Según varias organizaciones y familiares, el grupo fue detenido por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) el pasado viernes cerca de la cárcel de Tocorón, en el estado Aragua.

Murillo señaló que «realizaban grabaciones con fines académicos frente al centro penitenciario».

El activista dijo que «esto sienta un grave precedente para todos aquellos estudiantes y productores audiovisuales que trabajan, además, con mucha necesidad para contar historias, relatos y el país».

«La detención de este grupo configura un patrón que, desde el Estado, se busca silenciar las voces críticas, las voces académicas, el arte, y todo esto termina restringiendo el libre pensamiento y el flujo de las ideas. Por eso nos parece que este caso es grave», expresó.

Además, Murillo destacó que Marcela Hernández «es representante de una organización civil que promueve la producción audiovisual de mujeres».

«El valor de la denuncia»

En la red social X, el abogado Marino Alvarado, coordinador de Exigibilidad Legal de Provea, destacó «el valor de la denuncia, de no callar ante la arbitrariedad», y el Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales dijo que «la presión nacional e internacional logró que Noel, Ingrid, Katiuska y Marcela estén con sus familiares y amigos».

Tras la detención, cientos de personalidades, entre ellas artistas y académicos, así como organizaciones no gubernamentales y de teatro, se pronunciaron en contra de este hecho y exigieron a las autoridades «información clara y precisa» sobre la situación y paradero de los cuatro.

Aumentan las detenciones

Por su parte, la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) condenó «enérgicamente la detención arbitraria» de los cineastas y exigió «una investigación independiente, exhaustiva e imparcial sobre los hechos denunciados, con el fin de identificar a los responsables materiales e intelectuales».

El lunes, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) advirtió del aumento de las detenciones en Venezuela «sin información pública suficiente» de los casos, lo que consideró como un «escenario de inseguridad jurídica y angustia prolongada» debido a esta «opacidad» y también por la «negación del acceso a asistencia legal».

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DOBLE LLAVE

Con información de EFE Servicios

Fuente de imagen referencial: Archivo

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