A través de un comunicado en la red social X, la organización civil cuestionó la falta de rigor del informe oficial, señalando que el documento «genera más preguntas que respuestas» y asoma un intento de cierre apresurado del caso sin determinar responsabilidades estatales.

Cuestionamientos a la versión oficial

La Fiscalía General de la República informó que las experticias forenses, incluyendo estudios histológicos y toxicológicos, dictaminaron que el deceso se produjo por un tromboembolismo pulmonar, descartando la presencia de lesiones traumáticas en el cadáver. Asimismo, el MP fijó la data de muerte entre 10 meses y un año atrás.

Ante esto, JEP advirtió que el documento solo podría ser aceptable como un avance preliminar, puesto que despachar el fallecimiento sugiriendo una causa médica evade la responsabilidad penal del Estado en la custodia del detenido.

«Si Quero murió por una enfermedad, la obligación es demostrar si recibió la atención médica debida o si existió una omisión de socorro por parte del personal de custodia, algo que el comunicado ni siquiera menciona», sentenció la ONG.

«Silencio cómplice»

Para la organización de derechos humanos, el aspecto más crítico del pronunciamiento oficial es la omisión deliberada sobre el paradero desconocido del recluso durante casi año y medio.

La ONG denunció un «silencio cómplice» frente a los 16 meses en los que la madre de la víctima, Carmen Teresa Navas, recorrió múltiples instituciones sin recibir respuesta. En tal sentido, acusaron al Ministerio Público de ignorar la cadena de responsabilidades que involucra a funcionarios de la Defensoría del Pueblo, el CICPC, el Poder Judicial y el Ministerio para el Servicio Penitenciario.

Cronología de una confirmación tardía

El caso ha provocado profunda conmoción en los sectores civiles y políticos del país debido a los tiempos del manejo informativo por parte de las autoridades:

• 3 de enero de 2025: Víctor Quero Navas ingresa formalmente al centro penitenciario El Rodeo I.
• 15 de julio de 2025: Según reportes del Ministerio para el Servicio Penitenciario emitidos el pasado mayo, el interno es trasladado a un centro de salud por hemorragia digestiva y síndrome febril agudo, falleciendo diez días después.
• Mayo de 2026: El gobierno confirma públicamente el fallecimiento, casi diez meses después de haber ocurrido y tras reiteradas denuncias de desaparición por parte de sus familiares.

Justicia, Encuentro y Perdón, respaldada por diversas activistas y partidos políticos, ha exigido una investigación exhaustiva y transparente que rinda cuentas por la presunta desatención médica y que lleve ante la justicia a cada uno de los funcionarios involucrados en el ocultamiento de la condición y paradero de Quero Navas.

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«Hice una invitación a estas organizaciones a participar activamente en la Consulta Nacional sobre el Sistema de Justicia Penal», indicó Devoe en su cuenta de X.

A la reunión asistieron representantes de las organizaciones Provea, Civilis, SurGentes y Cecodap, de acuerdo al fiscal general.

Qué opinan las ONG

Por su parte, el coordinador general de Provea, Oscar Murillo, detalló en X que en la reunión expuso ideas para la protección de los derechos humanos en el «marco de la actual y compleja coyuntura política y la necesidad de corregir las fallas estructurales que permiten la impunidad y la denegación de justicia en Venezuela».

En este sentido, subrayó que, para la reconstrucción institucional en Venezuela, los tribunales deben garantizar la recepción de los recursos de habeas corpus, que toda persona detenida pueda designar a su abogado de confianza y «cortar la cadena de abusos y arbitrariedades».

«Insistimos en que el único camino para el desarrollo sostenible de Venezuela requiere que se escuche a la gente con el foco puesto en el respeto a la Constitución y los derechos humanos», concluyó Murillo.

Por su parte, el coordinador general de Cecodap, Carlos Trapani, indicó que expuso las «detenciones irregulares, sin orden, sin información y con uso desproporcionado de la fuerza» que aseguró se cometen en el país, así como las «dilaciones procesales» y la «limitación de contacto con familia y defensa» cuando alguien es arrestado.

