La regulación salió adelante con el voto a favor de 120 diputados y 63 votos en contra, mientras que 41 diputados se ausentaron, según informó el periódico “Daily Mirror”. La declaración emitida por Wickremesinghe el pasado 17 de julio buscaba «reforzar la protección de la población» y «garantizar la seguridad» en plena ola de protestas.

El documento fue emitido después de que el ahora expresidente, Gotabaya Rajapaksa, abandonara el país para viajar a Malasia, donde su presencia suscitó críticas por parte de la población, que mostró su apoyo al pueblo ceilandés.

El estado de emergencia tiene que contar con el visto bueno del Parlamento en un plazo máximo de dos semanas desde su proclamación. En caso contrario, debe ser retirado. La declaración permite un mayor despliegue de las fuerzas de seguridad para mantener y restablecer el orden frente a las fuertes protestas.

Las manifestaciones en Sri Lanka fueron ocasionadas por la mala gestión que tuvo el gobierno ante la grave crisis económica

Sin embargo, el principal partido opositor, Partido de los Pueblos Unidos, condenó la decisión e indicó que dichos poderes «son mal utilizados para tomar medidas contra los manifestantes».

Los miembros de la coalición gubernamental defendieron la medida e insistieron en que algunos protestantes se vieron involucrados en actos de violencia y daños contra la propiedad privada y dependencias gubernamentales.

Cabe mencionar que, las protestas contra Rajapaksa se fueron intensificando durante meses ante el fracaso del gobierno a la hora de hacer frente a la grave crisis económica, lo que provocó escasez de gas, petróleo y medicamentos, entre otros.

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María Gabriela Moncada

Con información de agencias de noticias y redes sociales

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Una espesa niebla con olor a droga quemada sale de debajo de uno de los puentes de Kabul, donde una multitud se reúne a diario en el cauce seco del río para comprar y consumir opio.

Bajo el puente, donde muchos de ellos residen, se sientan a esperar la mercancía, y cuando llega, se tapan con un pañuelo para fumar la droga en grupo, mientras varios vendedores ambulantes pasean por la zona para ofrecer té, cigarrillos y pasteles.

El incremento significativo de drogadictos se relaciona sobre todo a la severa crisis humanitaria que atraviesa Afganistán tras décadas de conflicto y una severa sequía, una situación agravada tras la llegada al poder de los talibanes el pasado 15 de agosto, después de que se suspendieran los fondos para la reconstrucción del país.

La capacidad de los centros de rehabilitación supone menos de la mitad que en los años anteriores, en los que se inscribían más de 40.000 personas al año

Falta de centros de rehabilitación

La falta de apoyo internacional, sumado a la retirada de muchas de las asociaciones humanitarias, provocó el cierre de la mayoría de los centros de rehabilitación de drogadictos, lo que dificulta aún más las pretensiones de los talibanes de acabar con el consumo.

«A pesar de nuestros esfuerzos por encontrar patrocinadores (…) para administrar los centros de tratamiento, no encontramos donantes para apoyar los esfuerzos por disminuir la cantidad de drogadictos en el país», señaló a Efe el Dr. Mohammad Nasir Sharifi, director del programa gubernamental Reducción de la Demanda de Drogas (DDR).

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Gabriela Morales

Con información de agencias de noticias, medios internacionales y redes sociales