A diferencia de México o el resto de países centroamericanos en su camino al sur, en Panamá los migrantes se topan con la barrera de la selva del Darién, sin vías ni pasos por carretera hacia la vecina Colombia, por lo que para evitar adentrarse en esa jungla con peligros naturales y bandidos, optan por continuar su trayecto en embarcaciones, que parten desde la costa de Guna Yala o de islas como Gardi Sugdub hasta territorio colombiano.

«Se está produciendo un flujo inverso, el que anteriormente iba desde el sur al norte del continente, hoy día debido al cambio de las leyes migratorias en Estados Unidos, se está produciendo del norte hacia el sur. La gran mayoría de ellos ciudadanos de origen venezolano que quieren regresar a su país», afirmó este martes durante una rueda de prensa el ministro de Seguridad panameño, Frank Ábrego.

El ministro explicó que algunos de los migrantes han estado haciendo ese trayecto «de manera irregular o clandestina, contratando ellos directamente los botes a través de páginas que les ofrecen el servicio», algo que han detectado y tomado las medidas necesarias para «regularizar para evitar con esto que ocurran los tráficos de seres humanos, que los retengan contra su voluntad y les exijan dinero y a la vez evitar cualquier tipo de acción criminal».

Medidas de Panamá

Así, en este proceso de flujo migratorio controlado hacia el sur, Panamá y Costa Rica repitieron un acuerdo similar, pero a la inversa, al que tenían para llevar a los migrantes hacia el norte, cuando los que cruzaban la selva del Darién se instalaban en albergues y desde allí eran conducidos en autobuses hasta el lado costarricense de la frontera.

Ahora están tratando de manera ordenada trasladarlos de Costa Rica hasta esos albergues a la salida de la selva «y ahí ellos esperan hasta que se les coordine, ya sea un transporte inicialmente terrestre y después acuático hasta la frontera con Colombia, para hacerlo en la forma más correcta», señaló Ábrego, algo que está siendo coordinado con la comunidad indígena de Guna Yala.

«Lo importante aquí es que ese transporte no toque ninguna población en el eje carretero nuestro. Igualmente no queremos que sea así en la parte marítima, sino que es un viaje totalmente garantizado que estas personas suben a un bus, se bajan en un destino controlado por nosotros y efectivamente se haga así en la parte marítima», subrayó.

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DOBLE LLAVE

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La delegación venezolana está dirigida por la ministra para los Pueblos Indígenas, Clara Vidal, que compareció ante el Comité de la ONU contra la Discriminación Racial, órgano encargado de hacer un seguimiento de las políticas de los Estados que se han adherido a la convención internacional dedicada a esa temática y vigilar así su cumplimiento.

Al frente de un grupo de 21 funcionarios, la mayoría llegados de Venezuela y entre quienes figuraban enviados de los poderes Legislativo y Judicial, Vidal dijo que su país acude a la reunión del Comité para compartir las medidas adoptadas en la legislación nacional y en la práctica para cumplir con la convención.

«De manera especial, en lo político y social, las mujeres, los pueblos indígenas y los afrodescendientes han contribuido decididamente en el rumbo democrático (…) desde hace 25 años», declaró ante los miembros del Comité, compuesto por 18 expertos independientes de distintas regiones del mundo, y representantes de la sociedad civil.

Modelo de gobierno en Venezuela

La ministra aseguró que el modelo de gobierno en Venezuela busca «preservar y promover la coexistencia y los derechos de todos y todas, en independencia de sus raíces y culturas», y enfatizó que si «los indicadores de progreso» no se encuentran a la altura de lo que estaban en la primera década de este siglo es debido a los bloqueos y sanciones «criminales» de Estados Unidos, la Unión Europea y otros países.

Al inicio del diálogo con el Comité, que continuará este miércoles, el miembro al que se encomendó profundizar en la situación de Venezuela, el marfileño Bakari Diaby, transmitió a la delegación venezolana la preocupación por las denuncias recibidas sobre represalias y actos de intimidación contra defensores de los derechos humanos que colaboraron con el Comité brindándole información.

