En el encuentro estuvo el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Francis L. Donovan, y los ministros de Defensa de Colombia, Jorge Eduardo Mora; y de Ecuador, Gian Carlo Loffredo.

También participaron en esta reunión el comandante general de las Fuerzas Armadas colombianas, Erick Rodríguez; y el comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta para el Hemisferio Occidental de EE.UU., Kevin J. Jarrard.

Donovan señaló que «la frontera entre Colombia y Ecuador es un punto estratégico geográfico que los cárteles violentos han explotado durante mucho tiempo», pero «hoy, estamos cambiando las reglas del juego».

«En una poderosa muestra de unidad regional, nos reunimos en San Lorenzo (Ecuador), en medio de esta peligrosa región. Bajo la bandera de la coalición americana contra los cárteles, consolidamos una estrategia unificada para perseguir a los líderes de los cárteles, desmantelar su logística y negarles permanentemente refugio seguro», sostuvo Donovan.

La frontera de Ecuador con Colombia está en la mira de la «guerra» declarada desde 2024 por el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, contra las bandas criminales, al ser considerada como la puerta de entrada de gran parte de la cocaína que las mafias transitan por el país para mandarla a través de sus costas y puertos a Norteamérica y Europa, tráfico que ha sido vinculado a la escalada de la violencia criminal que ha puesto al país a la cabeza del índice de homicidios en Latinoamérica.

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«Estamos intentando combatirlas (las hectáreas de siembra de coca) con todos nuestro pie de fuerza, con todos nuestros mecanismos, haciendo una operación mancomunadamente con las fuerzas de Panamá, pero es muy complejo», declaró este viernes a EFE el subteniente Miguel Vega, de la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional de Colombia.

El Puesto Binacional de Alto Limón es uno de los tres que se extienden en la frontera selvática, de 266 kilómetros. En él hay 19 funcionarios colombianos de todas las fuerzas que comparten operaciones de seguridad y resguardo junto con agentes panameños, como detalló Vega.

El objetivo es el Clan del Golfo, considerada la mayor organización criminal de Colombia, dedicada principalmente al narcotráfico pero también al tráfico de migrantes, minería ilegal y extorsión.

«Ahí (en el Darién) nadie realiza actividades ilícitas si no tiene el control el Clan del Golfo desde el territorio colombiano», dijo a EFE el subdirector general del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) de Panamá, el comisionado Héctor De Sedas Cedeño.

Erradicar coca en Colombia cerca de la frontera

EFE constató este viernes en un recorrido aéreo organizado por Senafront que el sembradío de coca situado en territorio colombiano está a unos pocos kilómetros del Puesto Binacional Alto Limón. Campesinos de la zona son los encargados de la plantación.

Hasta allí llegan «helicópteros Black Hawk, que suben una tripulación de 15 a 20 funcionarios, que llegan con glifosato y erradican en el sector», relató Vega.

Hay «unas 500 hectáreas de siembra de coca. Están allí todavía», pues se trata de operaciones complicadas, en un territorio lejos de los centros de mando, de difícil acceso y con presencia de grupos armados.

El tema de seguridad es vital, porque aunque son campesinos los que se encargan de los cultivos también hay grupos armados en la zona y «el tema de erradicación sin seguridad, pues es complejo», señaló Vega.

«Entonces ahí es donde entran los hermanos panameños y nos ayudan con el tema de seguridad. Mientras nosotros hacemos la misión de erradicación, ellos nos prestan cobertura ante estos grupos armados, que son del Clan del Golfo como le decía a mi general», dijo Vega.

Impedir la entrada a Panamá del Clan del Golfo

Tanto el comisionado del Senafront como el subteniente de la Policía Nacional de Colombia señalaron que otro de los objetivos de los puestos binacionales es impedir que el Clan del Golfo se desplace a Panamá.

Vega dijo que ante el cambio de Gobierno en Colombia, con la llegada del presidente ultraderechista, Abelardo de la Espriella, que ha prometido mano dura contra el crimen organizado, grupos como el Clan del Golfo «están buscando alternativas para salir de Colombia y sabemos que una alternativa es Panamá».

«Entonces estamos trabajando desde la unión con Panamá para que estos individuos no puedan salir del país (de Colombia)», dijo Vega.

