La procesión fue encabezada por un hombre con una cruz a cuestas, seguido de cuatro personas que llevaban una gran tela negra con la frase «Liberen a todos los presos políticos«.

Detrás, cinco mujeres con hábitos de monja caminaban con pequeños carteles que tenían mensajes como «El dolor de María vive en cada madre que espera justicia en Venezuela», mientras que otras personas estaban vestidas de presidiarios, algunas encapuchadas.

Fue una «procesión silenciosa que representó el dolor que siguen viviendo las víctimas venezolanas», explicó Andreína Baduel, integrante del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP).

Los familiares también cargaban consigo imágenes de sus parientes detenidos.

La activista cuestionó que aún no reciban una respuesta a la solicitud de una audiencia con el nuncio apostólico en el país, monseñor Alberto Ortega, por lo que reiteraron la petición de un encuentro con este diplomático español.

Colisión humanitaria por presos políticos

Además del Vaticano, pide a los países que tienen presos políticos en Venezuela construir una comisión humanitaria para liberar a todos estos detenidos.

La activista advirtió que más de 40 presos políticos enfrentan «condiciones críticas» de salud, entre ellos, su hermano, Josnars Baduel, hijo de Raúl Isaías Baduel, exministro de Defensa de Hugo Chávez y militar fallecido en prisión en 2021.

En febrero, el Parlamento aprobó una Ley de Amnistía para presos políticos desde que el chavismo llegó al poder en 1999, pero establece 13 «hechos» ocurridos en 13 años, lo que excluye el resto del período, así como casos relacionados con operaciones militares, corrupción, homicidio y violaciones de derechos humanos.

Según cifras oficiales, un total de 8.146 personas han recibido el beneficio de la amnistía hasta este jueves, la gran mayoría tenía medidas cautelares, mientras la ONG Foro Penal asegura que hay más de 500 presos políticos.

De interés: Entregaron en la Asamblea Nacional una lista de presos políticos para su revisión 

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En declaraciones a la prensa desde la Universidad Central de Venezuela (UCV), De Grazia indicó que el viernes se reunieron con parte de la comisión que vigila el cumplimiento de la Ley de Amnistía, aprobada en febrero, en la que también pidieron que se publique la lista completa de todos los que han recibido la libertad plena.

«El oficialismo dice que ha liberado a 8.000 personas, que ya les ha limpiado su expediente (…), bueno queremos saber quiénes son», señaló el exdiputado.

Igualmente, dijo que el objetivo es cruzar la data que pudieron recolectar con otras organizaciones como Provea y el Foro Penal para que no quede ninguna persona excluida.

De Grazia señaló que en la reunión se expusieron los casos de Hugo Marino, Víctor Quero Navas, Alcides Mora, Esneider Vergel y Eliécer Vergel, que sus familiares y distintas ONG denuncian que están en desaparición forzada.

Bienes incautados a presos políticos

Por su parte, el politólogo y director del medio Punto de Corte, Nicmer Evans, indicó que se le entregó una comunicación a la comisión parlamentaria en la que también se les exige la devolución de los bienes incautados a los presos políticos que ya fueron liberados.

«Un elemento gravísimo que ha sido el hecho de que a cada uno de los que se ha detenido, se le ha considerado sus propiedades como botín de guerra y necesitamos que haya clarificación sobre esto», añadió.

En febrero, la AN aprobó una Ley de Amnistía que contempla un período de 27 años, desde 1999 -cuando el chavismo llegó al poder-, pero establece que se concederá a personas vinculadas con 13 «hechos» ocurridos en 13 años distintos.

Excarcelados en Venezuela

Hasta el viernes, la Justicia de Venezuela ha otorgado libertad plena a 8.068 personas durante el primer mes de la Ley de Amnistía, promulgada en febrero, según informó el diputado Jorge Arreaza, quien preside la comisión parlamentaria para el seguimiento de la norma.

En una publicación en X, Arreaza detalló que 7.808 de esos beneficiados tenían libertad restringida con medidas cautelares -como prohibición de salida del país y presentación periódica ante tribunales-, y los restantes 260 estaban encarcelados.

Asimismo, indicó que hasta este viernes las autoridades han recibido un total de 11.396 solicitudes válidas, es decir, que corresponden a los delitos y períodos establecidos en la legislación.

