«Me complace enormemente firmar la Ley para una América Segura («Secure America Act») a fin de financiar inmediata y totalmente al Departamento de Seguridad Nacional hasta el final de mi mandato, para que ya no tengamos que hablar más de este asunto», aseguró el mandatario en un acto en el Despacho Oval.

Trump dedicó unas palabras a los agentes que realizan labores migratorias al afirmar que brindaría por «los héroes del ICE y de la Patrulla Fronteriza —porque eso es lo que son: héroes, dada la dura labor que realizan para mantenernos a salvo— el apoyo y los recursos necesarios para defender nuestras fronteras, proteger nuestra patria y mantener segura a Estados Unidos».

La ley fue aprobada el martes en el Congreso por un margen muy ajustado de 214 votos a favor y 212 en contra, tras haber sido previamente aprobada por el Senado la semana pasada.

Con la aprobación de esta norma, se rompe un bloqueo presupuestario derivado de una larga disputa sobre los limites de estas agencias, sobre todo después de que algunos de sus agentes se vieran implicados en las muertes de Alex Pretti y Nicole Good, durante protestas contra las redadas a inmigrantes en Mineápolis en enero.

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El zar de la frontera de la Casa Blanca, Tom Homan, dijo este lunes que se enviarán oficiales del ICE a catorce aeropuertos estadounidenses. Entre ellos están el de Chicago-O’ Hare, el John F. Kennedy y el de Newark -que operan para Nueva York-, el Internacional Southwest de Florida, el Louis Armstrong (Nueva Orleans) y el de Filadelfia y Pittsburgh, según la cadena CNN.

Una portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dijo a NBC News que Trump está «tomando medidas para desplegar a cientos de agentes del ICE en los aeropuertos que se ven afectados negativamente».

También estaba previsto enviar a oficiales del ICE al aeropuerto de LaGuardia, en el distrito neoyorquino de Queens, pero este permanecerá cerrado hasta al menos las 14:00 hora local (18:00 GMT) tras la colisión entre un avión y un camión de bomberos en la pista.

Homan explicó ayer que el ICE ayudará a la TSA «a hacer su trabajo en áreas que no requieren conocimientos especializados», como vigilar una salida, gestionar las colas o controlar las multitudes. Por su parte, el alcalde de Atlanta, Andre Dickens, aclaró que funcionarios federales le habían informado de que este despliegue «no tiene como objetivo llevar a cabo actividades de control migratorio«.

Reacciones a la presencia de ICE en aeropuertos

Sin embargo, la medida ha suscitado críticas de políticos de la oposición como Mikie Sherrill, gobernadora de Nueva Jersey, que aseguró que enviar a agentes «sin formación no es una solución aceptable». Del mismo modo, el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, calificó de «inaceptable» que «los trabajadores y los viajeros se vean convertidos en rehenes de juegos políticos».

Los funcionarios de la TSA llevan sin cobrar desde febrero por el boicot demócrata contra la agresiva política migratoria del mandatario. El Senado rechazó el viernes, por quinta vez desde febrero, financiar al DHS que lleva en cierre parcial cinco semanas y del que dependen TSA y las agencias migratorias.

La suspensión del pago de las nóminas de los trabajadores de TSA ha llevado a que muchos pidan bajas o se hayan despedido, provocando larguísimas colas en importantes aeropuertos estadounidenses como Atlanta, el JFK de Nueva York o el de Nueva Orleans.

«Los demócratas han paralizado el Gobierno y están castigando a los hombres y mujeres de la TSA porque no les gusta que se aplique la ley de inmigración», indicó hoy Homan a periodistas desde la Casa Blanca.

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«¡El espectáculo del medio tiempo del Super Bowl es absolutamente terrible, uno de los peores de la historia!», dijo el presidente en la red social Truth Social.

Y agregó: «Nadie entiende una palabra de lo que dice este tipo, y el baile es repugnante, especialmente para los niños pequeños que lo ven en todo Estados Unidos y en el resto del mundo».

Trump se había opuesto anteriormente en público a la designación de Bad Bunny como protagonista del entretiempo de la Super Bowl y lo llegó a calificar como «una horrible elección».

Pero hoy (domingo) añadió que el espectáculo del artista fue «una bofetada» para Estados Unidos.

«No tiene sentido, es una afrenta a la grandeza de Estados Unidos y no representa nuestros estándares de éxito, creatividad ni excelencia», denunció.

