diplomático, la Cancillería de Ecuador, en su carácter de órgano ejecutor de la política exterior, emitió una Declaración oficial mediante la cual manifestó su firme oposición al asilo diplomático otorgado al ex-vicepresidente ecuatoriano, Jorge Glas, por el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), a la vez, justificó la incursión policial armada a la sede de la Misión diplomática mexicana, en Quito, en vista a que consideró que el gobierno de México, había incumplido con la especifica norma establecida en la Convención de Caracas de 1954, la cual en forma expresa, proscribe al Estado acreditante, la concesión de asilo diplomático, a ciudadanos involucrados en actos delictivos.

En conformidad con su oposición, el gobierno de Ecuador objetó la actuación de la misión diplomática mexicana por acoger en sus instalaciones al exvicepresidente, Jorge Glas, alegando que el gobierno de México, estaba en pleno conocimiento del contenido de las dos sentencias que pesaban sobre el solicitante de asilo diplomático dictadas por un tribunal local de la causa, por haber cometido delitos de corrupción, situación la cual confirma que, no podía ser considerado como un perseguido, religioso o étnico.

Para el gobierno de Ecuador, la concesión del asilo diplomático en entredicho, contribuiría a que el político indiciado, evadiera la aplicación de justicia e incumpliera la obligación de presentarse ante las instancias judiciales en las ocasiones previstas, afectando las decisiones adoptadas, contraviniendo de esa forma, el principio de “no intervención en los asuntos internos de otros estados”.

El documento ecuatoriano difundido, incluyó referencia al dictamen de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador, en cuya dispositiva señala que: la concesión del asilo diplomático otorgado, constituye un acto ilícito del Estado que lo concede, si la decisión contribuye a evadir la justicia y a promover la impunidad.

En cuanto a la impunidad se refiere, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la define como: la falta de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones o delitos; independientemente, que los actos sean cometidos por agentes del poder público o particulares.

Por ende, se encuentra en situación de impunidad, la persona autora de un delito que no recibe el castigo establecido por la norma o aquella que recibe una pena menor. Por consiguiente, el Estado tiene la obligación de adjudicar un castigo ante los delitos y combatir tal situación por todos los medios legales disponibles ya que la impunidad propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y de sus familiares.

En contraposición, el gobierno de México, consideró que el asilo diplomático otorgado, estuvo ajustado a Derecho, en ese sentido, afirmó, que los cargos criminales en contra del exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, eran actos de persecución política por parte del gobierno del Presidente del Ecuador, Daniel Noboa.

Como consecuencia del inexcusable hecho acontecido, el gobierno de México, como acción jurídica, introdujo ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), una denuncia contra Ecuador por la acción violenta que realizaron sus fuerzas policiales violando la inviolabilidad de la sede diplomática, motivo por el que, solicitó la suspensión del país andino de la Organización de las Naciones Unidas (ONU),  hasta que emita una disculpa por sus actos que han considerado como una “violación flagrante” al Derecho internacional.

CIJ (Fuente de esta imagen referencial: Red social X – @lopezdoriga)

Como parte de la demanda, el gobierno mexicano, requirió que se declare a la CIJ, como el órgano adecuado para determinar la responsabilidad de un Estado a fin de iniciar el proceso de expulsión de la ONU, al presentarse acciones como las impulsadas por el Ecuador, destacando, además que, en estos casos, los miembros del Consejo de Seguridad, no pueden ejercer el derecho de veto.

En la diatriba bilateral surgida, se aprecia la convergencia de dos instituciones jurídicas vinculadas a la «Teoría dualista del Derecho», cuyo fundamento filosófico sostiene, que el derecho internacional y el derecho nacional son dos ordenamientos jurídicos separados, cada uno supremo en sus propias esferas de competencias.

En la referida disputa diplomática, se presenta la divergencia entre el derecho internacional y el derecho interno, aduciendo el Estado acreditante, el inmutable respeto a la inmunidad diplomática e inviolabilidad de las sedes de las misiones diplomáticas y de parte del Estado receptor, el deber que tienen los Estados, de aplicar con rectitud, la institución jurídica interamericana, conocida como: el “asilo diplomático”.

