Según informó el Ministerio Público, ambos imputados habrían participado del crimen de disidente y refugiado político venezolano en calidad de miembros de la facción «Los Piratas» del Tren de Aragua, estructura criminal transnacional que opera hace cerca de una década en Chile.

La tesis de la Fiscalía chilena ha sido desde un principio que el crimen de Ojeda (Ronald Leandro Ojeda Moreno) tuvo un «móvil político», y se han confirmado gestiones para interrogar al presidente venezolano depuesto Nicolás Maduro, prisionero en Estados Unidos.

Gámez, extraditado desde Estados Unidos, y Carillo, desde Colombia, llegaron custodiados por una comitiva de Policía de Investigaciones (PDI) a la base Grupo 10 de la Fuerza Aérea ubicada en la capital, desde donde serán trasladados bajo fuerte medidas de seguridad para ser formalizados por la Justicia.

Ambos serán internados en el Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (Repas), destinado a internos de alta peligrosidad.

A la fecha, son 26 las personas detenidas en Chile y el extranjero por esta causa criminal, con 19 a la espera de juicio y tres condenados.

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«El día hoy representa un paso sumamente importante hacia la justicia. Esperamos que el inicio del proceso legal y su eventual conclusión ofrezca paz a las familias de las víctimas», dijo el embajador estadounidense en Panamá, Kevin Cabrera.

Al mediodía del lunes, el ciudadano colombo-venezolano Ali Zaki Hage Jalil llegó a Panamá tras ser capturado en 2025 en la Isla de Margarita por una alerta roja emitida por el país centroamericano.

El presunto terrorista está vinculado al caso del vuelo 901 de la aerolínea Alas Chiricanas, que en 1994 estalló a los pocos minutos de despegar del aeropuerto de Colón. No hubo supervivientes en aquel atentado.

El hecho cobra relevancia porque ocurrió un día después del ataque terrorista con coche bomba contra la AMIA en Buenos Aires, en el que murieron 85 personas y que también sigue impune.

El embajador estadounidense aclaró que ahora inicia un proceso ante la justicia panameña, pero señaló que hay una posibilidad de que Jalil sea extraditado a EE.UU., ya que entre los fallecidos hay tres ciudadanos estadounidenses.

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Fuente de imagen referencial: EFE/Carlos Lemos

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Los extraditados son Javier Eduardo Monje Iquinas, Aníbal Rentería, Jeff Allan Hooker, Renny Gabriel Barros Epieyú, Álvaro José Martínez Bermúdez, Ignacio Lemos Potes y Jefry Leonardo Quintero Torres, todos solicitados por la Corte del Distrito Medio de Florida.

El general Triana precisó que los siete solicitados fueron entregados en Bogotá con apoyo de la oficina nacional de la Interpol.

En su cuenta de X, el director detalló que Monje, uno de los solicitados extraditados, presuntamente integraba una red criminal transnacional dedicada al tráfico de drogas desde Colombia hacia México, con destino final a Estados Unidos.

¡ ! En Bogotá, en desarrollo de la ofensiva contra el multicrimen y el delito, la @PoliciaColombia, a través de la Oficina Central Nacional de @INTERPOL_HQ, entregó a las autoridades de Estados Unidos a Javier Eduardo Monje Iquinas, Aníbal… pic.twitter.com/RKNv4y9uOO

— Mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán (@DirectorPolicia) August 23, 2025

«Era el encargado de desviar controles y alertar sobre la presencia de autoridades, facilitando el envío de grandes cargamentos de cocaína», agregó Triana sobre uno de los solicitados.

Rentería, en tanto, habría sido cabecilla de un grupo armado denominado ‘Los Contadores’, dedicado a perpetrar homicidios selectivos, extorsiones, desplazamientos forzados y al envío de cocaína hacia Estados Unidos.

Respecto a Hooker, Triana informó que estuvo implicado en el caso de una narcoavioneta inmovilizada en la isla caribeña de Providencia con media tonelada de cocaína, mientras que Barros, Martínez, Lemos y Quintero están requeridos a juicio por narcotráfico.

