A Boluarte, que también es ministra de Desarrollo e Inclusión Social, la imputaron por haber abierto a su nombre una cuenta bancaria, principalmente para recaudar donaciones que ayudasen al líder del partido, Vladimir Cerrón, a pagar la indemnización por corrupción con que lo condenaron.

De acuerdo al testimonio de un colaborador eficaz de la Fiscalía, esa cuenta bancaria recibió supuestamente dinero de sobornos, cobrados por la Dirección de Transportes y Comunicaciones del gobierno regional de Junín, en poder del marxista partido Perú Libre.

El dinero recaudado a partir de los cobros ilícitos recibidos por la irregular expedición de licencias de conducir también se utilizó aparentemente para financiar las campañas al Congreso de varios militantes de Perú Libre.

La administración a cargo de Perú Libre en la céntrica región de Junín también obligaba presuntamente a sus trabajadores temporales a aportar 100 soles mensuales a la cuenta abierta por Grajeda, bajo amenaza de no renovar sus contratos.

El fiscal a cargo del caso, Richard Rojas, sospecha que Boluarte pudo haber incurrido supuestamente en “actos de lavado de activos que hayan tenido como objetivo financiar indebidamente su campaña política”.

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Gabriela Morales

Con información de agencias de noticias y medios internacionales