Este proceso se ha intensificado luego de la aprobación de la Ley de Amnistía en febrero pasado, aunque la oposición insiste en que las excarcelaciones deben ser «masivas, rápidas y transparentes».

Puntos clave del reporte

Cifras en contraste: Mientras la PUD contabiliza 758 casos verificados, el diputado oficialista Jorge Arreaza reportó la semana pasada que 8.146 personas han recibido «libertad plena» bajo el marco de la ley (310 estaban en prisión y 7.836 bajo medidas cautelares).

Alcance de la Ley: La normativa contempla beneficios para hechos ocurridos en un lapso de 27 años (desde 1999), pero se limita a 13 eventos específicos, excluyendo delitos como corrupción, homicidio, violaciones de DD. HH. u operaciones militares.

Pendientes y vigilias: Pese a los avances, la ONG Foro Penal estima que aún permanecen 503 personas detenidas por motivos políticos. Familiares y activistas mantienen vigilias permanentes a las afueras de los centros de reclusión del país.

Postura oficial: El Gobierno Nacional mantiene su posición de que no existen detenidos por motivos políticos, asegurando que los procesados incurrieron en delitos comunes, afirmación que es rechazada por organizaciones defensoras de derechos humanos.

Condiciones de libertad

La coalición opositora no desglosó si estas 758 liberaciones representan libertad plena o si los ciudadanos continúan sujetos a procesos judiciales y medidas cautelares, como la prohibición de salida del país o regímenes de presentación ante tribunales.

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Cifras clave del reporte

Beneficiarios: De los 8.146 liberados, 310 se encontraban en centros de reclusión y 7.836 mantenían medidas cautelares (prohibición de salida del país o presentaciones periódicas).

Solicitudes procesadas: En cinco semanas, la comisión parlamentaria ha recibido 11.559 solicitudes válidas que cumplen con los parámetros de la ley.

Ritmo de otorgamiento: Solo entre el pasado martes y este jueves, se sumaron 62 nuevas amnistías (8 para encarcelados y 54 para personas con medidas restrictivas).

Limitaciones y controversias

Alcance temporal y temático: Aunque la ley abarca un periodo de 27 años (desde 1999), solo se aplica a 13 hechos específicos ocurridos en 13 años distintos. Quedan excluidos delitos de corrupción, homicidio, violaciones de derechos humanos y operaciones militares.

Falta de transparencia: A más de un mes de su aplicación, aún no se ha publicado un listado oficial con las identidades de los beneficiarios, pese a la solicitud del Alto Comisionado de la ONU, Volker Türk.

Situación de la prensa: El SNTP denuncia que 20 periodistas continúan bajo medidas cautelares sin recibir libertad plena, calificando el retraso como un patrón de obstrucción a la justicia.

El panorama actual

Mientras las autoridades celebran los avances, la ONG Foro Penal estima que aún quedan 503 presos políticos tras las rejas (incluyendo 44 extranjeros) y más de 11.000 ciudadanos siguen sujetos a restricciones judiciales.

Familiares y activistas mantienen vigilias en las afueras de los recintos penitenciarios a la espera de nuevas boletas de excarcelación.

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En declaraciones a la prensa desde la Universidad Central de Venezuela (UCV), De Grazia indicó que el viernes se reunieron con parte de la comisión que vigila el cumplimiento de la Ley de Amnistía, aprobada en febrero, en la que también pidieron que se publique la lista completa de todos los que han recibido la libertad plena.

«El oficialismo dice que ha liberado a 8.000 personas, que ya les ha limpiado su expediente (…), bueno queremos saber quiénes son», señaló el exdiputado.

Igualmente, dijo que el objetivo es cruzar la data que pudieron recolectar con otras organizaciones como Provea y el Foro Penal para que no quede ninguna persona excluida.

De Grazia señaló que en la reunión se expusieron los casos de Hugo Marino, Víctor Quero Navas, Alcides Mora, Esneider Vergel y Eliécer Vergel, que sus familiares y distintas ONG denuncian que están en desaparición forzada.