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En una operación binacional, en la que participó la Policía colombiana, la Oficina Central Nacional de Interpol Chile y Carabineros del país austral, se hizo efectiva una notificación roja de la Interpol contra el miembro del Tren de Aragua.

«El prófugo planeó y ejecutó, junto con otros miembros de la organización Tren de Aragua, varios asesinatos, entre ellos el del prestamista informal José Felipe Reyes Ossa, conocido como ‘El Rey de Meiggs’, perpetrado el pasado 19 de junio en Ñuñoa (en Santiago)», detalló el director de la Policía colombiana, general Carlos Fernando Triana.

Tras su detención, el venezolano, a quien las autoridades chilenas lo requieren por el delito de homicidio calificado, quedó a disposición de la Fiscalía colombiana para «continuar el respectivo trámite diplomático para su extradición».

La banda Tren de Aragua nació en las cárceles de Venezuela y se ha extendido por varios países latinoamericanos, como Colombia, Perú, Bolivia y Chile, donde las autoridades la acusan de cometer numerosos delitos, como narcotráfico, extorsión, secuestros y homicidios.

La Embajada de Estados Unidos en Colombia y la Policía colombiana ofrecen un total de doce millones de dólares por la captura de tres líderes de la organización criminal.

Esos cabecillas son Giovanny San Vicente; Yohan José Romero, alias ‘Johan Petrica’, y Héctor Guerrero Flores, alias ‘Niño Guerrero’, por quienes se ofrecen recompensas de tres, cuatro y cinco millones de dólares, respectivamente.

A los tres mencionados se les acusa de delitos de conspiración para cometer crímenes, tráfico de narcóticos y de personas, y lavado de dinero.

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El listado es una actualización –se eliminaron cuatro nombres porque murieron en el último año– del que publicó la isla en su Gaceta Oficial en diciembre de 2023, según aclararon las autoridades cubanas en conferencia de prensa.

En total, el Gobierno identifica a 62 personas y 20 organizaciones, en su mayoría afincadas en Estados Unidos, como terroristas. Entre las nuevas entidades está el Consejo para la Guerra Anticomunista, del opositor cubano Manuel Milanés.

En la lista repiten influencers y youtubers como Álex Otaola, Paparazzi Cubano, Ultrack y Eliécer Ávila.

En el documento se contempla, por otro lado, un amplio abanico de nombres que va desde personas investigadas por las explosiones de hoteles y centros turísticos en Cuba en los años noventa, como Pedro Ramón Crispín Rodríguez y José Francisco Hernández Calvo, hasta líderes políticos históricos del exilio en Miami, como Orlando Gutiérrez Boronat, coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana.

Procesos legales en Cuba

El segundo jefe del Órgano Especializado de Dirección de Investigación Criminal del Ministerio del Interior, Víctor Álvarez, señaló a la prensa que todos los nombres cuentan con procesos abiertos o en fases periciales dentro del país.

Aunque no los mencionó directamente, Álvarez cargó contra los influencers que se encuentran en la lista, por considerar que realizan actos de «ciberterrorismo» con un «uso desmedido de las redes sociales para incitar a la violencia» y generar «matrices de opinión» contrarias al Gobierno.

De igual manera, señaló a varios de ellos por presuntamente financiar actividades violentas en el país.

Por otro lado, Josefina Vidal, viceministra de Relaciones Exteriores, acusó a Estados Unidos por «inacción» y por no colaborar con Cuba en el combate al terrorismo.

«El Gobierno de Estados Unidos, en particular el secretario de Estado [el cubano-americano Marco Rubio] ha colocado en un punto muerto estos mecanismos, los cuales mostraron en el pasado que, a pesar de las diferencias es posible cooperar ante un flagelo de alcance global», censuró.

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También prevé que «en cualquier momento» sea extraditado un sujeto presuntamente integrante de un «grupo delictivo que participó en hechos negativos» en Venezuela, para lo que la institución y la Cancillería enviaron una documentación requerida por el Supremo salvadoreño en la que se comprometieron a cumplir con el principio de reciprocidad, según explicó el fiscal general, Tarek William Saab.