Postura del artista

Bad Bunny ha sido un gran detractor de la ofensiva migratoria de la Administración Trump, y el año pasado decidió no llevar su gira «Debí Tirar Más Fotos World Tour» a EEUU para evitar redadas.

Más recientemente, en la entrega de los premios Grammy manifestó: «No somos salvajes, no somos animales, somos humanos y somos americanos», antes de añadir «fuera ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas)».

El puertorriqueño hizo historia al ser el primer artista protagonista del Super Bowl con un repertorio musical íntegramente en español.

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El caso puso el foco de la atención nacional en el centro de detención de Dilley, a las afueras de San Antonio, donde permanecen privados de su libertad unas 1.400 migrantes, entre ellos alrededor de 400 menores de edad, de acuerdo con información entregada esta semana por legisladores demócratas.

El de Dilley es uno de solo dos centros en todo el país donde el Gobierno federal detiene a familias enteras de migrantes, una práctica que fue pausada por varios años durante el mandato del expresidente Joe Biden (2021-2025) y que ha sido reanudada por Trump en su campaña por acelerar los arrestos y las deportaciones de migrantes.

En la protesta, alrededor de 150 manifestantes -según datos de los organizadores- expresaron su rechazo a las políticos migratorias de la Administración republicana y pidieron que se liberaran el resto de familias y menores de edad que permanecen en custodia del Gobierno.

«La atención mediática que recibió Liam (Ramos) logró que fuera liberado, pero hay muchísimas más familias que están lidiando con lo mismo ahora mismo», dijo a EFE Eric Cedillo, abogado consejero de la organización League of United Latinamerican Citizens (LULAC).

La detención de menores migrantes en EE.UU. aumentó de forma pronunciada durante el primer año del Gobierno de Donald Trump. Según el Deportation Data Project, entre enero y octubre de este año se registró un promedio mensual de 170 niños arrestados, frente a 25 durante los últimos 16 meses del Gobierno de Biden. «La detención de familias es dañina para los menores de edad, en muchos casos los mantienen detenidos por meses y meses», agregó Cedillo.

Segunda protesta en contra de la detención de migrantes

El miércoles, la manifestación atrajo a cientos de personas y acabó con el uso de gas lacrimógeno y pelotas de goma contra los civiles por parte de las fuerzas del orden texanas, que cerraron la vía de acceso hacia el centro. En las pancartas que portaban algunos manifestantes se leían mensajes críticos contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), una agencia federal cuyas operaciones bajo el Gobierno de Donald Trump han generado un fuerte rechazo en diversas ciudades de Estados Unidos.

El despliegue de sus agentes ha estado marcado por enfrentamientos con la población y, en algunos casos, incidentes mortales a manos de oficiales durante operativos migratorios. Organizaciones de derechos civiles y observadores también han denunciado un uso cada vez más agresivo de tácticas por parte de ICE, como la detención de personas sin orden judicial y el empleo de pasamontañas para ocultar la identidad de los agentes, prácticas que, según críticos, dificultan la rendición de cuentas y aumentan la tensión en las comunidades afectadas.

El despliegue de agentes federales en su nativa Chicago, el pasado mes de septiembre, llevó a Robert Held a convertirse en un activista a tiempo completo y a viajar el domingo hasta Texas para unirse a la manifestación. «Mi conciencia me dice que no me puedo quedar en casa, que no puedo quedarme en silencio», señaló el hombre a EFE, vestido con una camisa naranja. «Liam es el símbolo de lo que este Gobierno le está haciendo a los niños y a todos los inmigrantes«, agregó.

Ramos y su padre, originarios de Ecuador, fueron liberados este sábado después de que un juez federal en Texas concediera una petición de habeas corpus y determinara que su arresto fue inconstitucional. «El caso tiene su origen en la mal concebida y deficientemente implementada política gubernamental de perseguir cuotas diarias de deportación, aparentemente incluso si ello implica traumatizar a niños», señaló el juez Fred Biery del Distrito Oeste de Texas, en San Antonio, en el escrito judicial.

Bajo la actual Administración, las detenciones de migrantes en EE.UU. han alcanzado un nivel récord: en promedio, más de 73.000 migrantes permanecieron bajo custodia, la cifra más alta desde la creación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en 2001. El año pasado fue el más mortífero en al menos dos décadas para personas bajo custodia del ICE, con más de 30 fallecidos y en lo que va de 2026, ya se han reportado al menos 3 muertes dentro de los centros de detención para migrantes.