De Sedas dijo por su parte que «con las nuevas políticas en Colombia no hay una información de que ellos (el Clan del Golfo) quieran entrar a Panamá, pero estamos haciendo acciones preventivas» para «disuadir a esos delincuentes de que no entren a territorio panameño».

Además de los tres puestos binacionales, «hay otras cuatro bases operacionales intermedias que forman una cadena de protección de nuestras fronteras», dijo De Sedas.

«Desde la Defensoría del Pueblo, reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de los DD.HH. e iniciamos una hoja de ruta para el seguimiento de estos expedientes, garantizando el derecho a la defensa y a la integridad de las personas», afirmó la defensora en un mensaje.

La institución divulgó algunas fotografías del encuentro con los familiares, quienes llevaron imágenes de los detenidos con carteles en los que denunciaron los casos como «falsos positivos tancol».

La semana pasada, un colectivo integrado por familiares de presos políticos solicitó la intercesión del presidente de Colombia, Gustavo Petro, para liberar a 16 colombianos recluidos en Venezuela y acusados de «terrorismo».

De interés: Defensora promete sumarse a plan de Delcy Rodríguez para el diálogo

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«Las armas con las que matan civiles en el Cauca vienen del Ecuador: municiones y explosivos entran por la frontera«, afirmó el mandatario en un mensaje publicado en su cuenta de X.

Los comentarios de Petro se producen ocho días después del atentado perpetrado en la Vía Panamericana, en el departamento del Cauca, que dejó al menos 20 civiles muertos y 30 heridos, y que el Gobierno atribuye a disidencias de las FARC.

De interés: Petro demandará al presidente de Ecuador por vincularlo con narcotraficante

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En la primera visita de un jefe de Estado extranjero a Venezuela desde la captura de Nicolás Maduro el pasado enero, los mandatarios priorizaron en su agenda problemas históricos como el narcotráfico, la minería ilegal y la trata de personas.

«Hemos hecho un abordaje muy serio«, dijo Rodríguez junto a Petro en declaraciones a la prensa, luego de sostener una larga reunión privada con ministros de ambos países y miembros de la Comisión Binacional de Vecindad e Integración en el palacio presidencial de Miraflores.

Establecimiento inmediato de mecanismos para el intercambio de información y el desarrollo de inteligencia conjunta

La mandataria informó que plantearon el establecimiento inmediato de mecanismos para el intercambio de información y el desarrollo de inteligencia, los cuales, aseveró, deben «entrar en vigencia inmediata«.

«Que sepan los grupos del narcotráfico, grupos que están inmiscuidos en el contrabando de combustible y otro tipo de contrabando que estamos dando pasos firmes para el combate a estos delitos«, expresó.

Y, en ese sentido, Petro indicó que hay que «liberar» a los pueblos fronterizos de las mafias y abogó por un trabajo conjunto y coordinado «a fondo» entre ambas naciones.

«La frontera no puede ser de nadie más que de los pueblos«, sostuvo el mandatario, quien indicó que el trabajo debe contemplar acciones militares, policiales y sociales.

Colombia y Venezuela comparten una frontera de 2.219 kilómetros, que se extiende desde el mar Caribe hasta la Amazonía y donde proliferan grupos armados como la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), bandas de narcotraficantes y de contrabandistas.

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En un comunicado, la SRE apuntó que los pasados 8 y 9 de abril se celebró en Washington la reunión plenaria del Grupo Binacional México–Estados Unidos sobre puentes y cruces internacionales, principal foro bilateral para la presentación, análisis y seguimiento de proyectos de infraestructura transfronteriza.

«La seguridad fronteriza y la facilitación de comercio son objetivos complementarios y este grupo permite traducir esas prioridades en acciones concretas», declaró el subsecretario adjunto para América del Norte del Departamento de Estado, Max Hamilton, durante la inauguración.

Mientras que el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, destacó que «una frontera moderna, segura y eficiente fortalece la competitividad regional y contribuye a la seguridad de ambas naciones, al tiempo que protege los flujos legales de comercio y personas«.

La SRE señaló en la nota que en el marco de este encuentro «se revisaron avances en proyectos estratégicos a lo largo de toda la frontera».

