El tribunal de apelaciones del distrito de Columbia denegó por votación dividida (2-1) la moción de suspensión presentada por el Gobierno, que esperaba poder seguir realizando las deportaciones aceleradas mientras apelaba el fallo de la corte de primera instancia.

En su orden, el tribunal concluyó que es poco probable que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos tenga éxito en demostrar que su sistema de elegibilidad para los migrantes indocumentados que desea deportar de forma rápida sea constitucionalmente adecuado.

«Nada en el expediente muestra que a las personas detenidas se les brinde la oportunidad de disputar si califican legalmente para la Deportación Expedita o de obtener evidencia para presentar a los oficiales de inmigración pruebas de su presencia continua de dos años en los Estados Unidos antes de su deportación», señaló el documento.

Expulsión inmediata de migrantes

La orden se alineó con la postura de la jueza Jia Cobb, de Washington D. C., que el pasado agosto criticó las deportaciones rápidas del presidente estadounidense, Donald Trump, al opinar que «prioriza la rapidez» y «llevará inevitablemente al Gobierno a deportar a personas por error a través de este proceso truncado».

La magistrada bloqueó temporalmente este tipo de deportaciones por violar el debido proceso, al aplicar el estatuto a un enorme grupo de personas que no han estado previamente sujetas a una deportación rápida.

En enero, Trump restableció la «expulsión inmediata» de migrantes, una política que ya aplicó en su primer mandato (2017-2021) y que permite la deportación rápida de indocumentados que no puedan probar que llevan dos años seguidos o más en el país, sin que medie una audiencia.

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El reporte, realizado por el Instituto de Política Migratoria (MPI, en inglés), reveló que este salto de tres millones de indocumentados fue el más alto desde inicios del milenio, y siguió a una década de estancamiento.

Entre los factores detrás de esta nueva ola migratoria, el informe lo atribuyó a la rapidez con la que la economía estadounidense se recuperó de la recesión que provocó la pandemia de la covid-19, la inestabilidad política en Centroamérica y Suramérica, la violencia de pandillas en Haití, Ecuador y partes de México, y la represión política en Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Pero también indicó que las políticas fronterizas y de ‘parole’ humanitario del Gobierno del expresidente Joe Biden (2021-2025) incitaron a más indocumentados a tratar de cruzar a Estados Unidos.

Indocumentados por nacionalidades

La nacionalidad mexicana sigue siendo la más común entre los migrantes indocumentados en Estados Unidos, con más de 5,5 millones de personas, tras dos años de sucesivos incrementos después de que esta cifra alcanzara un mínimo de 5,3 millones en 2021.

Sin embargo, las llegadas de migrantes indocumentados entre 2019 y 2023 estuvieron impulsadas por personas procedentes de países centroamericanos como Honduras y Guatemala, así como de los suramericanos Venezuela, Colombia, Ecuador y Brasil.

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«Me complace reportar que esos vuelos desde ‘Alligator Alcatraz’, de parte del DHS (Departamento de Seguridad Nacional), han comenzado. El ritmo está incrementando. Hemos tenido ya cierto número de vuelos en los últimos días, hemos removido a cientos de ilegales desde aquí», dijo DeSantis en una conferencia en el sitio.

El mandatario estadal, del Partido Republicano, también anticipó que «muy pronto» en el centro, al oeste de Miami, habrá elementos de la Guardia Nacional que funjan como jueces migratorios para acelerar las deportaciones, algo que «aprobó» el presidente Donald Trump durante su visita al lugar la primera semana de julio.

«El propósito completo es convertir esto en un lugar que pueda facilitar el incremento en la frecuencia y el número de deportaciones de migrantes ilegales, y esa es la meta. Y una de las razones por las que este es un lugar esencial es porque tienes esta pista aérea justo aquí», señaló el gobernador.

Política contra migrantes indocumentados

DeSantis visitó el lugar tres semanas después de la apertura, el 3 de julio, de ‘Alligator Alcatraz’ en un aeropuerto abandonado, que por ahora tiene una capacidad para 2.000 migrantes detenidos y espera crecer a 4.000, precisó Kevin Guthrie, director ejecutivo de la División de Manejo de Emergencias de Florida (FDEM).