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Fuente de imagen referencial: EFE/Alejandra Arredondo.

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«No estamos renunciando a nuestra misión en absoluto; simplemente estamos trabajando de manera inteligente», puntualizó Homan durante una conferencia de prensa en Mineápolis esta mañana. Homan precisó que «la retirada de las fuerzas depende de la cooperación» y que «un delincuente en la cárcel significa menos agentes en las calles», luego de ser enviado por Trump el lunes para dar giro a la estrategia migratoria que ha dejado dos estadounidenses muertos por disparos de oficiales federales en enero.

En cuanto a los cambios en el actuar de las fuerzas federales, el zar fronterizo se limitó a decir que ahora buscarán «operaciones focalizadas» en sujetos previamente identificados. El Zar fronterizo agregó que durante sus cuatro días en el terreno se ha reunido con las principales autoridades locales como el gobernador de Minnesota, Tim Walz, y el alcalde de Minéapolis, Jacob Frey, y aseguró que ya tienen acuerdos para la redistribución de los más de 3.000 gentes que fueron desplegados en el terreno.

Al ser cuestionado por las acciones de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Homan defendió las operaciones de la agencia y aseguró que cada una de sus actividades en Mineápolis han estado bajo el orden de la ley y que antes de actuar saben «exactamente a quién buscan, cual es su historial criminal y su estatus migratorio», lo que según él hace que todo sea «más seguro».

Finalmente, el zar fronterizo insistió en que la retirada de agentes dependerá de la «cooperación» y señaló que no permitirán que existan intentos de residentes de la ciudad por «impedir» la labor de ICE. Mientras tanto, en la ciudad persiste un ambiente de tensión con vigilias constantes en los memoriales de Nicole Good y Alex Pretti. Para este viernes diferentes organizaciones sociales han convocado a un «día nacional sin clases, sin trabajo y sin compras», para protestar contra la ofensiva migratoria de Trump en Mineápolis.

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Fuente de imagen referencial: EFE/EPA/CRAIG LASSIG

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Los detenidos formaban presuntamente parte de un grupo «de extrema izquierda, propalestino, antigubernamental y anticapitalista» y planeaban una serie de explosiones en «varias partes de California» al igual que ataques en contra de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

«Tras una intensa investigación, el Departamento de Justicia, en coordinación con el FBI, evitó lo que habría sido un complot terrorista masivo y atroz en el Distrito Central de California (los condados de Orange y Los Ángeles)», escribió la fiscal.

El director del FBI, Kash Patel, anunció la detención de un quinto individuo en Nueva Orleans, quien planeaba un «ataque violento aparte». Las autoridades identificaron a los cuatro detenidos en California como Audrey Illeene Carroll, Zachary Aaron Page, Dante Gaffield y Tina Lai.

Acusaciones del FBI

El plan, llamado «Operación Sol de Medianoche«, instruía a los participantes a plantar mochilas con explosivos caseros en cinco ubicaciones distintas de manera simultánea el 31 de diciembre. Las bombas iban dirigidas contra «dos empresas estadounidenses».

Los acusados fueron arrestados por el FBI tras viajar al desierto de Mojave para realizar pruebas de detonación de los explosivos. El FBI señaló al grupo Turtle Island Liberation Front como la organización responsable.

Además, dos de los detenidos discutieron planes para atacar agentes y vehículos de ICE en enero y febrero de 2026 con el objetivo de «acabar con algunos y asustar al resto». El primer fiscal adjunto, Bill Essayli, vinculó los arrestos al esfuerzo de la administración Trump para «extinguir las amenazas terroristas de extrema izquierda».

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La ‘Operation Dirtbag’ (Operación basura) adelantada en los últimos diez días deja un saldo de arrestos de 54 «depredadores sexuales», 164 «criminales sexuales», dos asesinos sentenciados, un condenado por narcotráfico y otros ocho «delincuentes atroces», expuso Madison Sheahan, subdirectora del ICE, en una rueda de prensa en Miami.

El operativo se enfocó en depredadores de niños, violadores y «violentos criminales» extranjeros con sentencias como agresión sexual de menores, violación, conducta lasciva, explotación infantil e intento de homicidio, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés).

