La Corte declaró infundado el recurso de apelación presentado por la defensa de Castillo, que solicitaba revocar la prisión preventiva de 18 meses dictada el 15 de diciembre por el juez supremo Juan Carlos Checkley, quien sostuvo que las detenciones previas al juicio se aplican en casos de «delitos graves«, riesgos de fuga y la «alta probabilidad de que se haya cometido el delito».

Cabe destacar que los abogados del exmandatario descartaron que exista riesgo de fuga, o que Castillo haya solicitado asilo alguna vez. También niegan las acusaciones de rebelión y conspiración.

El código penal peruano establece que la prisión preventiva se dicta cuando existen graves indicios de culpabilidad, una eventual pena mayor a cuatro años y peligro procesal (riesgo de fuga u obstaculización de la justicia).

Sala Penal Permanente de la Corte Suprema #ratifica resolución que ordenó 18 meses de prisión preventiva contra expresidente #PedroCastillo, investigado por el delito de rebelión (alternativamente, conspiración para rebelión) en agravio del Estado. pic.twitter.com/jZCUjzgytq

— Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) December 29, 2022

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Gabriela Morales

Con información de agencias de noticias y medios internacionales

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En la audiencia, programada para comenzar a las 09.00 hora local (14.00 GMT) del miércoles, el tribunal presidido por el magistrado César San Martín escuchará los argumentos de la defensa de Castillo, a cargo del abogado Wilfredo Robles.

El defensor pide que el exgobernante abandone la prisión y sigan las investigaciones en su contra con una medida de comparecencia con restricciones.

El juez supremo Juan Carlos Checkley dictó el pasado 15 de diciembre la prisión preventiva contra Castillo tras señalar que había encontrado “fundados elementos de convicción” de la presunta comisión de los delitos de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública.

Castillo fue detenido antes de llegar a la Embajada de México en Perú

Checkley señaló que tomó la medida porque el exgobernante afronta la posibilidad de recibir al menos cuatro años de prisión y existía el peligro de fuga, puesto que Castillo había intentado dirigirse a la Embajada de México en Perú para pedir asilo.

Por su parte, el abogado de Castillo consideró que el juez cometió un error al no verificar si el Congreso cumplió con el trámite establecido para levantar la prerrogativa de antejuicio político al exmandatario. Robles también acusó a la Fiscalía de la Nación general de haber “desplegado una actuación inconstitucional e ilegal” al formalizar una investigación preparatoria y solicitar que se dicte la prisión preventiva contra Castillo.

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