En octubre, se documentaron 11 «actos de intimidación», dos de «hostigamiento judicial» y dos de «censura», indicó la ONG en el texto, sin especificar el tipo de violación del par de casos restantes.

Respecto a las víctimas, dijo que hubo «cinco particulares, cuatro periodistas, dos medios de comunicación y dos reporteros gráficos», mientras que, entre los principales victimarios, señaló «cuerpos de seguridad, instituciones del Estado y funcionarios», a los que acusó de «usar el miedo para silenciar a las voces críticas».

Con octubre, la organización no gubernamental computa un total de 192 violaciones en 2025, principalmente «intimidación (61), censura (52) y hostigamiento judicial (25)».

Espacio Público también afirmó que, el pasado mes, diversas organizaciones y periodistas «denunciaron censura radial, suspensión de programas y amenazas contra quienes hablaran sobre el Premio Nobel de la Paz» otorgado este año a la líder opositora María Corina Machado.

El Instituto Prensa y Sociedad (Ipys) de Venezuela denunció recientemente que en el país «informar sigue siendo una labor castigada» y por ello reiteró su llamado a las autoridades a investigar los que consideró como «crímenes contra periodistas», así como «sancionar a los responsables» y garantizar que «estas violaciones» no se repitan.

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Con información de EFE Servicios

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A través de una nota de prensa, Ipys detalló que las «agresiones más comunes» fueron el «hostigamiento y las amenazas (29 casos), el discurso estigmatizante (19), las detenciones arbitrarias (14), las restricciones en internet (33) y las limitaciones de acceso a la información pública (15)».

Además, Ipys aseguró que la «falta de sanciones judiciales ha consolidado un círculo de impunidad en el que los agresores no son procesados, las víctimas no son reparadas y la sociedad se acostumbra al silencio».

Ipys contabiliza dieciocho periodistas y trabajadores de la prensa detenidos en Venezuela, aunque otras organizaciones amplían esta cifra a veintidós. En nueve de estos dieciocho casos, según la ONG, «no ha habido ningún pronunciamiento oficial sobre su paradero ni sobre los procesos judiciales abiertos en su contra».

Para Ipys, en Venezuela «informar sigue siendo una labor castigada» y por ello reiteró su llamado a las autoridades a investigar los que consideró como «crímenes contra periodistas», así como «sancionar a los responsables» y «garantizar» que «estas violaciones» no se repitan.

En 2024, la ONG documentó 383 casos en los que consideró hubo «violaciones» a las garantías informativas en Venezuela, lo que representa un aumento del 64,4 % en comparación con 2023, cuando sumó 233 denuncias.

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Con información de EFE Servicios

Fuente de imagen referencial: EFE/Miguel Gutiérrez

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