Dicha comisión parlamentaria aprobó el lunes 13 de diciembre el informe que vincula a Saab en un caso de presuntas exportaciones ficticias realizadas entre Ecuador y Venezuela en el pasado, a través de un sistema de compensación denominado “SUCRE”.

Los comisionados aprobaron el informe y anunciaron que remitirán su contenido a las fiscalías de Estados Unidos, Panamá, Colombia, Venezuela y Ecuador.

En las conclusiones del informe de la Comisión de Fiscalización se indicó que las empresas ecuatorianas que participaron en negocios con la firma de Saab, “Foglocons”, fueron creadas con el único objetivo de generar operaciones ficticias.

#URGENTE | Con los votos de @abcorderoc @PedroVelascoE @TROYA_Marco @brunosegovia y @VillaFernando_ se aprueba el informe de mayoría del caso #AlexSaab. El documento se remitirá a las fiscalías de #EEUU #Panamá, #Colombia, #Venezuela y #Ecuador. pic.twitter.com/jFfYSONXZK

— Fiscalización AN (@FiscalizacionAN) December 13, 2021

También precisó que varias compañías involucradas estaban domiciliadas en países como España, Colombia, Holanda y Estados Unidos, que se beneficiaron pese a no ser parte de los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA) que participaban del sistema “SUCRE”.

“La mayoría de las transacciones comerciales realizadas bajo el sistema SUCRE, eran ficticias y sobrevaloradas” y se constituían en una supuesta herramienta para ejecutar delitos como el enriquecimiento ilícito, peculado, defraudación tributaria, entre otros, precisó la Comisión en su informe.

Según la comisión parlamentaria, la autoridad aduanera ecuatoriana certificó que las empresas exportadoras de materiales de construcción, en su mayoría, nunca llegaron a realizar operaciones comerciales y solo simulaban transacciones internacionales.

Otro hecho revelado, fue el aporte económico que la esposa de Saab, Micaela Leherer, habría hecho al movimiento Alianza País en 2013, que entonces lideraba el expresidente Rafael Correa (2007-2017).

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Gabriela Morales

Con información de agencias de noticias, medios internacionales y redes sociales

“En ese marco se prevé tratar el pedido del candidato Pérez”, destacó la fuente.

Se trata de una reunión en la que los miembros del organismo electoral analizarán la exigencia de que se reabran las urnas según el acuerdo alcanzado el viernes en una reunión auspiciada por el CNE bajo supervisión de la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Asimismo, el acuerdo siguió a una serie de denuncias de fraude por parte de Pérez, quien dijo verse perjudicado por una larga serie de irregularidades en las actas de recuento.

En este sentido, tras días de incertidumbre, los dos candidatos acordaron en Quito la reapertura en un 100 % de las urnas de la provincia de Guayas, a priori bastión de Lasso, y en un 50 % en otras 16 provincias.

El ganador de los comicios fue el izquierdista Andrés Arauz, delfín del expresidente Rafael Correa, que por ahora no sabe quién acudirá a disputarle la segunda vuelta

Se trata de contar de nuevo más de 5.000.000 de votos de un total de 10.605.986 sufragantes que el pasado 7 de febrero acudieron a las urnas para elegir a su presidente, vicepresidente, 137 miembros de la Asamblea Nacional y 5 del Parlamento Andino.

El ganador de los comicios, con el 32,71 % de los votos, fue el izquierdista Andrés Arauz, delfín del expresidente Rafael Correa, que por ahora no sabe quién acudirá con él al balotaje del próximo 11 de abril por la corta diferencia de votos entre el segundo candidato, Lasso (19,74 %), y el tercero, Pérez (19,38 %).

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Gabriela Morales

Con información agencias y medios internacionales

En este sentido, la imagen del exmandatario no podrá aparecer más en la campaña de la Unión por la Esperanza (UNES), que cuenta con el apoyo de Correa y auspicia la candidatura del binomio presidencial formado por Andrés Arauz y Carlos Rabascall.

Tras una serie de críticas por la emisión de un “spot” publicitario en el que Correa aparece llamando a la población a votar por la lista de UNES, la Dirección Provincial Electoral de Pichincha, entidad que autorizó la difusión del anuncio, dio marcha atrás y emitió un informe en el que suspende, además, cuatro autorizaciones de campaña.

Las próximas elecciones han estado marcadas por una campaña previa de inscripción de candidaturas llena de polémicas, especialmente con figuración del expresidente Correa

El documento cita el artículo 64 de la Constitución de Ecuador, que recoge la suspensión de los derechos políticos a aquellas personas que hayan sido condenadas por la Justicia.

Además, apunta al artículo 61 de la Carta Magna, que indica que aquellos que hayan sido sancionados por el poder judicial no podrán participar en asuntos de interés públicos, conformar partidos o movimientos políticos, así como afiliarse o participar en decisiones que estos adopten.

Por su parte, la presidenta del CNE, Diana Atamaint, explicó que son las delegaciones provinciales las que autorizan la difusión de la campaña electoral en medios de comunicación y, que en este caso, fue la Delegación Provincial de Pichincha la que autorizó su difusión.

«Es en la delegación electoral de Pichincha que se ha dado la autorización, tengo conocimiento que en otras provincias no se le ha dado», dijo antes de añadir que había pedido al departamento jurídico que analizara cuáles son las limitaciones que tiene un ciudadano que está privado de derechos políticos a participar en tales eventos.

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Gabriela Morales

Con información de dpa