El gobierno peruano aprobó la modificación de los contratos de exploración y explotación de los lotes Z-61, Z-62 y Z-63 para incorporar a Chevron, después de que la también estadounidense Anadarko, encargada de estos lotes desde 2017, anunciara en 2024 el traspaso del 35 % de su participación en los contratos de licencia a Chevron.

Los tres lotes en concesión se encuentran en el Zócalo Continental del país, la extensión de tierra submarina que se extiende desde la costa hasta unos 200 metros frente a las costas del país, en este caso, de los departamentos de La Libertad y Lambayeque (noroeste).

Desde Perupetro, empresa estatal encargada de administrar los recursos de hidrocarburos en el país, se solicitó al Ministerio de Energía y Minas el inicio de tramitación de los decretos supremos necesarios para Chevron y Westlawn.

Actualmente, y una vez cumplidas las revisiones técnicas y legales, se emitieron tres decretos aprobados por la presidenta de la República, Dina Boluarte; el ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez, y el ministro de Energía y Minas, Jorge Montero.

El lote Z-62 presenta presuntas evidencias de petróleo y gas «realmente importantes», tras los estudios de sísmica desarrollados por la empresa estadounidense Anadarko, según anunció a mediados de julio el ministro de Energía y Minas peruano, Jorge Montero.

El proyecto exploratorio en el Lote Z-62 contempla una inversión estimada de cien millones de dólares, y ha culminado con sus estudios de sísmica marina en aguas profundas y proyectando la perforación de cinco pozos exploratorios y diez confirmatorios, con el objetivo de identificar posibles reservas de gas natural y/o petróleo.

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Con información de EFE Servicios

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La Ley General de Minería Metálica, que contiene 35 artículos, fue aprobada con los votos de 57 diputados de 60 en el Congreso y deja sin efecto la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, aprobada en marzo de 2017.

El aval de la normativa, propuesta por el Gobierno del presidente Nayib Bukele, se da pese al rechazo de ambientalistas, organizaciones comunitarias, algunas iglesias y universidades por el impacto en las comunidades rurales y el medioambiente.

Dicha ley en El Salvador tiene como objetivo «la regulación de todos los aspectos relacionados con las acciones del Estado relativas a estudios de conocimiento superficial y prospección, exploración y extracción, procesamiento y comercialización de actividades extractivas mineras metálicas, incluyendo lo relativo al aprovechamiento de las sustancias minerales del suelo, del subsuelo comprendido en territorio nacional, así como dominio marítimo, independientemente de su estado físico».

Actividades mineras en El Salvador

Además, contempla que la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas, a través de la Dirección de Minas, «es la autoridad competente para conocer de las actividades mineras metálicas y de garantizar el cumplimiento de las disposiciones de la presente ley».

La ley en El Salvador, en su artículo 6, indica que «el Estado será el único autorizado para explorar, explotar, extraer y procesar las riquezas naturales del país, producto de la minería metálica. Esto podrá realizarlo a través de instituciones específicamente creadas o destinada a dicha actividad o de sociedades en la que posea participación accionaría».

El ambientalista Luis González dijo este lunes a EFE que «es falso» que solo será el Estado quien realice esta práctica, ya que «pueden haber socios público-privados, sociedades mercantiles y empresas trasnacionales».

La normativa prohíbe el uso del mercurio, pero ambientalistas han señalado que para la extracción de metales como oro y plata se hace uso del cianuro, un compuesto químico «altamente» tóxico para «el agua, la salud y la vida de las personas».

Dicha ley deja sin efecto la anterior, aprobada en marzo de 2017 y que veta la explotación minera en «el suelo y biosubsuelo del territorio de El Salvador», e incluye las actividades de «exploración, explotación y procesamiento a cielo abierto o subterráneo».

En marzo de 2017, el Congreso salvadoreño aprobó la referida ley por considerar a la minería de metales «una amenaza para el desarrollo y bienestar de las familias».

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