Según el más reciente balance de la ONG Foro Penal, publicado el 14 de marzo, al menos 690 presos políticos han sido excarcelados desde el 8 de enero de 2026, en el marco del proceso asociado a la ley de amnistía y otras medidas.

No obstante, la organización no desglosa cuántas de estas liberaciones corresponden específicamente al período posterior a la aprobación de dicha ley.

De interés: Foro Penal: al menos 673 presos políticos han sido excarcelados desde enero 

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Detalló que su hermano presenta una «hernia umbilical e inguinal, ligamentos rotos en sus rodillas y en su hombro izquierdo», y aseguró que una junta médica del Estado determinó hace más de cuatro años que debía ser operado con urgencia. Sin embargo, denunció que hasta hoy «no ha recibido atención médica especializada».

Margareth Baduel afirmó que su hermano —quien lleva 5 años y 10 meses preso acusado de terrorismo y traición a la patria— «ha perdido mucho peso» y duerme en «una cama de cemento con una letrina al lado» en el penal de El Rodeo I, en el estado Miranda.

Por tanto, alertó a las organizaciones de derechos humanos y a la comunidad internacional sobre la salud de Josnars Baduel, para quien pidió la libertad así como para todos los presos políticos en Venezuela, que según la ONG Foro Penal ascienden a 508 personas.

El Gobierno niega que haya personas detenidas por motivos políticos, asegurando que los arrestados cometieron delitos, una afirmación que es rechazada por diversas organizaciones y partidos políticos.

De interés: Activista en DD.HH. Andreína Baduel: Nuestra lucha es hasta que liberen a todos los presos políticos  

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«673 excarcelados como tal, eso incluye tanto amnistía como no amnistía», dijo en rueda de prensa el director presidente de la ONG, Alfredo Romero, quien luego precisó que de ese total 166 han salido por amnistía. Lo cual también han expresado otros directivos y voceros de Foro Penal, como el director vicepresidente de la ONG, Gonzalo Himiob.

Romero precisó que la ONG sigue verificando y que la cifra «puede aumentar», pues continúan recibiendo a cientos de personas en sus oficinas que buscan ayuda para solicitar orientación en el proceso de amnistía.

«Se mantienen todavía 508 presos políticos y un grupo importante de detenciones arbitrarias que estamos analizando y que no hemos podido todavía incluso verificar o registrar», añadió Romero al señalar que muchos de los casos que están evaluando actualmente son antiguos.

Hasta el pasado viernes, el Parlamento computaba 7.654 personas beneficiadas de la amnistía, de las cuales 247 salieron de prisión y 7.407 que tenían medidas cautelares ya gozan de libertad plena.

De interés: Excarcelaron al menos 12 presos políticos de Zona 7 en Caracas  

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Williams Dávila afirmó que trabajará de «manera incansable» por distintos sectores de la sociedad venezolana, especialmente por los jóvenes, los militares institucionales y los ciudadanos que aún permanecen privados de libertad o sometidos a medidas restrictivas, según la nota de prensa.

Asimismo, consideró su liberación como un paso importante, aunque subrayó que la libertad plena en Venezuela «solo será posible cuando todos los ciudadanos que enfrentan situaciones similares también la alcancen».

El dirigente opositor fue detenido en agosto de 2024, en el contexto de la crisis desatada tras las presidenciales de ese año, en las que el ente electoral proclamó ganador a Nicolás Maduro, un resultado considerado como fraudulento por la oposición liderada María Corina Machado y Edmundo González Urrutia.

Libertades plenas para dirigentes reconocidos por su alta visibilidad

Fue excarcelado con medidas cautelares en julio de 2025 como parte de una negociación en la que participó el expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero.

El lunes, el dirigente opositor Juan Pablo Guanipa anunció que recibió una notificación de un tribunal con competencia en terrorismo en el que se decreta el sobreseimiento de la causa en su contra. También el exdiputado Américo de Grazia informó que recibió libertad plena.

La ONG Foro Penal contabilizaba 526 presos políticos en Venezuela hasta el pasado lunes, aunque el gobierno niega que haya personas arrestadas por estos motivos, sino que afirma que cometieron varios delitos.

El pasado viernes, el Legislativo informó que un total de 7.654 personas han sido beneficiadas por la Ley de Amnistía. De ese total, 247 estaban detenidos y 7.407 tenían medidas cautelares.