Recalcó que en estas situaciones, la ONU «tiene una política de tolerancia cero» y pidió a los representantes oficiales asumir el compromiso de que se protegerá a los activistas de derechos humanos.

En respuesta, el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos de Venezuela y miembro de la delegación, Larry Devoe, aseguró que la política de derechos humanos de Venezuela «incluye acciones específicas para reconocer y respetar el trabajo que realizan de las organizaciones no gubenarmentales«.

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DOBLE LLAVE

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En la entidad, en el sur de México, 368 de los 570 municipios viven en sequía, 171 con un grado severo y 43 en nivel extremo, según la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Por ello, un grupo de campesinos de San Matías Chilazoa, en el municipio de Ejutla de Crespo, idearon un retén de agua llamado ‘El Mezquital’, que les enseñó que la captación de agua de lluvia es la única opción.

En esta temporada de estiaje y en espera de la temporada de lluvias, realizan mediciones para elaborar un proyecto de ampliación de su sistema de captación de agua que les permita desviar y recolectar los escurrimientos de las lluvias que ahora se pierden en cañadas y veredas.

“Estamos tratando de meter el agua por allá, son 500 metros, estamos en un lugar que le llamamos un retén de agua de nombre ‘El Mezquital’, aparentemente no tiene agua y estamos en un proyecto tratando de ver para captar más agua«, explicó a EFE Fernando Gómez, presidente del comisariado de bienes comunales.

(Fuente de imagen referencial principal: EFE/Jesús Méndez)

Sequía que no cesa

Los campesinos están en alerta ante la escasez de agua en México, donde casi dos tercios del territorio nacional, el 64,6 %, viven un grado de sequía moderada a excepcional, según el último Monitor de Sequía de la Conagua.

Por ello, la captación de cualquier gota de lluvia es prioridad para los campesinos de Oaxaca.

«Nosotros estamos viendo que todo el dinero que vamos a invertir para carreteras o para otra necesidad como las escuelas, que también son necesidades, ese dinero lo desviamos y lo metemos aquí, que es la priorización del agua«, comentó Gómez.

El profesor retirado Ambrosio Rodríguez, de 74 años, recuerda que de niño aprendió a nadar en este sitio, donde antes se formaban pozas de agua con plantas acuáticas conocidas como ‘tules’.

A menos de 5 kilómetros de ‘El Mezquital’ la actividad campesina persiste y enfrenta la sequía por inercia familiar.

El arriero Gabriel Sánchez lamentó la difícil situación mientras cuidaba de una decena de vacas que buscan alimento entre hierbas secas.

Pero con su propia obra, la situación para los habitantes es optimista, pues con solo una tarde lluvia su retén de agua subió hasta cuatro metros, lo que garantiza al menos un mes más del líquido para el ganado y una recarga que se va al subsuelo.

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Fiorella Tagliafico R.

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Fuente de imagen referencial principal: EFE/Jesús Méndez

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De acuerdo con la investigación de la estatal Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz), el mercurio fue detectado en todas las muestras de cabello de 287 indígenas recogidas en octubre de 2022 en nueve aldeas de los yanomami, cuya reserva es la mayor de Brasil.

En el 84 % de las muestras fueron detectados niveles de contaminación por mercurio superiores a 2,0 microgramos, es decir, el doble de la tasa considerada como crítica por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Y en un 10,8 % de las muestras el nivel de contaminación superó los 6,0 microgramos.

De acuerdo con la Fiocruz, los mayores índices de contaminación fueron detectados en las aldeas más próximas a áreas de minería ilegal incluyendo los que se encuentran en la frontera con Venezuela.

El estudio mostró igualmente que los indígenas con peores niveles de contaminación presentan déficit cognitivos y daños en los nervios de las extremidades del cuerpo.

