El caso puso el foco de la atención nacional en el centro de detención de Dilley, a las afueras de San Antonio, donde permanecen privados de su libertad unas 1.400 migrantes, entre ellos alrededor de 400 menores de edad, de acuerdo con información entregada esta semana por legisladores demócratas.

El de Dilley es uno de solo dos centros en todo el país donde el Gobierno federal detiene a familias enteras de migrantes, una práctica que fue pausada por varios años durante el mandato del expresidente Joe Biden (2021-2025) y que ha sido reanudada por Trump en su campaña por acelerar los arrestos y las deportaciones de migrantes.

En la protesta, alrededor de 150 manifestantes -según datos de los organizadores- expresaron su rechazo a las políticos migratorias de la Administración republicana y pidieron que se liberaran el resto de familias y menores de edad que permanecen en custodia del Gobierno.

«La atención mediática que recibió Liam (Ramos) logró que fuera liberado, pero hay muchísimas más familias que están lidiando con lo mismo ahora mismo», dijo a EFE Eric Cedillo, abogado consejero de la organización League of United Latinamerican Citizens (LULAC).

La detención de menores migrantes en EE.UU. aumentó de forma pronunciada durante el primer año del Gobierno de Donald Trump. Según el Deportation Data Project, entre enero y octubre de este año se registró un promedio mensual de 170 niños arrestados, frente a 25 durante los últimos 16 meses del Gobierno de Biden. «La detención de familias es dañina para los menores de edad, en muchos casos los mantienen detenidos por meses y meses», agregó Cedillo.

Segunda protesta en contra de la detención de migrantes

El miércoles, la manifestación atrajo a cientos de personas y acabó con el uso de gas lacrimógeno y pelotas de goma contra los civiles por parte de las fuerzas del orden texanas, que cerraron la vía de acceso hacia el centro. En las pancartas que portaban algunos manifestantes se leían mensajes críticos contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), una agencia federal cuyas operaciones bajo el Gobierno de Donald Trump han generado un fuerte rechazo en diversas ciudades de Estados Unidos.

El despliegue de sus agentes ha estado marcado por enfrentamientos con la población y, en algunos casos, incidentes mortales a manos de oficiales durante operativos migratorios. Organizaciones de derechos civiles y observadores también han denunciado un uso cada vez más agresivo de tácticas por parte de ICE, como la detención de personas sin orden judicial y el empleo de pasamontañas para ocultar la identidad de los agentes, prácticas que, según críticos, dificultan la rendición de cuentas y aumentan la tensión en las comunidades afectadas.

El despliegue de agentes federales en su nativa Chicago, el pasado mes de septiembre, llevó a Robert Held a convertirse en un activista a tiempo completo y a viajar el domingo hasta Texas para unirse a la manifestación. «Mi conciencia me dice que no me puedo quedar en casa, que no puedo quedarme en silencio», señaló el hombre a EFE, vestido con una camisa naranja. «Liam es el símbolo de lo que este Gobierno le está haciendo a los niños y a todos los inmigrantes«, agregó.

Ramos y su padre, originarios de Ecuador, fueron liberados este sábado después de que un juez federal en Texas concediera una petición de habeas corpus y determinara que su arresto fue inconstitucional. «El caso tiene su origen en la mal concebida y deficientemente implementada política gubernamental de perseguir cuotas diarias de deportación, aparentemente incluso si ello implica traumatizar a niños», señaló el juez Fred Biery del Distrito Oeste de Texas, en San Antonio, en el escrito judicial.

Bajo la actual Administración, las detenciones de migrantes en EE.UU. han alcanzado un nivel récord: en promedio, más de 73.000 migrantes permanecieron bajo custodia, la cifra más alta desde la creación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en 2001. El año pasado fue el más mortífero en al menos dos décadas para personas bajo custodia del ICE, con más de 30 fallecidos y en lo que va de 2026, ya se han reportado al menos 3 muertes dentro de los centros de detención para migrantes.

