Al considerar que existen los elementos para presumir la participación de Moreno en el delito de cohecho, el juez acordó llamarlo a juicio durante una audiencia en la que se espera la resolución para otras 23 personas.

El juez dispuso como medida cautelar alternativa a la prisión preventiva, que Moreno se presente dos veces al mes en la Embajada de Ecuador en Asunción (Paraguay), donde reside con su esposa.

El pasado jueves, Moreno insistió en que el proceso penal en su contra por presuntos sobornos recibidos cuando era vicepresidente es una «venganza» del correísmo por haberse rebelado cuando ya era presidente, lo que a su criterio evitó que «en Ecuador haya una dictadura perpetua y se convierta en otra Venezuela».

La Fiscalía de Ecuador sostiene que cuando Moreno ejercía como vicepresidente de Correa, él y su familia recibieron presuntamente más de un millón de dólares en sobornos de la empresa estatal china Sinohydro, para la construcción de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, la más grande del país.

En un mensaje en video difundido en redes sociales, Moreno aseveró que «no se ha podido probar» que «haya recibido un solo centavo», y defendió también la inocencia de su esposa y de su hija, que se encuentran igualmente procesadas.

Según el Ministerio Público de Ecuador, el grueso de los supuestos sobornos tuvieron presuntamente como beneficiarios a Conto Patiño, amigo del expresidente Moreno, y su familia, con un valor que suma 44 millones de dólares.

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DOBLE LLAVE

Con información de EFE Servicios

Fuente de imagen referencial: EFE/Giorgio Viera

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La indagación fiscal, según informó el diario “El Comercio”, arrancó el pasado 18 de octubre, 12 días después de que el excandidato presidencial Yaku Pérez presentara una denuncia contra Lasso por el caso de los Papeles de Pandora.

Pérez presentó su acusación el pasado 6 de octubre con la idea de que la Fiscalía pidiera al Servicio de Rentas Internas (la agencia de recaudación tributaria del Estado) todos los movimientos financieros del mandatario y de sus familiares cercanos desde 2013, cuando se presentó por primera vez como candidato presidencial.

Según la investigación, Lasso controlaba 14 sociedades “off-shore”, la mayoría con sede en Panamá, y las cerró luego de que en 2017 se aprobara una ley que prohibía a los candidatos presidenciales tener empresas en paraísos fiscales.

Según Lasso, al entrar en vigor esa normativa, se deshizo de dichas empresas, con lo que pudo inscribirse como candidato presidencial para los comicios de 2017.

Tras revelarse el caso de los Papeles de Pandora, las conjeturas del caso en círculos políticos circularon en torno al camino que siguieron esas inversiones y si hay eventuales responsabilidades tributarias.

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Gabriela Morales

Con información de agencias y medios internacionales