Bienes incautados a presos políticos

Por su parte, el politólogo y director del medio Punto de Corte, Nicmer Evans, indicó que se le entregó una comunicación a la comisión parlamentaria en la que también se les exige la devolución de los bienes incautados a los presos políticos que ya fueron liberados.

«Un elemento gravísimo que ha sido el hecho de que a cada uno de los que se ha detenido, se le ha considerado sus propiedades como botín de guerra y necesitamos que haya clarificación sobre esto», añadió.

En febrero, la AN aprobó una Ley de Amnistía que contempla un período de 27 años, desde 1999 -cuando el chavismo llegó al poder-, pero establece que se concederá a personas vinculadas con 13 «hechos» ocurridos en 13 años distintos.

Excarcelados en Venezuela

Hasta el viernes, la Justicia de Venezuela ha otorgado libertad plena a 8.068 personas durante el primer mes de la Ley de Amnistía, promulgada en febrero, según informó el diputado Jorge Arreaza, quien preside la comisión parlamentaria para el seguimiento de la norma.

En una publicación en X, Arreaza detalló que 7.808 de esos beneficiados tenían libertad restringida con medidas cautelares -como prohibición de salida del país y presentación periódica ante tribunales-, y los restantes 260 estaban encarcelados.

Asimismo, indicó que hasta este viernes las autoridades han recibido un total de 11.396 solicitudes válidas, es decir, que corresponden a los delitos y períodos establecidos en la legislación.

Según el más reciente balance de la ONG Foro Penal, publicado el 14 de marzo, al menos 690 presos políticos han sido excarcelados desde el 8 de enero de 2026, en el marco del proceso asociado a la ley de amnistía y otras medidas.

No obstante, la organización no desglosa cuántas de estas liberaciones corresponden específicamente al período posterior a la aprobación de dicha ley.

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«Tienen derecho a apelar frente a los tribunales e incluso también pueden introducir escritos ante la comisión de seguimiento y seguirlos analizando», sostuvo el diputado chavista al ser consultado por periodistas sobre las amnistías negadas en los últimos días, incluyendo el caso de dos periodistas.

Desde el Palacio Federal Legislativo, sede del Parlamento en Caracas, Rodríguez recordó que la Ley de Amnistía cubre los expedientes relacionados a 13 momentos políticos específicos y señaló que más de 2.000 solicitudes recibidas por la comisión se refieren a casos no cubiertos por la norma.

Sin embargo, aseguró que la comisión parlamentaria de seguimiento de esta ley sigue evaluando casos y «seguirán atendiendo» todas las solicitudes, incluyendo acusaciones distintas a los períodos establecidos en la legislación.

«Ha sido fundamental el trabajo que esta comisión ha hecho: 7.580 personas han sido beneficiados por esta ley de amnistía e, incluso, más allá de las acciones que esta ley de amnistía ha venido atendiendo», afirmó Rodríguez, sin dar más detalles.

Esta cifra contrasta con el reporte del jueves pasado, cuando el diputado chavista Jorge Arreaza informó que ya sumaban 7.727 libertades plenas: 7.474 de personas en libertad restringida con medidas cautelares, mientras que 253 estaban encarcelados.

Rodríguez también señaló que se han recibido solicitudes de amnistía de venezolanos desde el extranjero y descartó detallar identidades, pero exhortó a quienes viven en el exterior y estén interesados en la amnistía a introducir sus solicitudes esta semana.

«Este es el momento para que se comuniquen, por vía escrita o por vía de sus abogados, ante la comisión de seguimiento para que sus casos pueda ser procesados», afirmó.

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A las afueras del Legislativo, en Caracas, los parientes de los presos políticos corearon consignas como «no más burla con la amnistía» y pidieron la liberación de todos los detenidos por estos motivos, que son 526 según la ONG Foro Penal, aunque el Gobierno niega que hay presos por estos motivos.