Aunque no se detalló la nacionalidad de todos los aprehendidos, el DHS compartió fotografías de cuatro cubanos, un venezolano y un ucraniano implicados en delitos sexuales a menores de edad.

Las detenciones las realizaron las autoridades de Florida, que lideran a nivel nacional los acuerdos 287(g) que permiten a agentes locales colaborar con el ICE en detenciones migratorias, señaló Sheahan.

La funcionaria destacó que Florida se ha convertido en emblema de la política migratoria de la segunda Administración de Donald Trump, pues hay 335 acuerdos 287(g) para cooperar con el ICE y el estado ha abierto centros de detención para migrantes como ‘Alligator Alcatraz’ y ‘Operation Depot’.

El pasado 26 de septiembre, más de 350 inmigrantes fueron detenidos tras un operativo de cuatro días de la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP, en inglés), y el vicegobernador, Jay Collins, reiteró que las autoridades estatales irán detrás de su estimado de 1,1 millones de indocumentados detenidos en el estado.

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La funcionaria de la Casa Blanca compartió una nota del medio conservador Breitbart en la que Tricia McLaughlin, subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), afirma que están «en camino» para cumplir la meta de tener 10.000 nuevos agentes de ICE en la Administración de Donald Trump.

«Son 175.000 estadounidenses que se han postulado para unirse a ICE. ¡Asombroso! Es realmente alentador ver patriotas que no se dejan engañar y quieren aplicar el Estado de derecho y quieren proteger nuestra tierra», declaró McLaughlin al editor en jefe de Breitbart, Alex Marlow.

Contratación de agentes

La funcionaria recordó que existen los fondos gracias a la «gran y hermosa ley» que el presidente Trump firmó en julio y que, según especialistas, convertirá a ICE en la mayor agencia de seguridad de Estados Unidos, con un presupuesto estimado en 75.000 millones de dólares, superior al de casi todos los ejércitos del mundo.

El DHS expuso entonces que habría casi 30.000 millones de dólares para operativos, lo que permitirá contratar a 10.000 agentes de ICE que se sumarán a los 20.000 ya existentes y alcanzar un ritmo de un millón de deportaciones anuales.

Para incentivar las contrataciones, además de los bonos, el DHS eliminó en agosto los límites de edad para los agentes de ICE, que ahora solo necesitan ser mayores de 18 años, pues antes debían tener un mínimo de 21 años y un máximo de 37 ó 40, según la posición a la que postulaban.

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El señalamiento es parte de un documento que la Fiscalía presentó como «amigos de la corte», en la demanda presentada contra ICE por un grupo de inmigrantes detenidos en su oficina local, en el edificio 26 Federal Plaza en Manhattan, que alberga varias agencias federales.

James indicó en un comunicado que su acción busca poner fin al trato ilegal a los inmigrantes arrestados en Nueva York, incluidos aquellos detenidos después de asistir a los procedimientos de la corte de inmigración y a las citas de registro de rutina en la oficina local.

Condiciones en la sede de ICE Nueva York

La demanda presentada por los detenidos alega que el Gobierno federal mantiene a decenas de personas en pequeñas habitaciones durante días en condiciones deficientes. Según han reclamado los inmigrantes en su demanda, están hacinados en habitaciones con un solo inodoro y un lavamanos, y no se les proporcionan camas ni colchonetas para dormir.

Aseguran además que reciben solo dos comidas al día, no hay personal médico disponible durante la noche, y no se permite la visita de familiares ni abogados.

La fiscal argumentó que hasta junio, las directrices de ICE limitaban el uso de las salas de detención de sus oficinas locales a un máximo de doce horas, «pero informes recientes han revelado que cientos de personas han estado retenidas allí durante días en condiciones inseguras e insalubres».

La Fiscalía pidió al tribunal que dé paso a la moción de los demandantes y emita una orden preliminar para que ICE cumpla con la ley y mejore las condiciones «inhumanas» de los detenidos.

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La directiva refuerza los protocolos municipales que prohíben el uso de recursos de la ciudad para la aplicación de la ley migratoria, amplía el acceso a recursos para las familias afectadas, establece un nuevo grupo de trabajo del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) y solicita registros de agencias federales sobre redadas ilegales.

Bass afirmó que la orden “es necesaria” para ayudar a la ciudad y sus habitantes a enfrentar la política migratoria del Gobierno del presidente Donald Trump.