Una de las primeras medidas adoptadas por Luiz Inácio Lula da Silva al asumir como presidente de Brasil, el 1 de enero de 2023, fue declarar una emergencia sanitaria en la tierra yanomami para hacer frente a los graves problemas de salud y ambientales causados por la invasión de unos 30.000 mineros ilegales.

El avance de la minería ilegal, que contamina ríos y destruye la selva amazónica, provocó en los últimos años decenas de muertes de indígenas yanomamis como consecuencia de desnutrición, neumonías o diarreas.

Un crimen lento.

Maduro incumple sus obligaciones de proteger a la población de la grave contaminación por mercurio ocasionada por la depredación minera, alerta nuevo informe de la ONG Clima 21.

Niños, mujeres, indígenas y trabajadores forzosos son los más afectados:

“Son muy… pic.twitter.com/vgqY3dKNlz

— PROVEA (@_Provea) April 1, 2024

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Fiorella Tagliafico R.

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El compromiso lo asumió en una ceremonia en el estado amazónico de Pará en la que Macron concedió al cacique Raoni Metuktire, líder de la etnia Kayapó y uno de los principales voceros de los pueblos indígenas de Brasil en el mundo, la Legión de Honor, una de las mayores condecoraciones francesas.

«Seguiremos a tu lado en este combate de hace tantas décadas. Estaremos juntos en la lucha por la preservación de la Amazonía«, afirmó el presidente francés en una ceremonia en la que estuvieron presente su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y algunos conocidos líderes indígenas de Brasil.

(Fuente de imagen referencial principal: EFE/ Sebastiao Moreira)

Macron agregó que, pese a los problemas de salud que enfrenta por su avanzada edad (92 años), Raoni continúa siendo líder mundial en el combate por la defensa de la selva amazónica y de los pueblos indígenas, «cada vez más fuerte y más dispuesto en la lucha».

Aseguró que está convencido de que Raoni continuará en esa lucha incluso cuando él y Lula hayan concluido sus mandatos como jefes de Estado.

«Usted tiene a su lado a todos los líderes indígenas y la República Francesa también estará presente en su lucha por la Amazonía… Estamos hoy aquí a tu lado y seguiremos mañana», afirmó.

(Fuente de imagen referencial principal: EFE/ Sebastiao Moreira)

Macron dijo que la lucha de Raoni no ha acabado, incluso porque una de sus reivindicaciones es el reconocimiento de parte de la tierra de su propia etnia, en donde están sepultados sus antecesores.

El gobernante recordó que, como presidente de Francia, ayudó a enfrentar «prácticas predadoras» contra la mayor selva tropical del mundo y dijo que, con el compromiso del Gobierno de Lula, la lucha por los derechos de los pueblos autóctonos y por la biodiversidad de la Amazonía brasileña dejó de ser un «acto de resistencia».

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Fiorella Tagliafico R.

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Fuente de imagen referencial principal: EFE / Sebastiao Moreira

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«El Estado tiene la obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. En esta situación, en Cauca, su prioridad debe ser implementar estrategias y reforzar la capacidad de respuesta en materia de protección y prevención de vulneraciones en contra de los pueblos indígenas», detalló la Oficina en un comunicado.

El fin de semana pasado, la columna Dagoberto Ramos del Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las FARC con la que el Gobierno negocia la paz, asesinó a la lideresa nasa Carmelina Yule Paví e hirió a otras dos personas en el caserío La Bodega, del municipio de Toribío.

Ese ataque llevó al Gobierno a suspender el cese al fuego bilateral con ese grupo en los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca.

La lideresa fue asesinada cuando intentaba impedir que miembros de la columna Dagoberto Ramos se llevaran a un menor de edad de comunidades indígenas. En el hecho otras dos personas resultaron heridas.

El Gobierno y el EMC llevan a cabo desde el año pasado una negociación de paz producto de la cual el 17 de octubre iniciaron un cese el fuego bilateral y temporal que en enero fue prorrogado por seis meses, hasta el 15 de julio próximo.