«Insistimos, además, en el uso inadecuado del delito de terrorismo en adolescentes y en la necesidad de aplicar un enfoque de protección: cuando un adolescente aparece vinculado a un acto de esta naturaleza, corresponde analizar si ha sido utilizado, manipulado o engañado por adultos», señaló Trapani en X.

Críticas sobre Larry Devoe

Larry Devoe fue designado como fiscal general el pasado 9 de abril y ha sido criticado por sus roles previos ante audiencias internacionales, donde se han denunciado violaciones de derechos humanos en Venezuela.

Tras su nombramiento, el dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, cercano a la líder María Corina Machado, acusó a Devoe de ser «cómplice por años» de «todas las atrocidades del chavismo».

El lunes, el fiscal general afirmó que construirá un plan de trabajo conjunto con el Comité Internacional de la Cruz Roja para «reforzar» su labor, incluyendo lo relacionado a los derechos de las personas encarceladas, tras sostener un encuentro con la jefa de la delegación de esta agencia en Venezuela, Valérie Aubert.

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En una publicación en Instagram, el Ministerio Público (MP, Fiscalía) indicó que Saab designó a una fiscalía local en materia de homicidio para investigar el fallecimiento de Amado Torres, quien fue alcalde del municipio Cocorote, en el estado Yaracuy, por el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) entre 2013 y 2017 y luego de 2017 a 2021.

Actualmente, se desempeñaba como jefe del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) en Falcón, agregó la entidad.

Según la Fiscalía, el cadáver de Amado Torres fue encontrado en cayo Sombrero, uno de los islotes que forman parte del Parque Nacional Morrocoy, sin que ofreciera más detalles sobre el caso.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, aseguró el pasado 15 de enero durante el mensaje anual del Ejecutivo ante la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) que el país registró «una tasa de tres homicidios por cada 100.000 habitantes durante el año 2025, un indicador inferior a los 4,1 de 2024».

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Cifras de fallecidos y daños

Según las declaraciones del titular del Ministerio Público, el saldo de víctimas oscila entre 100 y 120 venezolanos, incluyendo civiles y militares.

Saab denunció el uso de bombarderos, helicópteros artillados y armas químicas. También impactos en zonas residenciales que causaron la muerte de niños, mujeres y ancianos.

Por su parte, el ministro de Defensa, Padrino López, confirmó la muerte de 47 efectivos de la FANB, mientras que el gobierno cubano reportó el fallecimiento de 32 militares de su país.

Violación del marco jurídico

El fiscal calificó la operación como un hecho «aberrante e injusto» que vulnera diversos tratados:

La propia Constitución de Estados Unidos.

Convenciones de la ONU, la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional.

Aseguró que los hechos ocurrieron al margen de toda legalidad internacional.

Estatus judicial de Maduro y Flores

Saab informó que para el próximo mes de marzo está prevista una nueva audiencia en Nueva York para los detenidos.

Enfrentan cargos por presunto o supuesto narcoterrorismo.

El fiscal hizo un llamado a la justicia estadounidense para desestimar lo que calificó como una acusación «incoherente e inverosímil».

Detalles de la operación

El suceso tuvo lugar en la madrugada del 3 de enero, con ataques simultáneos en Caracas, La Guaira y otras dos regiones del país, tras lo cual Maduro y Flores fueron trasladados directamente a territorio estadounidense para ser presentados ante un tribunal federal.

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El grupo está compuesto por:

• 65 hombres (provenientes del penal de Tocorón).
• 3 mujeres (del centro La Crisálida).
• 3 adolescentes (de La Guaira).

Puntos destacados

Versión oficial: El gobierno de Nicolás Maduro sostiene que en el país no existen presos políticos y que las detenciones responden a delitos graves.

Postura de los familiares: Aunque celebran la medida, el comité la califica de «insuficiente» y exige una amnistía general para lograr la libertad plena de todos los detenidos.