Aunque no precisó la cantidad ni las nacionalidades de los deportados en los vuelos, el gobernante regional recordó que la Administración Trump ordenó la expulsión de cerca de 800.000 personas, con al menos entre 50.000 y 75.000 de ellas en Florida.

«Este aeropuerto puede aceptar aeronaves de tamaño comercial y tener operaciones tanto de día como de noche. De eso se trata todo esto, de poder retener, procesar y remover a gente que está ilegalmente en el estado de Florida y en Estados Unidos», expresó DeSantis.

La visita del gobernador ocurre días después de una protesta de decenas de activistas y familiares de migrantes detenidos que tacharon el lugar de un «campo de concentración» y una «jaula para perros» donde han documentado la detención de 1.000 personas, con seis que han requerido hospitalizaciones, desde su apertura.

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Tom Homan, el zar fronterizo de Estados Unidos, dijo a la prensa que ha leído muchas noticias falsas sobre la posibilidad de que la administración republicana esté planeando favorecer a ciertos indocumentados.

Homan también se refirió a las provisiones de un proyecto bipartidista presentado en el Congreso esta semana que daría una vía a la residencia permanente a algunos indocumentados subrayando que Trump no firmará ninguna amnistía.

Su negativa, sin embargo, contradice declaraciones pasadas del presidente Trump, quien se ha mostrado preocupado por el golpe a los agricultores, después de varias redadas en campos de California.

«Creo que pronto tendremos una orden al respecto«, añadió. «No podemos hacerle eso a nuestros agricultores, ni a los establecimientos de ocio ni a los hoteles», agregó.

Política para indocumentados

Días después el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aclaró que las redadas continuarían en los campos, y Trump volvió a decir que no quería perjudicar a los agricultores.

Pero Homan, el encargado en ayudar a implementar la política migratoria de Trump, enfatizó que «no habrá amnistía», tras ser cuestionado sobre las posibles exenciones para las deportaciones de trabajadores agrícolas.

Tras las redadas en campos agrícolas, rancheros, dueños de granjas, e incluso legisladores republicanos han presionado al Gobierno Trump para que reduzca los operativos migratorios en los cultivos.

Aproximadamente un millón de personas trabajan en el campo en Estados Unidos, y cerca del 40% de ellas carecen de un estatus migratorio regular.

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Activistas de organizaciones como la Coalición Inmigrante de Florida (FLIC, en inglés) denunciaron la redada en sus redes sociales, en las que se viralizaron videos de los migrantes sorprendidos por los agentes y de una mujer que lloró al ver que se llevaban a su esposo.

La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Tampa, parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), expuso en sus redes sociales que lideró el arresto de «más de 100 inmigrantes ilegales, algunos previamente deportados y otros con historial criminal, en una obra mayor de construcción».

Colaboración de agencias en Florida

La operación destacó porque participó también la Patrulla de Carreteras de Florida, a la que el gobernador, el republicano Ron DeSantis, ordenó ejecutar redadas migratorias para colaborar con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

«En Florida, estamos liderando el trabajo para ayudar a la Administración Trump a implementar la ley inmigratoria federal. La operación de hoy tuvo lugar aquí mismo en Tallahassee. Detener. Deportar. Entregar resultados al pueblo estadounidense», publicó el fiscal general del estado, James Uthmeier, en X.

El operativo, del que aún faltan más detalles oficiales, ocurrió en un sitio donde se construyen apartamentos cerca de la Universidad Estatal de Florida, según la prensa local, mientras que la imagen compartida por el HSI muestra que los agentes obligaron a los migrantes a hacer una larga fila.

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El DHS detalló en un comunicado que las asistencias se canalizarán a través de la aplicación rebautizada como CBP Home y que en el caso del estipendio, este se pagará a los beneficiarios «una vez confirmado su regreso a su país de origen».

«La autodeportación es una forma digna de salir de EE.UU. y permitirá a los extranjeros indocumentados evitar ser interceptados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)», indicó DHS.

Según el departamento, un hondureño que compró un pasaje desde Chicago a su natal Honduras fue el primero en hacer uso con éxito de este programa de asistencia de viajes. «Ya se han reservado boletos adicionales para esta semana y la siguiente», afirma el comunicado.