Además de temas prioritarios en materia de seguridad fronteriza y facilitación comercial, orientados a consolidar cruces más «ágiles y seguros«.

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En sus redes sociales, el Senae señaló que informó a los operadores de Comercio Exterior del incremento de la llamada «tasa de seguridad» para las mercaderías de origen y procedencia colombiana.

El jueves, el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca anunció que dicha tasa se elevará «tras constatar la falta de implementación de medidas concretas y efectivas en materia de seguridad fronteriza por parte de Colombia».

«Esta medida se fundamenta en criterios de seguridad nacional y busca reforzar la corresponsabilidad en una tarea que debe asumirse de manera conjunta para enfrentar la presencia del narcotráfico en la frontera», señaló.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, tachó de «monstruosidad» la decisión de Ecuador y consideró que eso «significa el fin del Pacto Andino (sic) para Colombia».

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Puntos clave de la reunión

Agenda de trabajo: Se centrará en tres pilares fundamentales para la estabilidad binacional: economía, energía y seguridad.

Propuesta tripartita: Existe una invitación previa de Petro para incluir a Estados Unidos en un diálogo que busque estabilizar la sociedad venezolana y prevenir estallidos de violencia tras el cambio de mando.

Contexto geográfico: Colombia destaca como el socio comercial estratégico de Venezuela debido a sus 2.219 kilómetros de frontera con pasos conectados a centros de producción, a diferencia de las fronteras selváticas con Brasil y Guyana

Evolución del comercio bilateral

La reunión busca consolidar la tendencia de recuperación económica entre ambas naciones:

Pico histórico: +$7,000 millones (2008).

Punto más bajo: $222 millones (2020).

Actualidad: En 2025, las exportaciones colombianas hacia Venezuela ya superaron los $1.000 millones.

Dato de interés

Aunque en 2023 Petro se reunió con Maduro en el Puente Atanasio Girardot, en aquella ocasión el mandatario venezolano no cruzó al lado colombiano. Esta nueva cita simboliza un paso más firme en la normalización de la cooperación bajo el nuevo esquema político.

Existe importante expectativa en ambas naciones por el encuentro y conversación personal entre ambos mandatarios.

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«Si el ELN no se une a la paz, abandonando Venezuela, habrá acciones conjuntas con Venezuela de tipo militar«, afirmó el mandatario e insistió en que su Gobierno no negociará mientras esa guerrilla mantenga las economías ilícitas y el reclutamiento de menores.

Petro responsabilizó al ELN de haber destruido un acuerdo previo «a sangre y fuego», en aparente referencia a la suspensión de los diálogos de paz en enero de 2025, cuando el Gobierno los congeló tras acusar a ese grupo de cometer «crímenes de guerra» en la región del Catatumbo, donde enfrentamientos con una disidencia de las FARC dejaron más de 30 muertos.

El presidente sostuvo que las comunidades deben recuperar el control de sus territorios y participar en su transformación social y económica, y afirmó que toda la guerrilla debe trasladarse a Colombia para discutir «zonas de concentración» y «planes de participación ciudadana».

Propuesta del ELN

La guerrilla del ELN propuso este lunes debatir un «acuerdo nacional» durante la campaña electoral de este año, de cara a las elecciones legislativas del 8 de marzo y las presidenciales del 31 de mayo. Según el grupo armado, ese acuerdo buscaría enfrentar la crisis política, social y armada del país mediante reformas económicas, ambientales y de participación popular.

El ELN es la segunda mayor organización armada ilegal de Colombia y mantiene desde hace varios años una fuerte presencia en la frontera con Venezuela, que se extiende por 2.219 kilómetros, especialmente en regiones como el Catatumbo, una zona estratégica para el narcotráfico y otras economías ilícitas.

Esa organización ha sostenido diálogos de paz con distintos gobiernos colombianos en las últimas décadas pero todos los intentos han fracasado, incluso el iniciado en noviembre de 2022 con la Administración de Petro, que ha acusado en varias ocasiones a esa guerrilla de abandonar su lucha revolucionaria para dedicarse al narcotráfico.

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Con fotos de los detenidos, el grupo se congregó en el puente internacional Simón Bolívar, que conecta el departamento colombiano de Norte de Santander con Táchira, para exigir la libertad de los presos que, según dijeron, están detenidos «injustamente».

