La decisión judicial representa un revés mayor para el mandatario estadounidense en su campaña de deportaciones masivas. El juez James Boasberg ordenó al Gobierno de EE.UU. que permita la entrada al país de cualquiera de los más de 130 venezolanos que a partir de marzo de 2025 estuvieron recluidos durante cuatro meses en el Centro de Confinamiento para el Terrorismo (CECOT).

Boasberg, que ha sido criticado por Trump, destacó en su orden que «esta situación nunca se habría presentado» si el Gobierno simplemente hubiera reconocido a los demandantes sus derechos constitucionales antes de deportarlos inicialmente. Estados Unidos deberá pagar los pasajes aéreos y proporcionar la documentación necesaria para facilitar el viaje a quienes decidan regresar.

La orden aclara que los venezolanos elegibles para regresar a EE.UU. serán puestos bajo custodia a su llegada al país, luego de que en julio fueran enviados a Venezuela como parte de un intercambio de prisioneros entre ambos Gobiernos. En diciembre pasado Boasberg ya había dictaminado que el Gobierno Trump negó el debido proceso a este grupo de venezolanos y debía darles la oportunidad de tener una audiencia.

El magistrado también certificó una demanda colectiva, lo que allana el camino para que todos los migrantes enviados al CECOT impugnen su designación como enemigos extranjeros de EE.UU. Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, utilizada en tiempos de guerra, para enviar a El Salvador a los inmigrantes a los que acusó, sin presentar pruebas, de que pertenecían al Tren de Aragua.

La demanda fue interpuesta por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) y Democracy Forward que argumentaron que la deportación fue ilegal y que El Salvador encarceló a los venezolanos a cambio de un pago. Por el envío de inmigrantes a El Salvador, la Casa Blanca mantiene otro pulso judicial en el caso del salvadoreño Kilmar Ábrego García que fue expulsado junto a los venezolanos y fue retornado a EE.UU. por orden de un juez.

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Fuente de imagen referencial: EFE/ Rodrigo Sura

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Para la ministra española de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, se trata de un «día histórico«, que mejora la vida de la gente, al dar la oportunidad de vivir «con igualdad de derechos y oportunidades». La reforma es fruto de un acuerdo alcanzado por el Partido Socialista (PSOE) con la formación izquierdista Podemos, después de que la iniciativa legislativa popular que recabó más de 700.000 firmas haya estado más de un año bloqueada.

Al tramitarse como un real decreto, el Gobierno de España no requiere de su convalidación parlamentaria. El conservador Partido Popular, de hecho, tachó este martes de «ilegal» esa regularización, mientras que el ultraderechista Vox avanzó que presentará un recurso ante el Tribunal Supremo.

Como beneficiarios, todas las personas en situación administrativa irregular que hubieran residido en España durante al menos cinco meses antes del 31 de diciembre o los solicitantes de asilo que presentaran su petición antes de entonces, siempre y cuando carezcan de antecedentes penales. El padrón municipal u otros documentos, como un informe médico, un contrato de luz o de alquiler, servirán para acreditar ese tiempo de residencia.

El plazo de tramitación será de tres meses como máximo, pero la mera admisión de la solicitud permitirá a la gente trabajar desde el primer día.

El Ejecutivo prevé que puedan empezar a presentarse las solicitudes en abril y en ese momento quedarán suspendidos los procedimientos de retorno o las órdenes de expulsión.

La autorización inicial tendrá una vigencia de un año y permitirá acceder al mercado laboral, a una vivienda y recibir atención sanitaria con normalidad.

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Fuente de imagen referencial: EFE/Nacho Gallego

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El argumento del gobierno es que un ciudadano portugués que ingresó a Estados Unidos a través de este programa migratorio fue el presunto autor del ataque ocurrido el 13 de diciembre en la Universidad de Brown, en el que dos estudiantes murieron tiroteados, según las autoridades.

Estas son algunas de las claves de esta lotería, conocida oficialmente como ‘Programa de Visas de Diversidad’ (DV1):

– Hasta 55.000 tarjetas de residencia anuales

– El DV1 ofrece anualmente hasta 55.000 ‘green cards’ o tarjetas de residencia permanentes que otorgan el derecho a residir y a trabajar por tiempo indefinido en Estados Unidos.

– Tiene su origen en la Ley de Inmigración que firmó en 1990 el entonces presidente George H. W. Bush, con el apoyo de ambos partidos, para crear una vía legal de entrada a ciudadanos de países que no enviaban muchos migrantes a EE.UU.

– El sorteo de visas se realiza anualmente desde 1995 mediante un ordenador que designa aleatoriamente a los ganadores.

– La mayoría de los ganadores residen fuera de Estados Unidos e inmigran a través del proceso consular con la emisión de un visado de inmigrante, pero cada año hay una cantidad reducida de premiados con visas quienes, en el momento de ganar esa lotería, ya viven en Estados Unidos como no inmigrantes o tienen otro estatus legal.

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Fuente de imagen referencial: EFE/Francis Chung

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El mandatario adoptó la decisión tras un atentado perpetrado en noviembre por un asilado afgano contra dos miembros de la Guardia Nacional en Washington, en el que uno de ellos perdió la vida.

En una orden ejecutiva, Trump justificó la medida por motivos de seguridad nacional y ordenó restringir por completo la entrada de ciudadanos de Burkina Faso, Laos, Mali, Níger, Sierra Leona, Sudán del Sur y Siria. La disposición también veta el ingreso de quienes utilicen documentos avalados por la Autoridad Nacional Palestina.

Asimismo, el presidente impuso restricciones parciales a ciudadanos de otros 15 países, principalmente del continente africano y el Caribe. Con esta ampliación, un total de 19 países están sujetos a una prohibición total de viajes a Estados Unidos, sumándose a los 12 ya vetados en junio (como Afganistán, Irán y Haití), mientras que otros 19 enfrentan restricciones parciales (incluyendo a Venezuela y Cuba).

Trump expuso que estas limitaciones son necesarias para impedir la entrada de extranjeros sobre los cuales el Gobierno «carece de información suficiente para evaluar los riesgos que representan para el país».

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Fuente de imagen referencial: EFE/EPA/Bonnie Cash

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