Andreína Baduel, integrante del Comité por la Libertad de los Presos Políticos, indicó a los medios que no hay celeridad en el proceso para quienes están optando por la amnistía.

«Queremos denunciar que no hay la real voluntad política de hacer las cosas distintas, porque si así fuese, no existieran los centros de tortura como Rodeo I y como Guaicaipuro, en donde los presos políticos siguen siendo amenazados y torturados«, apuntó.

El expreso político y director del medio digital venezolano Punto de Corte, Nicmer Evans, declaró que la Justicia no ha atendido todos los casos de solicitud de amnistía, por lo que familiares insisten en el cumplimiento transparente de esta ley.

En este contexto, subrayó que se ha reclamado y exigido que se publique una lista de «quiénes han sido beneficiados por la ley por una u otra vía y esto no ha sido posible».

Por su parte, Alba Rodríguez indicó que hace apenas ocho días se enteró que su pareja de nacionalidad colombiana, Yonaider Berrío Berrío, se encuentra detenido en la cárcel de Rodeo I, pese a que desde hace un año está preso.

Rodríguez señaló que los presos políticos extranjeros no pueden recibir visitas, alimentos o medicinas y en su caso, dijo, no podría verlo dentro de la cárcel porque no están casados legalmente.

La Justicia de Venezuela ha otorgado un total de 6.071 libertades plenas en el marco de la Ley de Amnistía aprobada en febrero, la gran mayoría de ellas a personas que tenían medidas cautelares, informó el martes Jorge Arreaza.

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En una rueda de prensa en la sede del Legislativo, Arreaza indicó que el sistema de justicia venezolano recibió 9.419 solicitudes de amnistía, de las cuales fueron otorgadas unas 6.071 libertades plenas.

En ese sentido, detalló que la amnistía benefició a 245 personas que estaban «privadas de libertad» y a 5.826 que tenían medidas cautelares, la mayoría de ellos, añadió, son de los detenidos por la crisis postelectoral de 2024.

«Ha habido mucha celeridad en el proceso y le rogamos a quien aún está esperando que el tribunal correspondiente tome la decisión o la sala de apelaciones, en el caso que haya habido una apelación, recuerden los 15 días cuentan a partir de la recepción de la solicitud de amnistía«, señaló Arreaza.

Analistas han expresado sorpresa ya que ignoraban que pasara de 6.000 el número de presos por razones políticas o de personas excarceladas con medidas cautelares

El diputado Arreaza, igualmente, sostuvo que habrá una «depuración» de la lista total de solicitudes porque hay casos repetidos.

El diputado también dijo que hasta el momento no ha habido solicitudes de amnistía de venezolanos que se encuentran en el exterior pero apuntó que hay personas que se comunicaron con diputados opositores y oficialistas sobre la voluntad que tienen para hacer el procedimiento.

Arreaza insistió en que la Ley de Amnistía debe ser considerada un «primer paso» que no le dará la paz a Venezuela «por sí sola».

La ONG Foro Penal, que lidera la defensa de presos políticos en Venezuela, está verificando la cantidad de liberados tras la amnistía y el jueves en la tarde cifró en 568 el total de los detenidos por motivos políticos en el país.

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Con información de EFE Servicios y redes sociales

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En su cuenta de X, el dirigente opositor subrayó que «la liberación de militares perseguidos y apresados por años» ha sido una exigencia de Venezuela, donde, a su juicio, el gobierno «ha sido implacable» con los funcionarios de las Fuerzas Armadas.

«Todos los presos políticos, civiles y militares, deben lograr la libertad plena, inmediata e incondicional», manifestó el también exdiputado, aunque el gobierno niega que haya personas detenidas por estos motivos y asegura que cometieron delitos.

El sábado, el presidente de la comisión parlamentaria para la aplicación de la Ley de Amnistía en Venezuela, el diputado oficialista Jorge Arreaza, informó de que 31 militares fueron excarcelados con «medidas alternativas» con el objetivo de contribuir a la paz.