En una actividad en Caracas, el titular del Ministerio Público dijo que un exfuncionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), identificado como Yonel Alejandro Toro, «apareció como uno de los deportados» recientemente desde Estados Unidos junto con más de 200 migrantes, y aseguró que el MP está «haciendo ya las diligencias para que efectivamente concluya ese proceso de extradición» para los dos venezolanos.

Saab explicó que la segunda persona se había escapado y fue detenida en El Salvador, y afirmó que el Supremo ya «dio el aval para la extradición» y solo esperaba el envío de la documentación sobre la reciprocidad.

 

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«El procedimiento al que se refiere esta persona es un requerimiento que ya se cumplió y con amplitud», aseguró el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, en la conferencia matutina del Gobierno.

El fiscal aseveró que, desde la captura del cofundador del Cartel de Sinaloa el 25 de julio, la FGR «inició un procedimiento de extradición ante las autoridades norteamericanas para esta persona que había salido del país en contra de su voluntad (y) que tiene tres órdenes de aprehensión vigentes».

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En Perú, Del Valle deberá cumplir 18 meses de prisión preventiva en Lima mientras es investigada.

La mujer, conocida como «La bebecita del crimen», «es requerida para comparecer en juicio por los delitos de conspiración y ofrecimiento para el delito de sicariato en Perú, y es solicitada por la Primera Sala Penal de Apelaciones Permanente de San Juan de Lurigancho-Corte Superior de Justicia de Lima Este», detalló este martes 31 de diciembre la Policía colombiana en un comunicado.

Según las autoridades peruanas, Wanda del Valle Bermúdez es integrante de una facción de la organización criminal transnacional de origen venezolano Tren de Aragua y es investigada por la presunta comisión de los delitos de conspiración y ofrecimiento para el delito de sicariato en contra del coronel de la Policía Nacional (PNP) Víctor Revoredo.

Del Valle era novia de un delincuente y presunto integrante del Tren de Aragua, apodado «Maldito Cris», quien fue abatido por la PNP en Lima tras días de persecución por haber asesinado a un vigilante municipal que intentó detenerlo.

Funciones de Wanda del Valle Barmúdez

«La bebecita del crimen» está acusada de recaudar el dinero de extorsiones a comerciantes, vender y distribuir armas de fuego, coordinar con sicarios y participar en la trata de mujeres colombianas y venezolanas que eran explotadas sexualmente en varios países de la región.

La mujer fue detenida en una barriada del sur de Bogotá el 6 de diciembre de 2023 y en agosto pasado un juzgado del distrito de San Juan de Lurigancho ordenó su detención preliminar por presuntamente haber ofrecido 40.000 dólares para matar a Revoredo, quien era el jefe de la división de homicidios de la PNP.

Por esa razón, el Ministerio del Interior peruano la incluyó en la lista de «Los más buscados» y ofrecía una recompensa de 150.000 soles (unos 40.000 dólares) por información que permitiera su ubicación y captura.

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«Después de la marcha empiezan cuatro procesos a Evo (Morales), antes de la marcha no habían procesos», aseguró el también líder del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) en la ciudad de Cochabamba, uno de sus bastiones políticos y sindicales.

Morales se refirió a la marcha que lideró en septiembre, en la que con miles de sus seguidores recorrió 187 kilómetros hasta llegar a La Paz, y después de siete días de caminata el exmandatario le advirtió a Arce que si «quiere seguir gobernando» debía cambiar a varios de sus ministros.

Esa acción fue calificada por el Ejecutivo como un intento de acortar el periodo presidencial de Luis Arce por parte de Morales.

Asimismo, Morales señaló que el ministro de Gobierno (Interior), Eduardo del Castillo, «está insinuando» con llevarlo «fuera de Bolivia», algo que relacionó con el caso de su exjefe antidrogas, Maximiliano Dávila, quien tiene un requerimiento de extradición en Estado Unidos por narcotráfico.