Campaña de deportaciones de indocumentados

Los inmigrantes irregulares que expresen su decisión de autodeportarse voluntariamente a través de CBP Home – una actualización de la aplicación CBP One de la Administración de Joe Biden (2021-2025)- ya no estarán en lo alto de la lista de ICE para sus redadas, «siempre que demuestren que están logrando avances significativos en la finalización de dicha salida»

«Participar en el programa de autodeportación de CBP Home puede ayudar a preservar la opción de que un extranjero indocumentado reingrese legalmente a EE.UU. en el futuro», advirtió DHS.

La Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, se ha movido con rapidez para cumplir las promesas del mandatario de realizar la mayor campaña de deportaciones en la historia del país.

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Trump invita, además, a los indocumentados a usar una aplicación recién lanzada por el Gobierno estadounidense en la que pueden informar a la administración que abandonan el país, según el video.

ILLEGAL ALIENS: Download the CBP Home App – Now Available on All App Stores

Do it the easy way, or get deported the hard way. pic.twitter.com/Kb3GgAl7it

— The White House (@WhiteHouse) March 18, 2025

El video, de 90 segundos, forma parte de una campaña publicitaria más amplia destinada a animar a estos inmigrantes a irse antes de que las autoridades estadounidenses los detengan.

Esta iniciativa surge en un momento en el que el gobierno del republicano Donald Trump se está esforzando por deportar a miles de inmigrantes indocumentados, pero no cuenta para ello con suficientes fondos, espacios de detención, agentes e infraestructura, agrega el medio.

 

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En un breve comunicado en el que no dio detalles pormenorizados, Noem se jactó de haber incrementado en un 627 % el promedio de arrestos mensuales durante la precedente administración de Joe Biden, y añadió que ese gobierno anterior solo arrestó a 33.000 inmigrantes a lo largo de todo el año pasado.

Sin embargo, esa última cifra no parece correcta: según datos obtenidos por la televisión NBC la pasada semana, fueron 113.431 los inmigrantes indocumentados detenidos el pasado año fiscal (de octubre de 2023 a septiembre de 2024), de los que un 28 % no tenían acusaciones pendientes.

Cifras de migrantes detenidos

También el medio Axios ofreció otra cifra que contradice a Noem: de acuerdo a sus estadísticas, solo en noviembre pasado, todavía durante el gobierno Biden, los distintos cuerpos policiales detuvieron a 21.130 inmigrantes.

En todo caso, Noem no provee detalles de los lugares de detención -si fue en la frontera o en todo el país- ni tampoco precisa si se trató del mes completo de enero o se calculó según otras fechas.

Sí escribió que el gobierno de Trump «salva vidas cada día con sus acciones para dar seguridad a la frontera y deportar a criminales extranjeros», de los que hay actualmente «cientos de miles que entraron en el país ilegalmente».

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De acuerdo con el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM), un primer vuelo con 79 personas, 31 mujeres y 48 hombres, todos mayores de edad, arribó en la madrugada de este viernes a una base de la Fuerza Aérea de Guatemala desde Laredo, Texas (EE.UU.).

El segundo vuelo -también desde Texas- aterrizó en la mañana de hoy, pero aún no hay datos oficiales de la cantidad de guatemaltecos que viajaban.

Según las imágenes oficiales, los migrantes llegaron en un avión de la fuerza aérea estadounidense a diferencia de los deportados durante la Administración de Joe Biden que eran devueltos en aeronaves rentadas.

Durante el segundo vuelo de deportación, estuvo presente la vicepresidenta, Karin Herrera, quien dirigió unas palabras a los connacionales deportados.

Albergues para deportados

A principios de semana, Herrera anunció el programa ‘Retorno al Hogar’ con el que Guatemala espera reforzar la asistencia social y económica a las personas que han sido expulsadas de Estados Unidos.

Además, las autoridades guatemaltecas anunciaron la apertura de algunos albergues en el norte del país ante la posible llegada masiva de deportados en las siguientes semanas.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, las primeras redadas antiinmigrantes de Trump han dejado a 538 personas detenidas y cientos de deportados.

Trump prometió durante su campaña deportar a más de 10 millones de personas durante su segundo Gobierno.

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La orden pretende modificar la interpretación actual de la Enmienda 14 de la Constitución de EE.UU., que establece que toda persona nacida en suelo estadounidense obtiene automáticamente la nacionalidad, independientemente del estatus migratorio de sus padres.

