«La Fiscal de la Nación dispuso iniciar investigación preliminar contra la presidenta Dina Boluarte; presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola; ministro del Interior, Víctor Rojas; ministro de Defensa, Jorge Chávez», indicó la institución en Twitter.

La indagación es por presuntos delitos de «genocidio, homicidio calificado y lesiones graves» durante las manifestaciones antigubernamentales en las regiones Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho.

La investigación incluye también al exjefe de gabinete Pedro Ángulo, y al exministro del Interior, César Cervantes, quienes formaron parte del gobierno de Boluarte entre el 7 y 21 de diciembre de 2022. En ese lapso hubo 22 muertes por la represión de las fuerzas del orden a cargo de policías y militares.

🚨#LoÚltimo:
La Fiscal de la Nación dispuso iniciar investigación preliminar contra la presidenta de la República, Dina Boluarte; presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola; ministro del Interior, Víctor Rojas; ministro de Defensa, Jorge Chávez. pic.twitter.com/IPjwWuWbQg

— Ministerio Público (@FiscaliaPeru) January 10, 2023

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Gabriel Velásquez

Con información de medios internacionales y redes sociales

Fuente imagen referencial: Wikimedia

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A Boluarte, que también es ministra de Desarrollo e Inclusión Social, la imputaron por haber abierto a su nombre una cuenta bancaria, principalmente para recaudar donaciones que ayudasen al líder del partido, Vladimir Cerrón, a pagar la indemnización por corrupción con que lo condenaron.

De acuerdo al testimonio de un colaborador eficaz de la Fiscalía, esa cuenta bancaria recibió supuestamente dinero de sobornos, cobrados por la Dirección de Transportes y Comunicaciones del gobierno regional de Junín, en poder del marxista partido Perú Libre.

El dinero recaudado a partir de los cobros ilícitos recibidos por la irregular expedición de licencias de conducir también se utilizó aparentemente para financiar las campañas al Congreso de varios militantes de Perú Libre.

La administración a cargo de Perú Libre en la céntrica región de Junín también obligaba presuntamente a sus trabajadores temporales a aportar 100 soles mensuales a la cuenta abierta por Grajeda, bajo amenaza de no renovar sus contratos.

El fiscal a cargo del caso, Richard Rojas, sospecha que Boluarte pudo haber incurrido supuestamente en “actos de lavado de activos que hayan tenido como objetivo financiar indebidamente su campaña política”.

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Gabriela Morales

Con información de agencias de noticias y medios internacionales

La resolución fiscal señaló que Rojas en coordinación con otros miembros del partido también investigados, “prosiguió con las presuntas actividades ilícitas, además de coordinar fondos y logística para la campaña electoral, aprovechándose de las empresas y proveedores del Gobierno Regional de Junín”.

“El investigado habría participado y/o ejecutado actos de conversión de dinero maculado, no solo para beneficio propio sino también para su partido político Perú Libre”, sostuvo el fiscal.

Rojas es considero una figura muy cercana a Vladimir Cerrón, el polémico fundador de esta formación política izquierdista, condenado por corrupción

El representante peruano cumplió un papel clave en la campaña presidencial de Pedro Castillo, como dirigente nacional del partido marxista Perú Libre, que llevó al profesor de escuela rural a la presidencia de la república.

Rojas fue designado el pasado viernes como nuevo embajador peruano en Caracas, luego de que fuera rechazado con un silencio diplomático como representante del país andino en Panamá.

Al nuevo embajador en Venezuela, quien no tiene estudios superiores concluidos, se le atribuye haber colaborado en la ejecución de transferencias y ocultamiento de la presunta financiación ilegal de la última campaña electoral del partido, por lo que el Ministerio Público lo incluyó en la investigación por el caso denominado “Los Dinámicos del Centro”.

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Gabriela Morales

Con información de agencias y medios internacionales

Vladimiro Montesinos, autor de las grabaciones

Según reseñó el diario peruano El Comercio, Arce, quien renunció al órgano electoral, será investigado por el presunto delito de cohecho pasivo específico, y de la misma forma Montesinos.

Conjuntamente, en el marco del caso se investigará al abogado Guillermo Sendón y al excomandante Pedro Rejas, partícipes en los audios, también por cohecho activo específico.

Un plazo de cinco meses para las averiguaciones

La Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios preparó la apertura de la investigación y marcó cinco meses de plazo para realizar las indagaciones.

En este contexto, se pedirá al JNE una copia certificada de la renuncia de Arce al Pleno, que ocurrió el pasado 23 de junio debido a que él consideraba que el ente carecía de «transparencia».