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU acogerá las decisiones que tomó el ‘Plan de Vida Proyecto Nasa‘ ante las agresiones de los grupos armados ilegales.

Estas, agregó la información, «consisten en realizar control territorial, administrar justicia para los responsables de estas graves vulneraciones, y ‘descontaminar el territorio de toda publicidad alusiva a las organizaciones armadas’, entre otras».

«La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos reitera la exigencia a los grupos armados no estatales a que, en todo tiempo y lugar, respeten los derechos humanos de la población y las normas del Derecho Internacional Humanitario», expresó el organismo.

🔵#Comunicado ONU Derechos Humanos urge a los grupos armados no estatales a respetar los derechos de los Pueblos Indígenas y al Estado a tomar medidas inmediatas de prevención y protección en #Cauca . Leer más👇👇https://t.co/36NfpfDrCa pic.twitter.com/wAnz4voohd

— ONU Derechos Humanos Colombia (@ONUHumanRights) March 20, 2024

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Fiorella Tagliafico R.

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Fuente de imagen referencial principal: EFE / Ernesto Guzmán

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Desde muy temprana hora, familias indígenas se reunieron para celebrar el inicio del Día de Muertos en esta cima de San Juan Chamula, que se considera sagrada y se ubica a 2.500 metros sobre el nivel del mar, donde descansan los restos de sus familiares.

A decir de los lugareños, es un día especial donde las familias contactan a quienes ya murieron mediante los sueños y rezos, así como pequeñas ceremonias donde las velas hacen magia y están acompañadas de la música de viento.

El grupo de indígenas maya tzotzil ha mantenido una celebración única marcada por la llegada de los danzantes “Kolemal Max» (monos sueltos), quienes tocan melodías sacras con instrumentos de viento alrededor de las tumbas para alegrar la llegada de las almas.

Otra de las características es que no se permiten tumbas de concreto, sino que deben ser montículos de tierra roja, adornadas con hojas de pino llamadas juncia, pétalos de cempasúchil, flor de nube y crisantemos.

Al pie de la tumba, los pobladores depositan como ofrenda frutas de la temporada como naranja, lima, caña, camote, plátano, bebidas gaseosas y el posh (bebida de maíz, considerada sagrada).

Para los turistas, esto es algo único en México.

Tradición y colorido en el Día de Muertos en Chamula en #Chiapas.

Lee nota completa 👇🏽👇🏽https://t.co/Q1SN15BBrE pic.twitter.com/Sky77Q5eZB

— Susana Solís Informa (@SolisInforma) November 2, 2023

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Fiorella Tagliafico

Con información de medios internacionales y redes sociales

Fuente de imagen referencial: X: @elimparcialcom

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Esto representa un promedio de 26 manifestaciones diarias, reflejando un panorama de creciente descontento en la sociedad venezolana.

Exigiendo derechos: Las motivaciones detrás de las protestas

De acuerdo con Marco Ponce, coordinador general del OVCS, el 86 % de las protestas tuvieron como motivación principal la exigencia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

Específicamente, el sector laboral ha sido el más activo en denunciar la crisis que atraviesa Venezuela, alzando la voz en busca de mejores condiciones de vida y oportunidades.

Un movimiento que abarca todo el país: Manifestaciones en todas las regiones

Las protestas se han extendido a lo largo y ancho del territorio venezolano, abarcando desde Caracas hasta los 23 estados del país.

Entre las regiones más conflictivas se encuentran el Distrito Capital, con 467 protestas documentadas, seguido de Miranda (381), Zulia (362), Lara (295) y Bolívar (240).

Estos datos reflejan la amplia participación y el alcance nacional de las manifestaciones.

Un clamor diverso y pacífico: La unión de diferentes sectores sociales

El OVCS destaca que las protestas se han caracterizado por su carácter pacífico y por contar con la participación de diversos sectores sociales.