De interés: ONG pide apoyo internacional por situación de presas políticas en Venezuela

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Entre los excarcelados está Renny Chourio, quien aseguró a la prensa que alrededor de 23 personas saldrán «progresivamente» de Zona 7, aunque autoridades venezolanas no han confirmado este número de momento ni han publicado una lista con las personas amnistiadas.

Por su parte, el activista político Omar Torres, otro de los excarcelados de hoy, declaró que deberá presentarse ante los tribunales cada 30 días como parte de sus medidas cautelares.

«Me siento muy contento, muy feliz. Creo que no es el momento de denigrar, de culpabilizar a nadie, a ningún sistema«, manifestó el activista político.

A su turno y al grito de «Libertad», salió de prisión el sindicalista Gilberto Alcalá, quien fue detenido, según dijo, «por reclamar un derecho de los trabajadores».

Además de Chourio, Torres y Alcalá, fueron excarcelados Brayan Orozco, Fernando Orozco, Jack Tantak, Humberto Jaime, Kelvin Galván, José Daniel Espinoza, Richard Saldivia, Jorge Martínez y Franklin Parra, según confirmó la ONG CLIPP.

El viernes, familiares de presos políticos pidieron a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y a la encargada de negocios de Estados Unidos, Laura Dogu, que visiten este calabozo.

Durante una actividad nocturna cerca del penitenciario, los familiares mencionaron el «incumplimiento» de Jorge Rodríguez, luego de que visitara Zona 7 hace un mes y prometiera la liberación de «todos los detenidos».

Hasta la noche del viernes, quedaban más de 30 presos políticos en Zona 7, según dijo el activista y miembro del CLIPP Diego Casanova.

La ONG Foro Penal contabiliza 526 presos políticos en Venezuela hasta el pasado lunes, aunque el Gobierno niega que haya personas arrestadas por estos motivos.

El viernes, el Legislativo informó que un total de 7.654 personas han sido beneficiadas por la amnistía. De ese total, 247 estaban detenidos y 7.407 tenían medidas cautelares.

Foro Penal ha confirmado la excarcelación de 639 personas desde el pasado 8 de enero, incluyendo a beneficiados por la Ley de Amnistía, informó su director presidente, Alfredo Romero.

De interés: ONG Foro Penal: Al menos 670 presos políticos quedaron en libertad 

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En una actividad en Caracas en el marco del Día Internacional de la Mujer, Baduel dijo a EFE que las presas políticas se encuentran en «condiciones de inmensa vulnerabilidad» y son «víctimas de distintos tipos de violencia».

«Los tratos crueles para ellas no han terminado, así como no han terminado para las familiares de los presos políticos que, en su mayoría, son mujeres«, subrayó la activista, quien es hija de Raúl Baduel.

La directora del CLIPP encabezó una concentración por la «libertad, la justicia y la dignidad» de la mujer, una actividad apoyada por partidos opositores como Vente Venezuela, que lidera María Corina Machado.

Por su parte, la activista Sairam Rivas leyó un comunicado de la ONG en el que se exige justicia y reparación para las presas mujeres, así como «condiciones dignas de reclusión».

«Exigimos que se restablezcan los derechos de todas las venezolanas en el exilio y que se garantice la restitución de sus derechos políticos«, leyó Rivas.

Asimismo, subrayó desafíos que enfrentan las presas como la «precarización de la vida y la sobrecarga física y mental que implica la reproducción», así como la falta de una salud digna.

Además, subrayó el «daño infligido» a madres «cuyos hijos fueron ejecutados por las fuerzas de seguridad» y aquellas que permanecen a las afueras de las cárceles.

«Exigimos el fin de la tortura y tratos crueles, y garantías para que ninguna de las presas políticas sea usada como rehén o separada de sus hijos por razones políticas», manifestó Rivas.

Las activistas salieron desde la plaza Francia hasta la plaza Luis Brión, un trayecto de unos 2,5 kilómetros, en el que sostuvieron pancartas y ondearon banderas de Venezuela.

El CLIPP es una organización venezolana integrada por familiares de presos políticos, en su mayoría madres, así como por defensores de derechos humanos.

La ONG Foro Penal contabilizaba 526 presos políticos en Venezuela hasta el pasado lunes, de los cuales 56 son mujeres.

De interés: ONG Foro Penal: Al menos 670 presos políticos quedaron en libertad 

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A las afueras del Legislativo, en Caracas, los parientes de los presos políticos corearon consignas como «no más burla con la amnistía» y pidieron la liberación de todos los detenidos por estos motivos, que son 526 según la ONG Foro Penal, aunque el Gobierno niega que hay presos por estos motivos.