Investigación contra Morales

Morales enfrenta una investigación por presuntamente «abusar de una menor de 15 años de edad» y de crear una red de jóvenes para tener a su disposición durante su presidencia que habría llamado ‘Generación Evo’.

El caso se dio a conocer el miércoles tras la denuncia de la fiscal departamental Sandra Gutiérrez, quien afirmó que fue retirada de su cargo por el fiscal general, Juan Lanchipa, para evitar la captura de Morales.

Lanchipa fue cuestionado por el Gobierno de Arce por está acción y varios ministros le exigieron explicaciones.

Morales dijo que dicho caso es del 2020 y que fue activado durante el Gobierno interino de Jeanine Áñez (2019-2020), pero que fue rechazado por la fiscalía.

«Áñez usando el Ministerio de Justicia ya me procesó, ya me investigó y se demostró que no había nada», recalcó el exjefe de Estado.

Otros procesos judiciales

El expresidente manifestó que los otros procesos en su contra son por la marcha que protagonizó, por la que se le acusa por instigación pública a delinquir, por daños a la infraestructura caminera y la utilización en la caminata de un vehículo de lujo, propiedad de una persona con antecedentes de narcotráfico.

«Lamentablemente en Bolivia no tengo libertad de expresión ni de locomoción», indicó.

Tras la conferencia Morales escribió en la red social X, «el Gobierno prefiere dedicar sus últimos meses de gestión en buscar proscribir al instrumento político que lo llevó a la presidencia e inhabilitar a quien ellos consideran su principal adversario: Evo».

Y sentenció, «por este motivo, luego de la Marcha para salvar Bolivia, activaron de forma simultánea 4 procesos penales para buscar mi aprehensión, pues creen que enviándome a la cárcel, callarán la voz de un pueblo descontento con una gestión que arrastró al país a la quiebra».

Arce y Morales libran una larga batalla por el control del MAS y el Ejecutivo boliviano, y desde 2021 se encuentran alejados también por una pugna por la candidatura presidencial del partido para las elecciones del próximo año.

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“Vamos a pedir su extradición. Esta persona es buscada por delitos que cometió en Chile. Está acusado de delitos muy complejos”, dijo Tohá en una entrevista en la emisora local Radio Exterior.

‘Larry Changa’ fue detenido durante un operativo en una zona rural en el departamento colombiano del Quindío (oeste), donde se escondía con una identidad falsa, se hacía pasar por comerciante y tenía el propósito de extender las redes de esa organización.

El Ministerio de Defensa colombiano explicó que el cofundador del Tren de Aragua llegó con documentos falsos a Colombia en 2022, procedente de Chile, donde lideraba la banda y cometió la mayoría de los delitos.

Delitos del cofundador del Tren de Aragua

El venezolano, de 46 años, era buscando tanto en su país de origen como en Chile por cargos de terrorismo, tráfico de armas, extorsión y secuestro y tiene orden de captura en 196 países por la Interpol, de acuerdo al ministerio colombiano.

«Cuando entró a Chile no tenía antecedentes y lo hizo legalmente. Pero cuando huyó, lo buscamos y logramos identificar que estaba en Colombia, donde pedimos ayuda a las autoridades», apuntó Tohá, quien agradeció a Colombia por la cooperación.

Fundada hace 15 años en una cárcel del estado venezolano de Aragua, del que lleva su nombre, el Tren de Aragua se ha convertido en una de las principales organizaciones criminales de la región y ha extendido sus tentáculos a países como Chile, Perú, Colombia y Brasil.

«Colombia detiene a estas personas sin problema y quisiéramos que lo mismo pasara en casos en Venezuela”, añadió la ministra chilena en referencia a la poca cooperación policial de la que Chile acusa a Venezuela.

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Fuente de imagen referencial: EFE/Policía Nacional de Colombia

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El fiscal general venezolano, Tarek William Saab, indicó que la notificación fue recibida por la Dirección de Asuntos Internacionales del MP y da cuenta de «la detención en España de Rebeca García y su hermano Francisco García», buscados por los delitos de «incitación al odio por motivos discriminatorios, exhibición de pornografía infantil y agavillamiento».

