Son entes asociados al Ministerio del Despacho de la Presidencia, a cuyo titular la mandataria encargada cambió el pasado mes para designar al capitán Juan Escalona, quien era miembro del equipo de seguridad de Maduro.

Delcy Rodríguez ordenó suprimir y liquidar el Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (CESPPA), creado en 2013 para solicitar, organizar y evaluar información de interés sobre «la actividad enemiga interna y externa».

También se cierra la Fundación Misión Socialista Nueva Frontera de Paz, la Fundación Movimiento Bolivariano Revolucionario de la Reserva Activa «General en Jefe Félix Antonio Velásquez» y la Fundación Misión Jóvenes de la Patria «Robert Serra», también creadas por Maduro, el primero en 2015 y los últimos dos en 2016.

Además, se elimina la Fundación Propatria 2000 y la Fundación Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales (OPPPE), ambas lanzadas por el fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013), así como la Fundación José Félix Ribas (Fundaribas), creada en 1986, durante el gobierno de Jaime Lusinchi (1984-1989).

Estructura organizativa

El decreto firmado por Rodríguez, el 5.248, tiene como objetivo reorganizar el funcionamiento del Ministerio del Despacho de la Presidencia, al considerar que el Ejecutivo «debe adaptar su estructura organizativa a las nuevas directrices y políticas de orden social».

«Se impone la necesidad de realizar cambios pertinentes que procuren la satisfacción de los intereses colectivos», señala.

La mandataria encargada transfiere al Ministerio de Relaciones Exteriores «la ejecución de los fines y objetivos» de la misión Nueva Frontera de Paz, orientados a proteger a las comunidades fronterizas del «paramilitarismo, el narcotráfico, el secuestro, el contrabando y cualquier manifestación contraria al orden social y la paz».

«El proceso de supresión y liquidación tendrá una duración de noventa días y quedará a cargo de una junta liquidadora», indica el decreto, que también traspasa otros entes adscritos al Ministerio del Despacho de la Presidencia a diferentes carteras de Estado.

La decisión se suma a los ya numerosos cambios que ha hecho Delcy Rodríguez desde que asumió la Presidencia encargada, poco después de la captura de Maduro, y que incluyen nombramientos, modificaciones de los nombres de instituciones, la reforma de una ley petrolera y ahora también el cierre de entes públicos.

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Con información de EFE Servicios

Fuente de imagen referencial: EFE / Miguel Gutiérrez

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El diputado oficialista Filiberto Rodríguez fue el responsable de presentar el decreto legislativo, que incluye a organizaciones como Asociación Movimiento Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN), Asociación de Comisiones por la Paz de los Derechos Humanos (ACPDH) o la Asociación por la Democracia, de Enrique Bermúdez Varela, entre otras, tal y como informó el diario “La Prensa”.

El pasado 19 de abril, las autoridades nicaragüenses ordenaron el cierre de otras 25 organizaciones en la nación dentro de esta campaña implacable contra las ONG que ya suma más de 100 entidades afectadas desde la ola de protestas de 2018.

El gobierno de Nicaragua cerró organizaciones de DD.HH., fundaciones y universidades

La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó a comienzos de abril la Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro, que deja a las ONG a merced del Ministerio de Gobernación. Sobre este organismo recaen las competencias para introducir los requisitos de funcionamiento de las organizaciones y, por extensión, de la retirada de permisos.

Actualmente, el oficialismo controla la Asamblea Nacional, por lo que logró sacar adelante leyes a medida de los criterios de la Administración de Daniel Ortega.

Por esta razón, tanto la oposición interna como organismos internacionales alertaron de la creciente presión sobre entidades independientes, si bien las autoridades justificaron los cierres de ONG y de universidades en virtud de argumentos administrativos.

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María Gabriela Moncada

Con información de agencias de noticias y medios internacionales