Andreína Baduel, integrante del Comité por la Libertad de los Presos Políticos, indicó a los medios que no hay celeridad en el proceso para quienes están optando por la amnistía.

«Queremos denunciar que no hay la real voluntad política de hacer las cosas distintas, porque si así fuese, no existieran los centros de tortura como Rodeo I y como Guaicaipuro, en donde los presos políticos siguen siendo amenazados y torturados«, apuntó.

El expreso político y director del medio digital venezolano Punto de Corte, Nicmer Evans, declaró que la Justicia no ha atendido todos los casos de solicitud de amnistía, por lo que familiares insisten en el cumplimiento transparente de esta ley.

En este contexto, subrayó que se ha reclamado y exigido que se publique una lista de «quiénes han sido beneficiados por la ley por una u otra vía y esto no ha sido posible».

Por su parte, Alba Rodríguez indicó que hace apenas ocho días se enteró que su pareja de nacionalidad colombiana, Yonaider Berrío Berrío, se encuentra detenido en la cárcel de Rodeo I, pese a que desde hace un año está preso.

Rodríguez señaló que los presos políticos extranjeros no pueden recibir visitas, alimentos o medicinas y en su caso, dijo, no podría verlo dentro de la cárcel porque no están casados legalmente.

La Justicia de Venezuela ha otorgado un total de 6.071 libertades plenas en el marco de la Ley de Amnistía aprobada en febrero, la gran mayoría de ellas a personas que tenían medidas cautelares, informó el martes Jorge Arreaza.

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En una rueda de prensa en la sede del Legislativo, Arreaza indicó que el sistema de justicia venezolano recibió 9.419 solicitudes de amnistía, de las cuales fueron otorgadas unas 6.071 libertades plenas.

En ese sentido, detalló que la amnistía benefició a 245 personas que estaban «privadas de libertad» y a 5.826 que tenían medidas cautelares, la mayoría de ellos, añadió, son de los detenidos por la crisis postelectoral de 2024.

«Ha habido mucha celeridad en el proceso y le rogamos a quien aún está esperando que el tribunal correspondiente tome la decisión o la sala de apelaciones, en el caso que haya habido una apelación, recuerden los 15 días cuentan a partir de la recepción de la solicitud de amnistía«, señaló Arreaza.

Analistas han expresado sorpresa ya que ignoraban que pasara de 6.000 el número de presos por razones políticas o de personas excarceladas con medidas cautelares

El diputado Arreaza, igualmente, sostuvo que habrá una «depuración» de la lista total de solicitudes porque hay casos repetidos.

El diputado también dijo que hasta el momento no ha habido solicitudes de amnistía de venezolanos que se encuentran en el exterior pero apuntó que hay personas que se comunicaron con diputados opositores y oficialistas sobre la voluntad que tienen para hacer el procedimiento.

Arreaza insistió en que la Ley de Amnistía debe ser considerada un «primer paso» que no le dará la paz a Venezuela «por sí sola».

La ONG Foro Penal, que lidera la defensa de presos políticos en Venezuela, está verificando la cantidad de liberados tras la amnistía y el jueves en la tarde cifró en 568 el total de los detenidos por motivos políticos en el país.

De interés: Cambios en Fiscalía y Defensoría marcan señales políticas tras la amnistía  

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El pasado 19 de febrero, la Asamblea Nacional aprobó una Ley de Amnistía concebida en principio para casos desde 1999, pero que se aplicará de forma específica en 13 «hechos» ocurridos en 13 años distintos, lo que excluye el resto del período establecido, así como los casos relacionados con operaciones militares.

Rodríguez, quien asumió la Presidencia encargada tras la captura de Nicolás Maduro en enero, pidió «máxima celeridad» a la aplicación de la ley. La comisión presidida por Jorge Arreaza ha recibido 7.461 solicitudes de amnistía, de las cuales 3.934 personas con medidas cautelares ya tienen libertad plena.

Según el SNTP, los dos últimos periodistas que quedaban detenidos, Jonathan Carrillo y Pedro Urribarri, fueron excarcelados este jueves, lo que significa que actualmente «no hay ningún periodista ni trabajador de la prensa detenido» en el país. A principios de año, el sindicato computaba un total de 28 trabajadores de la prensa arrestados.