#AHORA@MinpublicoVen, #INFORMA

que con ocasión a la orden de aprehensión y Alerta Roja oportunamente #solicitada, por el Ministerio Publico fuimos notificados a través de nuestra Dirección de Asuntos Internacionales:

de la detención en España de Rebeca García y su hermano… pic.twitter.com/XMof4hpXNB

— Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) May 14, 2024

Según la Policía española, fueron agentes de la Sección de Localización de Fugitivos, en colaboración con la Interpol, quienes realizaron la detención en virtud de una orden internacional.

Fuentes policiales señalaron que los hermanos fueron localizados en un hotel de la localidad madrileña de Alcobendas.

Fueron arrestados un día después de que un ciudadano anónimo alertó a la Policía de que los había visto en un supermercado del distrito madrileño de Hortaleza.

Los agentes los trasladaron a dependencias policiales, donde los identificaron y comprobaron que, efectivamente, se trataba de los hermanos García.

Ahora ya detenidos en virtud de esa orden, la Audiencia Nacional española deberá estudiar su extradición a Venezuela, que, según el fiscal del país suramericano, tramitó el pasado viernes.

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Fuente de imagen referencial: @TarekWiliamSaab

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#AVANCES DEL CASO REBECA GARCIA…@MinpublicoVen #INFORMA

que a través de la Fiscalía 59 y 66 Nacional, #SI FUE solicitada Orden de Aprehensión y Alerta Roja de #Interpol en contra de Rebeca García y su hermano Francisco García

la cual fue debidamente recibida en fecha… pic.twitter.com/IbJN8cf7y6

— Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) May 13, 2024

La Policía de España localizó e identificó en Madrid a Rebeca y a Francisco García.

Fuentes policiales informaron que las autoridades venezolanas aún no tramitaron la orden de detención, por lo que no fueron arrestados.

El fiscal insistió en que los hermanos sean enviados a Venezuela para «ser procesados de acuerdo a la ley».

La Fiscalía ordenó abrir una investigación y su captura para esclarecer los hechos supuestamente ocurridos en Caracas, donde según víctimas y testigos los hermanos acosaron «a multiplicidad» de personas, particularmente a mujeres y niños, y causaron «terror a las familias», al ingresar «ilegalmente» en sus viviendas, hostigarlas y tomarles «fotos íntimas».

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Decisiones jurídicas

El dictamen que respalda la ampliación de los cargos fue emitido el pasado 19 de enero. Esta decisión afecta ocho causas específicas presentadas por la justicia peruana, abordando delitos que incluyen suministro ilegal de armas de fuego, asociación ilícita para delinquir, falsedad genérica, conspiración y otros.

La ratificación de la Corte Suprema de Chile implica una expansión significativa de la acusación contra Alberto Fujimori. Los nuevos cargos añadidos abren la puerta a un análisis más detallado de su presunta participación en una variedad de delitos, lo que podría tener implicaciones legales sustanciales.

Contexto histórico

Es importante recordar que Alberto Fujimori fue extraditado a Perú en 2007. Ahora, casi dos décadas después, la Corte Suprema chilena autoriza la ampliación de los delitos asociados a esa extradición. Este desarrollo resalta la complejidad y la evolución continua del caso a lo largo del tiempo.

Con la ampliación de los cargos, el caso Fujimori adquiere nuevas dimensiones. Se espera que este giro en la situación tenga repercusiones significativas en el desarrollo futuro del proceso legal, marcando un capítulo adicional en la compleja historia judicial del expresidente peruano.

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Gabriel Velásquez

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Fuente de imagen referencial: Unplash/Wesley Tingey

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El proceso se detuvo tres semanas después de su recepción en el verano de 2022.

«A partir de mañana examinaremos formalmente con el magistrado implicado qué ha ocurrido exactamente y qué procesos de trabajo pueden mejorarse. Lo haremos de forma objetiva y tranquila«, anunció Demulle en una rueda de prensa.