De esta forma, se recogerán las declaraciones del magistrado, el exasesor de Fujimori y del presidente de la agrupación política Frente Esperanza, Fernando Olivera, quien difundió los audios, entre otras personas involucradas en el caso, informó el medio peruano mencionado.

Las grabaciones difundidas

Fernando Olivera, presidente del partido político Frente Esperanza, responsable de la difusión de los audios

Montesinos facilitó a una de las figuras del fujimorismo, Rejas, «echar un poco de gasolina«, que significa, sobornar, a miembros del JNE para decantar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 6 de junio a favor de Keiko Fujimori.

Según la transcripción, Montesinos dio a Rejas el número de teléfono del abogado Sendón, quien aparentemente mantenía contacto con miembros del JNE. Además, la conversación dio a entender que no fue la primera sobre este asunto.

Trama de corrupción y presunto intento de manipulación electoral

«Si hubiéramos hecho el trabajo que hemos planteado… por la mezquindad (de esos) nos ha pasado esto. Ahora ya es tarde, pero aparte de eso, la gente que tiene (Keiko Fujimori) no sirve», indicó.

La Marina de Guerra y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), responsables de la prisión militar de Callao donde se encuentra recluido Montesinos, confirmaron la veracidad de la grabación, difundida por el excongresista Olivera, que tuvo permiso para comunicarse los días 10 y 23 de junio.

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María Gabriela Moncada

Con información de dpa, El Comercio y redes sociales

Pablo Espinoza, fiscal del caso, indicó que Fujimori benefició económicamente a su gobierno mediante las esterilizaciones, según detalló el objetivo de controlar la natalidad fue reducir las cifras de pobreza en el país andino, y así obtener beneficios económicos, informó el portal RPP.

Espinoza añadió que Fujimori es «el máximo y principal responsable» de los fallecimientos y las lesiones derivadas de las mismas, que «fueron practicadas sin considerar la normativa vigente, sin una infraestructura adecuada, sin personal médico especializado y sin el consentimiento informado de las pacientes».

Este martes 20 de abril se retomó las audiencias del caso de las esterilizaciones forzadas en el que se acusa a Fujimori y a los exministros Eduardo Yong, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga por delitos de lesiones graves seguido de muerte contra cinco mujeres.

Los cuatro fueron acusados de forzar a casi 350.000 mujeres y 25.000 hombres a someterse a procesos de esterilización a través de un plan de gobierno para reducir la natalidad de las regiones rurales y de las comunidades indígenas del país.

Alberto Fujimori actualmente está cumpliendo una condena de 25 años de prisión por las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, donde presuntamente “amparándose” en una operación antiterrorista, los militares asesinaron a una veintena de personas.

Perú : Acusan a Alberto Fujimori de haber obtenido beneficios con las esterilizaciones forzadas – The Times en Español https://t.co/hoM4OGlCHk a través de @thetimescl

— The Times En Español (@thetimesCL) April 21, 2021

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María Gabriela Moncada

Con información de dpa  y redes sociales

El Ministerio Público informó que las diligencias preliminares se hacen “por la presunta comisión de los delitos contra la administración pública, concusión y negociación incompatible o aprovechamiento del cargo”.

En este sentido, la Fiscalía agregó que recibirá “las declaraciones indagatorias” de Vizcarra, su esposa Maribel Díaz, y del jefe del equipo investigador de los ensayos de Sinopharm en el país, Germán Málaga.

Además, del exprimer ministro Walter Martos, la exministra de Salud Pilar Mazzetti y del excanciller Mario López, entre otros.

La Fiscalía también pidió información sobre el proceso de ensayo de las vacunas a la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) y al Instituto Nacional de Salud (INS).

Vizcarra se defiende ante las acusaciones

Por su parte, Vizcarra se defendió de las acusaciones de haber recibido directamente las dosis de Sinopharm y reiteró su versión de que fue uno de los voluntarios en los ensayos en el país, algo que negó la UPCH.

No obstante, a pesar de pedir disculpas a la ciudadanía por no haber informado sobre su participación en estos ensayos, el exgobernante hizo una nueva revelación al señalar que no solo participó junto a su esposa, como ya había indicado, sino también con su hermano mayor.

Además, sostuvo que fue “una decisión personal asumir el riesgo para la salud que conllevaba la aplicación de una vacuna experimental”, pero aseguró que no mintió, aunque es consciente ahora de que debió informar al país de ello por su condición de jefe de Estado.

Vizcarra considera que no cometió delito alguno y “no ha existido un perjuicio aquí en contra de nadie, menos del Estado”

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Gabriela Morales

Con información de agencias y medios internacionales