Camilo Roso, exprefecto del estado Táchira, fue liberado tras más de cinco años en prisión acusado de ayudar a Juan Guaidó en 2019. Durante la jornada también salieron José Orlando Ramírez Ramírez y Pedro José González, ambos acusados anteriormente de presunta incitación al odio.

La ONG Foro Penal indicó que aún quedan 568 presos políticos, de los cuales 182 son militares y 52 tienen nacionalidad extranjera. La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) exigió procesos de liberación «masivos, expeditos, públicos y transparentes», señalando que para lograrlo solo se necesita voluntad política. Por su parte, Arreaza aseguró que los tribunales están trabajando las 24 horas para evitar «cuellos de botella» en las solicitudes de amnistía.

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La medida incluyó el retiro del grillete electrónico que portaba desde el pasado 9 de febrero.

Puntos clave de la noticia

Contexto de la liberación: Se produce una semana después de la promulgación de la Ley de Amnistía en Venezuela.

Motivo del arresto: Fue detenido el 30 de julio de 2024, tras las elecciones presidenciales. La Fiscalía lo vinculó con la difusión de actas electorales que daban como ganador a Edmundo González Urrutia.

Trayectoria política: Freddy Superlano fue diputado (2016-2021) y ganador de la gobernación de Barinas en 2021, triunfo que fue anulado por el Tribunal Supremo de Justicia alegando una inhabilitación.

Declaraciones: Al quedar libre, el dirigente opositor afirmó que recuperó la libertad que le quitaron por «pensar distinto» y aseguró que mantendrá sus convicciones.

Balance de la Ley de Amnistía

Según datos recientes proporcionados por el diputado Jorge Arreaza y la ONG Foro Penal:

Excarcelaciones totales (bajo la Ley): 223 personas

Libertad plena (antes con medidas cautelares): «4.534 personas»

Presos políticos restantes (según Foro Penal): 568 personas

Dentro de los 568 detenidos que aún permanecen en prisión, se contabilizan 52 extranjeros y 182 militares.

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«Con sus propios argumentos jurídicos vamos nosotros a revertir esa exclusión», señaló el abogado Omar García Marín, integrante del Comité por la Libertad de los Presos Políticos, en una vigilia celebrada a las afueras de la cárcel Rodeo I. Indicó que aunque la ley de amnistía es excluyente e insuficiente, representa una «rendija» para seguir exigiendo la liberación de todos, ya que el Estado está reconociendo que la detención fue fallida.

A su juicio, la norma es excluyente porque el artículo 8 establece hechos específicos de solo 13 años. No obstante, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, pidió que la comisión especial de seguimiento de la amnistía revise casos que no están contemplados en la ley de amnistía. Por su parte, Orlando Moreno, de Vente Venezuela, pidió presión internacional para que las liberaciones «sean totales».

La activista Sairam Rivas señaló que el proceso se ha dado «sin transparencia, con mucha opacidad, sin cifras oficiales». El diputado Jorge Arreaza informó que un total de 179 personas han salido de las cárceles tras la aprobación de la ley, y que los tribunales han otorgado libertades plenas a 3.231 personas (incluyendo a 3.052 que tenían medidas cautelares).

Sin embargo, se desconoce el listado oficial y la ONG Foro Penal reportó haber verificado 109 liberaciones de detenidos en cárceles desde el viernes hasta este martes. Arreaza indicó que se crearon tres subcomisiones en el Parlamento para velar por el cumplimiento de la ley y gestionar la cantidad de casos recibidos.

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«Ya estamos cansados del hermetismo, estamos cansados de esperar», declaró a la prensa Evelis Cano, madre de uno de los detenidos. Cano consideró que las autoridades «tienen como olvidado» el centro de detención de Zona 7, donde no ha habido excarcelaciones desde la promulgación de la amnistía el pasado jueves. «Estamos viendo por redes sociales que están saliendo (liberados) de Yare, de El Rodeo… pero ¿qué pasa con Zona 7?«, cuestionó.

Por su parte, Narwin Gil, hermana de una presa política, dijo que los familiares se sienten «excluidos» y que no han recibido respuestas, pese a su vigilia y la huelga de hambre que mantuvieron diez personas la semana pasada. Señaló que estarían dispuestos a conversar con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien este lunes recibió en Miraflores a un grupo de «víctimas de la violencia política» alineados con el chavismo.