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La familia del periodista venezolano dijo que, luego de tres días, todavía no se tiene información oficial sobre el paradero de Joan Camargo, así como de «su situación jurídica ni sobre el lugar donde se encuentra», por lo que considera que está en «desaparición forzada».

Asimismo, subrayó que el habeas corpus, que se introduce para solicitar que un detenido sea presentado ante tribunales, debe «resolverse con prioridad y sin demoras», como establece la legislación venezolana, que también señala, añadió la familia, que esto debe ocurrir en «un máximo de 96 horas desde su presentación (la del recurso)».

«Reiteramos nuestra profunda preocupación por la desaparición forzada de Joan Camargo y exigimos su inmediata liberación, así como el respeto a sus derechos humanos y el cumplimiento de las garantías constitucionales y legales que le protegen», manifestó.

El SNTP denunció que el reporteto fue «interceptado» por una «moto y un vehículo del que se bajaron varios hombres que lo obligaron a subir»

La familia del periodista aseguró el viernes que recorrió seis centros de detención en Caracas, pero en todos negaron tenerlo en custodia.

De momento, ni el gobierno ni la Fiscalía han reportado el arresto. De confirmarse que se trata de una detención, el número de periodistas y trabajadores de la prensa encarcelados en Venezuela ascendería a 23, según el SNTP.

El domingo, la ONG Instituto Prensa y Sociedad (Ipys) de Venezuela afirmó que en el país «informar sigue siendo una labor castigada» y por ello reiteró su llamado a las autoridades a investigar los que consideró como «crímenes contra periodistas», así como «sancionar a los responsables» y «garantizar» que «estas violaciones» no se repitan.

De interés: SNTP pide apoyo de autoridades tras desaparición del periodista Joan Camargo

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El director de Cristosal detalló, durante una conferencia de prensa en San Salvador, que el 40 % de los casos «tenía (en Estados Unidos) algún tipo de protección migratoria».

Señaló que la ONG presentó ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia salvadoreña 39 recursos de habeas corpus de un igual número de migrantes detenidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).

«Estas personas se encuentran en un agujero negro judicial, porque no tienen dónde hacer efectivos sus derechos», indicó.

Envío de migrantes a El Salvador

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, invocó una ley de 1789 -conocida como la Ley de Enemigos Extranjeros- para justificar las expulsiones de los migrantes venezolanos, acusándolos de ser parte del Tren de Aragua, una banda criminal transnacional que el Gobierno calificó como «terrorista».

El Gobierno de EE.UU. llegó a un acuerdo con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para enviar a migrantes detenidos en Estados Unidos hacia el Cecot, una prisión para miembros de pandillas.

Como parte del trato, del que no se conocen detalles específicos, Washington pagará a El Salvador 6 millones de dólares anuales para sostener el sistema carcelario.

En total, EE.UU. ha enviado a esta cárcel a más de 200 migrantes, en su mayoría venezolanos, acusándolos de pertenecer a la banda Tren de Aragua.

Sin embargo, según un análisis publicado la semana pasada por el portal Bloomberg, un 90 % de los más de 200 hombres que EE.UU. tiene encarcelados en el país centroamericano no tienen antecedentes penales en territorio estadounidense.

De interés: HRW denuncia «desaparición forzada» de venezolanos deportados a El Salvador

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La acción de habeas corpus, un recurso que busca proteger la libertad cuando es amenazada de forma ilegal, fue presentada por el Ministerio de Justicia y la Procuración del Tesoro de Argentina ante los tribunales federales en Buenos Aires.

El recurso fue presentado en forma preventiva en respuesta a la orden de captura internacional emitida el 23 de septiembre pasado por Venezuela por «robo agravado» y otros seis delitos relacionados al caso del avión venezolano-iraní que estuvo retenido en Buenos Aires y fue enviado a Estados Unidos en febrero último.