Contexto del proceso: Las excarcelaciones se reactivan tras meses de suspensión (desde marzo de 2025) y constantes peticiones de revisión de casos por parte de las familias.

Cifras y acusaciones: Tras el 28 de julio de 2024, hubo más de 2.400 detenciones. La Fiscalía los señala por «terrorismo», diversas ONG y la oposición defienden su inocencia y los categorizan como presos políticos.

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El fiscal adjunto, Mame Mandiaye Niang, explicó su discurso de apertura de la 24ª Asamblea de Estados Parte de la CPI que, pese al “compromiso sostenido” mantenido con las autoridades venezolanas, la CPI concluyó que “el progreso real sigue siendo un reto”, por lo que decidió clausurar la oficina instalada en el país en 2024 para trabajar junto a las autoridades venezolanas.

“Siendo conscientes de la necesidad de gestionar eficazmente nuestros recursos limitados, hemos decidido cerrar nuestra oficina en Caracas”, señaló Niang.

No obstante, Niang subrayó que la investigación sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela “permanece activa” y dirigida por un equipo de fiscales que seguirá trabajando desde La Haya.

Giro en la relación CPI-Caracas

Caracas siempre rechazó esta investigación, alegando que debía respetarse el principio de complementariedad, por el que el tribunal internacional complementa la justicia nacional del país, no la sustituye, y solo puede intervenir si el Estado afectado no investiga.

El cierre de la oficina marca un giro en la relación entre la CPI y Caracas, que durante meses sostuvo intercambios con el tribunal en torno a la responsabilidad penal por las acusaciones por violaciones de derechos humanos en el país.

El fiscal Karim Khan dijo en abril de 2024 que la apertura de esa oficina era una “oportunidad única” para seguir avanzando en las investigaciones sobre presuntos crímenes de lesa humanidad y crear señaló un vínculo entre las leyes y el apoyo técnico que prestarán a la nación caribeña.

La CPI abrió la investigación sobre Venezuela en 2018 a raíz de una remisión de varios países. El gobierno de Nicolás Maduro intentó repetidamente frenar el caso, alegando que su sistema judicial está llevando a cabo investigaciones internas, pero la Corte rechazó esa posición en 2023 y autorizó la reanudación de las pesquisas por crímenes de lesa humanidad cometidos desde 2017.

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A través de una publicación en Instagram, Saab indicó que fue designada la Fiscalía 34 del estado Carabobo en materia de homicidio para investigar y sancionar estos hechos.

El funcionario, que no precisó cuándo ocurrió el homicidio, señaló que unos desconocidos se acercaron a Wikelman Ramírez y «sin mediar palabras lo interceptaron y le efectuaron varios disparos».

La Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) lamentó el fallecimiento del expelotero y expresó sus condolencias a familiares y amigos.

Igualmente, el Consejo Directivo y la Junta Administradora del equipo venezolano Navegantes de Magallanes lamentó «profundamente» el fallecimiento de Ramírez, quien jugó en sus filas en dos temporadas como lanzador.

Wikelman Ramírez también formó parte de la selección Sub-23, campeona del Mundial 2021.

Otros equipos de béisbol como Leones del Caracas, Tigres de Aragua, Bravos de Margarita, así como Caribes de Anzoátegui, lamentaron la muerte del exjugador.

Según medios locales, Wikelman Ramírez formaba parte de los Navegantes del Magallanes hasta que en la temporada 2024-2025 fue dejado en libertad y ningún otro equipo lo contrató.

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La explosión se produjo después de que una camioneta que estaba estacionada empezó a incendiarse rápidamente, según se puede observar en videos de cámaras de videovigilancia y también de personas que circulaban por el sector, donde también hay hoteles, restaurantes y otros comercios.

La detonación fue tan fuerte que, además del fallecido y de los heridos, se registraron daños materiales en algunos edificios de la zona, según reportaron medios locales.

El coronel Martín Cucalón, jefe de Bomberos de Guayaquil, señaló que la persona fallecida era un taxista y que los heridos fueron enviados a un hospital cercano, mientras que la Policía evacuó a quienes aún permanecían en el lugar tras la explosión.