En este sentido, vale destacar, que la teoría dualista del derecho, mantiene su versada vigencia, por lo tanto, los actos que involucran el dualismo jurídico, obligan al Estado acreditante y al Estado receptor, cumplir cabalmente con los preceptos jurídicos establecidos, independientemente, si las normas que regulan la institución de la inmunidad e inviolabilidad diplomática, se encuentran vinculadas al derecho internacional o al derecho interno, y/o se ubican dentro de la dimensión del iure imperii o iure gestionis.

Desde una valoración de lato sensu, enmarcada dentro del derecho internacional, el asilo diplomático, es considerado como una institución de protección política y humanitaria, ejercida por los Estados a través de sus representaciones diplomáticas en el exterior. Es una figura jurídica, que forma parte del derecho internacional americano, y en extensión epistémica, relacionada con el derecho internacional de los derechos humanos. Su aplicación se encuentra regulada por la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático de 1954, así como, en otros instrumentos jurídicos internacionales afines.

El Estado acreditante, de acuerdo al derecho internacional, goza de facultad legal para otorgar asilo diplomático, a aquellos ciudadanos que demuestren que contra de ellos, las autoridades del Estado receptor, han impulsado una sistemática persecución política, acompañada de constante hostigamiento, encontrándose, por consiguiente, en indefensión para proteger su integridad física y propia vida.

Si bien es cierto, que para el derecho internacional americano, no existe fundamento legal o ratio iuris, para que el Estado acreditante, incumpla las disposiciones legales contempladas en la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático de 1954, y en otros instrumentos jurídicos que condicionan y limitan la concesión del asilo diplomático. Igualmente es válido destacar, que no existe eximente procesal alguno, para que el Estado receptor, aun demostrando que el solicitante de asilo diplomático se encuentra incurso en delitos comunes, se atreva a desconocer la inmunidad diplomática e irrespetar la inviolabilidad y extraterritorialidad de las sedes diplomáticas. Esta última institución, aunque es considerada como una ficción jurídica, es de reconocida aceptación en el ámbito de las relaciones internacionales y considerada para el derecho internacional consuetudinario y derecho internacional convencional como una figura legal de carácter universal.

En ese sentido, estimando como válidos, los argumentos jurídicos expuestos por la Cancillería del Ecuador, no existe justificación jurídica aceptable para que el gobierno de Ecuador, haya arremetido contra la Embajada de México, abrogándose  el derecho de desconocer y menospreciar la evolución de los Estados en materia de derecho internacional, dejando de lado, la correcta aplicación de los instrumentos jurídicos internacionales suscritos, concernientes a la inmunidad diplomática, inviolabilidad de las sedes diplomáticas y al asilo diplomático.

En concordancia, fundamentado en la exégesis jurídica, es apropiado afirmar, que el asalto a la Embajada de México en Quito, constituye una ilegal operación de aprehensión a un ciudadano solicitante de asilo diplomático, hecho que exige ser cuestionado y rechazado por todas las naciones respetuosas del derecho internacional, las cuales tradicionalmente, han cumplido cabalmente la normativa jurídica nacional e internacional que prohíbe el uso de la fuerza por cuenta propia, para dirimir las controversias entre las Partes, independientemente de los alegatos jurídicos y evidencias presentadas.

Toma violenta de la Embajada afrenta al Derecho Internacional y a las relaciones amistosas entre dos países latinoamericanos

En ese contexto, es altamente lamentable, que el gobierno de Ecuador, haya desestimado, la posibilidad de utilizar los medios pacíficos dispuestos en el derecho internacional para la solución de la controversia diplomática surgida, en lugar de persistir ante el gobierno de México, en su petición de reconsiderar la decisión adoptada al conceder el improcedente asilo diplomático, al exvicepresidente, ecuatoriano, Jorge Glas.

Indiscutiblemente, la toma violenta de la Embajada de México en Quito, representa para la Diplomacia mundial, una inexcusable afrenta al Derecho Internacional y a las relaciones amistosas entre dos países latinoamericanos, cuya desatinada operación comando adelantada por miembros pertenecientes a las fuerzas policiales ecuatorianas, para capturar y al exvicepresidente Jorge Glas, colocó en grave peligro al personal diplomático, e irrespetó la solemnidad inherente a las instituciones diplomáticas, la cual fue transgredida por Ecuador, en su carácter Estado receptor; detalla el profesor Jesús Alberto Zárraga Reyes.