Asimismo, se han aportado más datos sobre el error judicial que impidió extraditar al terrorista pese a que su país de origen, Túnez, lo había solicitado.

Rastro perdido en la petición de extradición

En la misma rueda de prensa, el fiscal de Bruselas en funciones, Tim De Wolf, explicó que el último rastro de la petición de extradición de Abdesalem Lassoued se remonta al 12 de septiembre de 2022, exactamente tres semanas después de recibirla del Ministerio de Justicia belga.

«Ninguno de los compañeros implicados recuerda qué pasó con este caso concreto hace un año. No hay rastro de ninguna tramitación posterior. El expediente se ha guardado en un armario con otros expedientes en curso, donde debe estar disponible en todo momento por si se encuentra a la persona en cuestión durante un control policial», explicó De Wolf.

Pocas respuestas

«Como no tenemos rastro del itinerario exacto del expediente, desgraciadamente nunca será posible dar una respuesta completa a todas las preguntas», admitió.

El gobierno de Alexander de Croo anunció la decisión de reforzar la Fiscalía de Bruselas, nombrar a cinco magistrados adicionales y contratar a 50 agentes para la policía judicial federal en Bruselas y otros 25 para la policía ferroviaria.

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@rafarias86

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Garland declaró ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes que «por supuesto» solicitará la extradición «y la captura de todos» los vástagos del conocido narcotraficante mexicano que actualmente cumple una condena de cadena perpetua en Estados Unidos.

Joaquín «el Chapo» Guzmán, líder del cartel de Sinaloa, tiene cuatro hijos vivos: Ovidio Guzmán, que fue extraditado a EE.UU. el pasado 15 de septiembre, Iván Archibaldo, Jesús Alfredo y Joaquín. El quinto, que era el primogénito, Édgar Guzmán, fue asesinado en 2008.

Los cuatro hijos vivos del narcotraficante son conocidos como los «chapitos» y han sido acusados por Estados Unidos de transportar «sistemáticamente» toneladas de cocaína desde y a través de Sur y Centroamérica hasta EE.UU.

Ante las preguntas de los congresistas, Garland se negó a calificar la colaboración de México con Estados Unidos para conseguir la extradición de los «chapitos» como buena y se limitó a señalar que la cooperación podría ser mejor.

«Obviamente han trabajado con nosotros con respecto a Ovidio. Su captura por parte de los mexicanos provocó la muerte de un número significante de marines» reconoció Garland.

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Fiorella Tagliafico R.

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El también conocido como «el Ratón» está acusado de conspiración para distribuir sustancias controladas, formar parte de una empresa criminal.

Así como también acusan al hijo del Chapo de exportar a Estados Unidos dichas sustancias controladas, uso y porte ilícito de armas de fuego y de efectuar transacciones financieras con el producto de actividades ilegales.

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Fiorella Tagliafico

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En una medida que agita la escena política, se anunció que se dará inicio a un proceso para solicitar la extradición de Ledezma desde España, país donde se encuentra exiliado desde 2017.

El fiscal general, Tarek William Saab, confirmó la emisión de la orden y los delitos asociados a ella.

La orden de aprehensión y sus cargos

La orden de aprehensión emitida contra Antonio Ledezma abarca múltiples cargos. Los delitos imputados son traición a la patria, conspiración, instigación a delinquir y asociación para delinquir.

Estos cargos, sumamente graves, apuntan a una serie de acciones y comportamientos que, según la justicia de Venezuela, comprometen la seguridad y estabilidad del país.

El camino a la extradición

El proceso de extradición de Antonio Ledezma desde España se encuentra en su etapa inicial. La solicitud de extradición se llevará a cabo a través de canales diplomáticos y legales entre Venezuela y España.

Este proceso es esperado con gran interés, ya que podría intensificar las tensiones políticas y diplomáticas entre los dos países.

La opinión del fiscal general

Tarek William Saab, el fiscal general de Venezuela, reafirmó la emisión de la orden de aprehensión. Ante los medios de comunicación, indicó que los cargos presentados contra Ledezma se relacionan con su presunta implicación en actos que amenazan la seguridad de la nación.