Entre los afectados por la orden de arresto están, además de Javier Milei, su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; y jueces y fiscales de Argentina.

Relación entre Venezuela y Argentina

La orden de detención fue librada por la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela unos días después de que el fiscal general, Tarek William Saab, reclamara el arresto de Milei por el «robo» del avión venezolano-iraní que fue retenido en Buenos Aires en junio de 2022, cuando el peronista Alberto Fernández gobernaba Argentina.

Por decisión de la Justicia argentina, la aeronave fue enviada a Estados Unidos en febrero pasado, poco después de que Milei asumiera la Presidencia argentina.

«Las acusaciones, basadas en falsedades y carentes de sustento, evidencian un intento de intimidación por parte de un sistema judicial sin independencia y al servicio de una dictadura», indicaron este jueves desde el Ministerio de Justicia argentino.

El mes pasado, la Justicia argentina libró una orden de captura internacional con fines de extradición a Argentina de Nicolás Maduro, del ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, y de otros miembros del Ejecutivo venezolano acusados por delitos de lesa humanidad.

El pedido de arresto se dio a partir de una causa abierta en tribunales argentinos por una denuncia hecha en enero de 2023 por el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD), basada en el principio de jurisdicción universal que permite a los países procesar graves delitos contra los derechos humanos independientemente de donde se hayan cometido y de la nacionalidad de los responsables o sus víctimas.

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DOBLE LLAVE

Con información de EFE Servicios

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La decisión judicial se dio luego de que el Ministerio del Interior de Perú presentara un recurso de apelación contra la resolución que había declarado fundado el hábeas corpus a favor de Morales, quien es considerado un perseguido político por el gobierno de facto que lo derrocó en 2019.

Situación jurídica

La Segunda Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró «improcedente por sustracción de la materia» el hábeas corpus presentado por un abogado a favor de Morales, tras considerar que la situación jurídica y libertad del exmandatario «en la actualidad se encuentran sin ninguna afectación» y «no ha mostrado si quiera algún indicio o intento de querer ingresar al Perú».

Según el tribunal, el hábeas corpus carecía de objeto, ya que Morales no se encontraba en el país ni había solicitado su ingreso, por lo que no se podía alegar una vulneración de sus derechos fundamentales. Además, el tribunal señaló que la alerta migratoria era una medida administrativa que no implicaba una restricción de la libertad personal.

Un conflicto diplomático entre Perú y Bolivia

La orden de impedimento de ingreso al expresidente Evo Morales fue emitida por el gobierno de Perú en noviembre de 2019, cuando el exmandatario se asiló en México tras el golpe de Estado que lo obligó a renunciar.

La medida generó un conflicto diplomático entre Perú y Bolivia, que acusó a Perú de violar el derecho de asilo y la Convención de Viena.

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Gabriel Velásquez

Con información de medios internacionales

Fuente de imagen referencial: Megan Kotlus/Unsplash

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En un comunicado, el equipo legal indicó que se trata de una violación del «derecho a la defensa» de Glas y señaló que el exvicepresidente está pagando la factura de la presión mediática y política en el marco del «habeas corpus». 

«Jorge Glas vuelve a la cárcel sin que se examine la realidad del peligro por su vida e integridad», advirtió el documento

De este modo, denunció las múltiples injerencias de otras funciones del Estado y afirmó que el conocido como “Caso Sobornos” se repitió en el marco de este procedimiento. 

Además, los abogados insistieron en su «preocupación por el avance del recurso que le fue concedido para proteger su vida e integridad física y psicológica, derechos fundamentales amparados por numerosas normas internacionales» y pidieron intervenir para exponer la situación de grave riesgo a la que está siendo sometido Glas dentro de un centro penitenciario.

Glas fue trasladado el fin de semana a la cárcel 4 de Quito por «razones de seguridad» tras regresar a prisión el viernes. El antiguo “número dos” del expresidente Rafael Correa fue llevado desde el centro penitenciario de Cotopaxi tras un altercado entre presos de bandas enfrentadas.