Los manifestantes se apostaron en una de las orillas del puente fronterizo donde el movimiento de personas y mercancías sigue con total normalidad bajo un refuerzo de la vigilancia militar y policial colombiana desde el sábado, día en que Estados Unidos atacó varios lugares de Caracas y tres estados cercanos.

Los familiares coinciden en que estas detenciones responden a una estrategia de «falsos positivos» judiciales, que consiste en imputar cargos de terrorismo o espionaje a personas inocentes sin tener pruebas en su contra.

Las autoridades venezolanas habían acusado a varios colombianos presos de ser «mercenarios» que buscaban desestabilizar al Gobierno de Nicolás Maduro, imputaciones que el Gobierno de Gustavo Petro consideró arbitrarias.

Muchos de los detenidos fueron capturados durante operativos posteriores a las elecciones venezolanas, entre ellos unos 40 colombianos que fueron acusados de espionaje, de los cuales 17 fueron liberados en octubre pasado.

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Florián aseguró que el flujo migratorio está en semáforo verde, es decir que hay «normalización de las fronteras», aunque aclaró que el gobierno colombiano trabaja de manera preventiva en un paquete de medidas para atender cualquier eventualidad migratoria en la zona.

Por eso también se mantiene activo el puesto de mando unificado (PMU) en Cúcuta, ciudad colombiana que tiene el principal paso fronterizo con Venezuela.

El ministro de la Igualdad destacó que la presencia institucional obedece a la ejecución del Plan Frontera, una estrategia diseñada desde hace más de un mes, para prevenir y mitigar los riesgos derivados de una eventual crisis migratoria en Venezuela.

«Estamos trabajando de manera articulada (…) para revisar inventarios de alojamientos y asegurar la no discriminación, especialmente contra mujeres, sectores LGBTIQ+ y víctimas de xenofobia», señaló el alto funcionario.

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«Ya la primera exportación de gas para Colombia está lista, está en la frontera esperando algunos elementos técnicos para que Venezuela empiece a vender gas a Colombia», señaló el mandatario en un acto por el Congreso Constituyente de la Clase Obrera, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Maduro dijo que ambas naciones, que comparten una frontera de 2.219 kilómetros, deben estar unidas, en una economía cada vez más integrada y próspera.

«Llegará el día en que Colombia y Venezuela más nunca seamos perturbados por la intriga imperial, por la mentira imperial y por la mentira divisionista, codiciosa y ambiciosa de la oligarquía narcotraficante colombiana que conspira contra Venezuela y contra la unión», añadió.

En julio pasado, el Gobierno de Venezuela planteó ser un «importante exportador» de gas a Colombia con la nueva zona económica binacional, cuya creación, en la frontera común, fue aprobada ese mismo mes por ambos países.

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«Estamos activando en este momento de norte a sur, de este a oeste, desde todas las costas del Caribe venezolano, desde la frontera con Colombia, desde los Andes, desde el oriente del país y el sur, estamos activando 284 frentes de batalla«, dijo Maduro en un acto desde el complejo residencial Ciudad Caribia, a las afueras de Caracas, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Maduro estuvo acompañado por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, y la alcaldesa del municipio Libertador de Caracas, la almirante Carmen Meléndez, entre otros funcionarios de su Administración, así como habitantes de la zona.

«Dando inicio a esta operación dentro del concepto de defensa integral de la nación, dentro del concepción de la resistencia activa del pueblo y dentro del concepto de una ofensiva permanente de todo el país», agregó Maduro, ataviado con una gorra y hablando a través de una radio con tropas.

En ese contexto, llamó a «la consolidación de posiciones» y del «sistema defensivo nacional».

Maduro llamó a «garantizar todas las costas, de punta a punta, libres de imperialistas, de invasores y de grupos de violencia» y dijo que si Venezuela tiene que «volver a combatir» lo hará por su libertad, tras recordar las gestas históricas de la independencia.

«Estos mares, esta tierra, estos barrios, estas montañas, estas inmensidades y las riquezas de estas tierras le pertenecen al pueblo de Venezuela. Jamás le pertenecerán al imperio norteamericano», expresó el mandatario.

