El alto tribunal señaló que la sala plena decidió declarar «inexequible» el decreto y concedió «efectos diferidos a esta decisión por el término de un año, contados a partir de la expedición del Decreto 1085 de 2 de julio de 2023, respecto de la amenaza de agravamiento de la crisis humanitaria por la menor disponibilidad de agua».

Calamidad pública

Petro había decretado la emergencia en ese departamento caribeño alegando que «se avecina una calamidad pública, porque todas las probabilidades de los modelos climáticos» anunciaban «una sequía que antes nunca se había visto en La Guajira, que agrava el fenómeno de El Niño y la crisis climática».

El objetivo del mandatario era utilizar este mecanismo en La Guajira ante las condiciones que allá se viven, especialmente la falta de acceso al agua y los más altos índices de pobreza del país, así como el mayor número de muertes de niños por desnutrición.

La Guajira es el departamento con las cifras más altas de desnutrición infantil, con un total de 1.954 casos de desnutrición aguda en menores de 5 años el año pasado, en una región habitada mayoritariamente por comunidades indígenas wayuu que viven en condiciones muy precarias, con dificultades de acceso al agua, alimentación y otros servicios básicos.

Corte Constitucional tumbó decreto del Gobierno Nacional sobre Estado de Emergencia en departamento de la Guajira https://t.co/osTrA5lvcH vía @El Espacio https://t.co/pl51zFmN77 pic.twitter.com/OfSHGap7cF

— ElespacioNoticias (@elespacio_noti) October 2, 2023

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Fiorella Tagliafico

Con información de medios internacionales

Fuente de imagen referencial: Twitter / @Portafolioco

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El magistrado consideró que California se extralimitó en sus competencias e incumplió con esta ley la Segunda Enmienda de la Constitución estadounidense. Así, comparó un fusil de asalto AR-15 con una navaja suiza. Además, este dictamen otorga un margen de 30 días para que entre en vigor, lo que posibilita que el fiscal general californiano, Rob Bonta, presente recurso frente al mismo.

Benítez señaló que “este caso no trata de armas extraordinarias en los límites de la protección de la Segunda Enmienda. Las armas de asalto prohibidas no son bazucas, obuses o ametralladoras, armas peligrosas y útiles solo con fines militares”.

Agregó que “las armas conocidas como armas de asalto son fusiles bastante comunes, populares y modernos. Es un caso normal sobre armas normales utilizadas de forma normal para fines normales”, subrayando que “las autoridades no pueden imponer sus opciones a los ciudadanos estadounidenses si hay derechos constitucionales afectados”.

Reacción sobre la nueva decisión

El fiscal general californiano, Rob Bonta, podría presentar un recurso contra la decisión del juez

El fiscal general de California, Rob Bonta, señala que esta “decisión es un error de base y vamos a recurrir. No hay base legal ni sentido común para equiparar los fusiles de asalto con las navajas suizas”.

Asimismo, la decisión es un revés para Bonta y el propio gobernador de California, Gavir Newsom, quien considera que se subestima el peligro que suponen las armas de asalto tales como el fusil AR-15.

Para Newsom es una decisión que plantea “una amenaza directa a la seguridad pública y para la vida de californianos inocentes”, agregado que la comparación hecha respecto al AR-15 “socava absolutamente la credibilidad de su decisión, y supone un bofetón para las familias que han perdido a seres queridos por esta arma”.

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Rubén Vásquez

Con información de medios internacionales

Guterres, a través de su portavoz, Stéphane Dujarric, indicó que está siguiendo de cerca la situación en el país centroamericano y que “toma nota de las preocupaciones expresadas respecto a los procedimientos usados para la destitución de miembros de la Sala de Constitucional”.

“El secretario general pide respeto a las provisiones constitucionales, al estado de derecho, a la división de poderes, con vistas a preservar el progreso democrático logrado por el pueblo salvadoreño desde la firma del acuerdo de paz”, señaló Dujarric en su conferencia de prensa diaria.

Decisión inconstitucional

El Salvador se adentró en una crisis política desde que el sábado el oficialismo tomara las riendas del Parlamento para el periodo 2021-2024 y en su primera acción votó la destitución de los magistrados con los que el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, tuvo enfrentamientos durante el último año y los sustituyese por otros jueces.

Tras conocerse la destitución, la Sala de lo Constitucional emitió un fallo declarando inconstitucional la votación en su contra, acción que diversos abogados consideran que anula la votación.

La decisión de la Asamblea Legislativa es rechazada además por la Organización de Estados Americanos (OEA), por Estados Unidos y por la Unión Europea (UE), entre otros actores internacionales de gran peso.

Bachelet alertó que estas acciones socavan gravemente la democracia y el estado de derecho, al debilitar la separación de poderes

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Gabriela Morales

Con información de agencias y medios internacionales

En su respuesta formal al artículo de acusación presentado por la Cámara de Representantes, Trump negó a través de sus abogados que estuviera “en un error de hecho” cuando el pasado 6 de enero aseguró a los seguidores que luego asaltaron el Capitolio, que había ganado las elecciones por una victoria aplastante.

Poco antes, los demócratas presentaron en un escrito ante el Senado su caso para condenar a Trump por incitar a sus seguidores a llevar a cabo los disturbios en el Capitolio, que dejaron cinco muertos, incluido un policía.

Trump negó que su intención fuera interferir en el recuento de los votos electorales que confirmarían en el Congreso la victoria de su rival

En su escrito, los nueve fiscales demócratas del juicio político acusan a Trump de poner en peligro los cimientos de la democracia estadounidense llevando a un “frenesí” a sus partidarios “con el único propósito de mantener su posición en la Presidencia” a pesar de su derrota electoral.

Por su parte, los abogados del exgobernante niegan en su escrito que este haya participado en “una insurrección o rebelión” contra el país y defienden que la Constitución “requiere que una persona realmente esté en el cargo para ser acusado”, y Donald Trump “ya no es presidente”.

Además, niegan que Trump hubiera “cometido alguna vez una violación de su juramento al cargo”, como argumenta la acusación, defiende que en su arenga a sus seguidores, únicamente “expresó su opinión de que los resultados electorales eran sospechosos”.

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Gabriela Morales

Con información de agencias y medios internacionales