El gobierno peruano aprobó la modificación de los contratos de exploración y explotación de los lotes Z-61, Z-62 y Z-63 para incorporar a Chevron, después de que la también estadounidense Anadarko, encargada de estos lotes desde 2017, anunciara en 2024 el traspaso del 35 % de su participación en los contratos de licencia a Chevron.

Los tres lotes en concesión se encuentran en el Zócalo Continental del país, la extensión de tierra submarina que se extiende desde la costa hasta unos 200 metros frente a las costas del país, en este caso, de los departamentos de La Libertad y Lambayeque (noroeste).

Desde Perupetro, empresa estatal encargada de administrar los recursos de hidrocarburos en el país, se solicitó al Ministerio de Energía y Minas el inicio de tramitación de los decretos supremos necesarios para Chevron y Westlawn.

Actualmente, y una vez cumplidas las revisiones técnicas y legales, se emitieron tres decretos aprobados por la presidenta de la República, Dina Boluarte; el ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez, y el ministro de Energía y Minas, Jorge Montero.

El lote Z-62 presenta presuntas evidencias de petróleo y gas «realmente importantes», tras los estudios de sísmica desarrollados por la empresa estadounidense Anadarko, según anunció a mediados de julio el ministro de Energía y Minas peruano, Jorge Montero.

El proyecto exploratorio en el Lote Z-62 contempla una inversión estimada de cien millones de dólares, y ha culminado con sus estudios de sísmica marina en aguas profundas y proyectando la perforación de cinco pozos exploratorios y diez confirmatorios, con el objetivo de identificar posibles reservas de gas natural y/o petróleo.

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La minería formal aporta el 10 % PIB del país andino. En 2024, supuso una inversión de 4.960 millones de dólares, pero la minería ilegal mueve hasta 3.000 millones de dólares al año y crece por el aumento del precio de materiales como oro y la falta de intervención de las autoridades.

Claves de la situación de la minería ilegal en Perú

1.- Mapa minero

La minería ilegal se extiende por la costa, sierra y selva del país. La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) estima que genera pérdidas anuales a Perú por más de 6.200 millones de dólares o 5.500 millones de euros.

La mina más afectada por los enfrentamientos de bandas asociadas a esta actividad ilícita es Poderosa, donde fueron asesinados los 13 trabajadores de la mina, muchos de ellos vinculados a la seguridad, y donde son contantes los ataques a mineros y contra su infraestructura.

En este gran yacimiento aurífero, 39 mineros y trabajadores han sido asesinados en dos años por las bandas, que según la empresa, han tomado el control de Pataz, «convertida en un territorio sin ley, en el que la violencia campea impunemente».

2.- Daño social y medioambiental

La actividad de los mineros ilegales se multiplica por múltiples rincones del país, lo que inevitablemente viene acompañado de explotación laboral y sexual de mujeres y menores en los campamentos.

Además, provoca un aumento de la violencia por la presencia de bandas armadas, de la corrupción, por autoridades implicadas, y también vulnera los derechos de comunidades indígenas, que ven como mineros ilegales operan en sus territorios.

Más de 100.000 hectáreas de bosques amazónicos han sido arrasadas por la minería ilegal solo en Madre de Dios. Un enorme problema ambiental al que se une el uso del mercurio, utilizado en la extracción de oro, y que contamina aguas y perjudica la salud de personas indígenas.

3.- Incapacidad de las autoridades

El estado de emergencia decretado en Pataz, que incrementa la presencia militar y policial, ha evidenciado la incapacidad de las autoridades para enfrentarse a esta situación.

Los expertos destacan que para combatir el crimen es necesario reforzar la inteligencia por parte de las fuerzas de seguridad.

4.- Registro formal

Uno de los mecanismos estatales para reducir la informalidad de los mineros es el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), que establece los requisitos para que los mineros artesanales e informales puedan regularizar su situación legal.

Datos del Ministerio de Energía y Minas, indican que solo el 4 % de los 85.000 mineros que buscan formalizar sus actividades son titulares de las concesiones en las que operan.

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Fuente de imagen referencial: EFE/Policía Nacional de Perú

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Tras arduas negociaciones, Ucrania afirma haber garantizado sus intereses, incluida la plena soberanía sobre sus propias tierras raras, vitales para las nuevas tecnologías y en gran parte sin explotar.

Trump había exigido los derechos sobre la riqueza mineral de Ucrania como compensación por los miles de millones de dólares en armas estadounidenses enviadas durante el mandato del expresidente demócrata Joe Biden tras la invasión rusa hace poco más de tres años.

Paralelamente a este acuerdo se llevan a cabo múltiples negociaciones diplomáticas en busca de una salida a la contienda bélica.

Al anunciar la firma del acuerdo en Washington, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, afirmó que demuestra «el compromiso de ambas partes con la paz y la prosperidad».

Ucrania «libre, soberana, próspera»

«Este acuerdo transmite claramente a Rusia el compromiso de la administración Trump con un proceso de paz centrado en una Ucrania libre, soberana y próspera a largo plazo», declaró Bessent.