A través de un mensaje en X, el diputado indicó entonces que el Sistema de Justicia Militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) acordó otorgar estas medidas el viernes a los militares, quienes, añadió, ya se encuentran en libertad.

Arreaza no precisó las identidades de los militares o cuáles son sus causas ante la Justicia.

El reporte de la ONG Foro Penal

El viernes, el presidente de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero, informó de la excarcelación de al menos ocho presos políticos militares, entre ellos, Rocío Fernández, capitán del Ejército Bolivariano y perteneciente al pueblo indígena wayú, y Jesús Sifontes, teniente de corbeta de la Armada.

Foro Penal indicó que ambos estaban «arbitrariamente» detenidos desde agosto de 2024, cuando Venezuela atravesaba una crisis que se desató tras la cuestionada victoria de Nicolás Maduro en las presidenciales de julio de ese año, proclamada por un organismo electoral afín al chavismo que luego no publicó las actas de votación.

El Parlamento, controlado por el chavismo, aprobó por unanimidad en febrero una histórica Ley de Amnistía para los casos de presos políticos desde 1999 hasta 2026, pero que se aplicará de forma específica a 13 «hechos» ocurridos en 13 años distintos, lo que excluye el resto del período establecido, así como los casos relacionados con operaciones militares.

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Fuente de imagen referencial: EFE / Henry Chirinos

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«La decisión fue tomada este 27 de febrero y hoy ya se encuentran libertad» dijo el presidente de la Comisión Especial de Seguimiento de la Ley de Amnistía, Jorge Arreaza.

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Medidas alternativas o sustitutivas

Por medio de una publicación en Instagram, explico que, el sistema de Justicia Militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) acordó otorgar medidas alternativas a dicho grupo de efectivos procesados.

Por otra parte, Alfredo Romero, presidente de la organización no gubernamental Foro Penal, a través de la red social X, apuntó este viernes que al menos ocho militares considerados presos políticos en Venezuela ya fueron excarcelados.

Rocío Fernández, capitán del Ejército Bolivariano y miembro del pueblo indígena wayuu, y Jesús Sifontes, teniente de corbeta de la Armada, han sido mencionados por diferentes medios de prensa, entre los beneficiados con las medidas condicionales adoptadas.

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Con información de medios nacionales e internacionales, así como redes sociales

Fuente de imagen referencial principal: Archivo (Noticias Venevisión – Cortesía)

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El pasado 19 de febrero, la Asamblea Nacional aprobó una Ley de Amnistía concebida en principio para casos desde 1999, pero que se aplicará de forma específica en 13 «hechos» ocurridos en 13 años distintos, lo que excluye el resto del período establecido, así como los casos relacionados con operaciones militares.

Rodríguez, quien asumió la Presidencia encargada tras la captura de Nicolás Maduro en enero, pidió «máxima celeridad» a la aplicación de la ley. La comisión presidida por Jorge Arreaza ha recibido 7.461 solicitudes de amnistía, de las cuales 3.934 personas con medidas cautelares ya tienen libertad plena.

Según el SNTP, los dos últimos periodistas que quedaban detenidos, Jonathan Carrillo y Pedro Urribarri, fueron excarcelados este jueves, lo que significa que actualmente «no hay ningún periodista ni trabajador de la prensa detenido» en el país. A principios de año, el sindicato computaba un total de 28 trabajadores de la prensa arrestados.

Camilo Roso, exprefecto del estado Táchira, fue liberado tras más de cinco años en prisión acusado de ayudar a Juan Guaidó en 2019. Durante la jornada también salieron José Orlando Ramírez Ramírez y Pedro José González, ambos acusados anteriormente de presunta incitación al odio.

La ONG Foro Penal indicó que aún quedan 568 presos políticos, de los cuales 182 son militares y 52 tienen nacionalidad extranjera. La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) exigió procesos de liberación «masivos, expeditos, públicos y transparentes», señalando que para lograrlo solo se necesita voluntad política. Por su parte, Arreaza aseguró que los tribunales están trabajando las 24 horas para evitar «cuellos de botella» en las solicitudes de amnistía.