Una veintena de familiares mantienen una vigilia y pernocta permanente en las afueras de Zona 7 desde el pasado 8 de enero. El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, afirmó el sábado que los primeros casos de amnistía que se estaban atendiendo serían de detenidos en Zona 7 y El Helicoide.

De interés: Venezuela evalúa «medidas de gracia» para excluidos de la ley de amnistía  

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«Una ley es imposible que cubra y que pueda resolver una situación-país. Pero sí aporta, creo que es un gran primer paso. (…) Falta mucho en el sentido de liberaciones, en el sentido de evaluar situaciones judiciales», indicó Arreaza en un programa radial con el periodista Román Lozinski.

Consultado por los excluidos de la ley, el también excanciller respondió que no se le puede dar el beneficio a todos, pero añadió que se van a «evaluar otros casos» desde «el espíritu de la amnistía».

La ley especifica la amnistía para 13 hechos ocurridos en 13 años distintos, lo que excluye a varios presos políticos, entre ellos militares, y no cubre todo el período planteado desde 1999 hasta 2026.

En relación a los casos de militares, Arreaza aseguró que «la Justicia militar está trabajando y va a anunciar sus medidas». Según la ONG Foro Penal, en Venezuela hay unos 185 militares detenidos entre los más de 600 presos políticos.

El diputado cree que esta semana saldrán en libertad los «políticos presos» registrados por organizaciones y la Fiscalía. Por otra parte, reconoció que se ha aplicado «a veces muy bien y a veces muy mal» la ley contra el odio, mencionando casos de personas arrestadas «por unos mensajes en su teléfono». «No hay derecho a revisar el teléfono en una alcabala», subrayó.

Un total de 2.021 personas han sido excarceladas con medidas cautelares y 177 presos han sido beneficiados, según Arreaza. Sin embargo, Foro Penal ha verificado 109 liberaciones plenas desde el 20 de febrero y un total de 545 excarcelaciones desde el 8 de enero.

De interés: Más de 2.000 personas con medidas cautelares y 177 presos amnistiados en Venezuela 

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«Podemos decir que se han realizado, gracias a la ley, 177 excarcelaciones, se han dado 2.021 libertades plenas a personas que estaban en régimen de presentación», informó el diputado durante una reunión en el palacio presidencial de Miraflores con «víctimas de la violencia política».

Asimismo, señaló que la comisión que preside ha recibido «más de 3.000» solicitudes y que siguen recibiendo nuevas peticiones en «algunos» tribunales de Venezuela.

En tanto, la ONG Foro Penal había verificado 464 excarcelaciones de presos políticos en el país entre el 8 de enero y el 22 de febrero; y al menos 65 liberaciones desde la aprobación de la amnistía el jueves pasado. La comisión parlamentaria que preside Arreaza está encargada de hacer seguimiento del cumplimiento de la ley y de revisar otros casos «no contemplados» en la amnistía de Venezuela.

«El espíritu de esa ley, que la pidió la presidenta, es la convivencia democrática, es la paz», subrayó el parlamentario. Recordó, además, que se han producido más de 800 excarcelaciones de presos por motivos políticos desde diciembre, una cifra que también sostiene el Gobierno encargado.

Foro Penal diferencia liberaciones plenas de excarcelaciones, ya que en estas últimas los beneficiados salen de prisión, pero con libertad condicional y medidas cautelares.

De interés: Venezuela evalúa «medidas de gracia» para excluidos de la ley de amnistía  

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«Esta ley está en plena vigencia y su cumplimiento no es opcional: es el primer paso irreductible hacia la institucionalidad y la paz que Venezuela exige», manifestó el dirigente en su cuenta de X.

A su juicio, de «nada sirve avanzar en el Legislativo» con la aprobación de esta ley si «no hay un compromiso real y efectivo de todos los poderes públicos» y, en este sentido, agregó que la amnistía «no es un adorno ni un titular», sino «una pieza clave de un proceso mayor para reconstruir el país».

«Mi solidaridad con las familias de los detenidos y personas que han solicitado amnistía. No están solos. Seguiremos exigiendo que la ley se cumpla con rapidez y transparencia», expresó Stalin González.

Un total de 2.021 personas han sido excarceladas, pero con medidas cautelares, y 177 presos han sido beneficiados en el marco de la Ley de Amnistía, según dijo el lunes el diputado oficialista Jorge Arreaza, quien preside la comisión parlamentaria para el cumplimiento de la norma.