 

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«Quiero agradecer al presidente de Colombia. Petro ha dado una orden hoy de reforzar con 25.000 hombres un nuevo pie de fuerza en toda la zona del Catatumbo colombiano», expresó el mandatario venezolano en un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Asimismo, informó que dio la orden a su ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, para que «vuelva a llamar» y coordine con su homólogo de Colombia, Pedro Arnulfo Sánchez, la defensa de la zona fronteriza entre ambos países y que este territorio sea limpiado de «bandas narcoterroristas».

«Nuestra tierra la vigilamos, la cuidamos y la preservamos nosotros. Venezolanos y colombianos unidos por la paz, por la prosperidad y la soberanía», manifestó Maduro.

Petro señaló que Colombia tiene 25.000 soldados en la región y agregó que «es la coordinación entre los dos Estados» la que «le gana a la mafia».

Tensiones con EEUU

En la región del Catatumbo operan la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Frente 33 de las disidencias de las FARC y grupos narcotraficantes que luchan por el control territorial.

El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, aseguró que enviaron a 15.000 uniformados a los estados Zulia y Táchira, fronterizos con Colombia, para asegurar la paz y combatir a los grupos delictivos.

La posición del gobierno de Maduro es que en Venezuela no existen campamentos de grupos armados colombianos y es un territorio libre de sembradíos de drogas.

Las acciones de los gobiernos de Colombia y Venezuela tienen lugar en medio de las tensiones con EEUU, ante las maniobras planteadas por ese país en aguas del Caribe, cercanas a Venezuela, para combatir el narcotráfico.

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«Aquí vamos a tener también un despliegue importante con drones con distintas misiones, puntos de atención ciudadana, puntos de exploración y vigilancia, puntos o recorridos fluviales con la Infantería de Marina por todos los ríos (…) patrullas navales en el Lago de Maracaibo, patrullas navales en el Golfo de Venezuela y buques de mayor porte, más arriba al norte, en nuestras aguas territoriales», señaló el titular de Defensa en un video publicado en Instagram.

Padrino López indicó que el refuerzo de este operativo de seguridad, que empezó en enero de este año, se da ante la activación de una zona binacional «de desarrollo y paz» entre Venezuela y Colombia.

«Esto es una planificación muy rápida, ya que conocemos el territorio, conocemos las condiciones geográficas y conocemos las condiciones y las características de los grupos terroristas, armados, narcotraficantes que operan en la frontera y que pretende pasarse a territorio venezolano», añadió.

Además, dijo que habrá un despliegue de medios aéreos, helicópteros, medios de escucha, vigilancia, inteligencia y exploración.

El titular de Defensa indicó que habrá un reforzamiento de vigilancia con unos 15.000 militares en 851 kilómetros de los 2.219 kilómetros de línea fronteriza que comparten Venezuela y Colombia.

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Cabello afirmó que el operativo se enmarca en la creación de la «Zona de Paz N.°1», la cual, precisó, abarcará ambas regiones fronterizas.

«El presidente ha ordenado un refuerzo operacional (…) y ha ordenado, en una primera fase, un despliegue de 15.000 hombres y mujeres en todo el lado de Venezuela, de refuerzo sobre los que ya tenemos», indicó el titular de Interior, sin precisar el número de funcionarios que cubren el sector regularmente.

Asimismo, destacó que el «refuerzo especial» también contempla, entre otras cosas, el uso de la aviación, de drones y un «despliegue fluvial» para garantizar «el resguardo» limítrofe con Venezuela.

En ese sentido, instó a que las autoridades del lado colombiano, con quienes afirmó tener buena relación, «hagan lo propio» para «asegurar la paz en todo el eje» y «desalojar a quien quiera radicarse para cometer delito en la zona de la frontera».

 

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«Considero que, debido a los esfuerzos del presidente (Donald Trump) con México, estamos viendo una disposición sin precedentes de ese país a cooperar con Estados Unidos y nuestro personal. Pienso que juntos podemos seguir salvando la mayor cantidad de vidas estadounidenses posible», dijo Cole a la cadena Fox News.