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«Con sus propios argumentos jurídicos vamos nosotros a revertir esa exclusión», señaló el abogado Omar García Marín, integrante del Comité por la Libertad de los Presos Políticos, en una vigilia celebrada a las afueras de la cárcel Rodeo I. Indicó que aunque la ley de amnistía es excluyente e insuficiente, representa una «rendija» para seguir exigiendo la liberación de todos, ya que el Estado está reconociendo que la detención fue fallida.

A su juicio, la norma es excluyente porque el artículo 8 establece hechos específicos de solo 13 años. No obstante, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, pidió que la comisión especial de seguimiento de la amnistía revise casos que no están contemplados en la ley de amnistía. Por su parte, Orlando Moreno, de Vente Venezuela, pidió presión internacional para que las liberaciones «sean totales».

La activista Sairam Rivas señaló que el proceso se ha dado «sin transparencia, con mucha opacidad, sin cifras oficiales». El diputado Jorge Arreaza informó que un total de 179 personas han salido de las cárceles tras la aprobación de la ley, y que los tribunales han otorgado libertades plenas a 3.231 personas (incluyendo a 3.052 que tenían medidas cautelares).

Sin embargo, se desconoce el listado oficial y la ONG Foro Penal reportó haber verificado 109 liberaciones de detenidos en cárceles desde el viernes hasta este martes. Arreaza indicó que se crearon tres subcomisiones en el Parlamento para velar por el cumplimiento de la ley y gestionar la cantidad de casos recibidos.

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«Una ley es imposible que cubra y que pueda resolver una situación-país. Pero sí aporta, creo que es un gran primer paso. (…) Falta mucho en el sentido de liberaciones, en el sentido de evaluar situaciones judiciales», indicó Arreaza en un programa radial con el periodista Román Lozinski.

Consultado por los excluidos de la ley, el también excanciller respondió que no se le puede dar el beneficio a todos, pero añadió que se van a «evaluar otros casos» desde «el espíritu de la amnistía».

La ley especifica la amnistía para 13 hechos ocurridos en 13 años distintos, lo que excluye a varios presos políticos, entre ellos militares, y no cubre todo el período planteado desde 1999 hasta 2026.

En relación a los casos de militares, Arreaza aseguró que «la Justicia militar está trabajando y va a anunciar sus medidas». Según la ONG Foro Penal, en Venezuela hay unos 185 militares detenidos entre los más de 600 presos políticos.

El diputado cree que esta semana saldrán en libertad los «políticos presos» registrados por organizaciones y la Fiscalía. Por otra parte, reconoció que se ha aplicado «a veces muy bien y a veces muy mal» la ley contra el odio, mencionando casos de personas arrestadas «por unos mensajes en su teléfono». «No hay derecho a revisar el teléfono en una alcabala», subrayó.

Un total de 2.021 personas han sido excarceladas con medidas cautelares y 177 presos han sido beneficiados, según Arreaza. Sin embargo, Foro Penal ha verificado 109 liberaciones plenas desde el 20 de febrero y un total de 545 excarcelaciones desde el 8 de enero.

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«Podemos decir que se han realizado, gracias a la ley, 177 excarcelaciones, se han dado 2.021 libertades plenas a personas que estaban en régimen de presentación», informó el diputado durante una reunión en el palacio presidencial de Miraflores con «víctimas de la violencia política».

Asimismo, señaló que la comisión que preside ha recibido «más de 3.000» solicitudes y que siguen recibiendo nuevas peticiones en «algunos» tribunales de Venezuela.

En tanto, la ONG Foro Penal había verificado 464 excarcelaciones de presos políticos en el país entre el 8 de enero y el 22 de febrero; y al menos 65 liberaciones desde la aprobación de la amnistía el jueves pasado. La comisión parlamentaria que preside Arreaza está encargada de hacer seguimiento del cumplimiento de la ley y de revisar otros casos «no contemplados» en la amnistía de Venezuela.