Desde una óptica académica, es pertinente asentar que, para el mundo diplomático y para los estudiosos del derecho internacional, la errónea acción gubernamental ecuatoriana en contra de la Misión diplomática mexicana, constituye un hecho de sustantiva gravedad y profunda preocupación por el efecto multiplicador que pudiera generarse ante hechos análogos, los cuales obviamente, pondrían en latente vulnerabilidad, la vida de funcionarios diplomáticos, personal administrativo, empleados locales y ciudadanos solicitantes de asilo diplomático.

(Fuente de esta imagen referencial: Red social X – @PortalDiarioAR)

Innegablemente, el inusitado incidente acontecido, violó en forma intolerable, compromisos internacionales asumidos por Ecuador, en el marco de la Convención de la Habana de 1928 sobre Asilo Diplomático; en la Convención de Montevideo de 1933 sobre Asilo Político; en las Convención de Caracas de 1954 sobre Asilo Diplomático; en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969.

La comunidad jurídica docta, cuestiona, que el gobierno de Ecuador, a sabiendas que gozaba de plena facultad para reiterar su firme oposición al gobierno de México, por haber otorgado erróneamente el asilo diplomático en cuestión, y a pesar de detentar la apropiada cualidad jurisdiccional para negarse a otorgar el “salvoconducto” de rigor, no ejerció su legítimo derecho; apunta en su texto el doctor Jesús Alberto Zárraga.

Es pertinente resaltar que, a pesar de la inalterable posición del gobierno de México, de negarse a modificar la decisión adoptada acerca el asilo diplomático otorgado, Ecuador como estado receptor, pudo haber optado por la escogencia de una vía externa de solución jurídica, como lo hubiera constituido la propuesta al gobierno de México, de firmar conjuntamente un “Acta de entendimiento”, con la finalidad de someter la disputa presentada al arbitraje de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y, de esa forma obtener un veredicto imparcial y definitivo acerca la pertinencia o improcedencia del asilo diplomático en cuestión.

Antecedente jurídico-político sobre solución pacífica de controversias de este tipo

Como antecedente jurídico-político, homólogo a la situación descrita, se tiene, la disputa surgida en décadas pasadas, entre el gobierno de Colombia y el gobierno de Perú, por el caso de la protección diplomática otorgada al ciudadano peruano, Haya de la Torre, fundador del partido político peruano, Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), quien en Enero de 1949, ingresó a la Embajada de Colombia en Lima con la finalidad de solicitar asilo diplomático, el cual fue concedido por el Estado acreditante.

Sin embargo, a pesar que Colombia y Perú, asignaban una calificación diferente al asilo diplomático otorgado, los gobernantes de ambos países, en expresión de honorable voluntad política, aceptaron firmar en Lima el 31 de agosto de 1949, un acta de entendimiento, mediante la cual convinieron llevar el caso a la CIJ, la cual sentenció en un fallo dictado el 20 de noviembre de 195º y revisado en 1951, que Colombia no estaba obligada a entregar al político Haya de la Torre a las autoridades peruanas, en virtud que el gobierno peruano, no había probado que los supuestos delitos imputados al solicitante del asilo diplomático, constituían crímenes.

El precedente jurídico del caso del político peruano, Haya de la Torre, representa clara demostración, que el asilo diplomático otorgado al ex-vicepresidente, Jorge Glas, por analogía, contaba con alterno mecanismo legal de solución pacífica de controversias, como lo constituía el medio de acudir en forma bilateral a la CIJ, con la finalidad de lograr una solución arbitral en la contienda jurídico-diplomática confrontada entre el gobierno de Ecuador y el gobierno de la República de México.

El autor Dr. Jesús Alberto Zárraga Reyes

Venezolano, profesor en Derecho Internacional Público

Licenciado en Estudios Internacionales – Universidad Central de Venezuela (UCV)
Abogado – Universidad Santa María (USM)
Magíster Scientiarum en Seguridad y Defensa Nacional – Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional (IAEDEN)
Doctor (PhD) en Relaciones Internacionales – Universidad de Preston (Preston University – EEUU)
Doctor (PhD) en Ciencias de la Educación-Universidad Latinoamericana y del Caribe (ULAC – VZLA)

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«Venezuela va a exigir que Ecuador le devuelva a México al exvicepresidente Jorge Glas, se le otorgue el asilo político y regrese a México para recuperarse físicamente», dijo el mandatario durante su programa semanal de televisión.