El exvicepresidente deberá seguir cumpliendo dos condenas, una de seis años de prisión por asociación ilícita y otra más reciente de ocho años por cohecho.

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María Gabriela Moncada

Con información de agencias de noticias y medios internacionales

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De esta manera, el representante legal del exmandatario, Gregorio Parco, solicitó su liberación para que, luego de ser operado, pueda ser atendido en su domicilio.

¿Qué exige el abogado de Alberto Fujimori?

Parco sostuvo en su demanda que las autoridades peruanas violaron varios artículos del Código Procesal Constitucional, que establece la posibilidad de otorgar el “habeas corpus” cuando el detenido no reciba el tratamiento médico adecuado, informó “La República”.

Además del director del Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE), Omar Méndez y la presidenta del Poder Judicial, Elvira Barrios, la demanda acusa al jefe del Estado, Pedro Castillo, así como a la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, por avalar la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de no permitir la excarcelación de Fujimori decretada por el Tribunal Constitucional.

«Esta es una demanda de ‘habeas corpus’ correctivo», aseveró Parco, quien criticó el apoyo de Castillo y Alva a la decisión de una «corte de Costa Rica», tal y como se refirió a la CIDH de no aplicar el fallo del Constitucional. «Todo preso, cuando está enfermo, debe estar en la clínica o en su casa. Es una demanda muy simple», subrayó.

En la madrugada del domingo, Fujimori tuvo que ser trasladado a un hospital tras presentar un cuadro de descompensación cardíaca. Una vez estabilizado fue enviado a la Clínica Centenario Peruano Japonesa para observación.

De acuerdo con su hija, Keiko Fujimori, los últimos fallos judiciales afectaron el bienestar de su padre, lo que evidencia «sin duda” la fragilidad de su estado de salud.

Abogado Gregorio Parco presenta habeas corpus para excarcelar a Alberto Fujimorihttps://t.co/WmAsI1bpgF

— América Noticias (@noticiAmerica) April 17, 2022

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María Gabriela Moncada

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“El Estado del Perú debe abstenerse de implementar la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional del Perú el 17 de marzo de 2022, que restituye los efectos al indulto “por razones humanitarias” concedido a Alberto Fujimori el 24 de diciembre de 2017”, precisó una resolución del organismo internacional

De acuerdo con el documento de la Corte IDH, la decisión del Tribunal Constitucional de Perú de restituir un indulto concedido al exmandtario, «no efectuó una ponderación que tomara en cuenta la afectación que tiene el indulto por graves violaciones a los derechos humanos en el derecho de acceso a la justicia de las víctimas y sus familiares».

Para la Corte IDH el «habeas corpus» debe ser aplicado en casos muy extremos

«En casos de graves violaciones de derechos humanos la medida o figura jurídica [de habeas corpus, que permita proteger la salud, la vida e integridad del condenado] debe ser la que menos restrinja el derecho de acceso a la justicia de las víctimas (…) y debe ser aplicada en casos muy extremos y por una necesidad imperante», precisó la institución jurídica.

A comienzos de abril la Corte IDH llevó a cabo una audiencia extraordinaria sobre el caso Fujimori, donde las organizaciones y víctimas de violaciones a los derechos humanos solicitaron a los jueces que garanticen el derecho al acceso a la justicia e impida la liberación de prisión del expresidente peruano.

Resolución de la @CorteIDH Solicitud de Medidas Provisionales y Supervisión de Cumplimiento de Sentencia en Caso Barrios Altos y Caso La Cantuta Vs. Perú 🇵🇪, del 7 de abril de 2022.