En la práctica, la eliminación de la ciudadanía por derecho de nacimiento impediría que el Departamento de Estado emitiera pasaportes a los niños nacidos de padres indocumentados y que la Administración de la Seguridad Social los reconociera como ciudadanos, lo que dificultaría su acceso a derechos básicos y la posibilidad de trabajar legalmente en el país.

Quitar la ciudadanía por derecho de nacimiento ha sido una demanda recurrente de grupos conservadores. Trump ya había amenazado con revocar este derecho mediante una orden ejecutiva durante su primer mandato (2017-2021), aunque nunca llegó a hacerlo.

La Casa Blanca no ha detallado cómo se implementará esta medida, que previsiblemente enfrentará desafíos legales en los tribunales y que muchos expertos consideran inconstitucional.

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El canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuerte, anunció este viernes en la conferencia matutina del Gobierno el funcionamiento de «un botón de alerta que ya se puso de hecho en práctica en pequeña escala en algunos lugares y parece que está funcionando muy bien».

«Aprietas un botón de alerta, esto manda una señal al consulado más cercano y a los familiares que tú hayas previamente precargado en esa aplicación, y desde luego, a la Cancillería en México. De manera que esto nos permitiría estar alertas», describió en el Palacio Nacional.

El mecanismo, que espera estar funcionando antes de la investidura de Trump el 20 de enero, es parte de las acciones del Gobierno de México ante las deportaciones masivas de migrantes que ha prometido el mandatario electo.

Migrantes mexicanos en EEUU

En el país preocupan estas expulsiones porque hay 4,8 millones de mexicanos indocumentados en Estados Unidos, según informó De la Fuente, por lo que son cerca de la mitad de los 11 millones totales y sus remesas representan casi el 4 % del producto interior bruto (PIB) de México.

«Para poder atender a nuestras y nuestros paisanos, México tiene la red consular más grande del mundo en un solo país, es decir, ningún otro país del mundo tiene tantos consulados en otro país como los que tiene México en Estados Unidos, son 53 consulados», comentó el jefe diplomático.

De la Fuente enunció que existe el Programa de Asesorías Legales Externas (PALE), que se fortaleció con la contratación de 329 asesorías a las que «se han sumado muchos otros consultores, despachos, abogadas y abogados, muchos de ellos de origen mexicano, de manera voluntaria».

«Desde luego, vamos a tener una mayor presencia en cárceles y centros de procesamiento y de detención. Yo ya visité varios, los cónsules están instruidos, tenemos que mantener una interacción continua con los oficiales, tanto de la agencia ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas) como de la agencia CBP (Oficina de Aduanas y Control Fronterizo)», dijo.

En Estados Unidos hay un total de 38,4 millones de mexicanos, de los que 11,5 millones son migrantes de primera generación, incluyendo a los indocumentados, según el Gobierno de México.

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Funcionarios de la Casa Blanca dijeron al diario The New York Times que se analiza la legalidad de otorgar a estas personas un amparo conocido en inglés como ‘parole in place’, que permite a los inmigrantes trabajar legalmente y los protege de la deportación.

No obstante, la Administración de Biden no ha tomado todavía una decisión final sobre el amparo, agregaron.

Opciones de Biden para migrantes

La Casa Blanca no confirmó a EFE la iniciativa, pero un portavoz precisó que el Gobierno «sigue explorando una serie de opciones» y que «continúa comprometido con tomar acciones para enfrentar» las fallas en el sistema migratorio.

El programa podría proporcionar alivio temporal aproximadamente a 1,2 millones de inmigrantes casados con estadounidenses.

La semana pasada, Biden usó su poder ejecutivo para emitir una orden con la que el Gobierno estadounidense espera impedir que la mayoría de personas que crucen la frontera de manera irregular puedan pedir asilo, un estatus que solicitan miles a diario para permanecer en el país.

La orden ejecutiva generó una ola de críticas por parte de los activistas y la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) prometió presentar una demanda contra la medida.

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«La amenaza es real», afirmó el senador Cory Booker, demócrata de Nueva Jersey en una conferencia de prensa en el predio del Capitolio. «Trump ha hablado acerca de la deportación de miles y miles de personas que han estado, en su mayoría, aquí por la mayor parte de sus vidas».

El senador Alex Padilla, demócrata de California, urgió a Biden a que «tome acción ejecutiva para proteger a los migrantes indocumentados que llevan años esperando una reforma migratoria en este país».