«El espíritu de esa ley, que la pidió la presidenta, es la convivencia democrática, es la paz», subrayó el parlamentario. Recordó, además, que se han producido más de 800 excarcelaciones de presos por motivos políticos desde diciembre, una cifra que también sostiene el Gobierno encargado.

Foro Penal diferencia liberaciones plenas de excarcelaciones, ya que en estas últimas los beneficiados salen de prisión, pero con libertad condicional y medidas cautelares.

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«Esta ley está en plena vigencia y su cumplimiento no es opcional: es el primer paso irreductible hacia la institucionalidad y la paz que Venezuela exige», manifestó el dirigente en su cuenta de X.

A su juicio, de «nada sirve avanzar en el Legislativo» con la aprobación de esta ley si «no hay un compromiso real y efectivo de todos los poderes públicos» y, en este sentido, agregó que la amnistía «no es un adorno ni un titular», sino «una pieza clave de un proceso mayor para reconstruir el país».

«Mi solidaridad con las familias de los detenidos y personas que han solicitado amnistía. No están solos. Seguiremos exigiendo que la ley se cumpla con rapidez y transparencia», expresó Stalin González.

Un total de 2.021 personas han sido excarceladas, pero con medidas cautelares, y 177 presos han sido beneficiados en el marco de la Ley de Amnistía, según dijo el lunes el diputado oficialista Jorge Arreaza, quien preside la comisión parlamentaria para el cumplimiento de la norma.

Entre el 8 de enero y el 24 de febrero, la ONG Foro Penal había verificado 545 excarcelaciones en el país y al menos 91 liberaciones tras la aprobación de la amnistía el jueves pasado.

La organización diferencia liberaciones plenas de excarcelaciones, ya que en estas últimas los beneficiados salen de prisión, pero con libertad condicional y medidas cautelares, como la prohibición de salida del país o régimen de presentación periódica ante tribunales.

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En la sesión celebrada ayer jueves 12 de febrero, la AN aprobó hasta el artículo sexto la titulada Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática.

La discusión se trancó en el séptimo punto, cuyo borrador señala que la amnistía es para todas aquellas personas que se encuentren o puedan «ser procesadas o condenadas por su presunta o comprobada participación en delitos o faltas cometidos», siempre que «esté a derecho o se ponga a derecho luego de la entrada en vigencia» de la normativa.

El diputado opositor Luis F lorido, de la fracción Libertad, indicó que había que modificar el artículo debido a que, a su juicio, la solicitud de presentación ante la Justicia implica ya un señalamiento como culpable a las personas que estén judicializadas.

El oficialismo, en cambio, argumentó que la Constitución establece que las personas deben estar presentes en un proceso penal.

El diputado oficialista Jorge Arreaza, líder de la comisión encargada de la ley, propuso aplazar «la discusión del resto de los artículos para evitar caer en debates innecesarios» y «mantener el clima necesario de conciliación».

Asimismo, dijo esperar que se pueda aprobar la norma en la próxima sesión.

La vicepresidenta de la comisión, la opositora Nora Bracho, planteó también el aplazamiento con el objetivo de «seguir debatiendo y discutiendo este artículo (séptimo)».

Entre lo aprobado durante la sesión del jueves, la futura ley concede «una amnistía general y plena de los delitos o faltas cometidos y acaecidos en el marco de los hechos y el ámbito temporal» establecidos en el texto, con el fin de «promover la paz social y la convivencia democrática».

Este proyecto de amnistía se enmarca en un «nuevo momento político», anunciado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en el contexto de un proceso de excarcelaciones iniciado el pasado 8 de enero.

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Fuente de imagen referencial: EFE/ Asamblea Nacional

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El coordinador del programa, Ernesto Villegas, indicó que este miércoles continuarán los encuentros tras una primera jornada en la sede del Legislativo donde se escucharon testimonios que «tocaron el corazón».