“Ante las señales de la Administración Trump de que intensificará su enfoque caótico, me aseguro de desplegar todos los recursos y herramientas disponibles en la ciudad para asegurar el apoyo a las comunidades inmigrantes”, declaró la alcaldesa.

Recursos legales para proteger inmigrantes

La demócrata explicó que el Ayuntamiento continuará buscando recursos legales en los tribunales para contrarrestar operativos violentos con agentes enmascarados, tras referirse al despliegue militar ocurrido el lunes en el icónico Parque MacArthur, corazón de la comunidad centroamericana de inmigrantes, que no contó con el permiso de la ciudad.

Aseguró que el operativo, que incluyó un helicóptero del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sobrevolando la zona, mientras que en tierra los agentes se movilizaban en vehículos blindados y a caballo, se hizo con el único fin de “atemorizar” a los inmigrantes.

“Nunca aceptaré estas redadas ilegales y caóticas y seguiré haciendo todo lo posible para defender los derechos de los habitantes de Los Ángeles”, advirtió Bass.

A inicios de semana la alcaldesa de Los Ángeles anunció que la ciudad presentó una moción para unirse a una demanda presentada contra el Ejecutivo estadounidense la semana pasada, alegando que las redadas contra inmigrantes ocurridas en Los Ángeles y sus alrededores son inconstitucionales y están basadas en el perfil racial.

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Alrededor de 722 personas fueron detenidas en la región metropolitana de Los Ángeles en los diez primeros días de junio, cuando las autoridades del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) iniciaron las redadas, de acuerdo a las cifras obtenidas por el Proyecto de Datos de Deportación de la Facultad de Derecho de la Universidad de California Berkeley.

El rotativo angelino analizó las cifras y encontró que el 69 % de los arrestados durante ese período por ICE no tenía antecedentes penales y el 58 % nunca había sido acusado de ningún delito.

Los datos contradicen al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que este martes dijo en un comunicado que desde el pasado 6 de junio ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) iniciaron una operación “para expulsar a los peores delincuentes extranjeros ilegales”.

Al respecto, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, dijo la semana pasada en una entrevista con la CNN que a pesar de que la Casa Blanca había dicho que iba a perseguir a delincuentes violentos se había enfocado en trabajadores.

“No era una guarida de narcos, era un Home Depot«, dijo Bass cuestionando los espacios en los que se estaban llevando a cabo las redadas.

El análisis de Los Angeles Times encontró que la edad promedio de los arrestados era de 38 años y que, en su mayoría, se trataba de hombres. Casi el 48 % eran mexicanos, el 16 % guatemaltecos y el 8 % salvadoreños.

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«El mensaje es lo suficientemente claro. Vamos a seguir haciendo estas operaciones en los lugares de trabajo, incluidos granjas y hoteles, pero sobre una base prioritaria. Los criminales son lo primero«, aseveró a la prensa en Washington D.C.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió hace unos días seguir con las redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) contra migrantes en lugares de trabajo como obras de construcción, hoteles y restaurantes, pese a declaraciones el fin de semana que sugerían que iba a suavizarlas para no afectar estos sectores.

Homan recalcó que estas operaciones se centrarán en migrantes con antecedentes criminales «de trata, trabajo forzoso, fraude fiscal o evasión de impuestos».

Migrantes trabajadores

Al ser preguntado por las preocupaciones de los agricultores de que las leyes de inmigración puedan perjudicar a su sector -donde se emplea a una gran cantidad de población migrante- Homan respondió: «Hay formas correctas e incorrectas de contratar trabajadores».

Por otro lado, Homan afirmó que, actualmente, el Gobierno está enfocado en las ciudades santuario de inmigrantes -que limitan su cooperación con autoridades federales a la hora de aplicar las leyes de inmigración del país- ya que ahí «es donde está el problema».

Por ello, insistió, «tenemos que concentrarnos donde sabemos que (las autoridades) los sueltan a la calle«.

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Trump anunció el despliegue de 2.000 soldados de la Guardia Nacional de California para, según él, contrarrestar manifestaciones focalizadas, que ya fueron controladas y no representaban ningún problema de seguridad, contra las redadas migratorias en Los Ángeles, el condado más poblado de Estados Unidos con cerca de 10 millones de habitantes.