«A pesar de todo lo que los migrantes aportan a nuestra economía hemos visto propuestas migratorias en los últimos meses que han dejado atrás a estas comunidades», añadió.

Propuestas de amparo a migrantes

Padilla, Booker, junto con la senadora Catherine Cortez Masto, demócrata de Nevada; el senador Ben Luján, demócrata de Nuevo México, y miembros de la cámara de Representantes, insistieron en que el presidente Biden tiene atribuciones para decretar medidas que amparen a los indocumentados y los extranjeros con diversos tipos de visas temporales.

Janet Murguía, presidenta de la organización UnidosUS, quien se reunió con el mandatario el miércoles pasado, dijo que «el presidente está dispuesto a tomar acción y pidió propuestas más específicas y vamos a dárselas».

«El presidente tiene hoy, bajo la ley actual, de ofrecer a algunas personas indocumentadas un camino hacia el estatus legal«, añadió Murguía. «Permisos de trabajo y estar libres de deportación. Le pedimos al presidente que use su poder para dar alivio a estas familias».

Por su parte Gustavo Torres, el director ejecutivo de la organización CASA, instó al presidente a que «use su poder para actuar», como lo hizo el expresidente Barack Obama (2009-2017) cuando emitió la Acción Diferida Para los Llegados en la Infancia (DACA)

«Que use su poder para proveer de estatus de protección temporal y deportaciones diferidas para residentes que han estado aquí por largo tiempo, personas que han estado aquí por más de 10 años», agregó Torres.

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Fiorella Tagliafico R.

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Personas de todas las edades, en su mayoría mexicanos y centroamericanos que trabajan en los campos de cultivo y sus familias, se congregaron frente a la Alcaldía con banderas y carteles alusivos a una ley estatal que es considerada la más dura contra la inmigración irregular de todo EE.UU.

Importancia de la migración

Los participantes iniciaron una marcha por la ciudad donde se escuchó a los inmigrantes pedir que se frene la vigencia de la ley y se protejan sus derechos.

«Sin los sin papeles como los trabajadores del campo y todos los otros que hacen los trabajos duros, la Florida se cae», dijo a EFE Antonia Catalán, una activista mexicana de la organización Soy Poderosa, que ayuda a las mujeres inmigrantes en el sur del estado.

Catalán, que también criticó las restricciones al aborto legal y otras leyes promovidas ir el gobernador Ron DeSantis, estuvo desde temprano en la plaza donde se hizo la concentración con el lema “Libertad para todos”.

Hay «pánico» entre los indocumentados

La activista sostuvo que existe «pánico» entre los indocumentados que han decidido quedarse en Florida, al contrario que otros muchos que han puesto rumbo al norte para trabajar en estados como Georgia y Carolina del Norte y Carolina del Sur.

«Ahora que entró en vigor la ley no quieren salir de sus casas», señaló Catalán, quien dijo haber invitado a unas personas a sumarse a la marcha, pero le dieron un «no» como respuesta.

Por su parte, Rosa Elera, portavoz de Florida Immigration Coalition (FLIC), también reconoció a EFE que la comunidad está «asustada», pero instó a los inmigrantes a luchar por sus derechos y confiar en que las organizaciones de la comunidad los protegerán.

Primera demanda y criminalización contra los migrantes

La ley entró en vigor el 1 de julio de 2023, y de acuerdo con los migrantes iba a ser mucho más dura pero la presión hizo que el Congreso de Florida, dominado totalmente por el Partido Republicano, la «suavizara», subrayó.

Según Elera, inicialmente iba a estar penado vivir con personas indocumentadas aunque fueran de la misma familia.

«Tenemos que tener fe y alzar la voz, no nos van a intimidar», dijo la activista.

Este mismo sábado un grupo de organizaciones civiles anunció que presentará la primera demanda contra la ley migratoria SB1718 de Florida por violar «los derechos fundamentales» de las personas radicadas en este estado sureño.

La demanda, planteada por el Southern Poverty Law Center, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y su sección de Florida, Americans for Immigrant Justice y American Immigration Council, alega que esta ley «discriminatoria» representa «una amenaza para los derechos y el bienestar de cada individuo en el estado», no solo para los inmigrantes.