Decenas de familiares de detenidos en cárceles como El Rodeo I, Yare, Tocuyito y Ramo Verde se congregaron para exigir ser escuchados. El diputado Jorge Arreaza, presidente de la comisión especial, afirmó que van a escuchar «a todo el mundo» para que la ley sea lo más amplia posible, mientras que Pedro Infante calificó la reunión de cinco horas como una «gran jornada democrática».

Por su parte, el diputado opositor Antonio Ecarri se mostró conmovido por los relatos. Desde la sociedad civil, Margareth Baduel (Clipp) advirtió que, si la ley de amnistía se aprueba como está, más de 500 presos políticos quedarían tras las rejas. La propuesta actual contempla casos desde 1999 hasta enero de 2026, pero especifica años como 2002, 2014, 2017, 2019 y 2024.

Mientras la ONG Foro Penal verifica 431 excarcelaciones desde el 8 de enero, el Gobierno encargado eleva la cifra a 897 personas desde diciembre, aunque aún no se ha publicado un listado oficial. Se espera que la ley sea aprobada de forma definitiva esta misma semana.

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El proyecto, que se remonta a los casos de presos políticos desde 1999 excluye a los procesados o condenados por violaciones graves de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, homicidio intencional, corrupción y tráfico de drogas, indicó el diputado Jorge Arreaza al presentar el proyecto de ley de amnistía que aún debe ser aprobado en un segundo debate.

Una comisión especial presidida por Arreaza e integrada por otros 18 diputados, entre ellos Nicolás Maduro Guerra e Iris Varela, debe agilizar las consultas con diversos sectores de la sociedad civil

El también excanciller expresó que el proyecto «allana esos procesos» de diálogo político que «vienen encaminados a dar paz y prosperidad» en «este momento histórico» deben dar celeridad a las consultas

Este proyecto legislativo ahora debe ser sometido a consultas con diversos sectores de la sociedad civil y para ello el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, designó una comisión especial presidida por Arreaza e integrada por otros 18 diputados, entre ellos Nicolás Maduro Guerra, hijo del mandatario Nicolás Maduro, y la exministra del Servicio Penitenciario Iris Varela, a los que pidió celeridad. «No tenemos mucho tiempo», aseguró Rodríguez.

La propuesta de ley fue presentada el pasado 30 de enero por la presidenta encargada en medio de un proceso gradual de excarcelación de presos políticos que comenzó el día 8 de enero.

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Fuente de imagen referencial: EFE/Asamblea Nacional

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«La reconciliación debe ser a dos partes, no pierdan esta oportunidad. Les estamos extendiendo la mano, y nosotros esperamos que con madurez política sepamos enfrentar este nuevo desafío», afirmó la mandataria durante un acto de coordinación de los Cuadrantes de paz en el estado Bolívar.

En el evento, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Rodríguez aseguró que «una vez más» su gobierno ha «tendido» la mano para lograr la «convivencia democrática». Asimismo, señaló que es importante «sanar» al país «del odio, de la intolerancia».

El proyecto excluye a los procesados y condenados por violaciones graves de los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, homicidio intencional, corrupción y tráfico de drogas

La Asamblea Nacional aprobó este jueves en primera votación el proyecto de ley de amnistía impulsado por la presidenta encargada.

El proyecto excluye a los procesados y condenados por violaciones graves de los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, homicidio intencional, corrupción y tráfico de drogas, indicó el diputado Jorge Arreaza.

Antes del debate parlamentario, diversas ONG locales cuestionaron que el texto del proyecto no se ha hecho público. La propuesta de ley fue presentada en medio de un proceso de excarcelaciones que inició el 8 de enero.

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En una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Gil indicó que esta iniciativa no solo tiene que ver con los bienes alimentarios, sino también con «todo el desarrollo científico, tecnológico, el aprovisionamiento de insumos para la producción agroecológica» y «todo lo que tiene con maquinaria, con la mecanización agrícola».

