Según datos de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), entre enero y junio de 2023 se produjeron 124 secuestros a población civil en Colombia, cifra que este año se encuentra en 169.

«Tenemos muchos más secuestros en 2024, son cifras que igualan las de 2019, antes de la pandemia», dijo la subdirectora de Pares, Laura Bonilla, durante la presentación del informe ‘¿Plomo (bala) es lo que viene?’ en la sede de la Embajada de Canadá en Colombia, en Bogotá.

El documento, de casi 160 páginas, es un repaso de los dos años del proceso de ‘Paz Total’ con foco en el aumento significativo de la presencia de grupos armados como el Clan del Golfo, y las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Estado Mayor Central (EMC).

De la misma manera, los ataques catalogados como «control social», entre los que se encuentran toques de queda, códigos de conducta o manuales de convivencia, subieron de 8.049 a 25.578 eventos.

Grupos armados en Colombia

En Colombia hay activos varios grupos armados organizados, con especial incidencia del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), más conocido como el Clan del Golfo, el mayor grupo que tiene presencia en 316 municipios de los 1.101 que tiene el país, y que vivió un aumento de su influencia en un 17 % en comparación con su expansión de 2023, según el informe de Pares.

El Clan tiene miles de hombres en varias regiones de Colombia, principalmente en la costa del Atlántico, el Pacífico, el Urabá y el Catatumbo: «No hemos logrado dimensionar su alcance, es el grupo más exitoso de toda América Latina», dijo la directiva.

El Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las extintas guerrillas de las FARC, fue el que más creció en el territorio, pues pasó de 166 municipios en 2023 a 209 en 2024, un aumento del 25 % de su presencia.

El segundo grupo que tiene más influencia es el Ejército de Liberación Nacional (ELN) que abarca 231 municipios en 20 departamentos.

Fortalecer la población civil

Desde Pares, se mostraron convencidos de que la semilla de la violencia masiva contra civiles no está en los combates, sino en la «necesidad de expansión de estos grupos armados y su urgencia de financiación», que suplen con extorsión.

Es por ello que lo más inmediato debería localizarse en el fortalecimiento del «monopolio de la fuerza, la fuerza pública debe recuperar el control territorial«, añadieron de la Fundación.

Además, agregaron que las fuerzas públicas están mejorando su imagen en los territorios: «Las autoridades locales necesitan estar involucradas».

Instaron a que la fuerza pública se siente con los actores armados para detener la violencia contra civiles: «En Pares creemos que la paz vale la pena y no puede ser plomo (bala) todo lo que venga», en referencia a la frase pronunciada durante el Gobierno de Iván Duque (2018-2022).

De interés: Petro lanza estrategia para garantizar seguridad en suroeste de Colombia

DOBLE LLAVE

Con información de EFE Servicios

Fuente de imagen referencial:

Visita nuestro canal de noticias en Google News y síguenos para obtener información precisa, interesante y estar al día con todo. También en Twitter e Instagram puedes conocer diariamente nuestros contenidos

La organización presentó evidencias sobre la presunta responsabilidad penal de las fuerzas de seguridad venezolanas en la comisión de crímenes de lesa humanidad contra víctimas vinculadas con la oposición política al gobierno.

La fundación representa a familiares de dos víctimas de violencia indiscriminada y homicidios, con el fin de apoyar a las personas supervivientes y exigir responsabilidades a los autores más allá de las fronteras de Venezuela.

“El sistema de justicia venezolano está fallando a las víctimas de atrocidades masivas en su lucha por la justicia”, indicó Yasmine Chubin, directora de Asesoramiento Jurídico de la iniciativa The Docket de CFJ.

“Es por eso que estamos ayudando a las personas sobrevivientes y a sus familias en la recopilación de evidencias de los crímenes cometidos en su contra y en la búsqueda de jurisdicciones alternativas para garantizar que los autores de estos crímenes rindan cuentas”, agregó.

La ONG indicó que, desde 2014, las autoridades venezolanas han incumplido su obligación de poner en marcha investigaciones efectivas sobre los presuntos crímenes internacionales cometidos por funcionarios venezolanos.

La jurisdicción universal permite a los países enjuiciar los crímenes más graves, sin importar el lugar donde se hayan cometido o la nacionalidad del autor o de la víctima.

En el caso de Argentina, la Justicia ya ha aplicado con anterioridad el principio de jurisdicción universal a casos en lo que constituye ya una sólida línea de precedentes.

En 2010, una jueza federal argentina inició una investigación penal sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en España por el régimen franquista (1936-1977), lo que dio inicio a una orden de exhumación por parte del tribunal, que permitió a la hija de una víctima recuperar los restos de su padre, algo que los tribunales españoles no habían logrado.

En 2021, aplicando de nuevo la jurisdicción universal, un juez federal argentino inició una investigación sobre el presunto genocidio cometido contra la comunidad Rohingya en Myanmar.

A partir de estos dos precedentes, a comienzos de 2023 el Foro Argentino por la Democracia en la Región (FADER) presentó una denuncia penal para que se investiguen los crímenes cometidos por los regímenes de Venezuela, Cuba y Nicaragua, en el marco de la cumbre de la CELAC que se celebró en Buenos Aires.

“Argentina puede convertirse en un faro de esperanza para las muchas familias y víctimas venezolanas que llevan ya años esperando justicia”, indicó Ignacio Jovtis, Responsable Senior de Programas que dirige las investigaciones de CFJ sobre Venezuela.

“Esperamos que la justicia argentina siga aplicando correctamente la jurisdicción universal y abra una vía para las víctimas venezolanas y sus familias de la misma manera que lo ha hecho en los otros casos de jurisdicción universal que tiene ante sí”, sentenció.

De interés: Fiscalía española pide procesar a exdirectivo de PDVSA por blanqueo

Víctor De Abreu