Por el contrario, los defensores de los derechos civiles han advertido que la decisión del Gobierno Trump representa “una amenaza” para la metrópoli.

“Esta es una peligrosa escalada que pone en riesgo a las comunidades estadounidenses y a nuestra democracia”, dijo este domingo en un comunicado Neera Tanden, directora ejecutiva del Centro para el Progreso Americano.

Esta es la primera vez en 60 años que un presidente estadounidense despliega la Guardia Nacional de cualquier estado sin contar con la autorización del gobernador a cargo, que es el comandante en jefe de las fuerzas militares estatales.

La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) condenó desde ayer el despliegue de las tropas y dijo que estudia imponer una demanda.

La administración republicana tomó la decisión a pesar de que funcionarios electos, la Policía y el alguacil de Los Ángeles confirmaron que las protestas, que en su mayoría se mantuvieron pacíficas, estaban contenidas.

La mayor queja de Trump es el “supuesto” daño del edificio federal que alberga la cárcel migratoria de Los Ángeles, que este domingo luce con grafitis contra el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Tom Homan, el conocido como ‘zar de la frontera’ designado por Trump, amenazó hoy con arrestar a Bass y Newsom, «si se exceden» en sus competencias sobre el despliegue de soldados, en la que negó la afirmación previa del gobernador demócrata de que la Administración Trump estaba creando un «espectáculo”.

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El alcalde Eric Adams informó que la ciudad se ha unido al caso como «amigos de la corte» en apoyo al joven de 20 años, que vivía en El Bronx con su familia y que no tiene antecedentes penales.

Este es el primer caso conocido de detención por parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de un estudiante venezolano del sistema educativo público de Nueva York.

En el documento, presentado en el Distrito Oeste de Pensilvania, donde Contreras se encuentra detenido a pesar de vivir en Nueva York, se argumenta que está detenido sin causa y en violación de su derecho al debido proceso.

Además, también se señala que la ciudad es menos segura cuando los inmigrantes tienen miedo de acceder a servicios básicos y asistir a audiencias judiciales de inmigración, de acuerdo con un comunicado de la Alcaldía.

Del mismo modo, el escrito destaca las importantes contribuciones que los inmigrantes han tenido durante mucho tiempo en la ciudad, específicamente en su tejido cultural y en lo que respecta al crecimiento económico y la prosperidad general.

Cita de asilo del venezolano

López Contreras acudió con su madre y sin un abogado a una cita migratoria rutinaria de su solicitud de residencia permanente (‘green card’) el 21 de mayo en la que «inadvertidamente» renunció a protecciones legales.

Al salir del tribunal en Manhattan, los agentes del ICE, vestidos de incógnito, lo siguieron y detuvieron, lo que ha causado indignación y protestas en la ciudad.

El venezolano llegó a EEUU bajo la política de la Administración de Joe Biden que le permitió iniciar un proceso de solicitud de asilo, y estudia en una escuela pública de la ciudad.

Adams recordó hoy que López Contreras acudió varias veces al centro de ayuda para solicitudes de asilo que la ciudad estableció para ayudar a la ola de inmigrantes que han llegado durante los pasados dos años.

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Fuente de imagen referencial: EFE/Angel Colmenares

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Activistas de organizaciones como la Coalición Inmigrante de Florida (FLIC, en inglés) denunciaron la redada en sus redes sociales, en las que se viralizaron videos de los migrantes sorprendidos por los agentes y de una mujer que lloró al ver que se llevaban a su esposo.

La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Tampa, parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), expuso en sus redes sociales que lideró el arresto de «más de 100 inmigrantes ilegales, algunos previamente deportados y otros con historial criminal, en una obra mayor de construcción».

Colaboración de agencias en Florida

La operación destacó porque participó también la Patrulla de Carreteras de Florida, a la que el gobernador, el republicano Ron DeSantis, ordenó ejecutar redadas migratorias para colaborar con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

«En Florida, estamos liderando el trabajo para ayudar a la Administración Trump a implementar la ley inmigratoria federal. La operación de hoy tuvo lugar aquí mismo en Tallahassee. Detener. Deportar. Entregar resultados al pueblo estadounidense», publicó el fiscal general del estado, James Uthmeier, en X.

El operativo, del que aún faltan más detalles oficiales, ocurrió en un sitio donde se construyen apartamentos cerca de la Universidad Estatal de Florida, según la prensa local, mientras que la imagen compartida por el HSI muestra que los agentes obligaron a los migrantes a hacer una larga fila.