Aseguró que Venezuela, como miembro del bloque, tiene «una oferta ambiental bastante amplia, tiene una infraestructura que ha desarrollado (…) con inversiones durante los últimos 25 años».

«Estamos preparados para convertir, dentro de la ALBA, a Venezuela en un gran polo de producción«, agregó.

A su lado, el secretario general del bloque, Jorge Arreaza, adelantó que este jueves se realizarán conferencias para explicar a los países participantes y a los inversionistas qué es Agro-ALBA.

Asimismo, agregó que el viernes se celebrará la primera reunión con ministros, donde se podrán «armonizar ciertos protocolos» para la producción y exportación en los distintos países, sin precisar más detalles al respecto.

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Con información de EFE Servicios

Fuente de imagen referencial: EFE/Ernesto Guzmán Jr.

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En un comunicado, la organización, de la que forma parte el país insular, dijo seguir con atención la información brindada por las autoridades e instituciones cubanas, que han reportado viviendas afectadas, averías eléctricas y aludes desde áreas montañosas.

«Los Estados miembros de la alianza se solidarizan con esta hermana nación, que enfrenta este nuevo suceso después de semanas de huracanes, y apoya el arduo trabajo del gobierno y pueblo cubanos para salvar vidas y restituir la normalidad», agregó la ALBA, dirigida por el excanciller venezolano Jorge Arreaza.

La organización está integrada también por Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Antigua y Barbuda, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Granada, Dominica y Santa Lucía.

Los movimientos telúricos fueron registrados a media mañana por el Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas (Cenais) en las cercanías del municipio de Pilón, en Granma.

Varias horas después, el Cenais había reportado 40 réplicas, de las que 15 fueron perceptibles.

El impacto de los sismos ha llegado a la zona oriental de la isla en momentos en los que aún se recupera de la embestida del huracán Óscar, hace tres semanas, y de intensos temporales de lluvias de los últimos días.

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Con información de EFE Servicios

Fuente de imagen referencial: EFE/ Felipe Borrego

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El secretario general del organismo, Jorge Arreaza, dijo que el Banco y la Secretaría Ejecutiva de la ALBA serán «los responsables de la operatividad» de esta agencia y, además, recibirán los proyectos, cotizaciones, y tendrán «otras funciones», sin especificar cuáles.

Por su parte, el presidente del Banco de la ALBA, Raúl Li Causi, dijo que desde la entidad hay disposición de «financiar proyectos enfocados en la energía renovable, la agricultura sostenible, la gestión de recursos naturales, infraestructura, salud, tecnología, comunicación digital, turismo, entre otros».

Además, los 10 países del bloque plantearon la importancia de «captar recursos» para la entidad de próxima creación que provengan de los «propios miembros» y «otros organismos internacionales», a propósito del «cambio climático y sus consecuencias».

Por su parte, el vicepresidente de Planificación de Venezuela, Ricardo Menéndez, aseguró que la entidad de cooperación será «el motor» para «crear logísticas» que permitan «ayudar a pueblos afectados por huracanes u otros desastres naturales».

La creación del nuevo ente es parte de la ‘Agenda estratégica 2030’ del bloque, que incluye «la planificación y optimización de fondos», «coordinación de intervenciones humanitarias» y «asistencia técnica para la formulación de proyectos».

La ALBA -que no informó la fecha en que se pondrá en funcionamiento dicha agencia- está conformada por Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia, Antigua y Barbuda, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Granada, Dominica y Santa Lucía.

Ayer nació la Agencia de Cooperación para el Desarrollo del @ALBATCP. Hoy nos reunimos con representantes de @Tika_Turkiye, la Agencia de Cooperación de Turkiye para América Latina.
Evaluamos proyectos para beneficio de los países del ALBA y programas conjuntos en la región. pic.twitter.com/MialKU9jC0

— Jorge Arreaza M (@jaarreaza) July 4, 2024

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Con información de EFE Servicios y redes sociales

Fuente de imagen referencial: EFE/Rayner Peña R.

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