Entre el 8 de enero y el 24 de febrero, la ONG Foro Penal había verificado 545 excarcelaciones en el país y al menos 91 liberaciones tras la aprobación de la amnistía el jueves pasado.

La organización diferencia liberaciones plenas de excarcelaciones, ya que en estas últimas los beneficiados salen de prisión, pero con libertad condicional y medidas cautelares, como la prohibición de salida del país o régimen de presentación periódica ante tribunales.

De interés: Inician las obras para convertir El Helicoide en un centro social

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El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, anticipó que «muchas» de las personas que no califican para recibir la amnistía están siendo consideradas para recibir «medidas de gracia o de indulto» presidencial. En este sentido, detalló que se abrió «un espacio» para que instancias como el Programa para la convivencia y paz, instalado en enero por el Gobierno encargado de Delcy Rodríguez, puedan atender casos no contemplados en la legislación.

La amnistía cubre el período entre 1999 y 2026, pero especifica 13 coyunturas políticas, lo que excluye arrestos ocurridos en al menos 15 de los últimos 27 años, así como casos relacionados con operaciones militares.

El jefe del Parlamento aseguró que se estaban produciendo «cientos de liberaciones» en el país, mencionando centros como la Zona 7 y El Helicoide, la sede del Sebin en Caracas. Asimismo, indicó que la comisión especial ha recibido 1.557 solicitudes de amnistía y que se prevé atender casos para que «más de 11.000» personas con medidas sustitutivas puedan disfrutar de libertad plena.

Extender la amnistía

Por su parte, la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp) exigió que los beneficios se extiendan a todos «sin discriminación ni exclusión». La organización afirmó que la amnistía solo es válida si se garantiza el desmontaje del sistema represivo.

La ONG Foro Penal estimó que al menos 400 detenidos podrían estar excluidos de la amnistía e informó que entregará una lista para la revisión de 232 casos. Según sus registros, en Venezuela quedan más de 600 presos políticos, tras la excarcelación de 448 personas desde inicios de enero. El Gobierno, por su parte, sostiene que en el país no hay presos políticos, sino personas que cometieron delitos.

De interés: FANB considera la ley de amnistía «un paso para la estabilidad» de Venezuela 

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En una rueda de prensa, el director presidente de la organización, Alfredo Romero, precisó que estas 400 personas están vinculadas a operaciones militares, aunque también hay civiles dentro de este grupo. En este contexto, subrayó que hay personas excluidas de la amnistía que, por ejemplo, fueron «acusadas de delitos que no cometieron» y no pueden ser amnistiados porque fueron arrestados en momentos que no se incluyen en la ley.

Por tanto, Romero pidió la liberación de todos los presos políticos, que son más de 600 según el conteo de Foro Penal, tras la excarcelación de 448 personas desde el pasado 8 de enero.

Por su parte, el director vicepresidente de la ONG, Gonzalo Himiob, criticó que hay «15 años completamente por fuera» de la ley, lo que a su juicio desconoce que «la persecución y prisión política» «ha sido continua».

Respecto a la Ley de Amnistía ONG y opositores manifiestan dudas

En este sentido, señaló que en la Ley de Amnistía se hace una «especie de selección indebida y bastante arbitraria de momentos y meses en específicos«, en los años 2002, 2003, 2004, 2007, 2009, 2013, 2014, 2016, 2017, 2019, 2023, 2024 y 2025.

Himiob precisó que si se suman los meses incluidos en la amnistía no llegan a más de 20, cuando se suponía que debía abarcar el período de 1999 y 2026. Por otra parte, indicó que hay 2.742 personas que «de manera inmediata se ven amparadas por la amnistía», ya que fueron detenidas entre 2024 y 2025 en el contexto de crisis política. De este grupo, 2.186 han sido excarceladas con medidas cautelares, 321 permanecen detenidos y 235 «salieron en libertad plena o no fueron presentados».

La Ley de Amnistía fue aprobada el jueves por unanimidad en un debate en el Parlamento y presentada como la posibilidad de sentar las bases para un nuevo futuro político, mientras que ONG y opositores manifestaron dudas.

En el artículo 9 de la nueva legislación se excluyen de la aplicación de la amnistía los delitos sobre violaciones graves a los derechos humanos, de lesa humanidad, homicidio intencional, lesiones gravísimas, tráfico de drogas, así como delitos de corrupción y personas que promuevan acciones militares contra el país.