«La SB 1718 es inconstitucional y socava nuestra democracia», dijo Paul R. Chávez, abogado supervisor sénior del Proyecto de Justicia para los Inmigrantes del Southern Poverty Law Center.

La demanda se presentará contra el gobernador de Florida, Ron DeSantis, en nombre de varias personas y de la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida.

La ley fue promovida por el gobernador DeSantis, que es candidato a las primarias republicanas con vistas a ser candidato en las elecciones presidenciales de 2024 y ha hecho de la lucha contra la inmigración irregular el caballo de batalla de su campaña electoral.

La demanda se centrará específicamente en las disposiciones de la Sección 10, que criminaliza el transporte a Florida de personas a Florida que pueden haber ingresado al país sin inspección federal.

La SB 1718 obliga a las empresas con más de 25 trabajadores a usar un programa oficial de verificación del estatus migratorio de cada uno, so pena de multas y pérdida de la licencia.

Además, los hospitales que aceptan el seguro médico público (Medicaid) deben preguntar y registrar si sus pacientes son residentes legales o no, entre otras disposiciones.

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@rafarias86

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«Ahora que la Suprema Corte estadounidense decide que el que pide asilo en Estados Unidos puede esperar en Estados Unidos, no necesariamente en México, lo vemos bien», declaró el mandatario en su rueda de prensa diaria.

López Obrador realizó sus declaraciones después de que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) prometió el 8 de agosto eliminar el programa de Protocolos de Protección a Migrantes (MPP), conocido como «Quédate en México», que el expresidente Donald Trump instaló en 2019.

La política impactó a más de 75.000 migrantes en la frontera de México, donde los solicitantes de asilo deben esperar mientras se resuelve su caso en Estados Unidos, según datos del Comité Internacional de Rescate (IRC).

El mandatario criticó que Estados Unidos no ha aprobado la reforma migratoria para regular a los casi 11 millones de indocumentados, de los que cerca de la mitad son mexicanos.

«Les hace falta fuerza de trabajo en Estados Unidos y Canadá, pero no toman esa decisión», reprochó.

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Gerardo Contreras

Con información de medios internacionales

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El grupo, integrado por hombres y mujeres, se arrodilló en el Parque Benito Juárez, en el centro de Tapachula, para rogar al personal de migración que les ayude a generar visas por razones humanitarias.

Los extranjeros se cruzaron las cadenas alrededor de su cuerpo y las sujetaron en sus manos, empezando así una nueva medida de presión, de tiempo indefinido, para empujar a que las autoridades agilicen sus procesos migratorios.

Este grupo de migrantes se instaló, desde la noche del pasado miércoles, frente al acceso principal de las oficinas de regulación migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM), donde pernoctan al aire libre, algunas familias han colocado cartones, mientras que otros duermen sobre las jardineras en medio del ingreso de los frentes fríos a la región.

Con las cadenas sobre sus hombros y amarradas a sus manos, los migrantes avisaron que mantendrán su huelga de hambre hasta el martes y ese día acudirán con las autoridades migratorias para intentar tener una respuesta a sus peticiones de refugio.

De acuerdo con los migrantes, existe censo de más de 5.000 personas que están en el parque a la espera de visas y peticiones de refugio.

La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados recibió un récord de 131.448 solicitudes de refugio en 2021

Flujo récord

A lo largo de 2021 partieron desde Tapachula varias caravanas migrantes con miles de personas, aunque la gran mayoría fueron frenadas y desmanteladas por las fuerzas de seguridad mexicanas.

La región vive un flujo récord hacia Estados Unidos, cuya Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza detectó más de 1,7 millones de indocumentados en la frontera con México en el año fiscal 2021, que terminó el 30 de septiembre.

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Gabriela Morales

Con información de agencias de noticias y medios internacionales

“La carta la vamos a entregar. Va a haber un encuentro en Washington, que le llaman de alto nivel, el jueves”, dijo el mandatario mexicano en la conferencia matutina desde Palacio Nacional.

A la reunión del 9 de septiembre acudirán el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard; la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier; y el subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Gabriel Yorio.

Asimismo, López Obrador aseguró que la misiva se entregará al presidente Biden antes de la reunión.