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Fuente de imagen referencial: EFE/HSI Tampa

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El DHS detalló en un comunicado que las asistencias se canalizarán a través de la aplicación rebautizada como CBP Home y que en el caso del estipendio, este se pagará a los beneficiarios «una vez confirmado su regreso a su país de origen».

«La autodeportación es una forma digna de salir de EE.UU. y permitirá a los extranjeros indocumentados evitar ser interceptados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)», indicó DHS.

Según el departamento, un hondureño que compró un pasaje desde Chicago a su natal Honduras fue el primero en hacer uso con éxito de este programa de asistencia de viajes. «Ya se han reservado boletos adicionales para esta semana y la siguiente», afirma el comunicado.

Campaña de deportaciones de indocumentados

Los inmigrantes irregulares que expresen su decisión de autodeportarse voluntariamente a través de CBP Home – una actualización de la aplicación CBP One de la Administración de Joe Biden (2021-2025)- ya no estarán en lo alto de la lista de ICE para sus redadas, «siempre que demuestren que están logrando avances significativos en la finalización de dicha salida»

«Participar en el programa de autodeportación de CBP Home puede ayudar a preservar la opción de que un extranjero indocumentado reingrese legalmente a EE.UU. en el futuro», advirtió DHS.

La Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, se ha movido con rapidez para cumplir las promesas del mandatario de realizar la mayor campaña de deportaciones en la historia del país.

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Fuente de imagen referencial: EFE/EPA/Graeme Sloan

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Al menos un centenar de presuntos pandilleros y un número aún no informado de otros inmigrantes fueron detenidos por agentes federales durante operativos simultáneos en el área metropolitana de Denver, según confirmó el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés).

Igualmente un video difundido por la División Rocky Mountain de la Agencia Estadounidense Antidrogas (DEA) muestra a los agentes yendo de puerta en puerta en varias viviendas e incluso arrojando granadas de humo dentro de las residencias como parte de los operativos.

Hasta el momento, se confirmó la presencia de ICE, junto con la DEA y el FBI, en tres complejos de apartamentos en Aurora, al este de Denver: Edge of Lowry, Whispering Pines y Cedar Run, todos ellos asociados con la presencia de la pandilla internacional Tren de Aragua.

Durante las acciones, los uniformados pidieron documentos de identidad de los residentes en los apartamentos y de dueños y clientes de negocios cercanos. Además, marcaron las puertas de algunos apartamentos.

La agencia destacó que «las investigaciones continúan» junto con el Buró de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF, en inglés), alguaciles federales y agentes de Investigaciones de Seguridad Interna (HSI).

También se reportaron operativos de inmigración en Ohio, Georgia, Illinois, Arizona, California, Florida, Texas, Massachusetts, Nueva York y Nueva Jersey, en algunos casos con gran cantidad de agentes y en otros casos arrestos individuales.

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Con información de EFE Servicios y redes sociales

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«Me complace anunciar que el exdirector del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) y fiel defensor del control fronterizo, Tom Homan, se unirá a la administración Trump para encargarse de las fronteras de nuestra nación», aseguró anoche en un mensaje en su red social «Truth» el propio presidente electo.

En su anuncio, Trump llama Homan «el zar de las fronteras» y dice que su política incluirá la defensa de la «frontera sur, la frontera norte, toda la seguridad marítima y de la aviación».

«Conozco a Tom desde hace mucho tiempo y no hay nadie mejor para vigilar y controlar nuestras fronteras. Asimismo, Tom Homan estará a cargo de todas las deportaciones de inmigrantes ilegales a su país de origen. Felicitaciones a Tom. No tengo ninguna duda de que hará un trabajo fantástico y muy esperado», concluye Trump, que asumirá su cargo el próximo 20 de enero.

Homan fue nombrado director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en 2017 y tiene décadas de experiencia en la aplicación de las leyes de inmigración. Fue oficial de policía, agente de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos y agente especial del antiguo Servicio de Inmigración y Naturalización.

Homan se suma a los nombres que ya han sido confirmados para incorporarse al gabinete presidencial como Susie Wiles, que será su jefa de gabinete en la Casa Blanca.

De interés: Trump dice que la frontera será una prioridad y no es «una cuestión de precio»

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Con información de EFE Servicios

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