👩🏿‍💻Más información aquí: https://t.co/CuFwkogcAO#147PeriodoCorteIDH pic.twitter.com/qhEB4BDjVl

— Corte Interamericana de Derechos Humanos (@CorteIDH) April 8, 2022

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María Gabriela Moncada

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La prensa peruana informó que, luego de discutir esta causa en una sesión privada hace tres semanas, el magistrado Ernesto Blume, ponente del caso, propondrá que se declare fundado el recurso y, por tanto, Fujimori pueda ser liberado nuevamente.

En definitiva, el TC de Perú revisará un hábeas corpus interpuesto por el abogado Gregorio Parco Alarcón contra la resolución de la Corte Suprema que en 2018 dejó sin efecto el indulto otorgado a Fujimori el 24 de diciembre de 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).

De prosperar la revisión, Alberto Fujimori podría ser liberado

En aquella oportunidad, la Justicia peruana ordenó la nulidad del indulto después de considerar que no cumplía con las exigencias legales y carecía de efectos jurídicos. Fujimori tuvo regresar a la prisión del este de Lima donde cumple su condena.

El exgobernante es el único preso en una cárcel construida expresamente para él dentro de la base policial del distrito de Ate, donde aún debe permanecer hasta 2033, cuando tendrá 95 años de edad.

En esta penitenciaría cumple una condena como autor mediato de las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, cometidas en 1992 y 1993 por el grupo militar encubierto Colina, así como por dos secuestros tras el golpe de Estado que dio en 1992.

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María Gabriela Moncada

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A través de una resolución judicial difundida este lunes 17 de enero el Quinto Juzgado Constitucional de Lima rechazó la demanda interpuesta por Eduardo Pachas, abogado de Castillo. La denuncia estaba dirigida en contra de la fiscal Norah Córdova y sus dos adjuntos Luis Alberto Medina y Luis Reynaldo Mina.

Con este recurso de amparo, la defensa del presidente solicitó a fines de diciembre que los fiscales se abstuvieran de realizar pedidos para cualquier nuevo allanamiento al Palacio de Gobierno. Argumentó una supuesta “vulneración de su derecho a la defensa y a la inviolabilidad de domicilio”.

Pero el juez descartó que se estén amenazados los derechos del presidente y recordó que él no es investigado en este caso, que incumbe a funcionarios de la petrolera estatal.

“No existen razones para la presentación de este habeas corpus al no estar ni amenazada ni afectada su libertad individual ni los derechos conexos”, indicó en el documento.

El juez también sostuvo que la labor de investigación de los fiscales se encuentra “debidamente legitimada”. Aseveró que los actos de los representantes del Ministerio Público “solo están destinados al esclarecimiento de los hechos denunciados”.

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Gabriela Morales

Con información de agencias de noticias y medios internacionales

El exmandatario está recluido en la prisión de Barbadillo, al este de Lima, en un ambiente exclusivamente construido para él, con servicio médico permanente y visitas de sus familiares y conocidos.

No obstante, con la llegada de la pandemia, sus hijos presentaron recursos ante la Corte Superior de Justicia de Lima y el TC para lograr la excarcelación de Fujimori, de 82 años, por el riesgo de un contagio.

Después de que la Corte Superior declaró infundada la demanda de «habeas corpus» a favor de Fujimori, sus hijos Sachie y Hiro presentaron un recurso de agravio constitucional contra esta resolución.

Temor al coronavirus

En este sentido, el argumento de la defensa es que Fujimori es una persona de avanzada edad que presenta diversas enfermedades crónicas y que “el establecimiento penitenciario en el que se encuentra recluido no puede eliminar totalmente la amenaza de contagio del Covid-19«.

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El TC sostuvo en su resolución, que el recurso de agravio no está referido a una cuestión de derecho de especial trascendencia constitucional porque se trata de un asunto «que no corresponde resolver en la vía constitucional«.

Asimismo, los hechos denunciados se relacionan con asuntos que le corresponden exclusivamente a la judicatura ordinaria valorar y resolver, los cuales son que cumpla su condena en un nuevo domicilio, indicó el organismo judicial.

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Gabriela Morales

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