Por su parte, Fernando Cornejo, presidente de la empresa municipal Segura, indicó que por medio de las cámaras de videovigilancia pudieron identificar que dos vehículos salieron de la Cooperativa San Francisco, un barrio ubicado frente al complejo penitenciario de Guayaquil, hacia la zona financiera y comercial, pero que solo uno de ellos explotó.

Un «acto terrorista» en Guayaquil

El ministro del Interior, John Reimberg, calificó el hecho como un «acto terrorista» y confirmó que un segundo vehículo tenía «una cantidad de explosivo que no detonó y que fue inmediatamente neutralizado».

El funcionario indicó que la unidad antiexplosivos de la Policía estaba haciendo «detonaciones controladas» en Guayaquil y «peritajes para determinar la presencia del tipo de explosivo».

«No se trata de un artefacto fabricado artesanalmente, se trata de elementos de elaboración profesional por parte de grupos delincuenciales que quieren ocasionar caos en el país. A la ciudadanía, mantenerse fuera del perímetro donde se encuentra operando Policía», escribió en su cuenta de X.

Posteriormente, Reimberg indicó que los agentes de Guayaquil habían encontrado «cuatro cargas explosivas de alto poder con sus respectivas mechas de seguridad» y un «dispositivo electrónico para activación del explosivo».

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«Hacer política, defender derechos humanos o hasta opinar sobre lo que pasa en Venezuela puede ser causa de asesinato, ya no solo dentro del país«, escribió el activista Peche en su cuenta en la red social X.

Hacer politica, defender derechos humanos o hasta opinar sobre lo que pasa en Venezuela puede ser causa de asesinato, ya no solo dentro del país.

Hoy mi hermano de vida @yendrive y yo lo vivimos en carne propia. Todavía lo estoy procesando pero lo más importante es que…

— Luis Peche Arteaga (@LuisPecheVE) October 13, 2025

El activista indicó que se encuentra bien al igual que Velásquez y agradeció a todos aquellos que han escrito sobre el hecho.

La Defensoría del Pueblo de Colombia denunció el hecho e instó a la Fiscalía a abrir una investigación «pronta y exhaustiva que permita esclarecer los hechos y adoptar medidas de protección para las víctimas«, al tiempo que reiteró su rechazo a toda forma de violencia, estigmatización o discriminación contra quienes buscan refugio y asilo en Colombia.

La institución indicó que el activista Velásquez había acudido a la entidad para solicitar acompañamiento en su trámite de protección internacional, tras huir de Venezuela por -aseguró- «persecución derivada de su labor en defensa de los derechos humanos».

Según la Policía Nacional de Colombia, se trató de un «ataque sicarial» tras el que ambos fueron trasladados a una clínica, donde se encuentran fuera de peligro, aunque Velásquez tuvo que ser sometido a una cirugía.

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«De haber ocurrido el hecho, que no ocurrió, lo primero era buscar detener, sin aniquilar sin combate previo, a esa presunta embarcación, (de la) que no han dicho las coordenadas, de dónde salió, cómo salió, quiénes estaban allí. Simplemente un video animado», dijo Saab durante un acto del Ministerio Público en una plaza en Caracas, transmitido por el canal privado Globovisión.

Saab señaló que incluso en casos de operaciones contra la delincuencia internacional hay «organismos» y «tratados» que velan por el cumplimiento de las normas.

Asimismo, calificó como «sumamente burdo» e «inaceptable» que se «utilice la presunta lucha contra el narcotráfico» para, a su juicio, «generar internamente una implosión» en Venezuela.

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«Fue presentada e imputada la ciudadana Martha Lía Grajales en el lapso de ley tras haberse solicitado orden de aprehensión en su contra por acciones en contra de las instituciones venezolanas y la paz de la república», señaló la institución en Instagram.