Trabajadores, estudiantes, vecinos, indígenas, campesinos y mujeres se han unido en una lucha común por la defensa de sus derechos y por un cambio positivo en Venezuela.

Esta diversidad de voces y la no violencia han sido elementos clave en el desarrollo de estas manifestaciones.

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Gabriel Velásquez

Con información de medios nacionales

Fuente de imagen referencial: Archivo

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En un comunicado emitido este lunes, el Gobierno colombiano calificó el asesinato como “un hecho atroz que cuestiona la voluntad de construir un país en paz”, una medida que fue denunciada el pasado sábado por la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (Opiac).

“En consecuencia, se informa que el cese bilateral que había actualmente con este grupo armado en los departamentos del Meta, Caquetá, Guaviare y Putumayo se suspende y se reactivan todas las operaciones ofensivas”, agrega el comunicado.

El Gobierno neogranadino indicó que la medida “se hará efectiva en las próximas 72 horas”, al tiempo que calificó el asesinato del grupo irregular como una violación del Derecho Internacional Humanitario.

El comunicado detalla que los delegados del EMC en las negociaciones de cese al fuego, fueron citados para informarles de la suspensión, pero éstos “se excusaron de asistir”.

“Si el cese el fuego no es efectivo en determinados territorios para proteger la vida y la integridad de toda la población, no tiene sentido persistir en ello”, detalla el documento oficial.

El Gobierno indicó que pronto divulgará los nombres de sus delegados para una negociación de paz con el EMC, “para iniciar de manera perentoria la fase de diálogos”.

El cese el fuego fue anunciado por el presidente colombiano, Gustavo Petro, antes de la medianoche del pasado 31 de diciembre de 2022, y abarca a cinco grupos armados con los que busca llegar a un acuerdo de paz.

Entre los grupos se encuentra la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que desconoció públicamente dicho acuerdo; el Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia, ambas disidencias de las FARC; las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y los Paramilitares de Sierra Nevada.

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Durante 30 días, las provincias de Pichincha, Imbabura, Cotopaxi estarán bajo el Estado de Excepción, que permite el despliegue de las Fuerzas Armadas para misiones de seguridad ciudadana y contra la delincuencia, aunque el gobernante ecuatoriano no detalló sobre el despliegue de militares o de la imposición de un toque de queda nocturno, como otros regímenes de excepción si lo hicieron.

«Anoche convoqué al diálogo y la respuesta fue más violencia (…). Esto me obliga a declarar el estado de excepción en Pichincha, Imbabura, Cotopaxi a partir de la medianoche de hoy», precisó el mandatario en un comunicado por cadena nacional.

Lasso insinuó que la CONAIE, no tiene intención de buscar soluciones, y los acusó de provocar un alza de los precios por el cierre de carreteras, y de poner en riesgo a los enfermos por prohibir el paso de ambulancias.

No obstante, expresó que «hay gente buena que está marchando para reclamar causas justas» y que su Ejecutivo «todavía» no ha podido atender.

CONAIE criticó las «medidas» anunciadas por el gobierno de Ecuador

Por ello, y «para aliviar la difícil situación de las familias ecuatorianas», anunció un paquete de medidas «con la finalidad de garantizar la paz de todo el país y atender las principales demandas y preocupaciones de la población», tal y como explicó la Presidencia en un comunicado.

Igualmente, anunció que Banecuador  (un banco propiedad del Estado) perdonará todos los créditos vencidos hasta 3.000 dólares (2.850 euros), y que otorgará crédito agrícola para financiar a los agricultores.

A los grupos indígenas se han unido estudiantes y trabajadores, así como otras organizaciones sociales.https://t.co/YJsUyC2phS

— BBC News Mundo (@bbcmundo) June 19, 2022

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María Gabriela Moncada

Con información de dpa, medios internacionales y redes sociales

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La Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) decidió extender la protesta, promovida principalmente por el aumento de los precios de combustibles en 90% desde 2020 y que comenzó el martes.

