«Estamos denunciando el agravamiento y el escalamiento de una política de persecución por parte del Estado venezolano. Sabemos que no es solo persecución contra las personas LGBTIQ+, sino contra las libertades de toda la población», dijo en declaraciones a los medios el coordinador del Observatorio de Violencia LGBTIQ+, Yendri Velásquez.

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Recordó que a las 33 personas detenidas en el estado Carabobo (centro) les fueron imputados los delitos de «ultraje al pudor», «agavillamiento» y «contaminación sónica», y que 30 de ellos fueron excarcelados la noche del miércoles, bajo «régimen de presentación», mientras los tres restantes fueron liberados horas después, tras presentar fiadores solicitados.

El grupo consignó un documento ante la Fiscalía en el que aseguró que la detención de estas 33 personas genera incertidumbre, al «sentar un precedente que puede dar pie a nuevos procesos de criminalización por prejuicios basados en orientación sexual».

En el escrito, pidieron a la Fiscalía la anulación de la causa judicial contra estas 33 personas, así como el inicio de acciones penales y administrativas para determinar responsabilidades de quienes actuaron en esta detención «irregular».

Hechos no se circunscriben al Código Penal venezolano

Por su parte, la activista y abogada Richelle Briceño insistió en que tanto en la detención, como en la actuación de fiscales y la jueza en el caso, hubo «homofobia de Estado», y que «los hechos no se circunscriben a ningún tipo penal que se encuentre en el Código Penal venezolano«.

En cambio, aseguró que los 33 miembros de la comunidad LGBTIQ+ fueron sometidos a una «detención ilegal» y sometidos al «escarnio público» por parte de medios de comunicación que «se sirvieron para humillar públicamente a esas personas», al publicar sus fotografías e identidades.

«Lo que ocurrió este fin de semana en Valencia tiene un impacto social inmenso en el ideal colectivo de la ciudadanía venezolana. Se le dijo al país y a los ciudadanos que a usted lo pueden meter preso y procesar por ejercer el derecho a la libertad sexual, que es un derecho humano«, dijo a EFE.

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@rafarias86

Con información de medios nacionales e internacionales y redes sociales

Fuente de imagen referencial: @ovlgbtiq

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En ese sentido, parejas del mismo sexo y activistas en el área, se preguntan si la crisis política, social y económica actual, y las prioridades que se derivan, permitirán a los legisladores garantizarles el derecho de casarse. No obstante, la mayoría piensa y lamenta que el tema no sea considerado una prioridad en los entes públicos.

Sin embargo, en la última discusión en el Palacio Legislativo, se aclaró que «la constitución no condena las relaciones del mismo sexo». Aunque esto no legitima ningún tipo de protección, debido a que la Carta Magna venezolana estipula que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer.

La Carta Magna venezolana estipula que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer

“Vivimos en un país donde ser un ciudadano promedio ya es un problema persistente, e intentar ser reconocido como parte de una minoría lo hace aún peor”, indicó Ana Rojas, de 59 años de edad, activista de los derechos LGBT en Venezuela.

En Latinoamérica, es legal el matrimonio de personas del mismo sexo, en Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Argentina, Uruguay y recientemente en Chile. En el caso de Venezuela, cuya sociedad es mayoritariamente católica-romana, se trata de una nación conservadora en ciertos aspectos, y liberal para otros; un territorio donde raramente se condena la homofobia. Sin embargo, la Asamblea Nacional, aun no debate a fondo esta realidad.

Aunque se evidencia una gran influencia evangélica en los entes legislativos en el país, no esta claro si ello impide o atrasa la acción de los parlamentarios para iniciar un debate en cuanto a los derechos LGBT.

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Miguel Arocha

Con información de medios nacionales