Una práctica ilógica e irresponsable

La presidenta de la SVH, Maribel Meléndez, denunció que estos bancos de sangre se han instalado en lugares impropios y lejanos a los centros hospitalarios urbanos, como centros comerciales.

«En la actualidad estamos viendo como han sido autorizados bancos de sangre en centros comerciales: algo ilógico», sostuvo la especialista.

Meléndez explicó que esta práctica pone en riesgo la calidad y la disponibilidad de la sangre, ya que no se cumplen los protocolos de selección, clasificación, almacenamiento y transporte de la misma.

Además, señaló que los donantes pueden ser víctimas de engaños o extorsiones por parte de personas inescrupulosas que se aprovechan de la necesidad y la solidaridad.

Una situación que no mejora

La presidenta de la SVH también afirmó que «la donación de sangre está siendo afectada por múltiples factores y no vemos ningún interés en que esto mejore».

Entre esos factores mencionó las fallas en la adquisición de reactivos para realizar los análisis necesarios para determinar los grupos sanguíneos y las enfermedades transmisibles por la sangre.

Asimismo, indicó que hay una escasez de personal capacitado y de equipos e insumos para el funcionamiento óptimo de los bancos de sangre legales. A esto se suma la crisis económica, social y política que vive el país, que ha provocado una disminución de la población donante y un aumento de la demanda de sangre por parte de los pacientes.

Un llamado a las autoridades

Meléndez hizo un llamado a las autoridades sanitarias y judiciales para que tomen cartas en el asunto y regulen el funcionamiento de los bancos de sangre en el país. También instó a la población a denunciar cualquier irregularidad que observen en este ámbito y a donar sangre solo en los centros autorizados y acreditados por la SVH.

Finalmente, recordó que la donación de sangre es un acto voluntario, altruista y responsable, que puede salvar vidas y mejorar la salud de muchas personas. Por ello, invitó a los venezolanos a sumarse a esta noble causa y a informarse sobre los requisitos y beneficios de ser donante.

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Gabriel Velásquez

Con información de medios nacionales

Fuente de imagen referencial: Unsplash /Getty Images

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Personas de todas las edades, en su mayoría mexicanos y centroamericanos que trabajan en los campos de cultivo y sus familias, se congregaron frente a la Alcaldía con banderas y carteles alusivos a una ley estatal que es considerada la más dura contra la inmigración irregular de todo EE.UU.

Importancia de la migración

Los participantes iniciaron una marcha por la ciudad donde se escuchó a los inmigrantes pedir que se frene la vigencia de la ley y se protejan sus derechos.

«Sin los sin papeles como los trabajadores del campo y todos los otros que hacen los trabajos duros, la Florida se cae», dijo a EFE Antonia Catalán, una activista mexicana de la organización Soy Poderosa, que ayuda a las mujeres inmigrantes en el sur del estado.

Catalán, que también criticó las restricciones al aborto legal y otras leyes promovidas ir el gobernador Ron DeSantis, estuvo desde temprano en la plaza donde se hizo la concentración con el lema “Libertad para todos”.

Hay «pánico» entre los indocumentados

La activista sostuvo que existe «pánico» entre los indocumentados que han decidido quedarse en Florida, al contrario que otros muchos que han puesto rumbo al norte para trabajar en estados como Georgia y Carolina del Norte y Carolina del Sur.

«Ahora que entró en vigor la ley no quieren salir de sus casas», señaló Catalán, quien dijo haber invitado a unas personas a sumarse a la marcha, pero le dieron un «no» como respuesta.

Por su parte, Rosa Elera, portavoz de Florida Immigration Coalition (FLIC), también reconoció a EFE que la comunidad está «asustada», pero instó a los inmigrantes a luchar por sus derechos y confiar en que las organizaciones de la comunidad los protegerán.

Primera demanda y criminalización contra los migrantes

La ley entró en vigor el 1 de julio de 2023, y de acuerdo con los migrantes iba a ser mucho más dura pero la presión hizo que el Congreso de Florida, dominado totalmente por el Partido Republicano, la «suavizara», subrayó.

Según Elera, inicialmente iba a estar penado vivir con personas indocumentadas aunque fueran de la misma familia.

«Tenemos que tener fe y alzar la voz, no nos van a intimidar», dijo la activista.

Este mismo sábado un grupo de organizaciones civiles anunció que presentará la primera demanda contra la ley migratoria SB1718 de Florida por violar «los derechos fundamentales» de las personas radicadas en este estado sureño.