El Ministerio Público (MP) indicó que a la activista se le dictó una medida de privativa de libertad «por el tribunal de la causa por los delitos de incitación al odio, conspiración con Gobierno extranjero y asociación», sin ofrecer mayores detalles de los supuestos hechos que habría cometido la activista.

Comités de derechos humanos identificados exigieron la libertad de Grajales, quien fue detenida el viernes luego de participar en un acto a las afueras de la ONU, en Caracas, en apoyo a los familiares de presos políticos que fueron agredidos el martes cuando hacían una vigilia ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela.

Más de 800 personas firmaron un documento para exigir la liberación de Grajales, según informó el domingo la ONG SurGentes, que asegura desconocer el paradero de su cofundadora desde su detención el pasado viernes.

 

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«El Ministerio Público avanza de manera contundente en el proceso judicial a los 16 implicados del atentado terrorista perpetrado este pasado domingo en la plaza de la Victoria contra el Fascismo, donde pretendieron bañar de sangre a nuestro país», indicó la institución en Instagram.

Asimismo, agregó que explicará «más adelante», sin precisar cuándo, los detalles judiciales del «atentando» que, subrayó, «intentó socavar la soberanía, estabilidad y la paz del pueblo venezolano».

El pasado sábado, el ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, anunció el hallazgo de dos galpones con explosivos en el estado Monagas que, aseguró, estaban destinados a «actos terroristas» que vinculó con la líder opositora María Corina Machado y el «imperialismo norteamericano», en referencia a Estados Unidos.

Cabello indicó que este hallazgo forma parte de una investigación anunciada por él el pasado jueves, cuando informó que presuntamente se planificaba un atentado con explosivos en la céntrica Plaza Venezuela de Caracas.

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El magistrado Alexandre de Moraes, instructor del proceso contra el líder ultraderechista en el Supremo Tribunal Federal, determinó el régimen de prisión domiciliar para Bolsonaro, a quien también le prohibió recibir visitas en su residencia, con excepción de la de sus familiares próximos y de sus abogados.

En su resolución, De Moraes también ordenó a la Policía Federal realizar un registro en la residencia del exjefe de Estado para incautarse de los teléfonos móviles y otros dispositivos que le permitan conectarse a las redes sociales.

La Policía Federal confirmó en un comunicado que cumplió en la tarde de este lunes la orden de la Corte de la prisión domiciliar y del decomiso de los aparatos celulares.

El magistrado alegó en su decisión que Bolsonaro violó las medidas cautelares que le fueron impuestas el mes pasado, que le prohibían enviar mensajes por sus propias cuentas en las redes sociales o por las de terceros y que le obligaban a usar una tobillera electrónica y a permanecer en su residencia por las noches y los fines de semana.

Mensajes de Bolsonaro

De Moraes citó mensajes de Bolsonaro que fueron transmitidos el domingo en las redes sociales de sus aliados, incluyendo en las de sus tres hijos parlamentarios, con «incentivos e instigaciones a ataques al Supremo y apoyo a una intervención extranjera en el Poder Judicial brasileño».

Los mensajes fueron leídos en las marchas que realizaron el domingo miles de bolsonaristas en varias ciudades del país, en las que defendieron la aprobación de una amnistía a todos los acusados de golpismo y manifestaron apoyo a las sanciones impuestas por el presidente estadounidense, Donald Trump, a los responsables por el juicio a Bolsonaro.

La prisión domiciliaria se ordenó en el marco del proceso en que se acusa a Bolsonaro de liderar un complot para impedir la toma de posesión como presidente del progresista Luiz Inácio Lula da Silva, quien lo derrotó en las elecciones presidenciales de 2022.

De acuerdo con la Fiscalía, además de discutir con sus ministros y altos oficiales militares medidas para anular las elecciones y hasta para asesinar a Lula, Bolsonaro incentivó el asalto a las sedes de la Presidencia, el Congreso y la Corte Suprema promovido por miles de bolsonaristas el 8 de enero de 2023.

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«Sobre la información que fue publicada esta noche por RCN Televisión de posibles riesgos a mi seguridad, quiero manifestar a la opinión pública que conocía esa información hace varias semanas, me fue presentada por la Fiscalía y por la Policía», expresó Galán en una declaración.