Ante la pregunta de que si la DEA apoyaría posibles planes de la Administración para «bombardear» a los carteles de la droga mexicanos dentro de sus esfuerzos por desmantelar las redes de tráfico hacia el territorio estadounidense, Cole respondió que su organización «apoyará la decisión» que tome Trump. «Cumpliremos nuestra misión», agregó.

Las declaraciones de Cole se producen días después de que la DEA anunciara que trabajaría en conjunto con México en el ‘Proyecto Portero’ para desmantelar las redes de tráfico que utilizan los carteles, a las que responsabiliza de «inundar las comunidades estadounidenses con drogas sintéticas mortales».

Sin embargo, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha desmentido que estén cooperando en una operación de este tipo. «No hay ningún acuerdo con la DEA», enfatizó.

Sheinbaum reiteró este miércoles que con el Gobierno estadounidense existe una coordinación en el tema de seguridad, pero siempre con respeto a las soberanías.

El director de la DEA también se refirió a los esfuerzos por proteger al país de lo que llama «la epidemia de las drogas» y aseguró que han «decomisado más cocaína que en años pasados».

El pasado 18 de agosto, la DEA anunció el lanzamiento del programa ‘Proyecto Portero’, a través del que -según afirmaron- investigadores mexicanos, las fuerzas del orden, fiscales, funcionarios de defensa y miembros de la comunidad de inteligencia de EE.UU., colaborarían a lo largo de varias semanas, para identificar objetivos conjuntos y desarrollar estrategias coordinadas, además de reforzar el intercambio de inteligencia.

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La hoja ruta fue acordada durante la segunda Reunión de la Comisión Mixta de Lucha contra la Minería Ilegal (Comixta), celebrada esta semana en Quito.

El Plan de Trabajo 2025-2026 contempla operaciones coordinadas y multisectoriales contra la minería ilegal en las zonas de frontera identificadas como prioritarias, capacitaciones sobre fiscalización, intercambio de información e investigación y sanción de este delito; además de acciones conjuntas de cooperación internacional, entre otras.

El encuentro estuvo encabezado por los viceministros de Relaciones Exteriores de ambos países, con Juan Carlos Játiva por parte de Ecuador y con Félix Denegri por parte de Perú.

Operaciones contra la minería ilegal

Durante la reunión, el Ministerio del Interior propuso la creación de una Comisión Mixta de Armas, Municiones y Explosivos, y la ejecución de operaciones tipo espejo con el Alto Comisionado contra la Minería Ilegal del Perú.

La minería ilegal se ha vuelto una de las primeras amenazas para la seguridad de ambos países, controlada en numerosos enclaves por bandas del crimen organizado que han causado recientes matanzas en los estados.

En mayo, once militares fueron asesinados en Ecuador durante un operativo contra la minería ilegal en el sector amazónico de Alto Punino, donde presuntamente fueron emboscados por los Comandos de la Frontera, un grupo disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que tuvo al menos tres fallecidos entre los atacantes.

También en mayo, trece personas fueron asesinadas en Perú dentro de un socavón en el distrito minero de Pataz, donde diversas mafias y organizaciones criminales se disputan el control de la extracción de oro en esa zona.

De interés: Perú reconoce que hay minería ilegal dentro de reserva de las famosas Líneas de Nazca

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A través de un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ejecutivo peruano recordó que Santa Rosa se encuentra «bajo la soberanía y jurisdicción» de Perú de conformidad con los límites políticos internacionales establecidos en el Tratado de Límites y Libre Navegación Fluvial entre Perú y Colombia del 24 de marzo de 1922 y los trabajos demarcatorios de la Comisión Mixta Demarcadora de Límites.

El Congreso de Perú aprobó el pasado 12 de junio la creación del distrito de Santa Rosa, hasta ese momento parte del municipio peruano de Yavarí, perteneciente a la provincia Mariscal Ramón Castilla, que se encuentra dentro del amazónico departamento de Loreto, el más extenso del territorio peruano.

El comunicado oficial recordó que el Gobierno de Dina Boluarte ha rechazado contundentemente los términos contenidos en dos notas del Ejecutivo colombiano, en junio y julio pasados, una oportunidad en la cual reafirmó los legítimos derechos de soberanía sobre la integridad de su territorio.