Señaló que la detención de Glas, sobre quien pesa una orden de prisión preventiva por un caso de presunta corrupción por el que está actualmente procesado, causó «una conmoción mundial» por tratarse de un «asalto fascista» por parte de la Policía de Ecuador.

Asimismo, aseguró que la irrupción policial en la sede diplomática mexicana fue un plan del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, que contó con el respaldo de Estados Unidos.

Los líderes de la Celac se reunirán de forma virtual el martes para tratar este incidente, por el que México presentó una denuncia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en la que pide suspender a Ecuador de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) hasta que ofrezca una disculpa pública por allanar su sede diplomática.

#EnVivo 📹 | Presidente @NicolasMaduro participa en reunión Extraordinaria de los jefes y jefas de estado y del Gobierno de la CELAC.https://t.co/0QKQoIiCPi

— Prensa Presidencial (@PresidencialVen) April 16, 2024

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Fiorella Tagliafico R.

Con información de EFE Servicios y redes sociales

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En un comunicado, el equipo legal indicó que se trata de una violación del «derecho a la defensa» de Glas y señaló que el exvicepresidente está pagando la factura de la presión mediática y política en el marco del «habeas corpus». 

«Jorge Glas vuelve a la cárcel sin que se examine la realidad del peligro por su vida e integridad», advirtió el documento

De este modo, denunció las múltiples injerencias de otras funciones del Estado y afirmó que el conocido como “Caso Sobornos” se repitió en el marco de este procedimiento. 

Además, los abogados insistieron en su «preocupación por el avance del recurso que le fue concedido para proteger su vida e integridad física y psicológica, derechos fundamentales amparados por numerosas normas internacionales» y pidieron intervenir para exponer la situación de grave riesgo a la que está siendo sometido Glas dentro de un centro penitenciario.

Glas fue trasladado el fin de semana a la cárcel 4 de Quito por «razones de seguridad» tras regresar a prisión el viernes. El antiguo “número dos” del expresidente Rafael Correa fue llevado desde el centro penitenciario de Cotopaxi tras un altercado entre presos de bandas enfrentadas.

El exvicepresidente deberá seguir cumpliendo dos condenas, una de seis años de prisión por asociación ilícita y otra más reciente de ocho años por cohecho.

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María Gabriela Moncada

Con información de agencias de noticias y medios internacionales

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Lasso defendió la independencia de poderes en Ecuador, por lo que garantizó que no intervendrá en contra de la decisión judicial que liberó a Glas. «No creo que uno deba hacer daño usando el poder», subrayó.

Sin embargo, el jefe de Estado reconoció que en los últimos días recibieron sugerencias para intervenir y frenar dicha liberación, si bien precisó que no intervendrá en las decisiones judiciales como, según denunció, sí hizo el expresidente Rafael Correa, con quien Glas se desempeñó como “número dos”.

Guillermo Lasso no se involucrará como lo hizo Correa durante su mandato

«Muchas personas me han dicho: No, Guillermo, lo que tu argumentas, sobre la democracia y la independencia está bien, pero no en este caso», reveló Lasso, quien sin embargo recordó que en su día se criticaba a Correa «cuando intervenía en la justicia».

Glas salió el pasado domingo de prisión después de que un juez del cantón Santa Elena, en el oeste de la nación, le concediera el “habeas corpus”, tras permanecer en la cárcel por cuatro años y medio.

Tras su liberación, el gobierno ecuatoriano anunció la puesta en marcha de un dispositivo de control policial constante para evitar que el expresidente salga del país y evada a la Justicia.

Guillermo #Lasso se refirió a la liberación de Jorge #Glas. Asegura que “no pactará jamás con la corrupción” » https://t.co/MWWemHKZ6p pic.twitter.com/oYILuwpjtD

— El Comercio (@elcomerciocom) April 12, 2022

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María Gabriela Moncada

Con información de dpa, medios internacionales y redes sociales