Esta orden, en conjunto con la solicitud de extradición, marca un nuevo capítulo en la disputa política y legal en Venezuela.

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Gabriel Velásquez

Con información de medios nacionales

Fuente de imagen referencial: Unsplash/Tingey Injury

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Esto se dio tras un largo periplo judicial que terminó en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que desestimó la semana pasada su última demanda.

La entrega de Carvajal se hizo definitivamente efectiva tras la orden, el 18 de julio, de la Audiencia Nacional española a la Interpol a que procediese de forma inmediata a su extradición.

Hugo Carvajal salió de Venezuela en 2019, fue detenido al aterrizar en Madrid e ingresó en prisión preventiva.

Unos meses después, en septiembre, la sección tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional española rechazó su extradición en contra del criterio de la Fiscalía y salió de la cárcel.

La Fiscalía Antidroga recurrió y en noviembre el pleno de la Audiencia revocó la decisión y dio luz verde a la entrega. La detención fue frustrada ya que no fue posible dar con su paradero hasta casi dos años después. El 9 de septiembre de 2021 fue localizado en un piso en Madrid.

El Pollo Carvajal estuvo desde entonces en prisión provisional ante el riesgo de fuga que contemplaron los jueces y durante estos años su defensa trató de impedir su extradición.

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Fiorella Tagliafico R.

Con información de agencias y medios internacionales

Fuente de imagen referencial: Twitter / @maibortpetit

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El juez Thomas Hixon, del Distrito Norte de California, emitió una orden revocando la libertad bajo fianza del exmandatario y le pide que se entregue a las autoridades el próximo viernes a las 9:00 de la mañana, en San Francisco.

La decisión se establece horas después de que una corte de apelaciones negara una solicitud del equipo legal de Toledo para frenar su extradición, y de que un fiscal solicitara al juez su detención.

La corte de apelaciones afirmó que el cumplimiento de la extradición del exmandatario “favorecería la relación entre ambos países” y que promovería la mejora de una “norma internacional para mantener la ley y el orden”.

Los abogados de Toledo presentaron pruebas de que su extradición podía poner en riesgo su vida debido a las “terribles” condiciones de las prisiones en Perú, su edad y los problemas de salud que enfrenta.

Tras el fallo de la corte, el fiscal Ismail J. Ramsey solicitó poner a Toledo bajo custodia del servicio de alguaciles de Estados Unidos.

«Una vez que Toledo se encuentre bajo custodia, Estados Unidos se encargará de ejecutar su entrega a las autoridades peruanas sin demora, suponiendo que no existan impedimentos legales para ello», escribió Ramsey en el documento judicial.

Además de sus bienes, la petición de la Fiscalía también incluye los que estén a nombre de su «entorno familiar«.

Actualmente, el expresidente peruano se encuentra en Estados Unidos en libertad bajo fianza mientras se resuelve su recurso de “habeas corpus”, con el que pretende frenar su extradición.

En su último recurso, Toledo alegó que la crisis política tras la detención del expresidente Pedro Castillo en diciembre de 2022 hace peligrar el debido proceso judicial, llegando incluso a asegurar que su seguridad estaría en peligro debido a que el actual estado de emergencia está «impulsado por prejuicios racistas».

Toledo está acusado por las autoridades peruanas de colusión y blanqueo de capitales en el marco de la investigación por sobornos que habría recibido de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de que la compañía fuera favorecida en la licitación de obras de la carretera Interoceánica, acusaciones que niega.

En el marco de esta operación, Toledo fue detenido en Estados Unidos en julio de 2019 con vistas a su extradición a Perú. Sin embargo, en marzo de 2020 logró la libertad bajo fianza alegando riesgos a su salud por la pandemia de coronavirus.

https://twitter.com/FiscaliaPeru/status/1636729102521466886

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Leison Bustamante

Con información de dpa y redes sociales

Fuente imagen referencial: Willax, vía web

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