La Conaie bloqueó con piedras, tierra, troncos y neumáticos en llama algunos puntos de la vía Panamericana a la salida norte de Quito, así lo informaron reporteros de la AFP.

Bloqueos en varias jurisdicciones

El portal El Comercio reportó además cierres por las manifestaciones en los ocho carriles de la avenida Panamericana Norte y Leonidas Proaño en Quito. Lo mismo ocurrió en las provincias de Pichincha, Imbabura, Cotopaxi, Tungurahua, Bolívar, Chimborazo y Azuay.

Estado de excepción

El presidente Guillermo Lasso anunció el miércoles en un acto militar que, «ayer las Fuerzas Armadas y la Policía garantizaron el control y el orden respetando aquellas manifestaciones sin violencia. Hoy harán lo mismo y si mañana el desafío persiste, pues mantendremos el control».

Cabe destacar que las protestas se desarrollan en medio de un estado de excepción por 60 días decretado el 18 de octubre para combatir la criminalidad ligada al narcotráfico, con un repunte de homicidios y masacres carcelarias que este año dejaron más de 2.000 fallecidos en Ecuador.

#URGENTE
Esta es la respuesta del gobierno nacional.

Fuerte represión militar y de la Policía Nacional del Ecuador en la Panamericana Sur en la Provincia de Cotopaxi. 2do día de resistencia y movilización progresiva. #EnUnidad #SomosConaie pic.twitter.com/K2xk4gCjXd

— CONAIE (@CONAIE_Ecuador) October 27, 2021

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María Gabriela Moncada

Con información de AFP,  El Comercio y redes sociales

«Desde el 2018, el número de masacres se ha incrementado constantemente, siendo el 2020 el año con la cifra más alta registrada desde 2014», dijo la representante en Colombia del ACNUDH, Juliette Rivero, en una rueda de prensa virtual.

Asimismo, la oficina documentó 76 masacres, y está verificando cinco más, en las que fueron asesinadas, entre las 292 víctimas, 23 mujeres, seis niñas, 18 niños, siete indígenas y 10 afrodescendientes.

El incremento de la violencia se produjo sobre todo en los departamentos de Antioquia, Cauca, Chocó, Putumayo, Nariño, Norte de Santander y Valle del Cauca, en particular zonas en las que habitan pueblos afrodescendientes, indígenas y campesinos, según indicó la representante.

«La violencia afecta los proyectos de vida de estas poblaciones y la protección de sus derechos culturales, espirituales y territoriales, entre otros», subrayó Rivero.

La violencia obligó a más de 25.000 personas a desplazarse y otras 74.312 se vieron confinadas por las restricciones impuestas por grupos armados y criminales

Un total de 73 exintegrantes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), sujetas al acuerdo de paz, fueron asesinados durante 2020, lo que sitúa el homicidio de desmovilizados desde la firma de los acuerdos de paz en 2016 en 248.

Además, la Oficina de la Alta Comisionada recibió información de 795 amenazas y agresiones a defensores de derechos humanos, de las cuales el 44% se produjeron en zonas rurales y el 14% en Bogotá, siendo esta ciudad, junto con la región de Cauca, donde más casos se produjeron el año pasado.

En 2020, la ONU recibió información sobre 133 casos de homicidios de defensores de derechos humanos, de los cuales pudieron verificar 90 y siguen verificando 25. «Esta cifra es representativa de los casos conocidos por la oficina, y por lo tanto constituyen solo una muestra del total de asesinatos ocurridos y no dan cuenta del universo completo», anunció Rivero.

En Vivo! Presentación del Informe Anual de la Alta Comisionada de la ONU para los #DerechosHumanos sobre #Colombia https://t.co/JFjqQiEcFd

— ONU Derechos Humanos Colombia (@ONUHumanRights) February 23, 2021

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Gabriela Morales

Con información de agencias, medios internacionales y redes sociales