El alcalde, perteneciente al partido político Nuevo Liberalismo, señaló que esas autoridades son las encargadas de «evaluar y determinar el sustento que tiene esta información y las medidas que se requiera tomar» al respecto.

«Yo confío en las investigaciones y estoy trabajando en contacto permanente con la Fiscalía y la Policía«, añadió.

Según el informe de Noticias RCN, la Fiscalía está investigando el posible ataque contra el alcalde, sin que se conozcan muchos más detalles sobre el caso.

Estas amenazas se conocen luego del atentado que sufrió el pasado 7 de junio el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, que está hospitalizado desde entonces en la Fundación Santa Fe de Bogotá.

 

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Saab detalló que, del total de droga decomisada, 276 toneladas fueron de cocaína, 78 toneladas de marihuana, 793 kilos de heroína y el resto de otras sustancias.

Asimismo, el fiscal agregó que, en el mismo período, se decomisaron 208 aeronaves, 782 inmuebles, 6.946 vehículos, 2.454 armas y 218 embarcaciones.

Según el titular del Ministerio Público, se han realizado 59.787 imputaciones, 36.671 acusaciones y 19.195 sentencias condenatorias relacionadas con drogas.

Operativos contra drogas

El martes, el ministro de Interior, Diosdado Cabello, aseguró que se incautaron 3,1 toneladas de marihuana en los estados Apure (oeste, fronterizo con Colombia) y Falcón (noroeste).

En otro operativo reciente, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) confiscó 6.180 gramos de marihuana en el estado Zulia (noroeste, fronterizo con Colombia), informó la Superintendencia Nacional Antidrogas.

Esta incautación se hizo como parte de la ‘Operación Relámpago del Catatumbo’, un despliegue militar para «liberar y mantener libre todo el territorio de Venezuela de pistas clandestinas, de sembradíos de hojas de coca, de laboratorios para fabricar cocaína y de todos esos elementos perturbadores», según palabras del presidente Nicolás Maduro.

De interés: Más del 80% de incautaciones de drogas en 2024 fueron en la frontera con Colombia

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«Pudiéramos decir que en este momento tenemos 58 personas detenidas, en razón de la acción del Ministerio Público (MP, Fiscalía) y los órganos auxiliares de justicia para lograr el objetivo de neutralizar estas mafias», dijo Saab durante una declaración en Caracas, transmitida por el canal privado Globovisión.

Según el funcionario, la mayoría de los arrestos han ocurrido en los estados Aragua, Barinas, Lara, Zulia, La Guaira, Yaracuy y Caracas.

A los sujetos aprehendidos, añadió, se les acusa de los presuntos delitos de «terrorismo, legitimación de capitales, asociación para delinquir, oferta engañosa y captación indebida».

El fiscal añadió que se han logrado «sacar de circulación 12 páginas ilegales que manipulan el tipo de cambio, utilizando como indicadores financieros casas de bolsas ilegales y ficticias».

Además, afirmó estar «convencido» de que la cifra de detenidos va a aumentar en las «próximas horas».

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«Es un hecho relevante que amerita ser difundido y no silenciado, como suele ocurrir cuando el tema es sobre Venezuela», aseguró Saab en un acto transmitido por el canal privado Globovisión.

El titular del Ministerio Público afirmó que el comunicado «coincide con todo» lo que Venezuela ha denunciado «desde hace dos meses», ya que, según los expertos de Naciones Unidas, la «falta del debido proceso» produjo «deportaciones arbitrarias».

En su pronunciamiento, los expertos hicieron un llamado al Gobierno salvadoreño a permitir «el acceso inmediato y sin restricciones a los organismos de monitoreo independientes a las cárceles que albergan a los deportados», entre ellos 252 migrantes venezolanos, acusados por EE.UU. de supuestamente pertenecer a la banda criminal Tren de Aragua, nacida en una cárcel del país caribeño.