La demanda, planteada por el Southern Poverty Law Center, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y su sección de Florida, Americans for Immigrant Justice y American Immigration Council, alega que esta ley «discriminatoria» representa «una amenaza para los derechos y el bienestar de cada individuo en el estado», no solo para los inmigrantes.

«La SB 1718 es inconstitucional y socava nuestra democracia», dijo Paul R. Chávez, abogado supervisor sénior del Proyecto de Justicia para los Inmigrantes del Southern Poverty Law Center.

La demanda se presentará contra el gobernador de Florida, Ron DeSantis, en nombre de varias personas y de la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida.

La ley fue promovida por el gobernador DeSantis, que es candidato a las primarias republicanas con vistas a ser candidato en las elecciones presidenciales de 2024 y ha hecho de la lucha contra la inmigración irregular el caballo de batalla de su campaña electoral.

La demanda se centrará específicamente en las disposiciones de la Sección 10, que criminaliza el transporte a Florida de personas a Florida que pueden haber ingresado al país sin inspección federal.

La SB 1718 obliga a las empresas con más de 25 trabajadores a usar un programa oficial de verificación del estatus migratorio de cada uno, so pena de multas y pérdida de la licencia.

Además, los hospitales que aceptan el seguro médico público (Medicaid) deben preguntar y registrar si sus pacientes son residentes legales o no, entre otras disposiciones.

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@rafarias86

Con información de medios internacionales

Fuente de imagen referencial: Maria Oswalt / Unsplash

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En un comunicado, el Servicio de Acción Exterior de la UE señaló que la decisión de derogar algunos artículos de la ley resulta «contraproducente para los esfuerzos de desescalada», y «obstaculiza» el poder generar confianza entre las partes y crear un horizonte político para el diálogo entre israelíes y palestinos.

«Pedimos a Israel que revoque esta ley y tome medidas que contribuyan a desescalar una situación ya de por sí muy tensa», urge la diplomacia comunitaria, que recordó su posición general sobre que los asentamientos en territorios palestinos son ilegales en el Derecho internacional y suponen un «obstáculo» a la paz en Oriente Próximo y a la solución de dos Estados.

En concreto, la enmienda elimina las cláusulas que impedían la presencia de colonos israelíes en los asentamientos de Ganim, Homesh, Kadim y Sa Nur, evacuados hace cerca de 18 años al hilo de la retirada de colonos y militares israelíes de la Franja de Gaza.

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Leison Bustamante

Con información de dpa

Fuente imagen referencial: Unsplash / Tetiana SHYSHKINA

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El magistrado de la Audiencia Provincial de Segovia, Ignacio Pando, informó este martes sobre la sentencia, luego de que la Fiscalía y la defensa de los acusados se mostraran conformes con el acuerdo alcanzado.

La mujer reconoció los crímenes cometidos y su responsabilidad como cómplice del delito de trata de seres humanos con la finalidad de explotación sexual, por lo que fue condenada a dos años y medio de cárcel.

La procesada admitió haber amenazado a una de las mujeres captadas, por lo que fue condenada a otros seis meses de cárcel, además de una multa por actuar contra los derechos de ciudadanos extranjeros.

Otro venezolano también aceptó su participación en los delitos y fue condenado a dos años y medio de cárcel como cómplice de un delito de trata de seres humanos con la finalidad de explotación sexual, además de la multa por el delito cometido contra los derechos de ciudadanos extranjeros.

Cada uno deberá pagar 3.000 euros de indemnización a una de las víctimas, que prestó declaración como testigo protegido en la instrucción del proceso.

Los dos venezolanos cumplieron prisión provisional en Colombia, donde fueron detenidos en junio de 2021 por una orden internacional, librada por un Juzgado de Segovia, hasta que fueron trasladados a España el pasado 4 de marzo.

Fiscalía de España pidió 19 años de prisión

En una primera instancia, la Fiscalía pidió 19 años de cárcel para la mujer y 15 años para el hombre, pero la defensa logró una rebaja significativa en los años de pena.

De acuerdo con la Fiscalía, ambos convencían a las mujeres en Colombia mediante engaño, o prevaliéndose de su vulnerabilidad social o económica, para entrar ilegalmente a España pagándoles sus viajes.

Una vez en Europa, otras tres personas recibían a las víctimas y las llevaban a un prostíbulo en Segovia, donde ejercían la prostitución para pagar la supuesta deuda que habían contraído por el viaje.

Las víctimas, sin permiso de residencia ni de trabajo, estaban sometidas a un férreo control por parte de los dueños del local, donde eran sometidas a explotación sexual.

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Víctor De Abreu

Con información de El Diario y otros medios nacionales

Fuente imagen referencial: TRT, vía web

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