Según la Casa Blanca, esta será la primera vez desde 2016 que se celebra el DEAN

El mandatario mexicano reveló la pasada semana que enviaría una carta a Joe Biden para insistir en que atienda las “causas” de la migración forzada y ofrezca visas temporales de trabajo para centroamericanos.

“Así se lo voy a volver a plantear al presidente Biden la semana próxima a más tardar. Le enviaré una carta porque no podemos solo estar deteniendo, reteniendo, hay que atender las causas”, expresó entonces el presidente mexicano.

La región vive una ola migratoria sin precedentes en años y como prueba de ello, Estados Unidos detuvo el pasado mes de julio en su frontera sur a 212.672 indocumentados, la cifra más alta en 20 años.

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Gabriela Morales

Con información de agencias y medios internacionales

González Laya viajará a Bogotá el próximo 25 de febrero y el 27 se desplazará a la región Norte de Santander para interesarse por las medidas de acogida a los miles de venezolanos, que han cruzado la frontera.

La ministra española tiene previsto reunirse con el presidente colombiano, Iván Duque, y con la canciller, Claudia Blum, con quien mantendrá consultas políticas para impulsar la relación bilateral.

Además, tiene previsto reunirse con representantes de las instituciones surgidas de los acuerdos de paz, autoridades locales y empresas y ONG españolas.

Posteriormente, viajará a Cúcuta para mostrar la solidaridad y compromiso de España con los esfuerzos de Colombia para canalizar la llegada de cientos de miles de venezolanos en los últimos años, y reconocer la generosa iniciativa que supone el recientemente aprobado Estatuto de Protección Temporal que el país concederá a los migrantes venezolanos.

La medida del Estado colombiano fue aplaudida por diferentes gobiernos, organismos internacionales e incluso por el Papa Francisco

De acuerdo con datos de Migración Colombia, hasta el 31 de diciembre había en ese país 1,72 millones de migrantes venezolanos, de los cuales cerca de 1 millón son indocumentados, además de unos 800.000 que están con su situación regularizada.

El Ejecutivo colombiano calcula que los favorecidos con la medida pueden ser unos 2 millones de personas, a su vez, quienes ya regularizaron su situación en el país también podrán acogerse al nuevo Estatuto Migratorio para poder permanecer los 10 años en Colombia.

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Gabriela Morales

Con información de agencias y medios internacionales

El senador Bob Menéndez, el latino de más alto rango en el Legislativo estadounidense, y la representante Linda Sánchez serán los encargados de hacer la entrega de la Ley de Ciudadanía Estadounidense de 2021, que se convirtió en la propuesta bandera del gobierno de Biden.

Asimismo, la iniciativa cuenta con el respaldo de los congresistas Zoe Lofgren, Lucille Roybal-Allard, Nydia Velázquez, Judy Chu, Raúl Ruiz, Yvette Clarke y Yvette Clarke, así como de los senadores Amy Klobuchar, Alex Padilla y Ben Ray Luján.

Los indocumentados podrían solicitar un estatus legal temporal, con la opción de pedir tarjetas de residencia

Funcionarios de la Administración Biden informaron que este proyecto es una oportunidad para “reiniciar las conversaciones sobre la reforma migratoria después de los últimos cuatro años”, en alusión a la Administración de Donald Trump, quien promovió el lema de “Estados Unidos primero” y fue un abierto crítico de la inmigración.

El proyecto, que es bicameral, prevé que los indocumentados puedan solicitar un estatus legal temporal, con la opción de pedir tarjetas de residencia (comúnmente llamadas “Green Card”) después de cinco años si pasan verificaciones de antecedentes penales y de seguridad nacional y pagan sus impuestos.

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Gabriela Morales

Con información de agencias y medios internacionales

Su administración también suspenderá el veto de entrada a residentes de ciertos países musulmanes. Otro de los principales puntos es que va a dar permiso a cerca de 700.000 jóvenes que se encuentran como indocumentados acompañando a sus padres.

Se espera que este miércoles el nuevo mandatario decreté un aumento en la ayuda económica para los estadounidenses

Además, detendrá los trabajos de construcción del muro en la frontera con México, financiado con presupuesto del Pentágono, lo que generó agrias pugnas que agitaron la presidencia de Trump.

Decretará también la ayuda económica a las familias más necesitadas y el refuerzo de la lucha contra la pandemia del coronavirus.

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Gabriel Velásquez

Con información de medios internacionales