La Cancillería peruana explicó que el pueblo de Santa Rosa es parte integrante de la isla peruana de Chinería, asignada a Perú en 1929 por la Comisión Mixta Demarcadora y que está sometida a su soberanía y jurisdicción nacional por encontrarse al oeste del límite internacional peruano-colombiano, establecido por el ‘thalweg’ (vaguada) del río Amazonas hasta la latitud determinada como límite entre Colombia y Brasil (Hito 1995-1), reafirmado a Colombia en diversas oportunidades.

Asimismo, recordó el Protocolo de Amistad y Cooperación entre Perú y Colombia, y el Acta Adicional firmada en 1934, que reafirmó los límites establecidos en el tratado de 1922, mediante el que Perú cedió a Colombia los territorios entre los ríos Caquetá y Putumayo, así como el trapecio amazónico, donde se encuentra Leticia, para conceder de ese modo a Colombia un acceso al río Amazonas.

A su vez, el Acta Adicional acordó la libertad de navegación y de tránsito entre los territorios fluviales de ambos países en las cuencas del Amazonas y del Putumayo, lo que «Perú cumple rigurosamente».

El Gobierno reiteró que Perú, fiel a su vocación de cumplir con sus obligaciones internacionales, se conduce con «estricto apego al derecho internacional» y a los tratados bilaterales vigentes, lo cual reafirma en esta oportunidad.

Petro acusa a Perú de apropiarse de territorio

El presidente Petro acusó al Gobierno de Perú de apropiarse a Santa Rosa, donde desde hace décadas ondea la bandera peruana pues asegura que ese país violó el Protocolo de Río de Janeiro con el que se puso fin a la guerra de los dos países entre 1932 y 1933.

«El Gobierno del Perú ha copado un territorio que es de Colombia y ha violado el Protocolo de Río de Janeiro que le puso fin (al conflicto limítrofe). El tratado de Río de Janeiro estableció que la frontera es la línea más profunda del río Amazonas y que cualquier desavenencia, se resolverá entre las partes», expresó Petro.

El mandatario señaló que dichas islas están ubicadas «al norte de la actual línea más profunda, y que el Gobierno del Perú acaba de apropiárselas por ley y poner la capital de un municipio en un terreno que, por el tratado, debe pertenecer a Colombia», si bien este ya pertenecía al municipio peruano de Yavarí antes de que se aprobara que fuera un distrito independiente.

«Esa acción unilateral y violatoria del tratado de Río de Janeiro puede hacer desaparecer a Leticia como puerto amazónico quitándole su vida comercial. El Gobierno usará antes que nada los pasos diplomáticos para defender la soberanía nacional», explicó Petro.

La Cancillería colombiana añadió que «para la isla Santa Rosa y las demás surgidas con posterioridad a 1929 se debe hacer un proceso de asignación de común acuerdo entre Cancillerías, en los términos de los arreglos a que lleguen los dos países».

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«De los más de seiscientos expulsados registrados a la hora, ya ingresaron al país cerca de 450, mientras que los demás se encuentran en el puente de Rumichaca a la espera», informó el Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano en un comunicado.

La canciller encargada de Colombia, Rosa Villavicencio, llegó al puente de Rumichaca, ubicado en la frontera entre ambos países, para «verificar de primera mano la llegada de los connacionales y garantizar atención digna y el respeto a sus derechos durante todos los procedimientos», señaló la información.

De estos primeros 450 colombianos expulsados de las cárceles ecuatorianas, al menos 348 tienen antecedentes judiciales, agregó la Cancillería, que además informó haber solicitado mediante nota verbal la información correspondiente de los demás.

A diferencia de otras repatriaciones previas —en las que los presos debían seguir cumpliendo su condena en Colombia—, en esta ocasión quedaron exonerados de continuar purgando sus penas.

Por tanto, recuperarán la libertad al ingresar al territorio colombiano, siempre que no tengan procesos pendientes con la Justicia del país.

La Cancillería aseguró que, una vez superado el proceso migratorio, los deportados que ya se encuentren en Colombia recibirán «hospedaje, alimentación y transporte hasta su destino final».

De interés: Autoridades colombianas detienen a once miembros del Tren de Aragua en Bogotá

DOBLE LLAVE

Con información de EFE Servicios

Fuente de imagen referencial: EFE/Cancillería de Colombia

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