«En muchos casos, la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 parece haberse aplicado incorrectamente para impedir el debido proceso, la revisión independiente y el acceso a los tribunales, en contravención con el derecho internacional de los derechos humanos», destacaron los expertos en un comunicado conjunto.

 

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De interés: ONG humanitaria acompaña legalmente a venezolanos detenidos en El Salvador

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El medio indicó que los migrantes, que vivían en Estados Unidos, viajaron desde Honduras en la aerolínea estatal Conviasa y fueron recibidos por el ministro de Servicios Penitenciarios, Julio García, y funcionarios policiales y militares, quienes no ofrecieron declaraciones.

Así mismo, VTV indicó que con este nuevo grupo de deportados, que serán «revisados» por «distintos organismos» del Estado, se elevan a 2.731 los migrantes retornados a Venezuela, según cifras oficiales.

Investigan «desaparición forzada»

Por su parte, la Fiscalía de Venezuela informó que inició una investigación por la presunta «desaparición forzada» de un venezolano, quien, según la institución, fue detenido a finales de enero de 2025 en el estado de Michigan (EEUU) y posteriormente «recluido en un centro de máxima seguridad en Texas», aunque su paradero es desconocido.

A través de un comunicado, publicado en Instagram, el titular de la institución, Tarek William Saab, identificó a su connacional como Ricardo Prada, quien, aseguró, «trabajaba como repartidor en la ciudad de Detroit y fue detenido por autoridades estadounidenses para ser deportado».

Saab agregó que el venezolano informó a un amigo, a finales de marzo, que estaba «detenido en un centro de reclusión de máxima seguridad en Texas, tras lo cual se desconoce su paradero».

La extradición se dio en medio de tensiones entre Venezuela y El Salvador, luego de que el gobierno de Estados Unidos deportara hasta el país centroamericano a más de 200 migrantes venezolanos acusados de ser presuntamente integrantes de la organización criminal transnacional Tren de Aragua, que nació en una cárcel venezolana.

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A través de un comunicado, publicado en Instagram, el titular de la institución identificó a su connacional como Ricardo Prada, quien, aseguró, «trabajaba como repartidor en la ciudad de Detroit y fue detenido por autoridades estadounidenses para ser deportado».

Saab agregó que el venezolano informó a un amigo, a finales de marzo, que estaba «detenido en un centro de reclusión de máxima seguridad en Texas, tras lo cual se desconoce su paradero».

El fiscal general dijo, con base en una nota del periódico estadounidense The New York Times, que Prada «no aparece entre los deportados a El Salvador que se encuentran arbitrariamente privados de libertad en el Cecot (Centro de Confinamiento del Terrorismo)».

Además, añadió, en el artículo se afirma que «las autoridades estadounidenses informaron que Prada fue deportado, pero no han revelado a qué destino».

Para esta investigación, anunció el funcionario, se designó a un fiscal con competencia en protección de derechos humanos, quien -según Saab- «adelantará las diligencias necesarias» para dar con el paradero de Prada.

 

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De interés: Dos cortes bloquean la expulsión a El Salvador de venezolanos detenidos en EEUU

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«Dicho sistema de inversión fue estructurado como un esquema Ponzi y posteriormente fue desconectado generando un daño patrimonial a multiplicidad de víctimas, que realizaron inversiones en criptomonedas», señaló Saab.

La Fiscalía 24 nacional con competencia en delitos comunes, prosiguió, se encargará de la investigación contra los administradores de la plataforma HV IJEX.

El fiscal no ofreció mayores detalles sobre cuántas serían las personas afectadas y tampoco cifras del «daño patrimonial».

Venezuela es el segundo país de Latinoamérica en adopción de criptomonedas, según el índice global elaborado por Chainalysis, donde se ubica en el puesto 13, solo superada por Brasil (10).

Según Chainalysis, una plataforma de datos de blockchain, los ciudadanos en el país recurren a las criptomonedas para resguardar su economía.

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DOBLE LLAVE

Con información de EFE Servicios

Fuente de imagen referencial: Archivo

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