«Y, para ser claros, ningún Estado ni persona que haya financiado o aprovisionado la maquinaria bélica rusa podrá beneficiarse de la reconstrucción del país», prosiguió.

El comunicado del Tesoro mencionó la «invasión a gran escala» de Ucrania por parte de Rusia, una fórmula que dista mucho de la terminología habitual de la administración Trump, que suele hablar de un «conflicto» y culpabiliza en parte a Kiev.

El primer ministro ucraniano, Denis Shmigal, declaró en la televisión nacional que el acuerdo es «bueno, equitativo y beneficioso».

Afirmó que no se le pedirá a Ucrania que pague ninguna «deuda» por los miles de millones de dólares en armas y otros apoyos estadounidenses desde la invasión rusa en febrero de 2022.

La ministra de Economía ucraniana, Yulia Sviridenko, declaró en Facebook que el acuerdo financiaría proyectos minerales, de petróleo y gas, así como infraestructura.

De interés: Rusia está dispuesta a negociar la paz directamente con Ucrania

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«Quiero que se explote petróleo (en esa área). Ahora bien, antes de explotar, tenemos que investigar. Tenemos que ver si hay petróleo y ver la cantidad de petróleo que hay», señaló el mandatario progresista en una entrevista con una radio local.

Lula se refirió al nuevo horizonte denominado Margen Ecuatorial, situado entre a las costas de los estados de Amapá y Rio Grande do Norte, en el norte del país.

Guyana y Surinam han encontrado y confirmado importantes reservas de hidrocarburos en la misma región

En esa misma región, Guyana y Surinam han encontrado enormes reservas de hidrocarburos.

Según la petrolera Petrobras, controlada por el Estado brasileño, pero con acciones negociadas en bolsa, esta amplia zona presenta «un importante potencial petrolífero» con capacidad para «mejorar la vida de miles de brasileños».

No obstante, las organizaciones ecologistas han alertado del riesgo que supondría explotar petróleo en esa zona por su proximidad con la desembocadura del río Amazonas, en un año en el que además Brasil albergará la Cumbre Mundial del Clima (COP30) en la ciudad amazónica de Belém.

Sin embargo, Lula dijo este miércoles que Brasil no puede «saber que tiene riqueza» en su interior y «no explotarla».

El jefe de Estado defendió que Petrobras es «la empresa más responsable» y prometió que desde el Gobierno «cumplirán todos los requisitos necesarios para no causar ningún estrago en la naturaleza».

No obstante, Petrobras aún necesita el aval del Instituto Brasileño del Medio Ambiente (Ibama), quien ya negó una vez los permisos a la petrolera por inconsistencias técnicas en el proyecto.

De interés: Lula insiste en el derecho de los BRICS de sustituir el dólar como moneda de referencia

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Fuente de imagen referencial: EFE/André Coelho

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La Ley General de Minería Metálica, que contiene 35 artículos, fue aprobada con los votos de 57 diputados de 60 en el Congreso y deja sin efecto la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, aprobada en marzo de 2017.

El aval de la normativa, propuesta por el Gobierno del presidente Nayib Bukele, se da pese al rechazo de ambientalistas, organizaciones comunitarias, algunas iglesias y universidades por el impacto en las comunidades rurales y el medioambiente.

Dicha ley en El Salvador tiene como objetivo «la regulación de todos los aspectos relacionados con las acciones del Estado relativas a estudios de conocimiento superficial y prospección, exploración y extracción, procesamiento y comercialización de actividades extractivas mineras metálicas, incluyendo lo relativo al aprovechamiento de las sustancias minerales del suelo, del subsuelo comprendido en territorio nacional, así como dominio marítimo, independientemente de su estado físico».

Actividades mineras en El Salvador

Además, contempla que la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas, a través de la Dirección de Minas, «es la autoridad competente para conocer de las actividades mineras metálicas y de garantizar el cumplimiento de las disposiciones de la presente ley».

La ley en El Salvador, en su artículo 6, indica que «el Estado será el único autorizado para explorar, explotar, extraer y procesar las riquezas naturales del país, producto de la minería metálica. Esto podrá realizarlo a través de instituciones específicamente creadas o destinada a dicha actividad o de sociedades en la que posea participación accionaría».

El ambientalista Luis González dijo este lunes a EFE que «es falso» que solo será el Estado quien realice esta práctica, ya que «pueden haber socios público-privados, sociedades mercantiles y empresas trasnacionales».

La normativa prohíbe el uso del mercurio, pero ambientalistas han señalado que para la extracción de metales como oro y plata se hace uso del cianuro, un compuesto químico «altamente» tóxico para «el agua, la salud y la vida de las personas».

Dicha ley deja sin efecto la anterior, aprobada en marzo de 2017 y que veta la explotación minera en «el suelo y biosubsuelo del territorio de El Salvador», e incluye las actividades de «exploración, explotación y procesamiento a cielo abierto o subterráneo».

En marzo de 2017, el Congreso salvadoreño aprobó la referida ley por considerar a la minería de metales «una amenaza para el desarrollo y bienestar de las familias».

De interés: Advierten presunta contaminación por megacárcel en El Salvador

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Fuente de imagen referencial: EFE/Rodrigo Sura

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