En un comunicado publicado en redes sociales, la oficina también instó a las fuerzas militares a adoptar, en sus labores de inteligencia, «todas las precauciones necesarias para proteger y evitar la muerte de niños y niñas que han sido víctimas de reclutamiento por parte de grupos armados ilegales».

Además, el mensaje urgió al Estado a hacer «todos los esfuerzos necesarios para proteger a la niñez, en particular, para prevenir el reclutamiento y uso de menores de 18 años por parte de grupos armados no estatales».

La Oficina recordó que la Convención sobre los Derechos del Niño del año 2000 prohíbe explícitamente el reclutamiento de menores por parte de grupos armados ilegales y reiteró que estos «son responsables de exponer a alto riesgo a la niñez y de utilizarla como escudo humano».

La muerte de los siete menores fue confirmada el sábado por la Defensoría del Pueblo y Medicina Legal, que dijo haber recibido veinte cuerpos recuperados de la zona del Guaviare donde hubo un bombardeo militar.

El alto número de menores muertos intensificó las críticas de la oposición a la gestión del presidente, Gustavo Petro, quien esta semana ordenó bombardeos en el Guaviare y en Arauca, fronterizo con Venezuela, contra las disidencias de las FARC comandadas por Néstor Vera, alias Iván Mordisco, el hombre más buscado del país.

Petro asumió ayer responsabilidad y lamentó lo ocurrido, aunque justificó la operación para «defender la vida de los soldados» que estaban en la zona.

Por su parte, el ministro colombiano de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, afirmó que «lo que da el estatus de combatiente no es la edad, es la función que cumplen dentro de una organización criminal», y aseguró que los menores «cumplían una función de combatientes».

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Con información de EFE Servicios

Fuente de imagen referencial: EFE/Mauricio Dueñas

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Sánchez calificó el secuestro como «una acción ilegal y delictiva» en la que supuestamente hay civiles involucrados que alegan que buscan un corredor humanitario sobre el que no dio más detalles.

«Eso es un secuestro, va contra la voluntad de los soldados. Hemos hecho un llamado a la Defensoría del Pueblo y a la ONU para que se exija su liberación inmediata», señaló en una rueda de prensa tras reunirse con el procurador general, Gregorio Eljach, y otras autoridades para analizar la seguridad de los candidatos para las elecciones legislativas y presidenciales de 2026.

Según el ministro, con el secuestro «están interrumpiendo una operación militar contra la principal amenaza que delinque en esa zona y de la cual hemos recibido alertas de la Defensoría del Pueblo para proteger a la población, la amenaza de alias Iván Mordisco», agregó Sánchez.

Operaciones militares en Colombia

El secuestro se produjo en la misma zona rural donde el pasado domingo fue abatido Willinton Vanegas Leyva, alias Dumar o Chito, uno de los principales jefes del Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las FARC, en una operación militar contra la guerrilla de alias Iván Mordisco, cuyo nombre real es Néstor Vera Fernández.

La operación contra alias Dumar se llevó a cabo en el caserío Nueva York, dijo el domingo el ministro, quien señaló que el jefe guerrillero muerto era el «cabecilla principal de la facción Martín Villa» de las disidencias del EMC.

Según Sánchez, alias Dumar «tenía la misión de consolidar corredores estratégicos del narcotráfico» en los departamentos del Meta y Guaviare «para fortalecer las disidencias y expandir su aparato criminal».

Por su parte, el Ejército señaló que en la operación en la que murió alias Dumar fue abatido otro guerrillero y los militares capturaron a seis más, dos de ellos mujeres.

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DOBLE LLAVE

Con información de EFE Servicios

Fuente de imagen referencial: EFE/Mauricio Dueñas Castañeda

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De ese modo, ya son 249 los exguerrilleros asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016 entre el gobierno y las FARC, en una situación por la que la ONU insta a implementar medidas más efectivas para la protección y una respuesta más rápida a las alertas por riesgos y amenazas.

“Dada la creciente vulnerabilidad de los excombatientes y las excombatientes fuera de los antiguos espacios territoriales de capacitación y reincorporación, es fundamental fortalecer las medidas de protección y seguridad”, señaló el organismo en su último informe sobre el Acuerdo de Paz.

Las condiciones de seguridad de los exguerrilleros se deterioraron en los últimos meses en las zonas fronterizas de los departamentos de Meta, Caquetá y Guaviare, donde disidentes de las FARC aprovecharon la limitada presencia del Estado para atacar a los exguerrilleros, limitar sus proyectos económicos y sabotear sus iniciativas políticas y sociales.

Hay persistencia de la violencia

El documento de la ONU es tajante en señalar que la principal amenaza para la implementación de lo pactado “sigue siendo la persistencia de la violencia contra los miles de hombres y mujeres que dejaron las armas voluntariamente y de buena fe y siguen comprometidos con la paz”.

Además de la violencia de la que siguen siendo víctimas comunidades que han sufrido el conflicto armado durante décadas, así como contra los líderes sociales y los defensores de los derechos humanos.

En este sentido, para evitar los crímenes de más excombatientes es necesario proveer más personal a la Unidad Nacional de Seguridad y Protección, explicó la ONU.

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Gabriela Morales

Con información de agencias y medios internacionales