“Llamamos la atención por el desplazamiento de 36 excombatientes en proceso de reincorporación, quienes en el marco de esta emergencia humanitaria recibieron amenazas o lo hicieron de manera preventiva por el riesgo inminente”, declaró Carlos Camargo, jefe de la entidad que vigila los derechos humanos.

La frontera continúa en llamas, según la Defensoría, y “persiste el temor de las comunidades” por las acciones de los grupos armados ilegales que se disputan las actividades ilícitas en la zona.

Según su balance más reciente, 33 personas fallecieron en las últimas dos semanas, aunque no especificó si hay civiles entre las víctimas.

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Asimismo, la fiscalía identificó 20 cuerpos, entre ellos los de dos menores, dos mujeres, cuatro venezolanos y cuatro presuntos disidentes de las FARC que se marginaron del acuerdo de paz firmado en 2016 por esa guerrilla con el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos.

El organismo judicial indicó que “las víctimas recibieron disparos a corta distancia” a manos de sicarios, poniendo en entredicho la versión sobre los choques.

Por otra parte, Camargo denunció el desplazamiento de 170 familias en el departamento de Arauca, unas 530 personas que huyen de la guerra por las rutas del narcotráfico en la región.

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Gabriela Morales

Con información de agencias de noticias y medios internacionales