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Delcy Rodríguez dijo sentirse «muy complacida» por la aprobación de esta legislación tras recibir a la comisión que hará seguimiento al cumplimiento del proceso de amnistía en el palacio presidencial de Miraflores, donde también estaba presente el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, así como el presidente del Parlamento y su hermano, Jorge Rodríguez.

La mandataria oficialista firmó la ley para que pueda ser publicada en la Gaceta Oficial y comience su aplicación.

También pidió al Parlamento, al programa para la convivencia y la paz y a la comisión para la revolución judicial que evalúe casos que no están contemplados en la recién aprobada ley para «curar heridas, reencauzar la convivencia democrática» y la justicia.

«Yo pido a toda Venezuela que nos aboquemos a esa tarea tan fundamental como una de las grandes virtudes de nuestra república, que debe ser la justicia», añadió.

Luego del acto, el presidente del Parlamento indicó a los medios presentes en Miraflores que esta ley puede sentar las bases para mirar hacia el futuro y para emprender un nuevo camino de paz en Venezuela.

Asimismo, ratificó que la comisión de seguimiento, integrada por 23 diputados, podrá recibir los casos que estén contemplados en la ley, así como los de cualquier persona que sienta que su proceso deba ser abordado.

El jueves 19 de febrero, el Parlamento venezolano aprobó, por unanimidad, una histórica ley de amnistía para presos políticos en episodios de crisis política entre 2002 y 2025 y que excluye a personas que promovieron o participaron en acciones armadas o de fuerza contra el país.

La propuesta de amnistía se enmarca en el «nuevo momento político» anunciado por Delcy Rodríguez, quien asumió el Ejecutivo tras la captura del presidente Nicolás Maduro durante el ataque militar de EEUU el pasado 3 de enero.

La ONG Foro Penal contabiliza 644 presos políticos en el país, tras más de 400 excarcelaciones en medio de un proceso iniciado el pasado 8 de enero por el gobierno encargado.

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La nueva legislación excluye de la aplicación de la amnistía los delitos sobre violaciones graves a los derechos humanos, de lesa humanidad, homicidio intencional, lesiones gravísimas, tráfico de drogas, así como delitos previstos en la ley contra la corrupción.

Igualmente, establece la exclusión de personas que se encuentren o puedan ser procesadas o condenadas por «promover, instigar, solicitar, invocar, favorecer, facilitar, financiar o participar en acciones armadas o de fuerza contra el pueblo, la soberanía y la integridad territorial» de Venezuela por parte de «Estados, corporaciones o personas extranjeras».

Los diputados aprobaron conceder la amnistía sobre hechos o «faltas cometidas» durante diferentes episodios de crisis política ocurridos entre 2002 y 2025, como el golpe de Estado contra el fallecido presidente Hugo Chávez en abril de 2002, el paro petrolero de finales de ese año y principios de 2003 y las protestas antigubernamentales de 2013, 2017 y 2024.

Además, se designó una comisión especial conformada por 23 diputados, entre opositores y oficialistas, que desarrollará e implementará «mecanismos» para asegurar el cumplimiento de la ley, que ya fue enviada a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para su firma y posterior publicación en la Gaceta Oficial. Los parlamentarios podrán contar con la asesoría de expertos.

El «nuevo momento político»

En el artículo 7, objeto de diferencias entre los parlamentarios y por el cual se postergó el debate la semana pasada, se establece que las personas deben presentarse ante los tribunales para solicitar la amnistía y permite que aquellos que no se encuentren en el país puedan hacer el procedimiento a través de un representante legal.

Entretanto, en el artículo 11 se indica que el tribunal competente verificará las condiciones de la amnistía en cada caso y decretará la nulidad de todos los procesos en curso o la revisión de las sentencias firmes para que se anulen a través de una «sentencia de reemplazo», en un lapso «que no excederá de 15 días continuos».

La legislación también dispone que las personas beneficiadas por esta ley que cometan delitos después de la entrada en vigencia de la amnistía serán procesadas con normalidad según la legislación.

Esta propuesta de amnistía se enmarca en el «nuevo momento político» anunciado por Rodríguez, quien asumió el Ejecutivo tras la captura del presidente Nicolás Maduro durante el ataque militar de EEUU el pasado 3 de enero.

La ONG Foro Penal contabiliza 644 presos políticos en el país, tras más de 400 excarcelaciones en medio de un proceso iniciado el pasado 8 de enero por el gobierno encargado.

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